www.excelsior.com.mx| | Jueves, 23 de Abril de 2026| 13:17
La intervención municipal ha encendido alertas en analistas financieros e inversionistas en infraestructura
Cinco días después de que la Gobernadora Rocío Nahle anunciara el refinanciamiento de la deuda pública bancaria con BBVA, que liberará 4,500 millones anuales al estado, analistas observan que decisiones de la administración municipal del Puerto de Veracruz sobre concesiones privadas podrían tensar los logros financieros del gobierno estatal.
El 15 de abril de 2026, la Gobernadora Rocío Nahle anunció formalmente la reestructura de la deuda pública bancaria del estado de Veracruz con BBVA. La operación sustituyó créditos originalmente contratados con Banobras, redujo la tasa promedio de 13% a 7%, y, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN), genera un ahorro inmediato de 155 millones de pesos, 2,900 millones de pesos en intereses a lo largo de la vida del crédito y libera aproximadamente 4,500 millones de pesos anuales en participaciones federales.
La reestructura se apoya en la mejora de calidad crediticia que el estado registró durante 2025: Fitch Ratings elevó la calificación de A-(mex) a A(mex) con perspectiva estable; HR Ratings la elevó de HR A- a HR A, también con perspectiva estable. La combinación de reestructura y calificación es, de acuerdo con analistas del sector financiero, el principal activo reputacional que Veracruz ha construido en años.
Ese activo, sin embargo, enfrenta un factor de tensión proveniente del plano municipal. El 1 de abril de 2026, el Ayuntamiento del Puerto de Veracruz ejecutó una intervención administrativa, bajo la figura de "requisa", sobre el contrato de alumbrado público operado por Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V., primera Asociación Público-Privada (APP) municipal del país. El contrato, firmado en administraciones anteriores y vigente, fue estructurado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), registrado ante la Unidad de Registro de Inversión y auditado por PricewaterhouseCoopers.
La intervención municipal ha encendido alertas en analistas financieros e inversionistas en infraestructura, por tres razones: la primera es que el mecanismo de pago del contrato opera a través de un fideicomiso con fuente de pago en participaciones federales. Cualquier desvío sistemático rompe la lógica de garantía que sostiene la calificación estatal y que hace posible la reestructura con BBVA.
La segunda es que el contrato opera bajo modalidad ESCO: el inversionista solo cobra si hay ahorro energético verificable. Revocar un contrato con riesgo en el inversionista envía una señal negativa al mercado de infraestructura.
La tercera razón de alerta es que se argumenta una supuesta "ampliación ilegal" del contrato a partir de una declaración de la presidenta municipal, Rosa María Hernández Espejo, en la que el contrato habría pasado de 620 millones de pesos en 2017 a 2 mil 800 millones al año siguiente. Sin embargo, conforme a los registros disponibles la diferencia entre ambas cifras responde al cambio en la base de reporte del monto realizada conforme a los criterios de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y reflejado en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones, y no a una ampliación efectiva del alcance del contrato.
La acción municipal no es aislada. El mismo Cabildo aprobó por unanimidad, en su primera sesión del 1 de enero de 2026, iniciar una auditoría integral, técnica, legal, financiera, operativa y documental, a Grupo MAS, la empresa privada que opera la concesión del agua, con vistas a la eventual revocación o rescate. En febrero, el Congreso estatal autorizó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a ejecutar dicha auditoría. Se trata del mismo patrón: revisar contratos firmados por administraciones anteriores con la intención de revocar.
"Lo que está en juego no es un contrato municipal aislado; es la credibilidad de figuras contractuales, como las APP municipales, que se había pensado replicar en otros estados, y también es el activo financiero que el gobierno estatal ha construido", comentó a este medio un analista de infraestructura que pidió reserva de su nombre por el carácter activo del caso.
Fuentes del sector financiero señalan que, si el Ayuntamiento retuviera participaciones o interrumpiera el flujo al fideicomiso, el impacto podría escalar rápidamente al plano estatal. "La reestructura BBVA es un hito importante. No se construyó en un día y puede deteriorarse con señales menores. Una acción municipal que rompa un contrato con respaldo federal es exactamente el tipo de señal que las calificadoras monitorean", añadió.
El tema llega, además, en un momento sensible para la narrativa económica del país: el gobierno federal ha colocado la certidumbre contractual y el Estado de derecho como pilares de su estrategia de atracción de inversión y cumplimiento del T-MEC. Veracruz, por su papel portuario y logístico, figura entre los estados clave para esa agenda.
Por su parte, Wardenclyffe Veracruz Puerto ha mantenido una postura institucional: la empresa reiteró al Cabildo su oferta de operación y mantenimiento total sin costo adicional, donaciones complementarias y soporte técnico gratuito, y confirmó que las 44,535 luminarias instaladas continúan operando. Hasta el cierre de esta nota, no ha recibido respuesta formal del Ayuntamiento a su propuesta.
La pregunta que observan los mercados no es jurídica sino de señal: si la primera APP municipal del país puede ser revocada unilateralmente por una administración entrante, ¿qué garantías reales existen para los contratos firmados bajo esta figura en otros municipios? Y si un estado logra reestructurar su deuda en condiciones favorables gracias a la confianza construida en años, ¿qué ocurre cuando esa confianza se tensa por decisiones de uno de sus municipios?
Fuentes verificables utilizadas: Boletín del Gobierno de Veracruz 15/04/2026 y 20/04/2026; El Financiero 15/04/2026; AVC Noticias; Cabildo de Veracruz 01/01/2026 (vía XEU, Golpe Político); Meganoticias (amparos); Fitch Ratings y HR Ratings (boletines 2025),XEU, 16 abril 2026.
emsavalles© 2006 - 2026 Todos los derechos reservados. Queda prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos sin previa autorización.
Emsavalles Publicidad, Escontría, 216-A, Zona Centro, Ciudad Valles, S.L.P. Tel:481-382-33-27 y 481-381-72-86. emsavalles@hotmail.com. contabilidad@emsavalles.com
No. de Certificado de Reserva Otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2021-071615041800-203