Semana del 23 de Agosto al 29 de Agosto de 2013

Desplazados: Fenómeno creciente

Desplazados: Fenómeno creciente

Simón Vargas Aguilar

Los desplazados internos –de acuerdo con la definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) – son aquellas personas en situación de alta vulnerabilidad que se ven obligadas a huir de sus lugares de residencia debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos, pero que a diferencia de los refugiados, no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país.

En México, seis años de lucha frontal en contra del narcotráfico y el crimen organizado han incentivado el crecimiento exponencial de éste fenómeno, principalmente en el norte del país, sin embargo, a la fecha no existen datos oficiales, reconocimiento jurídico de ésta problemática por parte del gobierno, y mucho menos, una política clara para atender las necesidades y demandas de nuestros connacionales en esa situación.

En el 2003, el entonces representante del Secretario General de la ONU para el Desplazamiento Interno, Francis Deng, advirtió que el gobierno mexicano no llevaba un registro de las estadísticas de esta problemática, no obstante, datos extraoficiales señalaron la existencia de entre siete mil y 21 mil desplazados. Casi una década después, en octubre del año pasado, un informe restringido del gobierno federal, contabilizó 1.2 millones de mexicanos que tuvieron que cambiar de residencia, dejar su trabajo, sus estudios y propiedades a causa de la violencia y la inseguridad, sin incluir a aquellos que abandonaron el país.

Un mes después, en septiembre de 2012, en el marco del foro “Desplazamiento interno forzado: ¿Crisis humanitaria en México?” diversos especialistas indicaron que entre 2010 y 2011, entre 2 y 3 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años se vio obligado a dejar sus comunidades de origen debido a la violencia que generó la guerra contra el narcotráfico.

Por otra parte, en enero pasado, un estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios de Antropología Social (CIESAS) del Programa Noreste, cuya principal hipótesis sostuvo que el desplazamiento interno se reflejó en el abandono de las viviendas, señaló que entre 2005 y 2010 al menos 330 mil personas se marcharon de sus casas a causa de la violencia en los estados de Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas.

En este contexto, quizás el informe de carácter más oficial sobre este fenómeno es el que realizó el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados, que en abril pasado informó de la existencia de 160 mil desplazados internos en nuestro país: 25 mil a causa del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 –de acuerdo con datos recientes del Gobierno de Chiapas–; y 141 mil 900 por la violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado desde 2007 –según datos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez actualizados hasta el 2011–.

Según el informe, las principales entidades afectadas por la violencia derivada de las actividades de los cárteles del narcotráfico son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Aunado a ello, se detalla que “el nexo entre la violencia de los cárteles y los desplazamientos fue más claro a nivel municipal”, y es que “los 100 municipios con los niveles más altos de violencia experimentaron los niveles más altos de desplazamientos”. En ese sentido, la migración de municipios violentos se dio a un ritmo 4.5 veces mayor en comparación con la de municipios no violentos.

Diversas organizaciones civiles y medios de comunicación, han documentado los casos de poblaciones en Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Sinaloa que se convirtieron en pueblos fantasmas, como Ciudad Mier, Pueblo Nuevo, Pesquería, Praxédis Guerrero y San Fernando, las cuales fueron abandonadas casi en su totalidad. Sin embargo, en enero pasado, se informó que 12 de los 18 municipios del estado de Sinaloa han sido afectados por este fenómeno y se contabilizaron entre 23 mil y 130 mil desplazados. Asimismo, en las últimas semanas, se ha reportado la migración de alrededor de 2 mil personas a causa de la violencia, principalmente de 13 poblaciones ubicadas en los municipios de San Miguel Totolapan, General Helidoro Castillo y Apaxtla de Castrejón.

Pese a la falta de información, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la gran mayoría de los desplazados internos se ha trasladado a los estados de Yucatán, Aguascalientes, Jalisco, el Distrito Federal y Querétaro. En el caso de éste último, ha sido tal el número de desplazados que en abril de 2012, el entonces senador Guillermo Tamborrel declaró: “estamos cerca de saturarnos y el acceso a los servicios se vuelve cada día más complicado”.

Sin embargo, no todos los desplazados internos han encontrado la seguridad que buscaban al trasladarse a otra ciudad, ya que en algunos casos se enfrentan nuevamente a episodios violentos, o bien experimentan problemas para encontrar un trabajo, inscribir a sus hijos en la escuela, o tener acceso a la vivienda o la salud. Mientras que algunos más, debido a las secuelas psicológicas de la violencia, sufren patologías clínicas que inciden negativamente en sus vidas.

Ante este panorama, es urgente que el gobierno reconozca la problemática a la que nos enfrentamos, a efecto de recabar la información necesaria que posibilite el análisis y la identificación de las afectaciones sociales y económicas para delimitar políticas, planes y programas que contribuyan a generar soluciones concretas al fenómeno del desplazamiento interno, de lo contrario, en el futuro podríamos alcanzar niveles similares a los de Colombia, país que actualmente registra entre 4.9 y 5.5 millones de desplazados.