En San Luis Potosí, la realidad política ha superado a la ficción. Lo que debería ser una administración comprometida con la transparencia y el desarrollo se ha convertido en una caja de Pandora, donde cada que se abre una nueva carpeta de investigación, salta una nueva irregularidad. Desde Ciudadanos Observando, organización que encabezo con orgullo, hemos puesto la lupa sobre la gestión del alcalde Enrique Galindo, y lo que hemos encontrado dista mucho de la buena gobernanza que tanto presume su equipo en redes sociales y medios complacientes.
Uno de los casos más alarmantes que hemos documentado es el de una empresa que ha recibido más de cinco millones de pesos del Ayuntamiento. En apariencia, se trata de un proveedor múltiple de bienes diversos: dulces, uniformes, insumos generales. Sin embargo, al investigar a fondo, descubrimos que en realidad es un taller de motocicletas especializado en Harley Davidson. ¿Cómo justifica el municipio que una empresa con giro mecánico esté facturando millones como proveedor de uniformes y consumibles? Este tipo de anomalías evidencian una posible red de corrupción o, por lo menos, una profunda negligencia en la asignación y fiscalización del gasto público.
La situación de los parquímetros no es menos preocupante. El alcalde propuso recientemente un aumento sustancial en las tarifas, sin justificar con datos convincentes su decisión. Mientras tanto, la recaudación ha disminuido año con año, llegando al nivel más bajo desde que se implementaron los parquímetros, incluso por debajo de los registros de 2015. Lo más absurdo es que durante los años de pandemia, cuando la movilidad se redujo al mínimo, el Ayuntamiento reportó mayores ingresos por este concepto que en 2024. Esto no solo es ilógico, sino escandalosamente sospechoso.
Además, cuando solicitamos acceso ciudadano a los tickets generados por los parquímetros —como parte de una auditoría ciudadana—, nos querían cobrar 940 mil pesos por copias. Casi un millón de pesos por documentos públicos. ¿Qué clase de transparencia puede presumir una administración que impone barreras económicas absurdas para ocultar sus propias cifras?
Pero el problema no es solo técnico, sino humano. Galindo está rodeado de aduladores profesionales. Gente que prefiere decirle lo que quiere oír antes que confrontarlo con la realidad. Esto es peligroso. Una gestión no puede avanzar con base en halagos vacíos y encuestas pagadas que lo colocan como "uno de los mejores alcaldes del país". La ciudadanía está harta. No hay agua, la inseguridad crece, las calles están en ruinas. ¿Qué parte de esto representa una administración exitosa?
El descontento es evidente, y no solo entre organizaciones civiles. Lo escuchamos en la voz de la ciudadanía que exige obras reales, transparentes, y de calidad. No se trata de presumir que se pavimentó una calle; se trata de demostrar cómo se gastó el dinero, qué empresa fue beneficiada, y si realmente cumplió con los estándares. En una ciudad donde las calles parecen cráteres lunares, el cinismo de presumir logros inexistentes raya en lo ofensivo.
La complicidad del Cabildo también es preocupante. La mayoría de los regidores no representan al pueblo, sino a sus partidos o, peor aún, al propio alcalde. Cuando aprobaron nuevos impuestos y el aumento en los parquímetros, muchos ni siquiera sabían exactamente qué estaban votando. Su único papel fue levantar la mano en automático, obedeciendo órdenes. Esto no es democracia, es servilismo institucionalizado.
Pero la corrupción en esta administración va más allá de los contratos inflados y la falta de resultados. Está el caso del Rich, donde dos jóvenes murieron y varios más resultaron heridos. El lugar operaba con irregularidades y el castigo fue apenas una suspensión de seis meses. ¿Dónde están las responsabilidades penales? ¿Dónde está el compromiso con la vida humana? Este tipo de omisiones matan, literalmente. Como lo hemos dicho antes: la corrupción mata, y aquí hay un ejemplo doloroso.
En otra arista, está el caso del secretario general que chocó una camioneta con reporte de robo. Cuando se investigó el vehículo, se destapó una trama aún más oscura: el Ayuntamiento había arrendado, y luego comprado, una serie de vehículos que circulaban de manera ilegal. Algunos incluso fueron dados de baja por terceros, sin control institucional alguno. ¿Cómo es posible que una persona externa pueda acudir a finanzas y dar de baja vehículos del gobierno municipal? Esto no es solo una irregularidad; es una amenaza para la seguridad jurídica de cualquier ciudadano.
¿Se imagina usted llegar a pagar su control vehicular y que le digan que su camioneta está dada de baja sin su conocimiento? Eso está ocurriendo en la capital potosina. Documentamos al menos 27 unidades dadas de baja de manera irregular, y todo apunta a un intento de apropiación indebida de bienes públicos.
Las consecuencias de este nivel de corrupción son brutales: obras fantasmas, desvíos de recursos, redes de funcionarios protegidos, contratos oscuros, ciudadanos sin servicios básicos, y muertos que no deberían estar muertos. Y lo más triste es que todo esto ocurre mientras el alcalde sonríe en entrevistas y presume una administración de "puertas abiertas".
No se trata de atacar por atacar. Se trata de exigir lo que por derecho corresponde: una administración honesta, eficiente, y transparente. Pero mientras Galindo siga rodeado de lambiscones, de asesores que solo buscan conservar la chamba, y de regidores que no cuestionan nada, las cosas no cambiarán. Por eso, desde Ciudadanos Observando seguiremos levantando la voz. Porque alguien tiene que hacerlo.
Y como siempre lo decimos: donde le rascas, sale. Y lo que falta por salir.
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