Semana del 29 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2013

Seguridad ciudadana: Diagnóstico y propuestas para América Latina

Seguridad ciudadana: Diagnóstico y propuestas para América Latina

Simón Vargas Aguilar

El pasado 12 de noviembre en Nueva York, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-14 titulado: “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para América Latina”, el cual fue realizado por un equipo de especialistas coordinado por el cientista político mexicano Rafael Fernández de Castro, y contó con la participación, como parte del Consejo Asesor, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otros.

El informe examina y evidencia los problemas de delincuencia, violencia e inseguridad que experimentan 18 países en América Latina, además de que ofrece una serie de recomendaciones para mejorar las políticas públicas en la materia, a fin de que los gobiernos pasen de la reflexión a la acción, con respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los aciertos y las fallas. Dividido en diez capítulos, el documento parte de la premisa de que los países de la región muestran hoy en día “economías más fuertes e integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas y Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social”, pero que en la última década ésta “ha sufrido una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos”.

Y es que, de acuerdo con los propios ciudadanos, el delito y la violencia son factores que limitan sus oportunidades reales y su derecho a vivir una vida libre de temor y amenazas: 50 por ciento de latinoamericanos perciben que la seguridad en su país se ha deteriorado; 65 por ciento han dejado de salir por las noches a causa de la inseguridad; y 13 por ciento reportó haber sentido la necesidad de cambiar su residencia por temor a ser víctima del delito. En este sentido, el mapa de la inseguridad regional ha integrado en los últimos años amenazas como delincuencia organizada, la extorsión, los secuestros, el delito callejero y la corrupción, no obstante el informe precisa que “la multiplicidad de estas amenazas y su carácter local evidencia que no todo lo que ocurre en AL tiene como explicación el embate de la delincuencia organizada transnacional”.

De acuerdo con el informe, entre el 2000 y 2010, la región se consolidó como la única en el mundo donde la violencia letal aumentó: mientras en la mayoría de las regiones ésta fue negativa (entre 0 y -50 por ciento), en América Latina se incrementó en 12 por ciento, debido a que en esa década murió más de un millón de personas a causa de la violencia criminal. Nuestro país contribuyó a ese aumento, ya que entre 2005 y 2010, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 8 a 25.

Por otra parte, la distribución geográfica de la violencia y el delito en la región, y en los propios países, no es homogénea: “un país con niveles de violencia altos a nivel nacional puede mostrar que en ciertos municipios la violencia letal es mucho menor que el promedio nacional” y viceversa. En el caso de nuestro país, el informe ejemplifica que mientras en el 2010 Chihuahua tenía una tasa de 194 homicidios por cada 100 mil habitantes; Yucatán tenía una tasa de sólo 1.74.

Respecto del desarrollo humano, el PNUD precisa que el aumento de la violencia y el delito encuentra su explicación en cuatro dimensiones: la económico estructural –falta de calidad del crecimiento y del empleo e insuficiente movilidad social–; la social –el número de hogares monoparentales se incrementó en 50 por ciento entre 1970 y 2000, la deserción escolar sostenida, y el crecimiento urbano acelerado–; los facilitadores del delito –como armas, alcohol y drogas–; y la falta de capacidades del Estado –policías, jueces, ministerios públicos y sistema penitenciario– para hacer frente a la inseguridad.

En este último rubro, el informe detalla que la policía se mantiene como una de las instituciones menos valoradas y con menos márgenes de confianza –en nuestro país 55 por ciento estimó que la policía está involucrada con la delincuencia, mientras que sólo el 27 indicó que ésta protege a la gente frente a la delincuencia–, mientras que la falta de confianza en los sistemas de justicia es denominada un problema endémico de la región: más de la mitad de los ciudadanos latinoamericanos expresaron poca o nada confianza en ellos –65 por ciento de los mexicanos coincidió con dicha valoración.–

Debido a este fenómeno, tanto policías como sistemas de justicia han contribuido a que mecanismos ilegales de procuración de justicia hayan ganado fuerza en la región –en promedio 23.9 por ciento los aprueba y 76.1 los desaprueba; mientras que en México la variación del valor de la primera es 1.7 por ciento mayor, y en la segunda 1.7 por ciento menor–.

Sobre los sistemas penitenciarios, se hace énfasis en que la función rehabilitadora no ha sido una prioridad, y por ello, “las cárceles han emergido como un espacio que ha potenciado la violencia, los avisos a los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva”. En ese sentido, en el caso de nuestro país un estudio del PNUD reportó que 76.4 por ciento de los internos se sienten menos seguros en el penal; 40.2 y 73.4 por ciento indican haber sido golpeados por el personal penitenciario o por otros internos, respectivamente.

Más adelante, el informe rescata experiencias valiosas en la prevención y mitigación del impacto de la violencia y el delito, mediante el fortalecimiento de las capacidades del Estado y el fomento de la participación ciudadana, entre ellas destacan Fica Vivo (Brasil), Plan Cuadrante (Colombia), Barrio Seguro (República Dominicana) y Todos Somos Juárez (México). Sin embargo, puntualiza que “las intervenciones eficaces han estado precedidas por reformas y cambios en las capacidades del Estado, que han resultado en programas o políticas exitosas”.

Finalmente, el PNUD propone una serie de diez recomendaciones para una América Latina Segura, entre las que sobresalen: Impulsar un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad; fortalecer las instituciones de seguridad y justicia; potenciar la participación activa de la sociedad; incrementar las oportunidades de desarrollo para los jóvenes; regular y reducir los disparadores del delito –armas, drogas y alcohol–; y fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la cooperación internacional.

En este contexto, el informe publicado por el PNUD constituye una herramienta muy valiosa para los funcionarios encargados de la toma de decisiones, ya que los datos presentados así como las recomendaciones, tanto en el ámbito nacional como en el regional, pueden indicar el camino a seguir a fin de alinear los esfuerzos y articular mecanismos de cooperación que posibiliten el combate conjunto a este flagelo que causa más de 100 mil muertes al año y genera costos económicos de hasta 10 por ciento del PIB.