Rinde Fiscal General del Estado, Federico Garza, 3er. Informe de actividades

Rinde Fiscal General del Estado, Federico Garza, 3er. Informe de actividades

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Viernes, 13 de Noviembre de 2020| 13:27

---

Este día, el Fiscal General del Estado, Federico Armando Garza Herrera, rindió su tercer informe de actividades en las instalaciones del Centro de las Artes (Ceart), en el que se preocuparon en primera instancia, mantener las medidas sanitarias, además, el mismo, fue replicado a través de medios de comunicación en conferencias virtuales.

El maestro, dio inicio a su tercer informe, partiendo de una frase de Martín Luther King Jr., en la que hace referencia a "La injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes".

"Sin duda es responsabilidad de todos, allanar el camino para alcanzar la igualdad de género; y para su buen logro, más aún, se requiere de la participación de mujeres y hombres, de niñas y niños.

Previo a dar inicio a mi intervención pido a ustedes ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio por los ministerios públicos, policías de investigación, peritos y servidores públicos de la fiscalía general del estado, que han fallecido a lo largo de este último año de servicio, ya sea por muerte natural, por consecuencia del covid 19 o que hayan caído en el cumplimiento de su deber.

Saludo con respeto al gobernador constitucional del estado doctor Juan Manuel Carreras López, a quien agradezco su presencia a través de medios electrónicos, gracias por el apoyo que siempre ha dispensado primero a la otrora procuraduría general del estado y ahora a la fiscalía general.

Igualmente me da mucho gusto saludar y agradecer la presencia por medios virtuales:

De la licenciada Lorena Valle Rodríguez, presidenta del sistema DIF.

De la licenciada Olga Regina García López, presidente del supremo tribunal de justicia y del consejo de la judicatura.

De la diputada Vianey Montes Colunga presidente del congreso del estado.

De la diputada Federal Guadalupe Almaguer Pardo.

De los honorables miembros del gabinete de seguridad.

De las señoras y señores. Presidentes y representantes de los organismos empresariales.

De las señoras y señores presidentes y representantes de las asociaciones, barras y colegios de abogados.

De las distinguidas representantes de los colectivos que luchan por acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

De los distinguidos servidores públicos representantes de los diversos organismos de derechos humanos.

Del maestro Javier Montalvo Pérez, fiscal de delitos electorales.

Del licenciado Alejandro Leal Tovias, secretario general de gobierno.

De las señoras y señores vicefiscales y personal de la fiscalía general del estado.

De las señoras y señores servidores públicos de gobierno del estado.

Del licenciado Armando Oviedo, secretario ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública.  

De representantes de las etnias.

A los miembros de las asociaciones de profesionistas.

A los miembros del consejo ciudadano de procuración de justicia.

A los señores rectores y directores de universidades e instituciones de educación superior, resaltando la presencia del doctor Alejandro Zermeño Guerra, rector de La Universidad Autónoma De San Luis Potosí.

A los señores directores de medios de comunicación y a nuestras amigas y amigos de la prensa.

A los miembros de asociaciones civiles, colectivos, sindicatos y ganaderos.

Reconozco el acompañamiento de los sectores sociales y que hoy pasan lista de presente, de manera virtual, en este acto y quienes, a través de su participación, comentarios y crítica positiva, han hecho posible el escalar, en los niveles de profesionalización del servicio público y la respetabilidad de este órgano de procuración de justicia.

Agradezco también la asistencia de manera virtual de mis compañeros fiscales de zacatecas dr. Francisco José Murillo Ruiseco; de Durango Ruth Medina Alemán; de Coahuila Gerardo Marquez Guevara; De Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre.

Agradezco la presencia de todas y todos aquellos quienes a través de medios electrónicos siguen el desarrollo de este informe.

Mi gratitud y agradecimiento por la asistencia de todas y todos ustedes, jóvenes, que son importantes para su estado y para México, porque sin duda su participación futura en el quehacer por San Luis o por la patria será prominente.

A mi esposa Mónica gracias por acompañarme a través de medios electrónicos y a mis hijos Federico, Mónica Y Sebastián, gracias por estar aquí.

Igualmente, agradezco a mi padre el Licenciado Virgilio Garza Y Garza, como a mis hermanas y hermanos y de mi familia política, que siguen este evento por medios electrónicos.

A mi madre desde aquí una oración por su descanso eterno.

Gracias a la escolta y banda de guerra del 34 batallón de infantería por su participación en este evento y al general diplomado de estado mayor Guzmar Ángel González castillo por su apoyo incondicional.

 

Hoy, he cumplido en los términos del artículo 122 ter de la constitución política del estado, al entregar un ejemplar del informe de la fiscalía general, a mi cargo, al honorable congreso del estado y al titular del poder ejecutivo del estado, en el cual se advierte, entre otras, lo relativo al gobierno interno, a la modernización institucional, a la calidad institucional y profesionalización, a la investigación científica del delito, a la autonomía administrativa y financiera y al desarrollo humano y de responsabilidad social.

Los resultados que se advierten en el informe de labores de un año, son fruto del esfuerzo cotidiano y profesional de mujeres y hombres, comprometidos con la procuración de justicia, quienes a lo largo de este último año y sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia y arriesgando su bienestar físico y el de sus familias, han empeñado su mejor esfuerzo para hacer realidad el anhelo de otorgar justicia a todas las víctimas del delito y a la sociedad en general. Para esos guerreros que son los ministerios público, los peritos y policías de la dirección de métodos de investigación, que han continuado su quehacer, su encomienda a pesar de la alerta sanitaria en beneficio de la sociedad de San Luis Potosí, les digo gracias y a ustedes pido un aplauso.

La fiscalía general como órgano constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, transita de manera independiente en casi todos sus rubros, y por tanto está dotada de autonomía presupuestal, técnica y de gestión.

A lo largo de este año de actividades que informo, se han generado cambios en la forma de procurar justicia, todo con el objetivo claro, de establecer y fortalecer en San Luis Potosí, el imperio de la ley y el estado de derecho.

Con nuestro nuevo modelo de procuración de justicia, hemos obtenido logros en todas las áreas de la institución, lo cual nos han permitido ser más eficaces y eficientes en todos los rubros de nuestras competencias, logrando con ello una nueva actitud de servicio, que nos ha permitido implementar instrumentos tecnológicos y digitales para agilizar el servicio y hacerlo más competitivo y actualizado a esta nueva modalidad.

Hemos crecido; a tres años esta institución tiene cimientos fuertes, tiene raíces y origen y estamos empeñados en la profesionalización de nuestro personal.

Las instancias del sistema, están funcionando; día a día las perfeccionamos, los asuntos se resuelven, la norma se aplica y quienes con su actuar cometen hechos con apariencia de delito, son puestos ante la autoridad judicial, sometiéndolos a un proceso con el fin de que al concluir se les dicte sentencia condenatoria.

La imparcialidad es nuestra misión y con ello velamos por el debido proceso, por la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos; en la conducción jurídica de las investigaciones, que realiza el personal de la dirección de métodos de investigación y en el seguimiento de los delitos ante los tribunales, actuamos con base en la buena fe, de forma única, indivisible y funcionalmente independientes.

Hoy más que nunca, hemos fortalecido la presencia de la fiscalía en todas las regiones del estado y con la creación de nuestras dieciséis delegaciones, acercamos nuestros servicios a todo el estado, al foro del estado, a la ciudadanía, a los presidentes municipales y sus cabildos, que aunado a la plataforma estratégica interinstitucional (pei),  permite tener información inmediata de todas nuestras agencias.

Los resultados y la consolidación de la fiscalía general del estado son importantes, pero sabemos que las necesidades sociales son enormes y siempre presentes.

Uno de los grandes obstáculos que como institución hemos enfrentado, es la falta de socialización del sistema, amén de la falta de compromiso de una parte del personal, la cual se ha hecho mas evidente en el decurso de la alerta sanitaria identificada como Covid 19, que ha traído consigo que la prestación de los servicios se realice con menos del diez por ciento del personal.

Como lo mencioné con anterioridad son todas y todos ustedes, jóvenes, quienes verán cristalizar en el futuro esta institución de procuración de justicia; ustedes son quienes deben cuidar y vigilar que se cumplan los principios fundamentales que guían nuestro quehacer cotidiano; ahora ya se tienen los cimientos y se irá consolidando en el futuro.

Hoy a ustedes les participamos nuestras acciones con el afán de que tengan una visión más amplia de nuestro quehacer, con el afán de que se impongan de las actividades de esta fiscalía general del estado, para que en su momento puedan ustedes contribuir a llevar a efecto las actividades propias de la institución y con alto sentido de responsabilidad se conviertan en vigilantes de la función de procuración de justicia, opinando de manera crítica pero constructiva y con el fín de engrandecer la procuración de justicia en San Luis Potosí;  tomen en consideración que ustedes son importantes para su estado y para México, porque sin duda su participación futura en los quehaceres por San Luis Potosí o por la patria, será relevante.

Más aún no deben de estar apartado o sesgados del quehacer público, ustedes deben de transformar la vida pública de San Luis Potosí y de la patria, ustedes forman parte del 25% de la población del país que son jóvenes, según datos del Inegi del año 2019.

Nuestra obligación como servidores públicos es generar condiciones para ustedes y más aún para aquellos que viven en condiciones de pobreza y han sido víctimas de algún acto de discriminación y por consecuencia se les ha impedido el reconocimiento de sus derechos.

Nosotros desde la fiscalía general del estado queremos y nos empeñamos en socializar el sistema de justicia penal, por ello con ustedes habremos de allanar el camino para el acceso a sus derechos y generarles mayores y mejores oportunidades.

Ustedes jóvenes deben estar informados y participar en el fortalecimiento de las instituciones públicas, es su deber, es su derecho, y nosotros como servidores públicos, nuestro menester es informarles y generar espacios para que puedan participar en el quehacer público para que logren adiestrarse, capacitarse y profesionalizarse.

Por ello, y si no tienen inconveniente, los invito hoy y los convoco a que formen parte del "consejo consultivo juvenil de participación en procuración de justicia" que se crea partir de hoy como un órgano operador, crítico constructivo y con participación activa.

Seguiremos empeñados en mantener nuestro compromiso con el sistema penal acusatorio, por el cumplimiento de su plan de persecución penal, dando prioridad a los delitos que más laceran a la sociedad, por la operación de su sistema de gestión de casos, por los resultados de su investigación que ahora privilegia su carácter técnico científico, por la atención a las víctimas de delitos, el respeto irrestricto de los derechos humanos, el combate a la impunidad, la apertura a la sociedad y sus convenios de colaboración institucional, el mejoramiento integral de su infraestructura y una capacitación y profesionalización de todo el personal sustantivo que se desempeña en la fiscalía general.

El programa de profesionalización de los servidores públicos de la institución, ya rinde frutos, porque a través de la instrucción, mejora el capital humano, sus conocimientos, competencias y habilidades y ello comienza a generar mayor confiabilidad en nuestros usuarios, lo que se consolida con la creación de un ente universitario y de estudios superiores, que es ya un modelo que se adopta en otras entidades de la república.

Hemos generado, de igual manera la capacitación y certificación en temas específicos, como es la mediación, conciliación y justicia restaurativa, que es a través de este mecanismo como se centra la solución de conflictos de manera anticipada para evitar el congestionamiento judicial.

Ello implicó una transformación profunda de metodologías de trabajo y un nuevo entendimiento de las funciones que realiza la institución; fue necesario una trasformación de las normas jurídicas, personas, procesos e infraestructura de toda la institución.

Bajo estas premisas, hemos consolidado nuestra cercanía con la gente, poniendo a su alcance instrumentos de fácil acceso y contacto directo.

El ministerio público es una figura, que dinamiza el proceso penal, que desarrolla trabajos multidisciplinarios, establece altos niveles de trabajo colaborativo, con la policía, los servicios periciales y los analistas, y con el carácter de representantes de la sociedad, lleva sus causas al ámbito judicial; ahora se trabaja con dinamismo el ministerio público, los peritos, la policía de investigación y los analistas realizan actividades de análisis de gabinete, con el fin de generar líneas y formas de investigación certeras.

Seguimos creciendo en tecnología, y continuamos capacitando a nuestra gente en el extranjero, hemos logrado que instituciones internacionales se sumen en nuestra dinámica, prueba de ello es el acompañamiento que tenemos de plan Mérida, la embajada de los estados unidos de norteamérica y las naciones unidas, entre otras.

El instituto universitario de ciencias penales y forenses cumple su cometido de ser el medio para lograr que todo el personal de la institución abreve conocimientos, se adiestre, se capacite  y se profesionalice y con los conocimientos adquiridos cumpla de mejor manera su encomienda.

La profesionalización es la base para el cambio, es el camino a seguir, es la ruta deseable; sin duda el correcto desempeño es y será la sabia que nutrirá nuestro quehacer; la certificación de nuestro personal se ha emprendido con los parámetros nacionales y por tanto se evalúa el conocimiento adquirido, desarrollado y alcanzado en el ámbito que se desempeña, haciéndola pertinente a los tiempos actuales.

Seguiremos fieles e invariables en nuestra conducta y encargo, continuaremos en la consolidación del sistema de justicia penal, comprometidos y empeñados en abatir la impunidad, en esclarecer los hechos delictivos, en proteger al inocente, y en que sean reparados los daños causados por el delito.

Les comento que la actividad en procuración de justicia inicia cuando ya se ha cometido el delito, nosotros no somos preventivos, nuestro personal no está uniformado, por lo que nuestra participación se circunscribe al hecho de encontrar toda la evidencia posible, científicamente alcanzable, para que se castigue aquella persona que por alguna causa cometió el delito.

El sistema penal vigente, tiene como premisa preponderante la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Hay varias causas por las que cambió el sistema penal: la primera por el hartazgo a un sistema que se basaba en la presunta o probable responsabilidad de una persona en la comisión de un delito, como para que se obsequiara una orden de aprehensión y en su caso la formal prisión; la segunda, la tortura en donde se decía que a través de ese método se obtenía la declaración de una persona donde aceptaba su participación y responsabilidad en la comisión de un delito; la tercera, en el abandono de las averiguaciones previas y su nula integración; cuarta, se decía que se manipulaba el proceso y se atentaba contra los derechos humanos; la quinta, el fin preponderante de ese sistema era tener al delincuente en la cárcel; ello fue como entre otras cosas que hicieron cambiar el sistema penal, el actual se construyó con un paradigma inverso, totalmente opuesto en donde prevalece la presunción de inocencia, la declaración del imputado solo le causa perjuicio y tiene pleno valor legal cuando se realiza ante el juez; surge la figura del asesor víctima que viene a ser vigilante e integrar junto con el ministerio público las carpetas de investigación, se obliga al debido proceso, al respeto irrestricto a los derechos humanos, y construye parte de su fundamento en la mínima intervención penal ya que no interesa tanto tener al delincuente privado de su libertad o recluido en un centro penitenciario, sino que el imputado pague el daño causado a la víctima; ello independientemente de las salidas alternas que da el sistema penal, para que el delincuente obtenga su libertad como es el acuerdo reparatorio que se da por voluntad de las partes y no tiene pena ni monto y se realiza indistintamente ante el ministerio público o el juez con el requisito de que sea culposo, de querella o patrimonial sin violencia; la suspensión condicional que es ante el juez y solo se requiere la voluntad del imputado a un plan de reparación del daño, lo cual debe verificarse dentro de un plazo que oscila entre seis meses a tres años y que la pena no exceda del término medio aritmético de cinco años y que no exista oposición fundada de la víctima; y el proceso abreviado aplica en la generalidad de los delitos y ante el reconocimiento de la culpabilidad y la renuncia de un juicio oral por parte del imputado, cuyo resultado es la reducción de la pena que sería la mitad de la mínima . 

Es por lo anterior que se dice que este sistema de justicia penal vigente, ha traído grandes insatisfacciones para la sociedad en general, porque la gama de delitos que pueden ser de aquellos en donde el delincuente quede sujeto a prisión preventiva oficiosa, o sea privado de su libertad por mandato del juez de control que lleve el proceso, es muy estrecha; amén de que el sistema penal anterior, como lo he señalado, se construía en la presunta o probable responsabilidad de una persona, para que en su momento se iniciara una causa penal y el acusado se quedara privado de la libertad, por mandato del juez penal, a diferencia del vigente que cambia el paradigma anterior y que establece que la presunción de inocencia debe prevalecer ante todo.

La sociedad se ve ofendida cuando el delincuente recobra su libertad, no obstante haber sido detenido en flagrancia porque el tipo de delito no alcanza como para llevar al delincuente ante el juez.

Para nosotros como institución es importante que ustedes conozcan, como jóvenes, los extremos del sistema penal existente, ya que el anterior se basaba, como lo he señalado, en la presunta probable responsabilidad de alguien para que pudiera establecerse de una presunción de comisión de delito penal y en la actualidad este sistema vigente tiene su sustento en un paradigma contrario que es la presunción de inocencia.

El bien supremo debe de ser que el delincuente encuentra el castigo que por ley le corresponde es tanto como decir que el delito no quede impune.

Agradecemos a la sociedad civil, que siempre ha estado a nuestro lado, inmersa, vigilante, participativa, crítica constructiva y señalando  rumbo; con ella construimos nuestro plan de trabajo y las acciones a seguir. Pusimos los cimientos de esta institución e instalamos todas las áreas de la institución, iniciamos la profesionalización y la mejora de nuestras acciones; ahora con la participación del "consejo consultivo juvenil de participación en procuración de justicia" habremos de lograr la socialización del sistema y que la juventud se imponga y familiarice de nuestro quehacer y coadyuve de manera crítica propositiva y vigilante en las labores de procuración de justicia.

El plan de persecución penal constituye una herramienta para hacer realidad la transformación del ejercicio de la investigación, persecución y acción penal sobre los fenómenos criminales, mediante la realización de mapa de la incidencia delictiva estatal y del diagnóstico respecto de las causas que genera la incidencia; al tiempo de ser un mecanismo de construcción colectiva en el que se ven reflejadas las principales inquietudes y preocupaciones de las víctimas y la sociedad civil, sobre todo en lo que concierne a la desaparición forzada, el homicidio, el feminicidio, el asesinato de periodistas, la corrupción, entre otros; de ahí se construye la definición de metas y acciones a seguir con la consiguiente estrategia de aplicación de recursos en el territorio del estado, y bajo lineamientos generales de las facultades discrecionales de los fiscales.

El tema central, es precisamente la importancia de procuración de justicia en una circunstancia de trasformación y fortalecimiento; de allí la necesidad de la suma de la sociedad y de los jóvenes para que contribuyan positivamente al mejoramiento de la fiscalía.

La certificación de algunas áreas de la fiscalía general, mediante la norma ISO 37001 permite ejecutar medidas preventivas, orientadas a contrarrestar los actos de soborno dentro de la institución.

Esta política genera una cultura basada en la ética y las buenas prácticas antisoborno, que tiende a fortalecer la confianza, la credibilidad y las expectativas de la ciudadanía, con la mística de mejorar la percepción en la institución.

De existir casos de soborno dentro de la institución, se toman acciones contundentes y se sanciona en irrestricto apego a la ley.

Este es un desglose de muchas de las cosas que hemos hechos en la fiscalía general del estado, aquí se advierte una institución con rumbo, con acciones firmes, con objetivos y metas en donde transitamos y nos empeñamos, en esclarecer los hechos, que son constitutivos de delito; la sola presentación de la denuncia o querella no es suficiente como para tener por demostrada la responsabilidad de alguien en la comisión de un delito, pues cobra vigencia la presunción de inocencia;  nuestro deber es proteger a los inocentes, asegurar que los culpables no queden impunes, que se reparen los daños, que se asegure el acceso a la justicia mediante la aplicación de la ley, y que se resuelvan los conflictos que surjan con motivo de la comisión de delitos, con base en una planificación estratégica.

Sin duda toda vía hay mucho por hacer, no solo de nuestra parte, sino también de los tres niveles de gobierno y preponderantemente de los demás intervinientes del sistema, porque el sistema debe perfeccionarse, no solo en San Luis Potosí, sino en todo el territorio nacional; la falta de socialización del mismo, el nuevo derecho, la interpretación innovadora, los derechos humanos, el debido proceso y los criterios en ocasiones exagerados, son los que han dificultado la armonía de las disposiciones legales, con el pensamiento ciudadano y la conceptualización de los hechos por parte de las víctimas. 

En cuanto a nuestras acciones puedo decir:

Durante este año 2020 la fiscalía general del estado, a través de la dirección general de métodos de investigación, consecuencia del libramiento de órdenes de aprehensión ha detenido a 815 personas por presuntamente estar relacionadas en algún delito; personas detenidas que fueron puestas a disposición de un juez de control para que definiera su situación legal.

De esas detenciones:

623 corresponden a la zona centro y rural;

37 al altiplano,

63 a la zona media;

73 a la huasteca norte; y

23 a la huasteca sur.

Como aún se trabaja con un sistema mixto, en el que se cumplimentan órdenes de aprehensión de otros años, se tiene el registro que, del total de personas detenidas, 620 corresponden al sistema de justicia acusatorio actual y 195 del sistema de justicia anterior.

Se detuvieron:

A).- por homicidio y feminicidio a 72 personas;

B).- por secuestro a 66;

C).- por violación a 56;

D).- por delitos patrimoniales como robos en diversas modalidades a 420;

E).- por delitos vinculados a delincuencia organizada 70.

También se logró la desarticulación de 12 bandas delictivas relacionadas con delitos de alto impacto en toda la entidad, con la consecuente detención de 32 objetivos criminales.

En cuanto a colaboraciones con otras entidades, la policía de métodos de investigación acudió a:

A).- Veracruz en donde detuvo a 37 personas por contar con mandamientos judiciales por hechos ocurridos En San Luis Potosí;

B).- en el estado de México se detuvieron 19 personas;

C).- en Querétaro a 21 personas;

D).- en Quintana roo 11 personas,

E).- en Oaxaca a 14 personas; y

F).- en Chiapas a 9 personas;

Todo esto a través de los convenios de colaboración establecidos.

Durante este 2020, y parte final de 2019, la fiscalía general del estado ha atendido a 43 mil 981 personas en toda la entidad, las cuales realizaron algún trámite en las 16 delegaciones con que se conforma la institución en todo el estado de San Luis Potosí.

Esta cifra fue a la baja debido a que este año es atípico por las condiciones y restricciones que genera la pandemia por el covid-19, sin embargo, los servicios de procuración de justicia nunca se han detenido en la entidad potosina, únicamente se disminuyó la plantilla laboral general, trabajando con el mínimo personal con las medidas sanitarias que las autoridades en la materia establecieron.

Por otra parte, la fiscalía general del estado, ha recibido 37,256 denuncias de enero a octubre de 2020, y como parte de la productividad del ministerio público, se han determinado 23,083 carpetas de investigación a través de las diversas salidas que marca el sistema penal acusatorio, lo que representa un 62 por ciento del total recibido.

En el periodo que se informa, con el trabajo de nuestros agentes fiscales se lograron:

A).- 1,633 judicializaciones por diferentes casos y delitos;

B).- 1,286 autos de vinculación a proceso; y

C).- 451 prisiones preventivas oficiosas,

D).- 51 prisiones preventivas justificadas, al igual que otras

E).- 139 medidas cautelares diferentes a esas dos,

Dando un total general de 641 medidas cautelares aplicadas.

En los controles de detención que se llevaron ante un juez de control, se obtuvieron 1,808 que se calificaron de legal, dando la oportunidad de seguir avanzando en cada uno de esos procesos penales hasta la vinculación a proceso.

Esas detenciones en su mayoría fueron hechas por primeros respondientes de los tres órdenes de gobierno que el ministerio público integró para obtener esos resultados.

Además, de las 265 sentencias condenatorias que se lograron en el periodo que se informa, 139 corresponden a procedimientos abreviados y 126 se consiguieron en juicios orales por delitos diversos.

En etapa intermedia, la fiscalía general del estado tienen 936 asuntos en los que se cumple con las investigaciones complementarias, aportando mayores datos de prueba que serán trascendentales para la situación legal de los imputados.

Como el sistema penal es de mínima intervención penal y privilegia el acuerdo, los medios alternativos de resolución de conflictos, son un pilar fundamental en la institución, lo que realiza a través de los centros de solución de controversias en materia penal con lo que cuenta esta fiscalía general del estado, en ellos se  tuvieron 1,604 acuerdos reparatorios y 383 perdones legales, dando un total de 1,987 métodos alternos en los que se realizó la reparación del daño de las víctimas. Asimismo, en audiencias judiciales se consiguieron 388 suspensiones condicionales del proceso, que son otros mecanismos legales para resolver un asunto penal.

Por no competer a esta instancia de procuración de justicia, se declinaron a la federación o a otras entidades, 118 expedientes para su debida atención, mientras que en 84 carpetas de investigación se aplicaron criterios de oportunidad.

Cabe señalar que a lo largo de este período 45,750 carpetas de investigación obtuvieron el resolutivo de archivo temporal, y la información de esas carpetas se continúa trabajando por la unidad de análisis estratégico con la finalidad de determinar patrones delictivos y la identificación de posibles imputados.

En otras 27,147 carpetas de investigación se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Con la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, la labor del personal del sis¬tema tradicional no ha parado, a fin de concluirlo en su totalidad; es por ello, que los asuntos relacionados con averiguaciones previas se mantienen trabajando por la unidad de clausura de la fiscalía general del estado.

Durante el periodo que se informa, esta área ha logrado, 112 sentencias condenatorias, siendo de esa cifra, 75 solo en la zona metropolitana de San Luis Potosí, de las que:

A).- 48 corresponden al delito de homicidio,

B).- 5 a secuestro,

C).- 3 a extorsión,

D).- 2 a feminicidio,

E).- 3 por robo a casa habitación,

F).- 7 por robo a comercio,

G).- 5 por robo a transeúnte y

H).- 2 por robo de vehículo, como las más relevantes.

El resto de las sentencias que son 37, se ob¬tuvieron en el interior del estado, por medio del personal del sistema tradicional de las 16 delegaciones regionales.

Solo un 16 por ciento de las resoluciones fueron sentencias absolutorias por lo que se recu¬rrió a interponer las apelaciones respectivas y agotar los recursos legales que permite la ley.

Desde el 23 de marzo hasta el 28 de octubre de 2020, periodo más álgido de la pandemia generada por el covid-19, se recibieron alrededor de 2,884 denuncias a distancia, siendo la página web la que registró mayor tráfico para este trámite con 2,216 denuncias. Por otros medios implementados como las llamadas telefónicas, correo electrónico o videollamadas se registraron el resto.

Principalmente se recibieron por esos medios delitos como amenazas; lesiones; fraude; violencia familiar; robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo de vehículos y robo de animales.

El tema de la violencia de género es de suma importancia para esta fiscalía; es por ello, que cuando lamentablemente se presentan casos de muertes violentas de mujeres en toda la entidad, se debe de aplicar el protocolo de feminicidio, y una vez que avanzan las investigaciones, se determina si se confirma ese delito o se trata de un homicidio doloso de mujer.

De enero a esta fecha se han tenido 51 muertes violentas de mujeres, de las cuales 26 se han clasificado como feminicidio, y 25 como homicidios. De la resolución de los feminicidios se tiene entre un 65 y 70 por ciento de esclarecimiento, con personas detenidas, vinculadas a proceso y en prisión preventiva.

Asimismo, la fiscalía especializada de atención a la mujer, la familia y delitos sexuales, ha decretado 2,626 medidas de protección a favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y da continuidad a la judicialización de asuntos con factores de riesgo añadidos y respecto a los delitos de lesiones, sustracción de menores, amenazas, estupro, acoso, hostigamiento sexual, violencia familiar, abuso sexual y violación.

Como parte de las acciones en favor de la alerta de género, en donde entran varias instancias para su cumplimiento, este año la fiscalía general del estado, gestionó la solicitud de acceso a recursos federales del subsidio otorgado por la comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (conavim), mismo que obtuvo, para la ejecución de un proyecto con el que conformará una unidad especializada, encargada exclusivamente, de revisar las carpetas de investigación relacionadas con los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de los últimos ocho años.

Estamos en el diseño de un modelo de gestión que contenga los procesos operativos para la revisión de las carpetas de investigación señaladas; así como la capacitación en el mismo, con la implementación de un plan de seguimiento, que permita a las y los servidores públicos encargados de la investigación, alcanzar la judicialización de los asuntos revisados que se encuentran aún en trámite.

También se generará un modelo de gestión en materia de violencia contra las mujeres, vinculado a los expedientes relacionados con violencia sexual y desaparición cometida en contra de mujeres y se fortalecerán las bases de datos para generar análisis de inteligencia aplicable a los delitos vinculados con violencia de género.

Como parte del programa de formación continua del servicio profesional de carrera, a lo largo del año que se informa, se han capacitado a 358 integrantes de la fiscalía general del estado, por medio de ocho cursos como análisis táctico, investigación del secuestro, manejo de crisis y negociación, operaciones táctico rurales otr, fuerzas especiales swat, derechos humanos, operaciones especiales para grupos antisecuestro y atención a víctimas con perspectiva de género.

Del total de personal profesionalizado, 249 fueron de la policía de investigación, 32 corresponden a agentes del ministerio público y 77 mixtos.

En trabajo coordinado con el instituto universitario de ciencias penales y forenses se llevaron a cabo capacitaciones en el nuevo sistema de justicia penal por medio de diplomados, a 58 elementos de la secretaría de la defensa nacional y guardia nacional; a 140 abogados de colegios, asociaciones y barras de la capital y del interior del estado; una especialidad en lógica, ética y argumentación jurídica a 48 agentes del ministerio público; y se continúa con el segundo semestre de la maestría en criminalística y ciencias forenses a 50 peritos de la institución.

El equipamiento en este período que se informa ha sido de la mayor importancia ya que ello ha permitido contar con instalaciones dignas, equipadas y de vanguardia, con toda la tecnología y lo necesario para cumplir con su encomienda, como son:

A).- las oficinas de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos que conforma la atención de las unidades de delitos de trata de personas y tortura, de protección a migrantes, de grupos vulnerables, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, del sistema de búsqueda de personas,  de alerta amber, al igual que combate al secuestro y justicia para adolescentes.

B).- las oficinas de fiscalía especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, que vienen a dar una atención integral y completa en el tratamiento de los temas de mujeres que han sido víctimas de delito.

C).- las instalaciones y oficinas del instituto universitario de ciencias penales y forenses.

D).- las instalaciones  y oficinas del instituto de formación profesional inicial y continua de ministerios públicos, personal de investigación y peritos.

E).- las oficinas de la unidad de culminación del sistema tradicional.

F).- el patio de la profesionalización.

G).- la segunda etapa del edificio que se construye para la institución, en la delegación de la pila, perteneciente a la ciudad capital.

Infraestructura que ha sido posible gracias a la generosidad y sensibilidad del doctor juan manuel carreras lópez, gobernador constitucional del estado.

En este sentido, desde que comenzó el sistema penal acusatorio, en términos generales se ve un aumento en judicializaciones de detenciones realizadas en flagrancia por las policías preventivas y la policía de investigación, que posteriormente ponen a disposición del ministerio público, siempre y cuando que el delito lo amerite. Lo que significa que esas detenciones se apegan cada vez más al debido proceso.

Los medios alternos de solución de conflictos son una salida que privilegia el sistema penal acusatorio.

Con ello se observa que ha habido un avance considerable año con año; el sistema está trabajando y cumpliendo con su cometido, de resolver asuntos que así lo ameriten por estos mecanismos alternativos de solución de controversias, en los que debe predominar el acuerdo entre las partes y la reparación del daño justo.

Desde que comencé mi encargo,

Entinados jóvenes aquí presentes, y todas las personas que nos ven a través de medios electrónico, que dan testimonio de nuestra tarea quiero decirles que hemos, estamos y seguiremos construyendo una institución sólida que siente las bases de su trascendencia y que el devenir de los años consolide este esfuerzo; en efecto tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos con el fin de dejar a las futuras generaciones un digno y confiable sistema de procuración de justicia.

Esto constituye para quienes integremos la fiscalía general del estado, una invaluable oportunidad de reafirmar nuestra misión, visión, principios y objetivos para sustentarnos como una fiscalía autónoma con una visión clara de su destino.

Para mí, como fiscal general esta oportunidad de servir a los potosinos, constituye un gran orgullo y el compromiso en estos momentos cruciales de nuestro devenir histórico, de seguir fieles y consecuentes en nuestra conducta, de continuar firmes con la moral pública y con el compromiso social de servir con ética, eficiencia y lealtad en todas nuestras acciones.

Como lo he señalado, el rumbo esta trazado, sabemos lo que tenemos qué hacer y con profesionalismo, destreza y valor.

Como se ha advertido nos empeñamos en la consolidación de la fiscalía general del estado y ante ello refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando con mayor ímpetu, la ruta esta trazada, por lo que seguiremos el camino de procurar la paz, y la justicia, bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos y a nuestras normas jurídicas.

Por ello, ponemos en sus manos, sí al alcance de quienes están presentes, de quienes nos ven a través de medios electrónicos y de la ciudadanía en general, este informe general del sistema integral de procuración de justicia en el estado, con el deseo que les permita conocer lo que somos, hacemos y deseamos lograr y alcanzar en beneficio de la sociedad potosina.     

Dejo aquí testimonio de mi agradecimiento como fiscal general, y la gratitud de todos los que conformamos este gran equipo; a la participación ciudadana y en especial de ustedes que han hecho posible con su esfuerzo y generosidad, el desarrollo actual de nuestra institución.

Sean ustedes jóvenes, los mensajeros de nuestras acciones, en el seno familiar y en el núcleo social en que se desenvuelven, esperando que, con la colaboración de ustedes, avanzar día a día en la realización de nuestros ideales de justicia.

Muchas gracias."