El municipio de Xilitla, San Luis Potosí, vive uno de los momentos más oscuros y convulsos de su historia reciente. La administración encabezada por el alcalde Óscar Márquez Plascencia enfrenta un profundo repudio social tras revelarse graves casos de corrupción, desvío de recursos públicos y una serie de omisiones fatales que han puesto en riesgo directo la vida de la ciudadanía.
La tensión y el descontento alcanzaron un punto de ebullición insostenible tras los trágicos hechos ocurridos durante las festividades de Día de Muertos, cuando un puesto clandestino de pirotecnia estalló violentamente al interior del panteón de la cabecera municipal. La tragedia, que dejó múltiples lesionados —incluyendo menores de edad— y vehículos calcinados, se agravó al confirmarse que las autoridades permitieron la venta indiscriminada de alcohol y explosivos dentro del camposanto, reflejando el total descontrol y la nula aplicación de los protocolos de protección civil del ayuntamiento.
Este lamentable suceso colisiona directamente con el historial de denuncias por corrupción que pesan sobre el edil, destacando el escándalo destapado por organizaciones ciudadanas y campesinas —como la COCIHP—, que han documentado la presunta desaparición de más de mil millones de pesos destinados supuestamente a infraestructura social. Mientras el alcalde presume inversiones millonarias, las comunidades indígenas y colonias populares continúan marginadas, lidiando con servicios colapsados, escasez de agua potable y obras de pésima calidad etiquetadas públicamente como "obras chafas".
El despilfarro y el autoritarismo también han golpeado duramente al interior del propio gobierno municipal. Trabajadores del ayuntamiento han denunciado públicamente que Márquez Plascencia incurrió en actos de ambición desmedida al retenerles arbitrariamente aguinaldos y recortarles hasta la mitad de su pago quincenal. Estas prácticas de abuso de poder evidencian un manejo discrecional y opaco del erario, utilizado recurrentemente para el beneficio personal y político del alcalde, dejando a la base laboral en la indefensión.
Aunado a lo anterior, comunidades rurales, han elevado quejas formales ante la negativa del edil de distribuir el presupuesto de forma equitativa, marginando sistemáticamente a los sectores indígenas del derecho básico al desarrollo municipal. En su lugar, el gobierno local ha optado por desviar fondos hacia proyectos simulados o de fachada, entregando apoyos superficiales mientras los problemas estructurales del "Pueblo Mágico" se multiplican sin solución.
La crisis institucional en Xilitla es hoy innegable. La combinación de una tragedia por negligencia en el panteón, el saqueo sistemático de los recursos públicos y los abusos laborales confirman el fracaso de una gestión que prefiere la opacidad. Ante este panorama, los habitantes exigen una auditoría a fondo y la intervención inmediata de las instancias de procuración de justicia para fincar responsabilidades penales contra Óscar Márquez por el evidente colapso de la gobernabilidad en el municipio.
El escándalo político en torno al alcalde de Xilitla ha escalado a nivel estatal, pues en sus alardes, ha hecho ya muy común mencionar ser protegido del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a quien según su dicho le debe el favor al haberle entregado la mitad de la obra pública para su ejecución, un acuerdo bajo la mesa que expone un evidente conflicto de interés y el reparto discrecional de los recursos del estado.
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