JÓVENES Y DINERO FÁCIL: EL ALARMANTE ROSTRO JUVENIL DE LA DELINCUENCIA EN SLP
La captura de Evelyn "N", una joven de apenas 19 años implicada en un delito tan grave como la desaparición cometida por particulares en Cárdenas, pone sobre la mesa una cruda y dolorosa realidad que golpea a nuestra sociedad: cada vez son más los jóvenes que se dejan arrastrar por las fauces de la delincuencia. La ilusión de un dinero fácil, la falsa sensación de poder o la falta de oportunidades orillan a una generación a cambiar su futuro por un camino de violencia sin retorno, convirtiéndose en peones de estructuras criminales que no trepidan en truncar vidas ajenas ni las propias.
Este preocupante fenómeno nos obliga a reflexionar como sociedad sobre las fallas estructurales que están permitiendo que la juventud vea en el crimen una opción viable o accesible. Las detenciones recientes, que ya suman tres implicados en este caso, demuestran que el brazo de la justicia eventualmente alcanza a quienes eligen esta vía, pero también evidencian la urgente necesidad de rescatar a nuestros muchachos antes de que caigan en ese abismo. Se requieren políticas públicas más sólidas, educación con valores y un tejido social fortalecido que les ofrezca alternativas reales de desarrollo, impidiendo que más muchachos sigan hipotecando su vida por espejismos de riqueza efímera.

TARIFAS VORACES: EL INSOSTENIBLE ATRACO DE GALINDO E INTERAPAS A LOS POTOSINOS
Resulta una burla cínica que, mientras miles de familias potosinas sufren por la sequia de llaves y pozos abandonados como el de Jacarandas —inactivo por meses pero con los recibos bien puntuales—, la administración de Enrique Galindo y el organismo Interapas pretendan imponer un despampanante incremento del ocho por ciento en las tarifas para 2027. Este atraco a bolsillo abierto, frenado afortunadamente en la Junta de Gobierno por el voto en contra del titular de la CEA, Pascual Martínez, desnuda la total desconexión de un alcalde encaprichado en exprimir a los ciudadanos para maquillar su ineficiencia, exigiendo más dinero a cambio de un servicio pésimo, desigual y plagado de pretextos.
La pretensión de castigar la economía popular con tarifas infladas que ni siquiera respetan los índices económicos oficiales confirma que para este ayuntamiento el agua es un negocio antes que un derecho humano. Es indignante que se pretendan privilegios selectivos para quienes sufren por El Realito mientras se ignoran olímpicamente los sectores enteros condenados a vivir sin una gota por culpa de pozos descompuestos y tuberías rotas. La ciudadanía ya está harta de pagar puntualmente por aire en las tuberías; la ocurrencia del gasolinazo al agua operado por Galindo demuestra que su gobierno prefiere asfixiar la economía de las familias antes que poner orden en la cloaca administrativa que tienen convertida al Interapas.

LA INDIFERENCIA EN EL DIF TANCANHUITZ: CUANDO LA INSOLENCIA DE KARINA FRANCO GOLPEA A LAS FAMILIAS
Resulta inaceptable que instituciones destinadas a brindar apoyo social en Tancanhuitz operen bajo la más absoluta indolencia y falta de empatía hacia la ciudadanía. El caso expuesto recientemente por una madre de familia en redes sociales —quien acudió con cita previa al DIF municipal para la atención de su hijo, solo para encontrarse con que el personal ni siquiera estaba presente y recibió respuestas despectivas como un displicente "yo no sé"— desnuda la pésima organización que impera bajo la presidencia de Karen Franco. Es indignante que las familias, que acuden buscando un respaldo institucional en momentos vulnerables, terminen siendo tratadas con desdén, soberbia y una total falta de profesionalismo por parte de empleadas que parecen olvidar que se deben al pueblo.
Esta apatía institucional no es un hecho aislado, sino el reflejo de una administración insensible donde la presidenta del DIF, Karen Franco, brilla por su ausencia y por su incapacidad para poner orden en su propia casa. Mientras la ciudadanía sufre la falta de empatía, agendas perdidas y la prepotencia de un personal que se siente intocable, las autoridades municipales se escudan en el silencio, demostrando que el bienestar de las niñas, niños y familias de Tancanhuitz les importa muy poco. Las denuncias ciudadanas deben servir para sacudir esta burocracia insensible que utiliza los cargos públicos como privilegios personales y deja en el abandono a quienes más necesitan asistencia.

EL PIZARRÓN Y EL ALGORITMO
No es la escuela la que está fallando. Es el algoritmo. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, lo dijo sin rodeos en San Luis Potosí: si las plataformas digitales no hacen su chamba, viene una ley con sanciones. Y tiene razón. Durante años les hemos dejado hacer lo que quieran. Les entregamos a nuestros hijos, con celular en mano, a un universo sin filtros donde un niño de 12 años puede pasar de un video de matemáticas a pornografía, a un tutorial para autolesionarse, a un reto que invita a amenazar su propia escuela, en menos de tres minutos. Y luego nos preguntamos por qué hay ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios y violencia en las aulas.
El decreto que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum no es censura, como ya van a gritar algunos. Es responsabilidad. Es decirle a Meta, a TikTok, a X, a YouTube: ustedes ganan miles de millones de dólares con los datos de nuestros niños, pues ahora háganse responsables de lo que les muestran.
Delgado lo puso en palabras simples: "Con tanta inteligencia artificial, con tantos algoritmos, con tantos millones de datos que tienen, por supuesto que son capaces de detectarlo a tiempo y de retirarlo". Claro que pueden. Si pueden detectar que quieres comprar unos tenis porque lo pensaste, pueden detectar un grupo que organiza un atentado en una secundaria. Si no lo hacen, no es porque no puedan, es porque no quieren. Porque el odio y la violencia también generan clics.
Lo más revelador fue lo que dijo sobre la violencia escolar: "No hay una ola de violencia en las escuelas... en todos los casos que se ha registrado violencia, tenemos evidencia de que esto inicia en las redes". Es decir, el problema no nace en el salón, nace en el feed. Un niño no llega violento a la escuela por arte de magia; llega cargado de lo que vio, compartió y le celebraron en la noche anterior. Por eso la advertencia de Delgado es clave: colaboración voluntaria sí, pero si no cumplen, ley y sanciones. Porque ya no estamos hablando de regular un mercado. Estamos hablando de proteger la salud mental de una generación entera. Y ahí, el Estado no puede ser espectador.

VISITA CLAVE PARA LA SALUD DE SLP
En máximo tres semanas San Luis Potosí podría tener la visita más importante del año en materia de salud. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vendrá a la entidad para revisar personalmente el tema de los hospitales, uno de los puntos más sensibles para los potosinos. La fecha no es casual. El propio Gallardo adelantó que el próximo 23 de octubre acudirá a Palacio Nacional junto a más de 20 gobernadores para una reunión nacional donde se analizará la crisis médica que atraviesa el país y el futuro del modelo IMSS-Bienestar. De ese encuentro saldrá la agenda y la fecha exacta para San Luis. Y es que la visita de Sheinbaum no solo será protocolaria, será para poner sobre la mesa qué hospitales necesitan intervención urgente, dónde faltan especialistas y cómo garantizar abasto y atención real en las cuatro regiones del estado. En ese mismo contexto, el gobernador abordó las manifestaciones de trabajadores del IMSS e IMSS-Bienestar que este jueves volvieron a tomar las calles. Gallardo fue claro: ya hay un acuerdo. Explicó que el Gobierno del Estado intervino como mediador entre la Federación y los trabajadores para lograr un punto medio que ambas partes puedan cumplir. Las marchas, dijo, han sido pacíficas, llegan a Glorieta y ahí concluyen, como parte de lo que ya tenían programado. Ahora el compromiso, según el mandatario, es garantizar que la Federación cumpla lo que firmó y que los trabajadores tengan tranquilidad laboral. El Estado, aseguró, será vigilante de ese acuerdo. En resumen, la ruta está trazada: reunión en Palacio Nacional la próxima semana, posible visita presidencial en 15 días y un compromiso de que el tema de salud, que hoy tiene a trabajadores en las calles, finalmente tenga una solución de fondo.

GALLARDO VA POR LA BOLETA DEL 2027: PASO QUE CONSOLIDA SU PROYECTO
Ricardo Gallardo Cardona volvió a demostrar por qué es el político más hábil que ha tenido San Luis Potosí en los últimos años. Al confirmar que solicitará licencia para estar en la boleta de 2027, no solo despeja especulaciones, sino que manda un mensaje de fuerza y de continuidad. "La decisión ya está tomada, vamos a participar", dijo con la seguridad de quien sabe que tiene el respaldo de la gente.
Y es que Gallardo Cardona no es un improvisado. Es el único gobernador que en menos de cuatro años le dio la vuelta a un estado que estaba abandonado. Llevó apoyos sociales que nunca habían llegado, placas y licencias gratuitas, clínicas rosas, caminos y carreteras en las cuatro regiones, y un crecimiento económico que hoy se nota en cada municipio. Por eso su frase del 12 de octubre en Villa de Reyes de "Primero Dios, vamos a estar en la boleta electoral" no cayó en vacío, cayó en terreno fértil. Su paso como diputado federal de 2018 a 2021 ya demostró que sabe legislar y gestionar desde San Lázaro, y desde la gubernatura que asumió en septiembre de 2021 consolidó un modelo que el Verde y sus aliados han sabido respaldar. Ahora, con la posibilidad de ir por una diputación federal o por el Senado, lo que busca no es un cargo, es llevar el modelo potosino a nivel nacional y garantizar que lo avanzado en San Luis no se detenga. Que el Congreso tenga que activar el mecanismo para designar a quien lo supla durante su licencia es parte de la normalidad democrática. Lo importante es el fondo: Gallardo quiere seguir sirviendo y quiere hacerlo desde donde pueda defender más recursos para San Luis Potosí. No ha dicho si irá solo con el Verde o en alianza con Morena y PT, pero donde vaya, lleva ventaja: tiene territorio, tiene estructura y, sobre todo, tiene a la gente. En 2027 no va por una candidatura, va a refrendar un proyecto que ya está en marcha.

LA FINGIDA IGNORANCIA DEL RECTOR
Alejandro Zermeño Guerra ya tiene la jugada lista. La tiene desde hace días. Jurídicamente va a contestar, va a buscar la forma de darle la vuelta a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por discriminación contra el diputado Héctor Serrano Cortés. Eso en la UASLP ya se sabe.
Pero hoy, frente a los medios, prefirió ponerse la máscara del desentendido.
"Yo no lo he visto hasta el día de hoy. Mañana tengo una reunión en donde me lo van a mostrar", dijo, como si la recomendación que ya es pública, que ya circula en todos lados y que exige disculpa pública y capacitación al personal, no hubiera llegado a la Rectoría.
Es el viejo truco del rector: hacerse el que no sabe para ganar tiempo, para armar la respuesta en lo oscurito y para seguir estirando un tema que ya lo tiene exhibido. Porque Zermeño no es ningún novato, sabe perfectamente qué va a hacer en los próximos días y cómo va a intentar contestarle al legislador del Verde, pero ante las cámaras opta por el papel de sorprendido.
Lo lamentable es que mientras juega a la abogacía y al cálculo político, la máxima casa de estudios se le sigue cayendo a pedazos. Esa es la realidad que no puede esconder con una declaración de "no he visto el documento".
Una universidad con facultades tomadas por alumnos, con protestas por empujones en Contaduría, con señalamientos de discriminación ya acreditados por la CEDH y con un rector que todos los días encuentra una forma distinta de dar de qué hablar por las razones equivocadas.
Y no, no le da pena. A un rector que se dice estudiado, formado, de bata blanca, no le da pena tener a la UASLP destrozada, sin rumbo, convertida en nota nacional no por su nivel académico, sino por sus escándalos. Mañana dice que le van a mostrar la recomendación. Como si necesitara que se la lean. Lo que necesita es que le muestren el estado en el que tiene a la Universidad.

LA ALCAHUETERÍA DE MARGARITA HERNÁNDEZ FISCAL
No hay sorpresa en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Hay obediencia. Margarita Hernández Fiscal, presidenta de esa comisión que debería ser contrapeso, que debería revisar con lupa cada peso que se le cobra al ciudadano, sale a adelantar que la Ley de Ingresos 2027 viene igualita a la de 2026. Sin cambios. Sin discusión. Sin análisis previo. Lo dice antes de recibir el documento de Tesorería. Lo dice como vocera, no como regidora. Esa es la definición perfecta de alcahuetería política hacia el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos.
¿Para qué quiere mesas de trabajo si ya decretó que todo está bien? ¿Para qué quiere revisar derechos y cobros si su conclusión es que hay que mantenerlos porque "la gente sí está pagando"? El argumento es cínico: como el ciudadano cumple, le dejamos la misma carga. No se habla de eficiencia, no se habla de reducir la burocracia, no se habla de premiar al contribuyente cumplido. Se habla de conservar la caja.
Y lo más grave viene después. La propia regidora confiesa que tienen 200 millones de pesos del crédito quirografario guardados, sin ejercer, porque la Contraloría del Estado no les autoriza las obras. Es decir, pidieron deuda sin tener los permisos. Endeudaron a la capital y el dinero está parado, generando intereses. Ella misma presume que pagan 500 mil pesos en lugar de dos millones de intereses, como si eso fuera un logro. No lo es. Es la confesión de que sacaron un crédito a ciegas, que no tienen proyectos ejecutivos listos y que la ciudad está pagando por su improvisación. Esa es la Ley de Ingresos que defiende Margarita Hernández Fiscal. Una ley que no baja ni un peso, que no corrige excesos, que sirve para tapar el hueco de obras detenidas y de un crédito que nadie sabe cuándo se va a aplicar.
La Comisión de Hacienda no está para ser oficialía de partes de Tesorería ni para aplaudirle al alcalde. Está para cuestionar. Para preguntar por qué se cobra lo mismo si no hay obras. Para preguntar dónde están los 200 millones. Para preguntar por qué quieren liquidar la deuda tres meses antes de irse, dejando a la próxima administración sin margen.
Pero con Margarita Hernández Fiscal, Enrique Galindo tiene garantizado lo que más necesita: una regidora que no estorba, que no revisa y que le firma todo.
Y así quieren que la gente siga pagando con gusto.

LA RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL: UN CONGRESO DE 349 MILLONES PARA FORTALECER SU LABOR LEGISLATIVA
El Congreso del Estado de San Luis Potosí acaba de presentar, con números y de manera transparente, cuál es su prioridad para 2027: garantizar los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades legislativas y administrativas. Solicitó 349 millones 863 mil pesos y de esa bolsa, 303 millones 944 mil 628 pesos, el 86.9 por ciento, se destinan al capítulo 1000, a servicios personales, a sueldos, a dietas, a bonos, a compensaciones y a la estructura burocrática que permite el funcionamiento de los 27 diputados y del personal que respalda su labor. La distribución presupuestal refleja que una parte importante de los recursos se concentra en el capital humano, indispensable para sostener las actividades del Poder Legislativo. La operación de este órgano no depende únicamente de las sesiones que se realizan durante la semana, sino también del trabajo técnico, jurídico, administrativo y de gestión que se desarrolla de manera permanente. Si dividimos esos 303 millones entre los 27 curules, cada diputado representa una asignación aproximada de 11.2 millones de pesos al año en servicios personales, aunque esta cifra no corresponde exclusivamente al costo individual de cada legislador, pues incluye al personal y a la estructura que acompaña las funciones legislativas. Asimismo, la productividad de este Poder no puede medirse únicamente por el número de decretos aprobados, ya que cada iniciativa, reforma, exhorto y acuerdo requiere análisis, discusión y procedimientos institucionales. La eficiencia presupuestal es importante, pero también lo es reconocer la complejidad del trabajo legislativo y la responsabilidad de atender las necesidades de la población potosina.
Y la distribución del resto del presupuesto permite identificar los recursos destinados a mantener en funcionamiento al Poder Legislativo. Después de los servicios personales quedan aproximadamente 45 millones de pesos. De esos, 40.3 millones son para servicios generales, donde se incluyen gastos indispensables para la operación cotidiana, desde la luz y el agua del edificio de Vallejo hasta los servicios de difusión institucional y otros compromisos administrativos. Luego, 4.2 millones para materiales y suministros, es decir, papel, tóner, café y los insumos necesarios para el trabajo diario. Y finalmente, 1.3 millones para bienes muebles e intangibles, como computadoras, cámaras de vigilancia y mobiliario. Estos recursos forman parte de una estructura presupuestal que debe responder tanto a las necesidades operativas como a las obligaciones institucionales. En la exposición de motivos también se contempla la realización de consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad, procedimientos que representan una responsabilidad legal y un compromiso con la inclusión y la participación ciudadana. Estas consultas responden a mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y son fundamentales para garantizar que las decisiones legislativas respeten los derechos de los sectores involucrados. Por ello, su planeación y financiamiento requieren atención específica, así como una administración responsable que permita cumplir con estas obligaciones sin afectar el desarrollo de las demás actividades del Congreso.
La evaluación económica final también debe considerar la evolución presupuestal. En 2021, este mismo Congreso tenía un presupuesto de 298 millones de pesos. Hoy solicita 349 millones, una diferencia de 51 millones de pesos, equivalente a un incremento aproximado del 17 por ciento en seis años. Este crecimiento debe analizarse tomando en cuenta las obligaciones administrativas, los costos de operación, las responsabilidades legales y las necesidades de modernización institucional. Entre los retos pendientes se encuentran fortalecer el archivo digital, consolidar sistemas de evaluación legislativa, mejorar los canales de comunicación institucional y atender las necesidades de mantenimiento del edificio, incluidos los elevadores y los servicios sanitarios. Estos aspectos representan oportunidades para mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo, transparentar el uso de los recursos y elevar la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía. El reto no consiste únicamente en administrar el presupuesto disponible, sino en garantizar que cada peso contribuya a una institución más eficiente, moderna y cercana a los potosinos.
Por eso, el presupuesto 2027 debe analizarse con responsabilidad y sin prejuicios: es una propuesta de recursos para sostener el funcionamiento del Congreso, cumplir sus obligaciones y fortalecer su capacidad de respuesta institucional. La discusión no debe limitarse a señalar cuánto cuesta el Poder Legislativo, sino también a evaluar qué resultados ofrece, cómo administra el dinero público y qué mejoras puede impulsar para atender las demandas de San Luis Potosí. La transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia deben acompañar cada asignación presupuestal para garantizar que los recursos se traduzcan en mejores leyes, mayor participación ciudadana y un Congreso que trabaje en beneficio de la población.

SLP PONE SOBRE LA MESA EL USO RESPONSABLE DE LAS PANTALLAS
La visita del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a San Luis Potosí, junto al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para inaugurar el foro estatal “La vida frente a la pantalla”, abre una discusión necesaria sobre el impacto de los dispositivos digitales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La participación de autoridades educativas y de salud, entre ellas Leticia Gómez Ordaz, pone énfasis en la importancia de regular el tiempo y las condiciones de uso de celulares, tabletas y otras tecnologías, especialmente en los espacios escolares.
El reto no consiste en darle la espalda a la tecnología, sino en encontrar un equilibrio entre sus beneficios educativos y los riesgos que puede representar un uso sin límites ni orientación. El acuerdo aprobado por las 32 entidades federativas en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas contempla disposiciones diferenciadas por nivel educativo, así como actividades informativas y de sensibilización antes de su implementación. Escuchar a estudiantes, docentes y familias será fundamental para que las medidas respondan a la realidad de cada comunidad escolar y no se queden únicamente en el papel.
San Luis Potosí tiene la oportunidad de impulsar una estrategia que combine educación digital, prevención del acoso, uso responsable de redes sociales y protección de los derechos de la comunidad estudiantil. La coordinación entre los gobiernos estatal y federal puede contribuir a construir entornos escolares más seguros, siempre que las propuestas se traduzcan en acciones claras y aplicables. La tecnología forma parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones; el desafío está en enseñarles a utilizarla de manera responsable, segura y provechosa para su desarrollo integral.

¿DE QUÉ HABRÁN HABLADO?
Muy buena camaradería se vio hoy durante la visita del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a San Luis Potosí, donde convivió no solo con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sino también con el diputado Héctor Serrano Cortés.
¿De qué habrán hablado? Quién sabe, pero de que hay alianza, la hay. Las imágenes dejan ver cercanía y buena relación entre los personajes, aunque el contenido de la conversación sigue siendo un misterio. En política, a veces los gestos dicen tanto como las palabras... y esta reunión seguramente dará mucho de qué hablar.

TANLAJÁS: DENUNCIAN PRESIONES A VENDEDORES DE COMBUSTIBLE
Graves señalamientos pesan sobre el alcalde de Tanlajás, Humberto Lucero Magaña, a quien comerciantes acusan de acudir personalmente a establecimientos de venta de combustible acompañado de elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil para presuntamente intimidarlos y exigirles que cierren sus negocios. De acuerdo con testimonios anónimos, los vendedores aseguran que el combustible que comercializan proviene de Pujal y que cuentan con facturas para acreditar su procedencia. Si existen irregularidades, corresponde a las autoridades competentes verificarlas, pero también es indispensable que cualquier inspección se realice conforme a la ley y sin amenazas ni presiones indebidas.
La polémica aumenta por las versiones de que el presidente municipal estaría relacionado con la construcción de una nueva gasolinera en sociedad con una familia de Tanquián de Escobedo. Los denunciantes sospechan que las acciones contra los pequeños expendios podrían favorecer ese proyecto y hablan incluso de presuntas exigencias económicas para permitirles continuar operando. Se trata de acusaciones que requieren pruebas y una investigación formal, pero que no deberían ignorarse por la gravedad de lo que describen: el posible uso de la autoridad municipal para presionar a comerciantes y afectar su fuente de ingresos.
Ante este escenario, la pregunta es directa: ¿quién supervisa que las facultades del Ayuntamiento no se utilicen para intimidar a quienes realizan una actividad comercial? El alcalde debe tener la oportunidad de responder a los señalamientos y aclarar si ha encabezado operativos, bajo qué fundamento y qué irregularidades se han detectado. A su vez, las instancias correspondientes deben revisar tanto la legalidad de los establecimientos como las denuncias sobre presuntas amenazas o cobros. La ley debe aplicarse sin privilegios ni intereses particulares; si hay combustible irregular, que se investigue, y si existen abusos de autoridad, también deben esclarecerse.

ÉRASE UNA VEZ CON PUBERTOS
Usted recordará la época de la secundaria, donde eran comunes los chismes y conflictos entre alumnos de los diferentes grupos del turno matutino o vespertino, los cuales muchas veces terminaban en pequeñas peleas a las afueras de las instalaciones escolares o algunas acusaciones infantiles.
Está claro que la ciencia identifica la adolescencia como una etapa donde el ser humano comienza a comprender el significado de la realidad y de su entorno. En pocas palabras, es la época para generar conciencia y conocimiento sobre las acciones y consecuencias que se pueden llegar a tener.
De ahí en adelante cada persona toma su camino y va generando sus propias conceptualizaciones hasta llegar a la vida adulta, donde supondría que tiene mayor capacidad y madurez para resolver disyuntivas en sus respectivos contextos, entiéndase familiares, laborales, sentimentales y de cualquier índole.
Usted se preguntará por qué le comentamos todo esto, pues todo esto tiene sentido, porque en la actualidad existen dos políticos que han llegado al extremo de rivalizar de manera mediática por la animadversión mutua que se tienen, pareciendo dos adolescentes de secundaria donde no cabe el raciocinio y el justo medio para resolver una discusión. Sin embargo, cuando uno de ellos representa al Poder Legislativo, como el diputado Fernando Gámez Macías, y el otro encabeza el Ayuntamiento capitalino, como Enrique Galindo Ceballos, también queda en evidencia quién está dispuesto a defender la institucionalidad y quién parece más interesado en alimentar la confrontación pública.
Aquí no sabemos si Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino viajero, y el diputado Fernando Gámez Macías sean culpables de todo lo que se acusan, pero si de verdad les importara su carrera política y el respeto institucional que tanto pregonan, perfectamente podrían sentarse a dialogar como lo que supuestamente son o pretenden ser: políticos llenos de cordura que generan acuerdos. En ese sentido, Fernando Gámez Macías tiene la oportunidad de demostrar que el Congreso no debe someterse a los intereses ni a los tiempos políticos del alcalde, sino actuar con autonomía y exigir respeto entre poderes. Porque hoy en día, sin lugar a dudas, lo que la ciudadanía necesita no son disputas de protagonismo como las que parece impulsar Galindo, sino representantes capaces de defender sus responsabilidades institucionales sin convertir cada diferencia en un espectáculo mediático.

OPORTUNIDAD MORENISTA
No cabe duda de que aquella afirmación presidencial de que ya no habría pobreza en este país sigue siendo una meta por alcanzar, porque al menos en San Luis Potosí existe un diputado local que tiene demasiadas ganas de trabajar, al grado de no conformarse con una sola responsabilidad, sino ahora buscar hasta tres opciones para seguir sirviendo a la ciudadanía.
Está en lo correcto, nos referimos al diputado morenista Luis Emilio Rosas Montiel, quien recientemente anunció su intención de inscribirse para contender por tres cargos de elección popular: la coordinación municipal capitalina, una diputación Federal y otra diputación local.
Como dirían por ahí, casi casi le faltó postularse para jefe de manzana de su colonia. Aunque seguramente jurídicamente no tiene ningún impedimento para buscar algunos de los tres puestos, en la práctica es una muestra de su interés por mantenerse activo en la vida pública y encontrar nuevas oportunidades para representar a los ciudadanos.
Más allá de que alegue que su trabajo legislativo ha sido destacado y demás argumentos que respaldan su trayectoria, acaso no le basta con los resultados obtenidos para contender por una postulación, o por qué no explorar distintas alternativas que le permitan continuar con su labor política y ampliar su presencia en otros espacios de representación.
Usted tiene su criterio, estimado lector, pero estamos casi seguros de que si este tipo de personajes salen a buscar nuevas responsabilidades en el sector público, pueden demostrar la misma enjundia por querer transformar su entorno y tratar de abarcar distintos sectores. Así que analice muy bien quiénes son los que realmente pudieran medianamente representarlo.

LE PONEN EL EJEMPLO A LA CAPITAL DEL MUNDO
Mientras en Ciudad Fernández se apuesta por la educación vial y la entrega de cascos certificados, en la Capital del Mundo persisten los cuestionamientos por los operativos contra motociclistas y el traslado de unidades al corralón. Hay gobiernos que entienden que prevenir un accidente puede salvar una vida y evitar que una familia termine endeudada por los gastos médicos, mientras otros parecen privilegiar las sanciones por encima de la concientización. La diferencia entre ambos enfoques merece evidenciarse, especialmente cuando se trata de la seguridad de quienes diariamente utilizan una motocicleta para trasladarse al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o ganarse el sustento.
En Ciudad Fernández, el gobierno impulsa acciones de prevención, educación vial y protección de los motociclistas mediante la entrega de cascos certificados a ciudadanos que cumplieron con los requisitos establecidos. Además, las autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaron una simulación de un accidente para mostrar los riesgos de conducir sin las debidas precauciones.
Se trata de una medida que merece reconocimiento porque no solamente busca reducir lesiones graves, sino que también considera la economía de las familias. Un casco certificado puede representar una inversión importante para quien vive al día; por eso, facilitar el acceso a este equipo constituye una manera de fomentar la responsabilidad sin dejar de lado las necesidades de la población.
Ese es el ejemplo que Ciudad Fernández le pone a Rioverde, la Capital del Mundo: educar, prevenir y proteger antes de que ocurra una tragedia.
En Rioverde, por el contrario, ciudadanos y motociclistas han expresado inconformidades por los operativos de tránsito, particularmente cuando las infracciones terminan con el aseguramiento de las unidades y su traslado al corralón. La aplicación de la ley es necesaria, desde luego, pero también debe ser proporcional, transparente y acompañarse de campañas permanentes de educación vial.
Nadie está diciendo que los motociclistas deban circular sin casco, sin documentos o ignorando el reglamento. La seguridad de conductores, peatones y estudiantes debe ser una prioridad; sin embargo, la autoridad también tiene la obligación de explicar las medidas que aplica, garantizar que los procedimientos sean legales y evitar que las sanciones se conviertan en una carga económica desproporcionada para las familias.
Y aquí surge otro tema que exige claridad: los señalamientos sobre un posible beneficio económico relacionado con el corralón al que son trasladadas las motocicletas aseguradas, del cual se ha afirmado que sería propiedad del alcalde de Rioverde. Si existe una relación patrimonial o comercial de esa naturaleza, debe transparentarse y revisarse para descartar conflictos de interés y garantizar que las decisiones de la autoridad no favorezcan intereses particulares.
No basta con imponer multas y retirar motocicletas de circulación; también se debe demostrar que cada actuación responde a la seguridad pública y no a un interés económico. Cualquier presunto beneficio indebido debe investigarse con pruebas y por las instancias competentes, sin convertir los señalamientos en culpabilidades anticipadas.

EN MANOS EQUIVOCADAS
La reparación del daño es un mecanismo previsto en la legislación para resarcir, cuando legalmente corresponda, los perjuicios ocasionados a las víctimas de un delito; sin embargo, este procedimiento no puede convertirse en una oportunidad para que servidores públicos soliciten, reciban o manejen dinero de los imputados al margen de la ley.
Cuando existe la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio o de cubrir la reparación del daño, todo debe realizarse por las vías legales correspondientes, con claridad sobre quién recibe los recursos, bajo qué concepto y con qué respaldo documental. El dinero destinado a reparar el daño no es propiedad de los funcionarios ni puede convertirse en una fuente de cobros irregulares.
Los acuerdos deben celebrarse entre las partes cuando el delito y la legislación aplicable lo permitan, con las formalidades correspondientes y, en su caso, ante la autoridad competente. Si procede una reparación del daño, los recursos deben entregarse conforme al mecanismo legal establecido para garantizar que lleguen a quien tenga derecho a recibirlos. El agente del Ministerio Público puede intervenir dentro de sus atribuciones, pero eso no significa que sus servidores públicos puedan apropiarse del dinero, recibir pagos personales o exigir cantidades por fuera de los procedimientos oficiales.
En este contexto, resulta indispensable poner atención a los señalamientos sobre presuntas prácticas indebidas en la Fiscalía General del Estado (FGE), particularmente en la Tercera Delegación con sede en Rioverde, donde existen denuncias y cuestionamientos ciudadanos sobre el actuar de determinados funcionarios, sobre todo en la mesa de detenidos. Estos señalamientos deben investigarse de manera seria, sin dar por acreditada la responsabilidad de persona alguna mientras no existan pruebas y resoluciones correspondientes.
La Fiscalía tiene la obligación de procurar justicia, proteger los derechos de las víctimas y actuar con apego a la legalidad. Por ello, cualquier indicio de que un servidor público solicita dinero para agilizar una carpeta, facilitar un trámite, intervenir en un acuerdo o gestionar una reparación del daño debe ser motivo de atención por parte de las instancias de control interno.
Si un ciudadano considera que un funcionario le pidió dinero de manera irregular, recibió recursos fuera de los procedimientos legales o condicionó algún trámite ministerial a un pago, puede presentar una queja ante la Visitaduría u órgano de control competente de la Fiscalía General del Estado y solicitar que los hechos sean investigados.
Es importante conservar mensajes, comprobantes, fechas, nombres y cualquier otro elemento que permita documentar los hechos, siempre que sea posible hacerlo de manera segura.
La procuración de justicia no puede operar bajo acuerdos ocultos ni cobros extraoficiales; quien haya sufrido un daño tiene derecho a buscar su reparación conforme a la ley, mientras que quien enfrenta una imputación también tiene derecho a un procedimiento legal y transparente.

PROFUNDIZAR LAS INVESTIGACIONES
La investigación por la desaparición y muerte del comerciante J. Luz N., de 70 años de edad, dio un paso importante con la detención de tres personas, entre ellas una mujer identificada como Evelyn N., de 19 años, además de José N. y Gilberto N. Sin embargo, las capturas no representan el final del caso, sino el comienzo de una etapa en la que las autoridades deberán demostrar, con pruebas, la responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno.
Los dos hombres fueron ingresados al Centro Penitenciario Estatal número 2, con sede en Rioverde, mientras que la joven fue trasladada al Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, en Tancanhuitz. Los tres quedaron a disposición de las autoridades judiciales, luego de ser señalados por su presunta participación en hechos relacionados con desaparición cometida por particulares, tortura y homicidio calificado.
Ahora tocará a la autoridad judicial analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, determinar la situación jurídica de los imputados y, en su momento, establecer el grado de responsabilidad de cada uno, siempre con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. La exigencia social de justicia es legítima, pero también lo es que las acusaciones se sostengan con elementos sólidos y procedimientos apegados a la ley.
Como se recordará, J. Luz N. fue reportado como desaparecido el pasado 25 de septiembre. Días después, su cuerpo fue localizado sin vida y con huellas de violencia en la localidad de La Labor, municipio de Cárdenas. El caso provocó consternación entre habitantes de la región y dio pie a una serie de diligencias ministeriales que incluyeron cateos en distintos inmuebles de la cabecera municipal, entre ellos un establecimiento dedicado a la venta de pollos.
Pero hay otro aspecto que merece la atención de las autoridades: ¿las personas detenidas podrían estar relacionadas con otros hechos delictivos ocurridos en Cárdenas?
A partir de estas capturas, la Fiscalía General del Estado tiene la oportunidad de profundizar en las investigaciones y determinar si existen elementos que vinculen a los detenidos con otros delitos, incluido el homicidio de un hombre ocurrido hace aproximadamente tres meses en ese mismo municipio, así como con otras actividades ilícitas que pudieran haberse registrado en la zona.
Por ahora, cualquier posible conexión debe manejarse como una línea de investigación y no como un hecho acreditado. Corresponderá a los agentes investigadores establecer si existen coincidencias, pruebas o indicios suficientes para relacionar los casos. Si se confirma la existencia de una estructura delictiva detrás de distintos acontecimientos, las autoridades deberán actuar para identificar a todos sus integrantes y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. También trascendió que al menos uno de los detenidos fue colaborador y amigo cercano de un exalcalde de Cárdenas. Este dato, por sí solo, no implica responsabilidad alguna del exfuncionario; sin embargo, cualquier relación que resulte relevante para la investigación deberá analizarse con objetividad, sin privilegios ni persecuciones, y siempre con sustento probatorio.

AYUDA O PERJUICIO
¿A cuántas personas no les pasó ser víctimas de abusos por elementos de la Policía Federal Ministerial, que en diversos puntos de San Luis Potosí y en otros con límites de Tamaulipas tenían instalados retenes de "seguridad"?
Se trataba de ayudar, no de perjudicar a la gente, y vaya que estos retenes fueron considerados del terror, principalmente por las noches, ya que era el momento de intimidar a quienes pasaban por el lugar por cualquier excusa, por un lado inventada.
Se trata de los retenes de dicha Policía Federal Ministerial, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicados en la carretera federal 101, en el punto de la "Y Griega", dentro de San Luis Potosí, pero con desviaciones a Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.
El otro, en la supercarretera o autopista de cuota que sale de Cerritos, San Luis Potosí, hacia Tula, Tamaulipas, precisamente en el poblado Plan de San Luis, perteneciente al municipio de Ciudad del Maíz. Ambos, y según se anunció por la Fiscalía General de la República (FGR), fueron desmantelados desde esta semana y ya no estarán en función.
Dichos retenes eran para frenar el paso de la delincuencia organizada y proteger a los ciudadanos que iban sin delito, pero vaya que se aplicaba al revés, pues a los "malandros" nunca les hacían nada y a los demás automovilistas sí, quitándoles considerables cantidades de dinero.
Se espera que, así como anunció la Fiscalía General de la República (FGR) no tener dichos retenes, realmente se cumpla como se dijo, para evitar más abusos como los que han cometido.

MILLONARIAS OBSERVACIONES
Esta semana se dieron a conocer los resultados de la cuenta pública del 2025, de los cuales pocos ayuntamientos salieron limpios, sin anomalías en el dinero que manejan.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), antes Auditoría Superior del Estado (ASE), realiza las revisiones a las cuentas que se manejan en las arcas municipales dentro de los departamentos de tesorería de los ayuntamientos, donde, vaya, pues hay mucho dinero que no se sabe dónde quedó o en qué fue invertido.
De la Zona Media hay cinco municipios en esa situación, como son:
Cerritos, que ocupa el primer lugar con la presidenta Ruth Liliana Castillo Montelongo, con tan solo $10'122,963.00.
San Ciro de Acosta, con Luis Carlos Pereyra Govea, una deuda de $2'640.00.
Ciudad del Maíz, con Rosa Angélica Martínez Linares, observándose $2'080,000.00.
Villa Juárez, con Lisa Abigail Izaguirre Rico, de $1'940,000.00.
Ciudad Fernández, con Rodolfo Hernández Loredo y observación de $1'220,000.00.
Pero la situación no es solo ahí, se desconoce qué le hicieron al dinero faltante, pues hay casos en que se les debe dinero a proveedores contratados para la compra de productos que se requieren al día, lo cual a muchos se les adeuda en grandes cifras y que, además, son pérdidas económicas para ellos mismos.
Esto es solo de la cuenta pública del 2026, que hasta hace unos días de este mes se dieron a conocer los resultados de las evaluaciones financieras aplicadas a los 59 ayuntamientos de todo San Luis Potosí.

NO MÁS ABUSOS
Es de destacar cómo cada vez más personas se unen a apoyar a las personas que en el municipio de Ciudad del Maíz prácticamente han resultado afectadas por los abusos que hacen integrantes del poblado Shihues Hijos del Pueblo.
Ciudad del Maíz sigue caracterizándose como un pueblo unido, donde su gente apoya a quien lo necesite y, en este caso, no permitirán que sigan los abusos de los denominados Shihues, quienes se han adueñado de considerables terrenos e incluso de domicilios donde por años habitaban familias.
Se dice que ellos, por su parte, cuentan con un plano donde se indica la jurisdicción de su zona; sin embargo, han abarcado ya una gran extensión de terreno que parte, por un lado, de las colonias Santa Rosa, Buenos Aires y La Pista; de ahí, a los barrios El Orégano y un gran tramo de El Pueblo, entre otras áreas más.
Donde el problema fue mayor es en la capilla ubicada en la zona de El Mirador, en el barrio El Orégano, donde se adueñaron no solo de la pequeña construcción que tiene más de 100 años de antigüedad, sino de una gran extensión de terreno.
Ese espacio, mediante un amparo que permanece prolongado, regresó a manos de la feligresía católica y, aunque tiempo atrás no había quien prestara atención a este espacio litúrgico, ahora sí lo hay y está a cargo de un comité.
Se sabe, además, que las únicas personas que pelean los terrenos que, según, están en la jurisdicción de los Shihues Hijos del Pueblo son unos cuantos, no todos, y es que, además, entre ellos hay algunos que no están de acuerdo con los abusos que se han cometido.

GALINDO RECULA CON EL AGUA
Enrique Galindo Ceballos reculó ante la reacción mediática y el rechazo de la ciudadanía por el aumento a la tarifa de Interapas. En una capital donde las quejas por la falta de agua siguen a la orden del día, ahora el alcalde y sus operadores comenzaron a mover un audio por grupos de WhatsApp para asegurar que es “totalmente falso” que vaya a subir el recibo. Pero aquí es donde las cuentas no salen: mientras se difundió la aprobación del incremento, Galindo busca apagar el fuego diciendo que no habrá aumento, salvo que el Congreso del Estado determine lo contrario. ¡Ahora resulta que el aumento anda de boca en boca, pero el alcalde sale a decir que no es cierto! Y en su intento por frenar las críticas, Galindo también habló de beneficios para viviendas afectadas por los problemas de suministro de El Realito, además de apoyos para vivienda y adultos mayores. Sin embargo, el problema de fondo sigue ahí: la ciudadanía quiere agua y claridad en lo que va a pagar, no una batalla de audios para ver quién convence a quién. Si el incremento ya fue aprobado, toca explicar con todas sus letras qué sigue y cómo se aplicará. Porque una cosa es recular ante la presión y otra muy distinta aclarar el enredo; a ver si ahora sí las cuentas del agua quedan más claras que el propio discurso.