Semana del 30 de Agosto al 05 de Septiembre de 2013

Mexicanos deportados en Tijuana: Entre el cielo y el infierno

Mexicanos deportados en Tijuana: Entre el cielo y el infierno

Simón Vargas Aguilar

México se está convirtiendo en un país de deportados, y Tijuana en el purgatorio en el que miles de connacionales deambulan sin perspectivas de futuro ni oportunidades de reinserción social. Las únicas alternativas reales para esos mexicanos -que hablan inglés mucho mejor que su lengua materna, que en muchos casos desconocen su país de origen luego de una larga ausencia, y que en su mayoría carecen de apoyo familiar y gubernamental- son el reclutamiento por parte del crimen organizado, o bien, la aceptación de la pobreza extrema y la adicción a las drogas como modo de vida.

Entre 2010 y 2012, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 273 mil 903 casos de repatriación de connacionales desde los Estados Unidos a través de la garita Tijuana-San Ysidro. Cabe señalar que el 2010 fue el año en el que se registraron más casos: 133 mil 770, cifra que representó el 28 por ciento de las deportaciones a nivel nacional. No obstante, cifras oficiales revelan que actualmente más del 40 por ciento de las deportaciones se realizan vía Tijuana, sin que importe el lugar de la detención o la ciudad de origen, de acuerdo con un reportaje reciente de Laura Woldenberg, publicado en la revista Vice.

Hace dos años, Rafael Alarcón –investigador del Colegio de la Frontera Norte– y William Becerra –subdirector de la Casa del Migrante de Tijuana A.C.– publicaron un análisis sobre este fenómeno en la revistaNorteamérica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan) de la UNAM, en el que informaron del cambio del perfil migratorio de los varones atendidos entre 2000 y 2009 en la Casa del Migrante: En el 2000, 58 por ciento llegó a Tijuana con la intención de cruzar la frontera, mientras que 42 por ciento eran deportados; mientras que en el 2009, 90 por ciento fueron deportados y sólo 10 por ciento buscaba cruzar a los Estados Unidos o permanecer en Tijuana.

Por otra parte, los hallazgos revelaron que 36 por ciento de los migrantes fueron deportados por infracciones de tránsito; 27 por ciento a causa de una inspección policíaca de rutina; 24 por ciento por tener una orden de arresto previa; y 13 por ciento, por haber sido sorprendidos cometiendo actos en contra de la ley.

Y es que, tras la implementación del Operativo Gatekeeper en 1994, por el cual se amplió el muro fronterizo, se instalaron nuevos puntos de control, y se incrementó el número de efectivos de la patrulla fronteriza; así como por el cambio de estatus de la inmigración ilegal como asunto de seguridad nacional, la reciente instalación de sensores de movimiento, telescopios de visión nocturna y los sobrevuelos de drones, todo esto derivado de los ataques del 11 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), optó por la criminalización de inmigrantes indocumentados, lo que en consecuencia, incrementó el número de deportaciones.

A este respecto, un informe reciente de la organización Científicos Sociales sobre la Política de Inmigración aseguró que de continuar la tendencia de deportaciones del gobierno estadounidense, para 2014, más de 2 millones de personas habrán sido repatriadas.

De acuerdo con Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, los mexicanos deportados vía Tijuana pueden ser divididos en 3 grupos: ex convictos liberados o que pertenecían a pandillas en los Estados Unidos –medida tomada por el gobierno hace tres años para despresurizar sus saturadas prisiones–; los que intentaron cruzar recientemente y fueron arrestados y luego deportados; y aquellos que residieron por largas temporadas, que no tienen acceso al empleo, carecen de identificaciones y papeles y son discriminados. Estos últimos son mexicanos, pero “indocumentados” en Tijuana, según Clark Alfaro.

Diversos cálculos realizados por organizaciones de la sociedad civil, albergues y grupos religiosos que apoyan a migrantes, entre 4 mil y 10 mil mexicanos se encuentran en condición de “indocumentados” en su propio país y viven en la extrema pobreza. La gran
mayoría de éstos, se han asentado en la canalización del Río Tijuana, en una zona conocida como el Bordo, ubicada en el norte de la ciudad y que colinda con el muro fronterizo.

Esta población flotante, ha construido tiendas de campaña con palos y plástico, acondicionado viviendas en las compuertas del drenaje o excavado ñongos, como se les denomina a una especie de túneles apuntalados con madera y otros materiales en dónde los deportados guardan sus pertenencias y pasan la noche. Hoy existen alrededor de 300 de éstos a lo largo de todo el Bordo.

Sin embargo, la vida en el Bordo no es fácil ya que se enfrentan a una constante represión policial, e incluso, a la quema y destrucción de sus improvisadas casas y pertenencias por parte de policías municipales; a la violencia y al cobro de derecho de piso por parte de células delictivas como El Barrio 18, Los Norteños; Los Sureños; Los Paisas; y Los Shaloms; así como a la adicción a drogas como la hero-ína y el cristal. De acuerdo con la doctora Remedios Lozada, funcionaria de la Secretaría de Salud de Tijuana, más del 90 por ciento son usuarios de drogas inyectables, y el 100 por ciento consume algún tipo de drogas.

Aunado a esto, la deportación de delincuentes mexicanos constituye una problemática que añade complejidad este fenómeno. Según el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, entre el 20 y 30 por ciento de los deportados –alrededor de 7 mil personas– tiene antecedentes criminales, y pese a que en 1997 se firmó un convenio bilateral por el que el gobierno estadounidenses debe avisar a su homólogo mexicano sobre la deportación de criminales para la verificación de la existencia de cargos en nuestro país, esto no sucede. Y es que las listas de repatriados con antecedentes penales no llegan a las autoridades locales. Vale la pena recordar que en julio pasado fueron deportados 20 criminales mexicanos que al llegar a Baja California, asesinaron al menos a 12 personas.

Pese a que en el último año las remesas que enviaron los migrantes a nuestro país ocuparon el segundo lugar en captación de divisas, al contabilizar cerca de 24 mil millones de pesos, el Gobierno Federal no ha abordado esta problemática con un enfoque integral que posibilite la reinserción de los mexicanos deportados. Actualmente el programa de apoyo a personas repatriadas se limita a ofrecerles una llamada gratuita; alimentación y atención médica insuficientes, y una identificación provisional, que muchas veces no es reconocida por los policías y mucho menos por los potenciales empleadores.

Como afirmó en abril pasado el sacerdote Alejandro Solalinde, “la delincuencia organizada no ve a los deportados como desecho, sino como una mercancía muy preciada”, en parte porque “hablan inglés, saben manejar armas, tienen contactos en los Estados Unidos, y están desesperados por trabajar”, como indicó Clark Alfaro en el do-cumental producido por Vice.

De no tomar cartas en el asunto, es altamente probable que a mediano plazo, este fenómeno se extienda a otras ciudades en el norte del país, en las que existen cruces fronterizos, lo cual generaría un incremento de la violencia y la inseguridad que se experimenta actualmente. Se requiere un enfoque integral con una perspectiva humanitaria a efecto de generar oportunidades a los mexicanos deportados para que accedan a una vida digna, dejarlos en el abandono puede representar un alto costo económico y social, además constituye un riesgo a las seguridad y estabilidad regionales.