Semana del 09 de Enero al 15 de Enero de 2026

México hoy vive entre la impunidad y la amenaza externa

México hoy vive entre la impunidad y la amenaza externa

Ricardo Ravelo Galó Periodista y escritor sobre te

El mensaje está sobre la mesa: o se limpia la casa desde dentro, o alguien más lo hará desde fuera.

La relación entre crimen organizado y poder político dejó de ser una hipótesis incómoda para convertirse en una evidencia que cruza fronteras. Durante años, gobiernos enteros han sostenido su estabilidad sobre redes de impunidad, complicidades empresariales y pactos silenciosos con organizaciones criminales. Hoy, esa arquitectura comienza a resquebrajarse, no por voluntad interna, sino por la presión de un actor externo que ha decidido dejar de fingir sorpresa.

La acusación y captura de Nicolás Maduro y de integrantes de su círculo cercano por presuntos vínculos con organizaciones criminales, incluidos cárteles mexicanos, representa un punto de quiebre para América Latina. No se trata únicamente de un episodio judicial ni de un ajuste de cuentas político. Es un mensaje directo, contundente y calculado: cuando la impunidad alcanza niveles estratosféricos, la soberanía se convierte en una ficción negociable.

Venezuela es el ejemplo extremo de un Estado capturado. Elecciones manipuladas, recursos saqueados, instituciones vaciadas y una élite gobernante que confundió el poder con propiedad privada. El petróleo, la riqueza nacional y el aparato militar quedaron subordinados a un proyecto personal sostenido por redes ilícitas. Durante años, la comunidad internacional miró hacia otro lado. Nadie levantó la voz con firmeza. Nadie intervino. Hasta ahora.

La acción de Estados Unidos no es altruista ni desinteresada. Nunca lo ha sido. El discurso moral convive con una ambición estratégica clara: control de recursos, seguridad regional y contención de amenazas que considera directas a su estabilidad interna. Donald Trump lo ha dicho sin rodeos. Ya no se trata de diplomacia cuidadosa ni de eufemismos. El mensaje es simple: el que desafía, paga el precio.

Pero Venezuela no es un caso aislado. Es una advertencia. Colombia aparece en el radar con una relación cada vez más tensa. Las fricciones con el gobierno de Gustavo Petro evidencian que la paciencia se agota cuando las señales de permisividad o ambigüedad frente al crimen organizado se acumulan. Y México, desde hace tiempo, está marcado en rojo.

Hablar de cárteles en México sin hablar de política es una simulación. No existe crimen organizado sin una estructura de poder que lo proteja, lo financie y lo legitime. Gobernadores, legisladores, empresarios y funcionarios con fuero han sido señalados una y otra vez por agencias estadounidenses. Los nombres circulan, los expedientes existen, pero la justicia interna no llega. La impunidad se volvió política de Estado.

La cooperación mexicana con Estados Unidos ha funcionado, hasta ahora, como una estrategia de contención. Entrega de narcotraficantes, apertura económica, concesiones estratégicas en recursos como el litio y el agua, y una relación comercial que favorece ampliamente a las empresas estadounidenses. Todo eso ha servido para ganar tiempo, no para resolver el problema de fondo.

Sin embargo, ese margen se reduce. La figura de Omar García Harfuch como interlocutor confiable para Washington es una señal inequívoca de hacia dónde apunta la presión. La Casa Blanca quiere resultados visibles, no solo detenciones espectaculares. Quiere tocar la estructura política que sostiene a los cárteles, particularmente a los vinculados con organizaciones como el de Sinaloa.

El problema es que ahí se topa con un muro. Gobernadores impunes, figuras centrales del poder intocables y un pasado reciente que nadie quiere investigar. La continuidad política ha profundizado la decepción incluso dentro de las propias filas del oficialismo. Hay molestia, desencanto y una creciente percepción de engaño. Los discursos de transformación chocan con la realidad de negocios intactos, corrupción reciclada y proyectos emblemáticos convertidos en nuevas vetas de opacidad.

Estados Unidos observa con inquietud, pero también con pragmatismo. La violencia desbordada en México no es solo un problema humanitario; es un riesgo directo para su seguridad, sus empresas y su frontera. Por eso los aranceles, las amenazas comerciales y la presión económica se han convertido en herramientas de control. Y han funcionado.

El precedente venezolano deja claro que la advertencia ya no es retórica. Si no hay acciones profundas, si no se toca el poder político que protege al crimen, la posibilidad de una intervención directa deja de ser una fantasía alarmista. No necesariamente con tropas, pero sí con decisiones unilaterales que redefinan la relación bilateral.

El soberanismo, utilizado como escudo discursivo, se desmorona cuando el Estado no cumple su función básica: garantizar legalidad, seguridad y justicia. La soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones que funcionen. Y cuando estas colapsan, otros deciden intervenir.

El año que inicia no será tranquilo. Todo indica que será más convulso que el anterior. La guerra contra el crimen ya no es solo interna ni silenciosa. Es geopolítica, abierta y sin rodeos. El mensaje está sobre la mesa: o se limpia la casa desde dentro, o alguien más lo hará desde fuera.

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