Siento satisfacción, dice ex diputada del PRD que denunció a Escobar

Siento satisfacción, dice ex diputada del PRD que denunció a Escobar

El 9 de abril de 2015, Julisa Mejía denunció al líder del PVEM por la utilización de datos personales y la entrega de tarjetas de descuento y boletos del cine

lasillarota.com| | Jueves, 26 de Noviembre de 2015| 12:43

---

La ex diputada federal por el PRD, Julisa Mejía Guardado, quien el 9 de abril de este año denunció a Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se dijo satisfecha por el fallo de este organismo y pidió al Poder Judicial hacer su trabajo.

 

El 9 de abril de 2015, la entonces legisladora del sol azteca denunció al líder del Verde Ecologista por la utilización de datos personales, así como por la entrega de dádivas como las tarjetas de descuento y boletos para el cine.

 

"La fiscalía hasta ahorita solamente ha fallado en un caso que es el uso indebido de las tarjetas que está prohibido por la Ley. La ley electoral prohíbe el uso de dádivas y lo dice tal cual (...) además del tema de la contratación de empresa no autorizadas por el INE", recordó la perredista.

 

Mejía Guardado afirmó que en este proceso cuenta con el apoyo de su partido y llamó a esperar a que concluyan las demás incuestionable es contra el subsecretario para la Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación.

 

"Aún falta el tema del uso de los datos personales que ese es un tema que hay que ver y el tema de los boletos del cine (...) aún falta la investigación que es lo que no ha dado la configuración de los delitos", destacó.

 

Por lo pronto, puntualizó, m le toca al Poder Judicial dar ya la orden de aprehensión contra Arturo Escobar. "La pelota está en su cancha", afirmó.

 

Anoche, luego de que la Fepade solicitara una orden de aprehensión en su contra, Arturo Escobar decidió separarse del cargo que venía desempañado como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la secretaría de Gobernación, por un plazo de 10 días, hasta que se defina su situación jurídica.