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Nueva Ley de Justicia Cívica en SLP busca poner orden y sancionar faltas administrativas

Nueva Ley de Justicia Cívica en SLP busca poner orden y sancionar faltas administrativas

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Lunes, 15 de Junio de 2026| 07:50


  • Con el objetivo de fortalecer la convivencia social y mantener el orden público, San Luis Potosí ya cuenta con la nueva Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios, una disposición que busca prevenir conflictos comunitarios y atender de manera más eficiente las faltas administrativas.

    En el caso de las corporaciones municipales y estatales de seguridad, las autoridades deberán prevenir la comisión de infracciones y faltas administrativas, además de preservar la seguridad ciudadana, el orden público y la tranquilidad de la población.

    La ley también establece que las corporaciones de seguridad deberán registrar las detenciones y remisiones de probables infractores, así como documentar y analizar de forma sistemática la incidencia de faltas administrativas y conflictos comunitarios para mejorar la toma de decisiones.

    Asimismo, los municipios podrán contar con los Juzgados Cívicos necesarios para cumplir con los objetivos de esta legislación, de acuerdo con su densidad poblacional y el nivel de incidencia de infracciones en cada demarcación.

    La nueva normativa señala que los ayuntamientos deberán garantizar la capacitación constante de jueces cívicos y del personal adscrito a estos juzgados en temas como justicia cívica, mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia restaurativa, justicia para adolescentes, derechos humanos, cultura de la legalidad, proximidad social y protocolos de actuación policial.

    Entre los derechos de las personas detenidas, la ley contempla la posibilidad de recusar con causa justificada al juez cívico, secretario o facilitador asignado; ser informadas si la queja presentada no constituye una falta administrativa; y presentar las pruebas que consideren pertinentes.

    Además, tendrán derecho a recibir orientación jurídica en cualquier momento, solicitar la reparación del daño cuando proceda, contar con un intérprete o traductor en caso de no comprender el idioma español y recibir apoyos especiales si se trata de personas con discapacidad.

     


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