Semana del 16 de Octubre al 22 de Octubre de 2026

El Castillo exhibe la crisis penitenciaria de Sinaloa

El Castillo exhibe la crisis penitenciaria de Sinaloa

El penal El Castillo de Mazatlán se convirtió en uno de los nuevos focos de la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa.

El 8 de octubre, durante el horario de visita familiar, una riña entre internos dejó nueve personas privadas de la libertad y un menor de edad muertos, además de 16 internos lesionados. Menos de 24 horas después, un nuevo enfrentamiento en el mismo centro penitenciario provocó otras dos muertes, elevando el saldo a 12 fallecidos.

Más allá del saldo, los hechos dejaron una pregunta que permanece abierta: ¿cómo llegaron armas de fuego a manos de los internos dentro de un penal que debe permanecer bajo vigilancia permanente?

Para Marlene Angelina León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, esa interrogante coloca el problema directamente en los mecanismos de control interno.

La organización civil ha insistido en que la discusión no debe limitarse a los enfrentamientos ocurridos durante esos dos días, sino extenderse a las condiciones con las que opera el sistema penitenciario y a la obligación de las autoridades de explicar cómo ingresaron armas y qué medidas fallaron para permitir que la violencia alcanzara incluso a quienes acudían como visitantes.

DERECHOS HUMANOS YA INVESTIGABA LAS FALLAS
La preocupación no surge únicamente después de los hechos.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya había colocado al sistema penitenciario sinaloense dentro de los niveles bajos de evaluación. Reportes elaborados a partir del diagnóstico señalan deficiencias en gobernabilidad, personal, servicios de salud, instalaciones y condiciones de internamiento en El Castillo. A diferencia de otros centros del país, el problema no estaba relacionado principalmente con una sobrepoblación generalizada.

Después de las riñas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa inició investigaciones y dictó medidas precautorias para proteger a internos, visitantes y trabajadores del centro. También pidió a las autoridades penitenciarias garantizar de manera urgente la seguridad y gobernabilidad del penal, además de mantener informadas a las familias.

Para León, esos antecedentes refuerzan la necesidad de revisar lo que ocurre detrás de los muros de las cárceles y no esperar hasta que una nueva crisis vuelva a hacer visible el problema.

UN NUEVO PENAL NO RESUELVE TODO
La respuesta inmediata del Gobierno estatal fue anunciar la construcción de un nuevo centro penitenciario.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava informó el 9 de octubre que el proyecto tendrá inversión federal y formará parte de las medidas para fortalecer la infraestructura de seguridad y justicia en Sinaloa.

Marlene León considera que aumentar la infraestructura puede ayudar, pero advierte que el problema mostrado en Mazatlán no es únicamente de capacidad.

"Se tiene que atender lo que está pasando", plantea.

Su argumento es que una cárcel nueva enfrentaría riesgos similares si no se modifican los controles de acceso, la supervisión, la operación del personal penitenciario y los mecanismos para impedir el ingreso de armas y objetos prohibidos.

El antecedente de El Castillo resulta significativo: los diagnósticos disponibles no lo ubicaban como un penal rebasado completamente por el número de internos. Por ello, sostiene, explicar la tragedia exclusivamente desde la necesidad de más espacios dejaría sin respuesta el problema de gobernabilidad.

LA VIOLENCIA SE DESPLAZA HACIA MAZATLÁN
Los hechos penitenciarios tampoco pueden analizarse separados de la situación que atraviesa Sinaloa.

Desde 2024, la entidad enfrenta una prolongada confrontación entre grupos del crimen organizado que inicialmente concentró buena parte de la violencia en Culiacán, pero que durante los últimos meses ha mostrado una mayor presencia en Mazatlán y municipios del sur.

Los datos oficiales ofrecen un escenario con contrastes. El Gobierno federal reportó que, entre enero y agosto de 2026, Sinaloa registró una reducción de 26.1 por ciento en homicidios dolosos respecto del mismo periodo de 2025. Sin embargo, los episodios recientes muestran que la disminución estadística no significa que la crisis esté superada.

León advierte además que la violencia produce consecuencias que van más allá de los homicidios: desapariciones, desplazamiento de familias, afectaciones económicas y deterioro de la confianza en las instituciones.

RENDICIÓN DE CUENTAS, EL PENDIENTE INMEDIATO
Para Iniciativa Sinaloa, uno de los principales problemas después de cada episodio violento es la falta de información suficiente para los ciudadanos.

En el caso de El Castillo, considera indispensable conocer cómo ingresaron las armas, quiénes tenían responsabilidad sobre la vigilancia, qué fallas fueron detectadas previamente y qué medidas concretas se adoptarán para evitar una repetición.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones sobre los enfrentamientos y sobre el armamento utilizado. Las autoridades también reforzaron la vigilancia del penal después de los hechos.

La construcción de una nueva cárcel será una respuesta de infraestructura. El desafío mayor estará en demostrar que el Estado puede ejercer control efectivo dentro de ella.

Porque lo ocurrido en El Castillo dejó una señal difícil de ignorar: cuando la violencia logra atravesar los controles de una prisión, el problema ya no se encuentra únicamente detrás de sus muros.

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