PRODECON recomienda a contribuyentes auditados por el fisco regularizarse mediante acuerdo conclusivo

PRODECON recomienda a contribuyentes auditados por el fisco regularizarse mediante acuerdo conclusivo

Preocupa al Ombudsman fiscal el caso de Sonora.
La corrupción de autoridades locales no puede ir en contra de la certeza jurídica de los contribuyentes.

Emsavalles Noticias| Sonora| Jueves, 26 de Noviembre de 2015| 08:27

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En días pasados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que respecto de 574 contribuyentes con 829 actos de auditoría, autoridades del gobierno de Sonora en la pasada administración, dejaron de aplicar la normatividad de los procedimientos de auditoría para permitir que estos contribuyentes, tanto personas físicas como morales, se autocorrigieran pagando, al parecer, un impuesto menor al que les hubiera correspondido por sus verdaderos ingresos, para así "quedar blindados" contra futuros actos de auditoría.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) expresó su preocupación de que pagadores de impuestos de buena fe que sean sujetos de auditorías o revisiones fiscales, en análogas circunstancias a las de Sonora, acepten propuestas injustificadas e indebidas de autoridades locales de cualquier entidad federativa, que haciendo un mal uso de sus facultades, les ofrezcan corregir su auditoría o revisión fiscal por cantidades menores a las que realmente adeudan.

Por este motivo, el Ombudsman recomienda enfáticamente a cualquier contribuyente, se trate de sociedad o persona física, que si quiere regularizar su situación fiscal cuando está siendo sujeto de una auditoría, acuda a PRODECON a promover la nueva figura de justicia alternativa, establecida por el Congreso de la Unión en la pasada Reforma Fiscal y en la que la Procuraduría actúa como intermediario; denominada Acuerdos Conclusivos, único medio legal y legítimo para transparentar los arreglos con las autoridades fiscales en auditorías, subrayó el organismo autónomo.

Con esto los contribuyentes honestos podrán evitar la corrupción de las autoridades que los revisan cuando ésta se produzca, transparentar sus arreglos con el fisco y gozar de certeza jurídica.