Podría estar en riesgo cargo de delegada del DIF estatal en Valles tras caso de Villa de Reyes

Podría estar en riesgo cargo de delegada del DIF estatal en Valles tras caso de Villa de Reyes

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Lunes, 15 de Junio de 2026| 17:57

---

La suspensión del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) en Villa de Reyes por una investigación relacionada con el manejo de despensas podría tener repercusiones en otros municipios del estado, donde también se han señalado presuntas irregularidades en la distribución de apoyos sociales.

En Ciudad Valles, diversos sectores han recordado los señalamientos realizados en meses recientes contra la delegada regional del DIF Estatal, Rebeca Robledo, quien fue vinculada públicamente por actores políticos y ciudadanos a actividades de entrega de despensas en eventos donde también participó José Luis Romero Calzada, conocido como "Tecmol".

Tras darse a conocer la suspensión preventiva del funcionario de Villa de Reyes, han surgido cuestionamientos sobre si las autoridades estatales revisarán otros casos similares para determinar si existió un uso indebido de programas sociales o alguna posible promoción político-electoral mediante la entrega de apoyos alimentarios.

Hasta el momento, ni la Contraloría General del Estado ni la SEDESORE han informado sobre la apertura de alguna investigación relacionada con la funcionaria en Ciudad Valles. Sin embargo, el antecedente de Villa de Reyes ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que se revisen actuaciones de servidores públicos vinculados con la distribución de programas sociales en distintas regiones de San Luis Potosí.

La suspensión del delegado en Villa de Reyes fue determinada mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, luego de que se detectara el resguardo de despensas de un programa estatal en instalaciones ajenas a la dependencia.

Por ahora, la situación de la delegada del DIF Estatal en la Huasteca Norte permanece sin cambios oficiales, aunque el caso ha reavivado el debate sobre la utilización de apoyos sociales y la necesidad de garantizar que estos programas se mantengan alejados de cualquier interés político o electoral.