En cada fragmento encontrado, en cada sitio documentado, hay una historia que merece ser contada y una verdad que no puede seguir enterrada.
En San Luis Potosí, hablar de personas desaparecidas es referirse a una crisis que se ha normalizado peligrosamente. Las cifras, por sí solas, deberían encender todas las alarmas: más de 180 fichas de búsqueda emitidas en lo que va de 2026 y decenas de personas que siguen sin ser localizadas. Pero más allá de los números, lo que persiste es el dolor de familias que han tenido que asumir una responsabilidad que corresponde al Estado: buscar a sus seres queridos.
La realidad es cruda. Mientras las instituciones avanzan con lentitud —cuando lo hacen—, son los colectivos ciudadanos quienes recorren brechas, cerros y parajes, enfrentando condiciones extremas, con la esperanza de encontrar al menos un indicio. No buscan justicia en abstracto; buscan respuestas concretas, restos, certezas, un cierre posible.
"Caminando durante meses... en el sol, con hambre, frío, calor, lluvias, y por fin damos con ese lugar", se describe desde la voz de quienes han convertido la búsqueda en una forma de vida forzada. Lo que encuentran, sin embargo, es aún más devastador: fragmentos humanos dispersos, evidencias de violencia sistemática y lugares que, en palabras de quienes los han visto, no pueden llamarse de otra manera que zonas de exterminio.
ZONAS DE EXTERMINIO: LA REALIDAD QUE SE NIEGA
El señalamiento es directo y contundente: existen al menos 18 puntos identificados en distintas regiones del estado que presentan características de campos de exterminio. Municipios como Ciudad Valles, Tamasopo, así como zonas del Altiplano y la región media, figuran en este mapa del horror.
"Sabemos perfectamente distinguir cuándo es un fragmento humano... cualquier persona lo sabe", se afirma, desmontando cualquier intento de minimizar los hallazgos. No se trata de interpretaciones, sino de evidencia empírica encontrada por ciudadanos que, sin formación forense, han aprendido a reconocer la muerte en su forma más brutal.
Lo más grave no es solo la existencia de estos sitios, sino la denuncia de que muchos de ellos permanecen sin ser procesados adecuadamente. "Tiene dos años sin procesarse", se señala sobre algunos puntos, lo que implica una omisión que podría traducirse en la pérdida irreversible de evidencia clave para la identificación de víctimas.
OMISIONES Y DESGASTE INSTITUCIONAL
La crítica hacia las autoridades es persistente. Se habla de una falta de voluntad, de procesos detenidos y de una desconexión entre el discurso oficial y la realidad en campo. La percepción de abandono institucional se agrava cuando las familias deben insistir, presionar y, en muchos casos, suplir las funciones de investigación.
"Lo único que queremos es que vengan y rescaten a nuestros hijos", se expresa con una claridad que no admite interpretaciones. La exigencia no es política ni ideológica; es profundamente humana.
El contexto electoral, además, añade un elemento de tensión. Se percibe que los temas de violencia y desaparición quedan relegados frente a agendas políticas, donde la prioridad parece ser la movilización del voto más que la atención a las víctimas. "Les importa el pueblo para que salgan a votar... pero no les importa en todo lo demás", se denuncia.
LA CIUDADANÍA COMO ÚLTIMO RECURSO
Ante este panorama, la participación ciudadana se vuelve crucial. Son los propios habitantes quienes, en muchos casos, proporcionan información sobre posibles sitios de inhumación clandestina. Campesinos, vecinos, personas que conocen el territorio, se convierten en aliados fundamentales en la búsqueda.
"Que la ciudadanía nos siga diciendo dónde se encuentran", es el llamado constante. Esta colaboración, sin embargo, también refleja una falla estructural: la falta de mecanismos efectivos por parte del Estado para detectar y atender estos casos de manera oportuna.
Mientras tanto, los colectivos continúan su labor, documentando, registrando y rescatando lo que pueden. En algunos sitios, los trabajos se prolongan por semanas debido a la complejidad del terreno y a la dispersión de los restos. "Tenemos que recabar hasta el último dientito... hasta la última falange", se explica, evidenciando el nivel de detalle y compromiso que implica cada intervención.
UNA CRISIS QUE EXIGE RESPUESTAS
San Luis Potosí enfrenta una crisis que no puede seguir siendo ignorada ni minimizada. La acumulación de casos, la existencia de múltiples puntos de hallazgo y la falta de procesamiento adecuado configuran un escenario que demanda atención inmediata.
La exigencia es clara: que las autoridades asuman su responsabilidad, que se fortalezcan los mecanismos de búsqueda e identificación y que se garantice justicia para las víctimas y sus familias. No se trata solo de resolver casos individuales, sino de enfrentar una problemática estructural que ha crecido durante años.
En medio de este panorama, la labor de los colectivos se erige como un acto de resistencia y dignidad. Son ellos quienes, con recursos limitados pero con una determinación inquebrantable, mantienen viva la búsqueda.
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