A 40 AÑOS DE ATRASO, VILLA DE REYES TOMA EL TREN DE LA MODERNIDAD
Durante décadas, Villa de Reyes cargó con el pesado lastre del abandono institucional, arrastrando un rezago histórico que parecía condenar a sus habitantes al olvido y al retraso en su infraestructura urbana. Sin embargo, la reciente gira del gobernador Ricardo Gallardo Cardona por la comunidad de El Rosario marca un punto de inflexión necesario, demostrando que con voluntad política es posible sacudir el inmovilismo de cuarenta años. Las acciones emprendidas —desde la construcción de salones en Pardo y las nuevas pavimentaciones en calles de San Vicente, hasta la anhelada modernización del alumbrado público con miles de luminarias— revelan una estrategia de tierra adentro que atiende los rezagos más urgentes de la cabecera y sus comunidades.
Más allá de los beneficios locales, la gran apuesta que hoy coloca a Villa de Reyes en el mapa de la competitividad nacional e internacional es el anuncio de la nueva estación de tren de pasajeros. Este ambicioso proyecto ferroviario, respaldado por la coordinación con la Federación para liberar vías y definir paradas estratégicas, conectará al municipio directamente con la capital del estado, la Ciudad de México, Saltillo y la frontera norte, abriendo una ventana histórica al desarrollo económico y turístico. Con el cierre de este sexenio proyectado hacia las obras de mayor envergadura, el municipio avanza con pasos firmes hacia el futuro, demostrando que la transformación se construye con hechos y vías abiertas al porvenir.

MOVILIDAD Y BLINDAJE POLICIAL: LA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN VILLA DE REYES
La estrategia de seguridad en Villa de Reyes ha dado un giro táctico fundamental para consolidar la baja en la incidencia delictiva, apostando por la prevención y la cercanía con la ciudadanía. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez, señaló que los operativos interestatales coordinados con Guanajuato han debilitado delitos prioritarios como la portación de armas y las extorsiones, logrando un municipio con condiciones de tranquilidad muy distintas a las de años anteriores. En este contexto, el retiro del filtro fijo de la Guardia Civil Estatal en la comunidad de San Miguel —situado sobre la carretera 37 hacia San Felipe— no representa un descuido, sino una transición hacia esquemas móviles e itinerantes que optimizan la presencia policial en caminos y comunidades.
Para garantizar que esta tendencia a la baja continúe hasta llevar los reportes criminales a su mínima expresión, la corporación estatal enfatizó la obligatoriedad de una coordinación estrecha con las policías municipales. La encomienda es clara: sumar esfuerzos en patrullajes, filtros de auxilio y labores de disuasión tanto en la cabecera como en los límites territoriales con Jalisco y Guanajuato. Con una vigilancia dinámica y una colaboración institucional firme, el Estado busca disipar cualquier temor ciudadano y refrendar que la presencia policial responde únicamente al blindaje operativo y a la protección de las familias de Villa de Reyes.

EL PAN Y EL ARTE DE ESTIRAR LO EVIDENTE
En el PAN de San Luis Potosí dicen que todavía no hay candidato a la alcaldía de la capital. Que la decisión es de la dirigencia nacional. Que no hay agenda. Que no hay fecha. Que todo está en proceso.
Lo dijo el dirigente interino, Carlos Enrique Dahud Uresti: de 20 perfiles que se inscribieron, quedan 12. No dijo quiénes. Tampoco cuándo se sabrá. Solo que no será esta semana, porque la dirigencia nacional anda de gira por el país y no les han avisado cuándo llega a San Luis. La pregunta es obligada: ¿por qué esperan tanto para dar a conocer algo que en los pasillos ya se sabe? En la capital potosina todo mundo tiene claro hacia dónde se inclina la balanza, quién opera, quién se mueve como candidato y quién ya trae estructura. Estirar el anuncio no genera expectativa, genera desgaste. Los 12 que quedan en la lista —de los 20 iniciales— siguen en ascuas, haciendo precampaña sin precampaña, gastando sin certeza.
La incongruencia es evidente. Por un lado, Dahud asegura que hay piso parejo. Por otro, reconoce que hay observaciones por la presentación de perfiles, la integración de credenciales y el procedimiento de selección. Si hay piso parejo, ¿por qué hay quejas internas? Si el proceso es transparente, ¿por qué no pueden decir quiénes son los 12 que siguen y quiénes fueron los 8 que se quedaron en el camino? En Ciudad Valles el enredo es similar. Anuncia siete registros y da seis nombres: Paco Gómez, Javier Salazar, Rubén Navarro, Diana Reséndiz, Laura Espinosa y Rubén "El Tigre". Falta uno. No es un detalle menor, es el reflejo de un proceso que se comunica a medias.
El PAN asegura que primero va Valles y capital, y mucho después la gubernatura. La lógica sería al revés: definir la cabeza para ordenar lo demás. Pero aquí prefieren alargar la definición municipal, aunque todos sepan el final. Retrasar lo obvio no le suma al PAN. Le resta credibilidad interna y le manda a su militancia el mensaje de que las decisiones se toman en México, a puerta cerrada, mientras en San Luis se finge una competencia.

EL CONGRESO HIZO LO CORRECTO: PONER ORDEN ANTE LA IMPROVISACIÓN
Hay que decirlo con claridad: el Congreso del Estado hizo bien en cancelar la carrera del Bicentenario si no existían las condiciones para garantizar la seguridad y la institucionalidad del evento. Se ha querido vender la cancelación como un capricho o como un pleito político con el Ayuntamiento. No lo es. Es un acto de responsabilidad.
El Congreso no es una oficialía de eventos. Es un Poder del Estado que estaba conmemorando 200 años de la Constitución local. No podía prestarse a una carrera improvisada, sin logística clara, sin coordinación formal con la autoridad municipal y sin la certeza de que los participantes estarían seguros.
El llamado del diputado Rubén Guajardo Barrera a la neutralidad y al diálogo no debe entenderse como un regaño al Congreso, sino como un respaldo a su conducción institucional. Y en eso, la Directiva que encabeza Fernando Gámez Macías actuó con prudencia: antes de exponer a la ciudadanía a un evento mal organizado, prefirió cancelarlo y asumir el costo mediático.
Esa es la neutralidad que se exige: no prestarse a simulaciones, no hacer eventos a modo para quedar bien con un Ayuntamiento que tampoco hizo su parte. ¿Dónde estaban los permisos de vialidad? ¿Dónde estaba la coordinación de Protección Civil municipal? ¿Dónde estaba el apoyo logístico que por obligación le toca al municipio capitalino cuando se usa su infraestructura?
Pedir que la Oficialía Mayor rinda un informe ante la Jucopo, como plantea Guajardo, es precisamente fortalecer al Congreso. Transparentar qué falló, corregir y establecer protocolos. Eso es institucionalidad, no desorden. Además, el Congreso está en la antesala de su trabajo más importante del año: el análisis de las leyes de ingresos y egresos de los 59 municipios y las cuotas y tarifas de agua y drenaje. No puede llegar a esa discusión sometido o condicionado por si le prestaron o no le prestaron una calle para una carrera. Debe llegar fuerte, autónomo y neutral.
El Congreso no es trinchera de nadie, pero tampoco es ventanilla de trámite del Ayuntamiento. Su obligación es con la Constitución y con las y los potosinos, no con quedar bien en la foto.
Si la carrera se tuvo que cancelar para preservar esa autonomía, qué bueno que se canceló. Mejor una carrera menos que un Congreso de rodillas.

SI LA CAPITAL NO PRESTA LAS CALLES, EL TANGAMANGA PRESTA LAS PIERNAS
El Ayuntamiento de Enrique Galindo le canceló la carrera al Congreso. No por seguridad. Por política. La carrera del Bicentenario de la Constitución no era cualquier trote dominguero. Era el festejo de 200 años de vida constitucional de San Luis Potosí. Tenía inscritos, tenía playeras, tenía ruta en el Centro Histórico. Lo que no tenía, al parecer, era el permiso del alcalde. De un plumazo, el municipio negó vialidad, negó Protección Civil municipal, negó todo. Y dejó al Congreso con la carrera hecha y los corredores vestidos.
¿De verdad era tan difícil cerrar dos calles un domingo por la mañana en una ciudad que cierra el Centro cada fin de semana por un festival, una rodada o una filmación? No. Lo difícil era quedar bien con todos cuando hay pleito político de por medio. Y aquí es donde entra la coordinadora estatal de Protección Civil, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, con una frase que debería darles vergüenza a muchos en el Palacio Municipal: "Estamos en disposición de apoyar".
Mientras el Ayuntamiento cierra puertas, el Estado abre el Tangamanga.
Tiene lógica y tiene fondo. En el Tangamanga no necesitas pedirle permiso a Galindo para correr. Es parque estatal, tiene circuitos certificados de 5 y 10 kilómetros, tiene ambulancias, tiene hidratación, tiene dónde estacionarte y, sobre todo, tiene experiencia. Ochoa Limón lo puso claro: si pueden garantizar la seguridad de 20 mil peregrinos en Real de Catorce y de 300 mil en un día de Fenapo, ¿cómo no van a poder con mil corredores?
Fundamentalmente, lo que este episodio exhibe es el nivel de mezquindad institucional al que hemos llegado. El Congreso conmemora la Constitución. La Constitución es de todos, no del PAN, no del Verde, no del PRI, no del Ayuntamiento. Cancelarle su carrera es como cancelarle la fiesta al cumpleañero en su propia casa.
Si el municipio hubiera actuado con institucionalidad, habría dicho: "No me gusta el Congreso, pero apoyo el deporte y la conmemoración". En lugar de eso, dijo: "Si no es conmigo, no es". Trasladar la carrera al Tangamanga no es solo una salida logística. Es una salida política digna. Es decirle a la ciudadanía: corremos a pesar del bache municipal.
Y deja una lección para lo que viene. En dos meses, ese mismo Ayuntamiento tendrá que ir al mismo Congreso a pedir que le aprueben su ley de ingresos, su presupuesto y sus tarifas de agua. Si hoy le niega una calle para una carrera conmemorativa, ¿con qué cara pedirá mañana 2 mil millones de pesos? El Tangamanga puede prestar las piernas para correr. Lo que no puede prestar es la madurez política que le faltó al municipio.
Ojalá corran. Y que corran todos, incluidos los que cancelaron.

SALUD COLAPSADA: LE TOCA A LA FEDERACIÓN RESPONDER, PERO EL ESTADO DA LA CARA
Hoy San Luis Potosí amaneció con dos hospitales en protesta y una misma exigencia: condiciones dignas para trabajar y atender. En la capital, trabajadores del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" bloquearon la Glorieta González Bocanegra. En Soledad, personal del Hospital General alzó la voz, aunque sin cerrar calles. Dos nosocomios distintos, dos sindicatos distintos, una misma radiografía de colapso. Hay que decirlo completo para que se entienda.
En el Hospital Central, el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEHC), comité 2024-2028 "Unidos Somos Fuerza", denuncia seis años de plazas congeladas. Desde 2019 no se cubren vacantes. Les prometen que entrará personal, pero solo para las plazas más recientes, no para las históricas. El resultado: plantillas incompletas, sobrecarga, guardias interminables y atención en riesgo.
A eso se suma el pago de festivos y tiempo extra negado, disfrazado como "tiempo por tiempo", el pago de riesgo y descanso mermado, favoritismo en algunos departamentos, amenazas de mandos medios con actas administrativas por no aceptar la sobrecarga, uniformes de 2024 y 2025 inservibles —tallas cambiadas, incompletos, sin zapatos o con zapatos rotos— y la respuesta de siempre: "es lo que hay, fue culpa del proveedor". Lo más grave: "El cansancio ha rebasado y ha mermado la salud del trabajador, incluso la salud mental. Hemos perdido vidas a causa del estrés", advierten.
En el Hospital General de Soledad la historia es espejo. Falta de enfermeras en todos los turnos, doblando funciones, cubriendo áreas que no les tocan, desabasto de medicamentos e insumos básicos —desde material de curación hasta fármacos cotidianos— que obliga a pedirle a los familiares que compren por fuera lo que el hospital debería garantizar. Y una incertidumbre jurídica: trabajadores con base reconocida que no han podido firmar su nombramiento, pese a oficios entregados a la dirección y a IMSS-Bienestar.
Aquí está el punto político que no se puede evadir: ambos hospitales son competencia 100% federal. Desde la transición a IMSS-Bienestar, la Federación es la patrona, la que contrata, la que compra, la que paga, la que debe abastecer.
Y es la Federación la que tiene que responder.
No puede esconderse detrás del discurso de la gratuidad si en los hospitales no hay personal para garantizarla, no hay insumos para sostenerla y no hay certeza laboral para quienes la operan.
Como ya lo dijo el gobernador del estado, los trabajadores están en todo su derecho de manifestarse. Y tiene razón. No están pidiendo privilegios, están pidiendo lo mínimo: que se cubran las plazas que ya existen, que se pague lo que marca la ley, que se entreguen uniformes dignos y que se les dé la cara con fechas y procedimientos claros.
Y mientras la Federación no responde, el Estado está dando la cara en un tema que no le toca. La Secretaría de Salud estatal, la Policía Vial para contener el caos vial en Arista, Amado Nervo, Carranza, Albuquerque y Gordiano, y la negociación directa con los inconformes para evitar que el colapso afecte a los pacientes. Sin ser su competencia, el Gobierno del Estado está conteniendo una crisis federal. Esa es la incongruencia del nuevo sistema de salud: centralizó todo en la Federación, pero cuando truena, truena en lo local.
El bloqueo de la Glorieta se va a levantar. Lo que no se va a levantar sola es la crisis del Hospital Central ni la del Hospital General de Soledad si IMSS-Bienestar no fija una ruta: calendario de contratación de las plazas desde 2019, pago de adeudos por festivos y tiempo extra, regularización inmediata de nombramientos, abasto garantizado y un canal de comunicación formal que sí responda oficios. Los trabajadores ya declararon trabajo bajo protesta. No quieren cerrar hospitales, quieren que los dejen trabajar con dignidad.
Le toca a la Federación responder. Al Estado, aunque no le toque, le está tocando sostener lo que se está cayendo.

ASÍ OPERABA LA RED DE ROBO AL AUTOTRANSPORTE QUE CAYÓ EN SLP: FUSILES, INHIBIDORES Y BODEGAS EN ZONA INDUSTRIAL
No era una banda común de asaltantes de carretera, era una empresa criminal completa, con bodegas, montacargas, tractocamiones y tecnología para desaparecer tráileres. La Fiscalía General de la República desarticuló en San Luis Potosí a nueve presuntos integrantes de una red dedicada al robo de autotransporte de carga en la 57 y en la libre a Matehuala, dos de las rutas más peligrosas y más transitadas del país. Los vinculados son Juan “N”, Aarón “N”, Jonathan “N”, Braulio “N”, Félix “N”, Enrique “N”, Ernesto “N”, Adrián “N” y Martín “N”. Todos ya están en prisión preventiva oficiosa y enfrentan cargos federales pesados: armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, portación sin licencia, posesión ilícita de inhibidores de señal, asociación delictuosa, robo equiparado y posesión de vehículos y mercancía robada. El juez dio tres meses de investigación complementaria.
Todo empezó con una denuncia anónima, una sola llamada que alertó que en la carretera San Luis Potosí-Matehuala y en la Federal 57, a la altura de una gasolinera, operaba una célula que robaba tráileres. La FGR, a través de la FECOR San Luis Potosí, hizo trabajo de inteligencia y obtuvo tres órdenes de cateo. ¿A dónde llevaron esas órdenes? No a casas de seguridad improvisadas, sino a dos inmuebles en la Zona Industrial y uno en el fraccionamiento El Pedregal, es decir, tenían infraestructura industrial para recibir, descargar y revender lo robado.
El operativo fue conjunto: Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal Ministerial, peritos de la FGR, Secretaría de Seguridad federal, Guardia Nacional, Defensa y Guardia Civil Estatal. Cuando entraron, dimensionaron el tamaño de la operación.
Primero, la mercancía: un vehículo con alimentos perecederos valuados en 3.7 millones de pesos, que se presume es parte de lo robado. Eso explica el modus operandi: no solo robaban la unidad, se quedaban con la carga para revenderla.
Segundo, el arsenal: fusiles, armas cortas, cargadores y cartuchos de diversos calibres; no era para intimidar choferes, era para enfrentar a quien se opusiera.
Tercero, y lo más revelador: 97 inhibidores de señal y mil 456 antenas para estos dispositivos. Ahí está la clave tecnológica: con esos aparatos bloqueaban el GPS de los tráileres y de las cajas, los hacían invisibles para las empresas de rastreo; un tráiler entraba a San Luis Potosí y desaparecía del radar en segundos.
Y cuarto, el patrimonio: cuatro vehículos de alta gama, 11 vehículos de diferentes marcas, 11 montacargas, ocho tractores eléctricos, cuatro tractocamiones y siete semirremolques, es decir, tenían su propia flotilla y su propia logística de almacén. Incluso hallaron una pieza de taxidermia de un oso, tres computadoras portátiles, una bolsa con marihuana y documentación diversa que ahora es prueba.
Este golpe es importante por tres razones. Una, porque ataca de lleno al delito que más duele al sector industrial de San Luis Potosí: el robo al autotransporte. La 57 es la columna vertebral del comercio entre México y Nuevo Laredo; cada tráiler robado es una empresa parada, un seguro más caro y un operador en riesgo.
Dos, porque confirma que estas bandas ya no operan desde brechas, operan desde parques industriales, con fachada de empresa legal.
Y tres, porque la denuncia anónima funcionó. En un estado donde muchos transportistas ya no denuncian por miedo o por desconfianza, este caso demuestra que una denuncia bien investigada por la FGR puede desmantelar toda una red.
Faltan tres meses de investigación, vendrá el juicio. Por ahora, los nueve están presos y se les presume inocentes hasta sentencia, pero lo asegurado habla por sí solo: no eran asaltantes, eran una industria paralela del robo.

EL REMATE PERFECTO
El penúltimo año de gobierno para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se tradujo en una oportunidad estratégica para fortalecer la promoción de San Luis Potosí como una de las entidades que avanzan en materia de seguridad, respaldado por la disminución de homicidios y feminicidios, un resultado que permite destacar los esfuerzos institucionales y mantener el compromiso de mejorar la tranquilidad de las familias potosinas.
Dicho lo anterior, el discurso oficialista del gobernador poco a poco ha encontrado respaldo en las acciones emprendidas por su administración, aunque todavía existen retos que deberá atender durante el último año de gobierno, entre ellos el fortalecimiento de la atención a las personas privadas de la libertad y la modernización de todo el sistema penitenciario.
Para unos no es indispensable centrarse en la reinserción social, sin embargo, la experiencia de hace unos años, cuando se registró un motín con dos policías y un interno muertos, dejó importantes lecciones sobre la necesidad de reforzar la seguridad y las condiciones de los centros penitenciarios. Por eso, en 2027 podría concretarse un cierre de administración con resultados relevantes, mediante un proyecto que también contribuiría a consolidar el legado de Gallardo Cardona y marcaría una nueva etapa para San Luis Potosí.
Nos referimos al proyecto de construir un sexto Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO), una alternativa para atender la sobrepoblación de personas encarceladas y fortalecer la capacidad del sistema penitenciario. De concretarse con la infraestructura, el personal y los programas adecuados, esta obra representaría una oportunidad para mejorar las condiciones de internamiento, reforzar la gobernabilidad de los centros y avanzar hacia una reinserción social más efectiva.
Gallardo Cardona sabe que tiene un desafío importante en sus manos y que el último tramo de su sexenio representa una oportunidad para dejar resultados duraderos. Edificar un nuevo centro penitenciario, acompañado de una estrategia integral de seguridad y reinserción social, podría marcar una pauta en el sistema carcelario y convertirse en uno de los proyectos relevantes de su administración, mientras la ciudadanía evalúa los avances y los pendientes de su gobierno.

SE EXTENDIÓ LA GUERRA
Algo que se veía venir con el nombramiento del diputado tucán Luis Fernando Gámez Macías como presidente de la Directiva del Congreso del Estado, finalmente se consumó al registrarse el primer desencuentro con el gobierno de la capital, dejando en evidencia que la relación institucional con la administración municipal de Enrique Galindo Ceballos no estará exenta de obstáculos.
En algo que debería de ser de mero trámite para alguien con experiencia, el representante del Poder Legislativo solicitó con 48 horas de antelación la autorización al ayuntamiento para la realización de la carrera conmemorativa de la legislatura potosina. Si bien el trámite no cumplió con el plazo de 15 días de anticipación requerido para su procedencia, la situación también puso sobre la mesa la necesidad de privilegiar la coordinación entre instituciones, especialmente cuando se trata de actividades que buscan conmemorar la vida legislativa del estado.
La buena voluntad diría que la administración del alcalde viajero Enrique Galindo Ceballos muy bien pudo explorar alternativas para facilitar la realización del evento y que la policía vial brindara el seguimiento y la protección debida, siempre dentro del marco normativo. No obstante, la negativa dejó la impresión de una postura poco flexible que, lejos de contribuir a la colaboración institucional, alimenta las diferencias entre el gobierno capitalino y el Poder Legislativo.
Aunado a ello, la gestión galindista sacó a relucir el cobre al reportar que detuvo a tres trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), cuando presuntamente se encontraban tirando desechos y escombro de forma clandestina, en un terreno de la zona norte de la capital. El anuncio añadió un nuevo elemento de tensión a una relación que ya mostraba señales de desgaste.
La imputación corresponde a la probable comisión de un delito ambiental y, aunque el ayuntamiento dio la primera puntada, ahora la responsabilidad recayó en la Fiscalía General del Estado (FGE), pues la policía capitalina puso a disposición a los tres empleados para determinar su situación jurídica. Será la autoridad ministerial la que deberá esclarecer los hechos y determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades, sin que las acusaciones se conviertan en un instrumento de confrontación política.
Habrá que esperar qué sentido tienen los señalamientos en contra de los subordinados estatales, pues el contexto alimenta las sospechas de una posible respuesta política de la administración galindista, después de que hace unas semanas la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos oficiales municipales y un cadete por un presunto robo en un domicilio. En este escenario, Luis Fernando Gámez Macías tiene la oportunidad de defender la autonomía del Poder Legislativo y exigir una relación institucional basada en el respeto, mientras Enrique Galindo Ceballos deberá demostrar que sus decisiones responden a criterios administrativos y legales, y no a diferencias políticas.

GALLARDO PONE ORDEN A LOS AYUNTAMIENTOS
En una situación que evidencia los retos administrativos de algunos ayuntamientos, de nueva cuenta entre 9 y 10 presidentes municipales ya recurrieron al Gobierno del Estado para plantear solicitudes de préstamos o apoyos financieros, con el objetivo de cubrir los compromisos de fin de año, principalmente el pago de aguinaldos. Esta situación pone sobre la mesa la importancia de fortalecer la planeación financiera de las administraciones municipales.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reportó que los ediles enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones, al grado de que algunos no han previsto adecuadamente el manejo de sus recursos, pues, a sabiendas de que tienen la obligación de pagar determinadas prestaciones en el último mes del año, desde ahora reconocen que podrían no contar con el dinero suficiente para saldar esos compromisos.
El gobernador advirtió que, para este año, será complicado que se les pueda facilitar financiamiento para cubrir sus pendientes de nómina; no obstante, también debe considerarse que dejar de pagar los derechos de los trabajadores podría generar inestabilidad gubernamental, además de afectar la operación de los ayuntamientos y, a la postre, la atención que reciben los ciudadanos.
Es decir, podemos asumir que, a través de la Secretaría de Finanzas, nuevamente podría buscarse una alternativa para apoyar a los ayuntamientos, sin perder de vista la responsabilidad de recuperar los recursos que eventualmente se les faciliten. Sin embargo, también es momento de que el líder de la Gallardía impulse mecanismos que permitan prevenir estas situaciones y promuevan una administración responsable del dinero público.
Por decir lo menos, algunas alcaldías parecen confiar en que el Gobierno del Estado encontrará una salida a sus dificultades financieras y, bajo esa expectativa, dejan en segundo plano la planeación de sus compromisos anuales. Por ello, sería conveniente que, mediante una iniciativa, Richie promoviera reglas claras, controles financieros y medidas disciplinarias para las autoridades municipales que incumplan con sus obligaciones patronales, sin dejar desprotegidos a los trabajadores.

ALGUIEN DEBE DECÍRSELO AL TITULAR DEL IFSE
Alguien le tiene que decir al titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, que, si su estrategia de comunicación va a enfocarse en señalar las deficiencias de Enrique Galindo y compañía, así como toda una sarta de trapacerías y desmadritos financieros que arrastra la administración municipal, generar filtraciones y ser selectivo con los canales de comunicación no será suficiente. Más allá de eso, simplemente van a terminar lanzando petardos sin pólvora suficiente.
La filtración de observaciones financieras es una muestra más de que se quieren manejar las cosas con soberbia y selectividad, y eso no es bueno. Lo que estamos viendo podría ser apenas el inicio de una oleada de situaciones que se van a presentar; sin embargo, el titular del IFSE debe estar más enfocado en construir una narrativa eficiente, con alto impacto y resultados contundentes, en lugar de estar ocupado en la grilla hacia el interior del gobierno.

LOS GÓMEZ RECIBE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAS URBANAS
El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, puso en marcha obras de infraestructura en la comunidad de Los Gómez, con una inversión inicial de 9.8 millones de pesos y la posibilidad de ampliarla para atender otras necesidades de la zona. El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rioverde, iluminación, renovación de líneas de agua potable y drenaje sanitario, construcción de banquetas y guarniciones, además de señalética y pintura vial.
Durante el recorrido con habitantes, Navarro Muñiz anunció también la ampliación a dos carriles del puente que cruza el canal Españita, con el objetivo de facilitar la movilidad. La intervención abarcará más de 3 mil 600 metros cuadrados y conectará la vialidad con el bulevar Valle de los Fantasmas. Por su parte, el juez auxiliar Fermín Loreno Nava reconoció la atención a las solicitudes de la comunidad y destacó los beneficios que la obra representará para las familias de Los Gómez y las colonias aledañas.

FRENTE FRÍO 2 TRAERÁ LLUVIAS Y DÍAS FRESCOS A SAN LUIS POTOSÍ
La llegada del frente frío número 2 provocará días frescos y lluviosos en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente de miércoles a domingo, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, coordinadora estatal de Protección Civil. El pronóstico contempla mayor presencia de precipitaciones en la zona sur, lluvias en la Zona Media y Centro, incluida la capital potosina, mientras que las temperaturas más frescas se sentirán principalmente en el Altiplano.
Protección Civil Estatal mantiene comunicación con las unidades municipales y los presidentes municipales para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y coordinar acciones preventivas ante posibles lluvias intensas. La dependencia exhortó a las autoridades a mantener activos sus protocolos de atención y pidió a la población consultar los canales oficiales para mantenerse informada sobre los cambios en el clima y las recomendaciones de seguridad.

REFORZARÁN ACCIONES CONTRA EL TABAQUISMO Y LOS VAPEADORES EN SLP
Las autoridades sanitarias de San Luis Potosí coordinarán acciones con los gobiernos federal y municipales para prevenir el tabaquismo y el uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, tras la aprobación de una reforma a la Ley de Salud del Estado. Las medidas incluyen campañas educativas, prevención y atención de enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y nicotina, con especial atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La reforma también contempla restricciones a la publicidad de estos productos en medios de comunicación, prohíbe su venta o suministro a menores de edad y establece que los establecimientos deben colocar avisos visibles sobre esta prohibición. Además, la Secretaría de Salud promoverá la participación de la sociedad civil en las campañas preventivas, con el objetivo de informar sobre los riesgos del tabaquismo y el vapeo, asociados con enfermedades respiratorias y distintos tipos de cáncer.

OTRA VÍCTIMA DE LA CAPITAL DEL MUNDO
La tragedia enluta al magisterio de la región Media, Ma. Inés H., de 70 años de edad, maestra jubilada originaria del ejido El Jabalí y vecina del bulevar Universitario, falleció luego de ser atropellada por un motociclista la noche del domingo, un accidente que deja dolor, pero también una pregunta incómoda sobre cuánto influyeron las deplorables condiciones de esta vialidad. De acuerdo con los datos conocidos, la profesora intentaba cruzar el bulevar cuando fue alcanzada por la motocicleta conducida por Francisco Javier N., de 20 años, quien presuntamente trató de esquivarla, pero no logró evitar el impacto. Las condiciones del pavimento, deteriorado y hundido en múltiples baches tras las lluvias, son señaladas como un factor que pudo complicar la maniobra.
La mujer quedó tendida sobre el asfalto y fue auxiliada inicialmente por paramédicos de San Ciro de Acosta que pasaban por el lugar, además de personal de la Cruz Roja, que la trasladó para recibir atención médica. Sin embargo, las lesiones y fracturas que presentaba, entre ellas en el cráneo, terminaron por arrebatarle la vida horas después.
El joven motociclista permaneció en el lugar y, según la información disponible, colaboró en lo que estuvo a su alcance para auxiliar a la víctima. Posteriormente, agentes de la Guardia Civil Municipal tomaron conocimiento de los hechos y lo pusieron a disposición de la autoridad competente.
Pero esta tragedia no debe quedarse únicamente en el accidente; también obliga a mirar hacia las condiciones del bulevar Universitario, una vía que, de acuerdo con los señalamientos, presenta baches, hundimientos y daños agravados por las lluvias, sin que el problema haya recibido una solución que garantice condiciones seguras para quienes transitan por ahí. Cuando una vialidad se encuentra deteriorada, no solo se dañan los vehículos: también aumenta el riesgo para motociclistas, automovilistas y peatones. Un bache puede obligar a cambiar de trayectoria, desestabilizar una motocicleta o dificultar una maniobra de emergencia. En este caso, será la investigación la que determine cómo ocurrió el atropellamiento y qué factores intervinieron; sin embargo, el estado del bulevar merece una revisión seria y urgente.
El descuido de la infraestructura pública no puede normalizarse ni atenderse únicamente cuando ocurre una desgracia. Las lluvias pueden agravar el deterioro, pero precisamente por eso las autoridades deben inspeccionar las vialidades, reparar los daños y advertir oportunamente sobre los puntos peligrosos. La prevención no debe llegar después de una tragedia.

RIOVERDE SE DESMORONA
¿Premios y reconocimientos mientras la ciudadanía teme por su patrimonio? La inseguridad continúa dando golpes a Rioverde y el reciente robo cometido en la vivienda de Melesio N., en las inmediaciones del bulevar Universitario, vuelve a poner en entredicho la efectividad de las estrategias de prevención del delito. Los delincuentes hicieron un boquete en una pared de block para ingresar al domicilio y llevarse herramienta de trabajo y otras pertenencias. ¡Ya ni las paredes parecen suficientes para proteger el patrimonio de las familias! Mientras el discurso oficial habla de avances en materia de seguridad y se presumen reconocimientos, incluso de carácter internacional, la realidad que enfrentan algunos ciudadanos es muy distinta. Los hechos ocurridos en las colonias y sectores de la ciudad alimentan la preocupación de quienes temen convertirse en las próximas víctimas de los amantes de lo ajeno. ¿De qué sirven los premios y las medallas si la gente no se siente segura en su propia casa? Los reconocimientos pueden representar un logro institucional, pero no sustituyen la obligación de prevenir delitos, atender denuncias, investigar robos y ofrecer resultados verificables a la población.
Rioverde no puede conformarse con cifras alegres ni discursos triunfalistas. La seguridad se demuestra con acciones concretas, con vigilancia efectiva y con la capacidad de responder ante los problemas que afectan a las familias. Cuando un ciudadano descubre que los delincuentes ingresaron a su hogar después de abrir un boquete en una pared, la preocupación deja de ser una estadística y se convierte en una amarga realidad.
La percepción de muchos habitantes es que están en manos del hampa, mientras la incertidumbre crece y las preguntas se acumulan sobre dónde están los resultados, qué estrategias se están aplicando para frenar los robos a casa habitación y si se está dando seguimiento puntual a las denuncias. El problema no se resuelve únicamente con patrullajes ocasionales ni con declaraciones públicas. Se requiere prevención, inteligencia policial, coordinación entre corporaciones e investigaciones que permitan identificar y llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos.
¡La inseguridad está rebasando a Rioverde y el discurso oficial no basta para ocultarlo! Si el gobierno presume avances y reconocimientos, también debe demostrar que estos se traducen en mejores condiciones de seguridad para la población. Los rioverdenses merecen recuperar la tranquilidad, proteger sus bienes y vivir sin el temor de que, al salir de casa, los delincuentes aprovechen su ausencia para despojarlos de lo que tanto trabajo les ha costado conseguir.
Porque al final, más allá de los premios y las declaraciones, lo que cuenta es la seguridad real de las familias. Y esa, hoy más que nunca, es la exigencia ciudadana.

COMERCIANTE, UNA "FICHITA"
Engañar a campesinos para llevarse su mercancía sin pagar puede tener consecuencias penales; las denuncias deben investigarse y los responsables responder ante la justicia. Los productores del campo enfrentan una preocupación que va más allá de las inclemencias del tiempo y los costos de producción: el riesgo de perder el fruto de meses de trabajo a manos de compradores que presuntamente incumplen los acuerdos comerciales y se llevan las cosechas sin pagar.
Un caso de esta naturaleza fue denunciado en el ejido El Refugio del municipio de Ciudad Fernández, donde Mario Enrique N. señaló a José Guadalupe G., vecino de la avenida Centenario de Rioverde, por presuntamente llevarse una cosecha de tomate sin cubrir el precio previamente acordado.
De acuerdo con la denuncia, el productor aceptó vender su mercancía luego de llegar a un acuerdo con el comprador; sin embargo, una vez que el tomate fue retirado del lugar, presuntamente no recibió el pago correspondiente, quedándose sin el producto y con un perjuicio económico.
Lo preocupante es que, según trascendió, no sería la primera ocasión en que el señalado enfrenta acusaciones similares, situación que deberá ser esclarecida por la Fiscalía General del Estado, a fin de determinar si existen más personas afectadas y si los hechos responden a un mismo modo de operar, así como qué castigo puede alcanzar este tipo de engaños.
Cuando una persona obtiene una cosecha mediante engaños y provoca un daño patrimonial al productor, los hechos podrían encuadrar en el delito de fraude, siempre que se acrediten los elementos que exige la legislación penal. No todo incumplimiento de pago constituye automáticamente un delito: las autoridades deben establecer si existió engaño, intención de obtener un beneficio indebido y los demás elementos legales correspondientes. En San Luis Potosí, el fraude puede castigarse con penas de prisión y multas, cuya magnitud depende de las disposiciones aplicables, el monto del perjuicio y las circunstancias del caso. Si se acredita la existencia de varias operaciones fraudulentas, cada una deberá analizarse para determinar las posibles responsabilidades, sin que ello signifique que las acusaciones estén demostradas.

A COPIAR PARA HACER GRILLA
Se acercan tiempos de política y en Ciudad del Maíz ya se ve, pues hay varios personajes que buscan hacerse popularidad para que el pueblo los contemple y apoye.
A decir verdad, muchos ya vieron la forma de hacer promoción con la venta de tinacos para almacenar agua ante la escasez que cotidianamente se vive en este municipio, además de láminas y calentadores de agua solares y hasta alambre de púas.
Quien inició con esta acción es la dirigente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Karina Lissette Zúñiga Carreón, pero no ahora, sino ya hace varios años, y de ahí empezaron a copiar los del Partido Acción Nacional (PAN), que cotidianamente lo hacen con la misma estrategia.
También aprovecha esa estrategia el dos veces ex tesorero municipal, Alejandro Noé Figueroa Rodríguez, y ex candidato a diputado local, colocándole ahí sus iniciales y logo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el argumento de que lo hace solo con apoyo de la dirigencia estatal, cuando más bien la cosa es otra: interés político y el suelo guajiro de querer ser alcalde en el 2027.
Pero no solo ahí, también se han visto este tipo de apoyos por el lado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y otros más del Verde Ecologista de México (PVEM), aunque estos últimos son enviados por el Gobierno del Estado para que sean sin costo para la población.
Es así como en Ciudad del Maíz se hace política con la escasez de agua, vendiendo tinacos a los mismos colores acorde con los partidos por parte de los personajes que buscan popularizarse a raíz del interés del pueblo.
Con apoyos o no, el pueblo sabe por quién votar, sin que les den tinacos o se los vendan a cierto costo menor, como según ellos mismos dicen.

MUCHO EQUIPO, PERO ¡SIN POLICÍAS!
Alaquines es uno de los municipios donde se tiene más equipo para la policía local, a comparación de otras zonas, pero es algo ilógico en ese lugar.
Tienen siete unidades de patrullaje, una motocicleta que les otorgó la alcaldesa Laura Moctezuma de la Cruz y seis camionetas nuevas completamente equipadas otorgadas por el Gobierno del Estado, realmente mucho equipo para un pueblo, donde hay mucho que hablar de la Policía Municipal.
Con más de 7,400 habitantes, la corporación en general solo tiene 10 elementos, de los cuales menos de la mitad atienden cada turno o, en su caso, como vayan rolando los periodos de descanso obligatorios, una cifra que realmente no es nada para lo que debe tener toda la población, pues con esa cifra de oficiales, la ciudadanía mejor prefiere ver cómo cuidarse por cuenta propia.
Pero, además, si el Ayuntamiento emite una convocatoria para integrar a más personal que realmente hace falta, no hay quien acepte esa locura del Ayuntamiento, pues el sueldo de los mismos policías es en promedio de $3,500 por quincena, lo que representa $7,000 mensuales, la mitad de lo que el Gobierno del Estado y el Congreso del Estado aprobaron, ya que cada elemento por mínimo debería percibir 14,000 pesos por los 30 días.
Si eso ganan los oficiales, ¿cuánto ganará el personal de limpieza o que trabaja como obrero? Realmente, una cantidad muy por debajo del arduo trabajo que hacen, a comparación de funcionarios que solo están sentados o, en su caso, de la alcaldesa, que hasta estrena una nueva camioneta.

NO ES UN JUEGO
El tema del Gusano Barrenador sigue dando de qué hablar en Ciudad del Maíz, tanto que es el principal municipio de la región Media donde más casos se han detectado, incluso, poco le falta para serlo a nivel estado de San Luis Potosí.
Hasta lo que va de octubre, las brigadas comisionadas han detectado un promedio de 840 casos, pero no solamente en ganado de diversas especies; a la elevada cifra también se integran los que van con perros, tanto del hogar como los que hay en situación de calle.
El problema realmente es delicado, la plaga no existía en el territorio de Ciudad del Maíz y empezó a darse en el ejido Nuevo Centro Poblacional Ganadero Papagayos, esto por su cercanía o límites con poblados de Tamasopo, que fue donde empezó antes que esta zona.
La mosca Cochliomyia hominivorax, causante de estas temibles larvas, logró reproducirse rápidamente, que a la fecha ya la hay en todo el territorio de Ciudad del Maíz, donde, por fortuna, han detectado menor cifra de esta plaga, es en la zona de El Plan, llamado así a todo el conjunto de localidades que limitan con ciertos puntos de Rioverde, Cerritos y Alaquines, donde el suelo es más árido y seco.
El tema es tan real que la población no debería tomarlo a juego; basta con revisar a fondo las heridas de los animales y ahí se podrá detectar si ya tienen las plagas de tales larvas o no. De ser positivo, se podrá actuar oportunamente, antes de que el gusano logre alimentarse más.

¿¡AVIADOR?!
¡Vaya espectáculo el que protagonizó Enrique Dahud Uresti! El encargado de las llaves del Comité Directivo del PAN y presidente interino de Acción Nacional en San Luis Potosí dio una muestra de intolerancia que refleja, al estilo galindista. Todo ocurrió después de que un medio de comunicación lo exhibiera por presuntamente cobrar en la nómina del Ayuntamiento sin cumplir con sus funciones, señalamiento que puso en el centro de la polémica al panista.
Pese a que su nombre aparece en la nómina municipal, Enrique Dahud Uresti negó ser aviador del Ayuntamiento. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, su reacción ante los cuestionamientos terminó por generar más controversia. Porque una cosa es rechazar los señalamientos y otra muy distinta es la manera de responder cuando se trata de rendir cuentas ante la opinión pública.
Y por si fuera poco, durante una rueda de prensa se negó a proporcionar datos que permitieran aclarar la situación. Si está convencido de que los señalamientos carecen de fundamento, ¿por qué no responder con información clara y verificable? En política, las explicaciones suelen ser más efectivas que los desplantes, sobre todo cuando las dudas recaen sobre el uso de recursos públicos.