Exhibe Azteca Noticias alianza política y comercial de "Zumaña" con Enrique Galindo Ceballos

Exhibe Azteca Noticias alianza política y comercial de "Zumaña" con Enrique Galindo Ceballos

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Miércoles, 11 de Noviembre de 2026| 10:09

---

Contratos millonarios a empresas ligadas a familiares de Gerardo Sánchez Zumaya y observaciones de fiscalización vuelven a colocar en el centro de la polémica al empresario y al alcalde capitalino, quien busca la gubernatura en 2027.

Lo que comenzó como una aspiración política rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí hoy se convierte en un asunto de interés nacional. El empresario Gerardo Sánchez Zumaya y el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, vuelven a aparecer en el mismo escenario, ahora por los señalamientos sobre sus presuntos vínculos políticos y empresariales, así como por contratos millonarios entregados a compañías relacionadas con familiares del primero durante la administración municipal del segundo.

El tema cobró relevancia luego de que Azteca Noticias difundiera un reportaje sobre las relaciones de Sánchez Zumaya, empresario que salió de la contienda interna del Partido del Trabajo rumbo a la gubernatura y que, de acuerdo con los señalamientos difundidos, actualmente se encuentra fuera de México. Su nombre ha estado relacionado con investigaciones y acusaciones por presunto lavado de dinero, defraudación fiscal, facturación irregular y huachicol fiscal. También trascendió el congelamiento de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque no se ha hecho pública una resolución oficial que detalle estas medidas.

Pero la historia no termina con el empresario. El reportaje pone nuevamente bajo los reflectores al alcalde Enrique Galindo Ceballos, luego de señalar que entre 2022 y 2023 su administración otorgó cuatro contratos de obra pública, por más de 120 millones de pesos, a Torang Construcciones, empresa vinculada a familiares de Sánchez Zumaya.

Las obras no han quedado libres de cuestionamientos. De acuerdo con las observaciones atribuidas al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), entre los contratos señalados se encuentra uno por 6 millones 902 mil pesos para pavimentación, con irregularidades documentales; otro por 47 millones 393 mil pesos para rehabilitación de pavimentos, con conceptos fuera de especificación y penalizaciones. También se reportaron problemas en dos contratos por 37 millones 521 mil y 28 millones 513 mil pesos, respectivamente, relacionados con anticipos que no habrían sido reintegrados y observaciones sobre la calidad de los trabajos.

Y mientras estos señalamientos vuelven a poner en entredicho la relación entre política y negocios, el calendario electoral comienza a acercarse. Galindo Ceballos ha expresado abiertamente su intención de competir por la gubernatura en 2027, mientras que Sánchez Zumaya también buscaba llegar al mismo cargo por el PT, hasta que decidió abandonar la contienda en septiembre. Dos proyectos políticos que apuntaban al mismo destino, pero que ahora comparten cuestionamientos que difícilmente pueden pasar inadvertidos para los potosinos.

La pregunta es inevitable: ¿qué clase de perfiles buscan llegar al Gobierno de San Luis Potosí y qué garantías existen de que los intereses públicos estarán por encima de las relaciones políticas y empresariales? Porque gobernar un estado no se trata solamente de anunciar aspiraciones, construir alianzas o repartir promesas; también implica explicar las decisiones tomadas, transparentar los contratos y responder por el uso de cada peso del dinero público.