Simón Vargas Aguilar
Durante el Foro Herramientas para una mejor gestión del desarrollo a partir de la relación gobierno-sociedad, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y Transparencia Mexicana (TM), que se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre, el director del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD en México, Patricio Ballados, declaró que “México requiere llevar a cabo una revolución en materia de transparencia, con el objetivo de que los ciudadanos sepan en qué y dónde se gasta el presupuesto público”.
Y es que, para Ballados, uno de los nuevos retos para nuestro país es “garantizar la buena gobernanza a través de instituciones transparentes y eficaces”, dado que la gobernabilidad democrática ha permitido un mayor acercamiento entre gobierno y sociedad civil en temas como derechos humanos, ejercicio del voto, salud, educación, economía, combate a la corrupción, entre otros.
Al respecto, José Antonio Bojórquez Pérez Nieto, Consejero propietario del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), señala que los ejes de un gobierno abierto son la transparencia, la participación pública y la colaboración; esto con la finalidad de generar confianza en la sociedad.
Y añade que “la transparencia implica un acto unilateral y voluntario del gobierno, que consiste en ofrecer a los ciudadanos información de su gestión para que conozcan cómo se desarrolla la misma, y estén en posibilidad de opinar y participar en el debate público de manera informada y consciente”, de lo contrario la falta de ésta propicia corrupción y sobornos, puesto que fortalece acuerdos y negociaciones fuera de lo institucional, teniendo efectos directos sobre el crecimiento económico, repercutiendo en la sociedad y su bienestar.
En México, el Barómetro Global de la Corrupción 2013, realizado por Transparencia Internacional indicó que las instituciones que fueron percibidas por la población con mayor corrupción y menos transparencia fueron: la policía (73 por ciento); los partidos políticos (72 por ciento); los funcionarios públicos (67 por ciento); el poder judicial (58 por ciento) y el poder legislativo (57 por ciento).
Bajo este contexto, el ex auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón señaló que, con base en el estudio ¿Cómo y Cuánto gasta la Cámara de Diputados?, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en las Cámaras de Diputados y Senadores son quienes mayor opacidad muestran en el ejercicio de los recursos públicos, ya que la discrecionalidad y opacidad existentes propician que se distribuyan recursos presupuestales no ejercidos basados en decisiones unipersonales y arbitrarias”.
Por otra parte, los estados y municipios también se incluyen en los grandes pendientes en esta materia; ya que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo de 2001 a 2010, los estados recibieron 392 mil 900 millones de pesos de ingresos excedentes, sin una rendición de cuentas efectiva a la federación. Además, en 2013 los estados calificados como más opacos por el Índice de Información Presupuestal Estatal del IMCO fueron: Michoacán, Baja California Sur, Coahuila, Baja California y Tabasco.
Pero, Jacqueline Peschard, ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), afirma que la opacidad más fuerte tiene que ver con la procuración de justicia, sobre todo en temas relacionados con la seguridad pública.
En relación con esto, el Índice Anticorrupción de Gobierno y Defensa 2013 de Transparencia Internacional, el cual mide el riesgo de corrupción, vulnerabilidad y opacidad en los sistemas de defensa y seguridad, indica que en México existe una limitada supervisión legislativa tanto de la política como del gasto en defensa, aun cuando existe una comisión de Seguridad Nacional bicameral, añadiendo que las instituciones de defensa y servicios de inteligencia son poco proactivos y abiertos en la publicación de información sobre personal, presupuestos, compras públicas, entre otros.
Sin embargo, a pesar de los claroscuros y de la resistencia por parte de algunos actores para entregar información que es pública y pertenece a los ciudadanos, México ha logrado posicionar el tema de la transparencia en la agenda nacional. Por lo que, es pertinente que el Gobierno siga implementado políticas públicas que nos permitan tener un gobierno responsable, con calidad democrática y capaz de terminar con conductas arbitrarias, corruptas e ilegales, con miras a que la sociedad sea el principal fiscal y escrutador de las acciones emprendidas por el Estado, “En el siglo XXI una de las principales divisiones entre las naciones no incluirá la otrora brecha entre Norte versus Sur, o Este versus Oeste, sino que la principal división será entre si son sociedades abiertas o cerradas” (Hillary Clinton).
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