Este año un motín que dejó 2 policías y un interno muerto dieron cuenta de la problemática que se vive en La Pila, sin embargo, para entender la dimensión es necesario entender las carencias y el tipo de individuos con quienes se trata.
Desde que entró en funciones el gobierno estatal de Ricardo Gallardo Cardona se procuró mejorar las condiciones del sistema carcelario, sin embargo, una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) que ratificó el traslado de un homicida e integrante del crimen organizado a un penal federal, evidenció el estatus desfavorable del CERESO capitalino.
El 17 de enero de 2024 la Quinta Sala del STJE resolvió el expediente UG-ASA-360/2023, relativa a una impugnación presentada por un interno, preso por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y robo calificado en grado de tentativa.
Derivó de una resolución de un Juez de Control, quien el 8 de septiembre de 2023 aprobó que la persona privada de la libertad (PPL), recluso en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) de San Luis Potosí ubicado en La Pila fuera llevado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 12, localizado en Ocampo, Guanajuato.
La decisión se fundó en que su estancia ponía en riesgo la seguridad institucional de las personas recluidas y del personal que labora en dicho centro, pero que además se requerían de medidas especiales de seguridad que el centro no le puede proporcionar.
LAMENTABLE REALIDAD
En sesión extraordinaria de 14 de julio del año 2023 dentro del Acta del Comité Técnico Interdisciplinario, se determinó la necesidad urgente de trasladar a homicida, entre otros internos, ya que pertenecen a grupos criminales y pretenden tomar el control del Centro.
El colegiado advirtió que se generó pánico entre la población carcelaria, pues si no se toman cartas en el asunto se va a generar un motín, porque él y otros sujetos se han visto involucrados en actos violentos con lamentables consecuencias y pretenden tomar el control de algunos espacios y dormitorios.
De acuerdo con una investigación de un comandante, algunos internos los señalan como instigadores de violencia, inestabilidad e inseguridad, lo que se ha traducido en riñas y disturbios.
"Son personas que requieren medidas especiales debido a su perfil y alta capacidad criminal, que son un riesgo en el Centro, por lo que consideran importante salvaguardar su integridad, así como la el resto de la población de internos", agregó.
Luego de la realización de un análisis de riesgo de seguridad signado por un comandante, señala que existe escaso personal de custodia penitenciaria, el cual no cubre todos los servicios operativos y ello merma la capacidad de reacción para actuar frente a una amenaza de vulnerar la seguridad y vulnerabilidad del CERESO.
Asimismo, se pone en riesgo la vida de alguna persona dentro del mismo, que las medidas que se han tomado son insuficientes, que se descuidan las torres de vigilancia por falta de personal, por lo que solicita el traslado de las personas internas con riesgo.
Por ello, se traduce en: el riesgo de violencia hacia el personal y al orden debido, pues los internos transgreden continuamente la reglamentación interna, por lo que requieren de diferentes niveles de seguridad que al espacio carcelario es imposible otorgar.
MIEDO A LA INGOBERNABILIDAD
Un informe de criminología suscrito con fecha del 11 de julio de 2023 del PPL en comento, alerta características criminológicas contundentes de la personalidad del homicida.
Ahí se informa que presenta egocentrismo alto, indiferencia afectiva alta, adaptabilidad social baja con alta respuesta al impulso criminógeno, con una factorialidad preponderante en donde influyó altamente el medio criminógeno.
Por su parte, en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias, se asentó que tiene niveles altos de conductas criminógenas, poco interés en actividades para lograr su reinserción social.
Sumado al perfil criminal, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, destacó que presenta infraestructura deficiente del inmueble, al no contar con áreas de seguridad restringida o máxima y que el equipo de video vigilancia se encuentra dañado o sin funcionamiento y que ello impide coadyuvar en las tareas de seguridad.
No se cuenta con equipo tecnológico de seguridad funcional y eficiente para llevar a cabo la revisión de personas, bultos y objetos; no se cuenta con cerraduras, candados y cerrojos en buenas condiciones, que garanticen la instancia intramuros de los privados de la libertad; y tampoco con la plantilla necesaria de elementos de seguridad y custodia, comparado con el número de personas privadas de la libertad.
Como conclusión, reportó que las redes de comunicación son limitadas y con constante deficiencia, que estas circunstancias en sí mismas trasgreden la seguridad del Centro Penitenciario poniéndolo en estado de vulnerabilidad constante, debido a la poca capacidad de acción, reacción y contención.
"Tales carencias, sumadas a las características de la personalidad del acusado, aumentan el riesgo de que este atente contra la seguridad y gobernabilidad del Centro Estatal de Reinserción Social del Estado, por lo que, para evitar los enunciados riesgos, se requiere que se le apliquen medidas especiales de seguridad que el Centro Penitenciario Estatal no está en aptitud de prestar", resumió.
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