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IFSE investiga a operador del PAN con sueldo de 30 mil en el Ayuntamiento capitalino: "Hay incompatibilidad"

IFSE investiga a operador del PAN con sueldo de 30 mil en el Ayuntamiento capitalino: "Hay incompatibilidad"

Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P| Miércoles, 28 de Octubre de 2026| 13:24


  • El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, confirmó que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene abierta la investigación contra el Ayuntamiento de San Luis Potosí por la contratación de Enrique Dahud, operador identificado con el Partido Acción Nacional (PAN), quien presuntamente cobraba 30 mil pesos mensuales en la administración municipal mientras realizaba labores partidistas.

    Lecourtois López fue enfático al señalar que se trata de un caso de incompatibilidad evidente, pues se estarían utilizando recursos públicos en dos instancias al mismo tiempo.

    "Nosotros estamos revisando muy detalladamente, no nada más ese ayuntamiento sino todos, de que no estén abusando de esta figura. Ahora, sin duda, hay una incompatibilidad, no lo digo yo, lo dice nuestro sentido común, en cuanto a que una persona que esté de tiempo completo en una institución que también recibe recursos públicos, vamos a decirlo, si bien es cierto es electoral, pero recibe recursos públicos, y que no es poco lo que se le paga, es bastante dinero", declaró.

    El titular del IFSE explicó que la indagatoria busca determinar qué funciones específicas realizaba Dahud dentro del municipio y si existe un sustento que justifique el sueldo que percibía.

    "Entonces, que esté realizando funciones dentro de un municipio, pues tiene que justificar al municipio qué tipo de funciones está haciendo, y si esos, para muchos poco, para muchos mucho, 30 mil pesos al mes, justifican una labor que sea justificable, porque para recibir un sueldo de 30 mil pesos requiere tiempo completo, muchos potosinos quisieran recibir esa cantidad de dinero", expresó.

    Lecourtois López agregó que este caso forma parte de una revisión general que se está realizando en todos los ayuntamientos y en el Congreso del Estado, donde ya se han detectado abusos en la contratación por honorarios, incluyendo la posible incorporación de familiares de funcionarios a las nóminas.

     

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