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Llega a la capital caso de violencia familiar de Rioverde: Ruth Reyna exige a la FGE sustituir al MP por tres audiencias fallidas

Llega a la capital caso de violencia familiar de Rioverde: Ruth Reyna exige a la FGE sustituir al MP por tres audiencias fallidas

Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Martes, 10 de Noviembre de 2026| 19:31


  • "He dejado de vivir mi vida". Con esa frase, Ruth Reyna Rosas resumió este martes frente a las instalaciones centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE) el calvario que enfrenta desde 2024 por dos denuncias de violencia familiar y amenazas contra su expareja, y que hasta hoy no han tenido una resolución efectiva.

    Acompañada de familiares y activistas, Ruth se plantó por primera vez en la capital potosina después de meses de protestas en Rioverde. Su exigencia es puntual: que se sustituya al agente del Ministerio Público Abel Almanza Villanueva, a quien acusa de frenar deliberadamente la carpeta de investigación 2722/2024 al no presentarse a las audiencias.

    El expediente, judicializado por el propio Almanza Villanueva y radicado como expedientillo 167/2026 ante el Centro Integral de Justicia Penal de Rioverde, acumula tres suspensiones consecutivas. La audiencia del 27 de julio de 2026 no se realizó por inasistencia del MP; la del 6 de octubre se suspendió porque no acudió el imputado; y la del 6 de noviembre volvió a cancelarse, de nueva cuenta, por la ausencia del representante de la Fiscalía. La nueva fecha quedó agendada para el 11 de diciembre a las 9:00 horas.

    Por ello, Ruth solicitó la intervención directa de la fiscal general María Manuela García Cázares, del vicefiscal José Rubén González Ramos y del fiscal de Municipios, Christian Ulises Sánchez, para que designen a un agente de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, con presencia y compromiso en la audiencia.

    "Ya no quiero que mi caso dependa de si el MP quiere ir o no. Necesito que alguien de la Fiscalía Especializada tome mi carpeta y le dé continuidad", dijo a medios.

    La carpeta 2722/2024 es solo una parte del caso. La segunda investigación, la 1261/2024, corresponde a hechos del 18 de febrero de 2024, cuando su expareja, según la denuncia, la apuntó con un arma de fuego mientras ella estaba en una habitación. Ese caso derivó en la causa penal 115/2026, en la que el imputado ya fue vinculado a proceso y está por concluir el periodo de investigación complementaria, a cargo del MP Aarón Salvador Monroy Muñiz.

    Más allá de los números de carpeta, Ruth expuso el impacto humano. Madre de un niño de dos años y diez meses, relató que la violencia comenzó desde el embarazo, cuando su expareja la amenazaba con quitarle al bebé, y se agravó cuando el menor tenía menos de dos meses de nacido, al presuntamente amenazarlos a ambos con un arma.

    Aunque cuenta con medidas de protección dictadas tanto en materia familiar como penal, asegura que vive con miedo permanente. "Me dicen que no me va a hacer nada, que ellos están ahí para protegerme, pero la realidad es que no me han protegido", denunció. Actualmente, dijo, solo sale de su domicilio al trabajo y ha dejado de hacer vida social por temor a que su expareja intente acercarse o llevarse al niño.

    Señaló que mantiene distancia y cero contacto directo, pero recibe amenazas de manera indirecta, a través de terceras personas, y que pese a haber entregado grabaciones, en la Fiscalía le han dicho que esos mensajes "no constituyen amenazas". También cuestionó que pese a denunciar la posesión de armas, nunca se haya verificado su procedencia ni se hayan asegurado.

    Uno de los puntos más graves que denunció es que su expareja se ostenta como policía de investigación de la FGE, sin serlo oficialmente. De acuerdo con su testimonio, es empresario de una compañía de seguridad privada y presume amistades y compromisos con personal de la Fiscalía tanto en Rioverde como en la capital, lo que ha incrementado la sensación de intimidación y desprotección.

    A ello se suma su inconformidad por las convivencias paterno-filiales que se autorizaron pese a los antecedentes de violencia. Ante ello promovió un juicio de amparo para suspender los encuentros hasta que se resuelva el proceso penal y se garantice la seguridad del menor.

    Ruth recordó que antes de llegar a la capital, una de sus carpetas permaneció meses sin movimiento en Rioverde. Narró que incluso encontró sobre el escritorio del entonces delegado una propuesta de no ejercicio de la acción penal lista para firmarse. Fue hasta que insistió y visibilizó públicamente su caso que comenzaron a registrarse avances.

    Tras poco más de una hora de manifestación, la víctima y sus acompañantes fueron recibidas en el interior de la FGE por el vicefiscal general José Rubén González Ramos, quien se comprometió a fortalecer las indagatorias y canalizar el caso a la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para garantizar que la audiencia del 11 de diciembre sí se realice y el proceso no vuelva a estancarse.

     

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