Viernes, 19 de Abril de 2024
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SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 07 de Julio al 13 de Julio de 2017

Una prueba para el cuestionado Congreso

Una prueba para el cuestionado Congreso

Fernando Garduza



Entre las peticiones hechas por un grupo de ciudadanos al Congreso del Estado se encuentra que agilicen la resolución de solicitudes de juicios políticos que tienen estancadas, entre ellas, existe una reciente en contra del alcalde de Cerro de San Pedro, Ángel de Jesús Nava Loredo, sin embargo, según el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de Cerro de San Pedro, el Legislativo ha sido negligente.

Por una resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro, estaba obligado a devolver las instalaciones de la Casa Cultural que fue desalojada “de manera arbitraria” el 8 de abril del 2016 por la autoridad municipal, informó el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de Cerro de San Pedro.

La resolución se encuentra en el toca de revisión No. 456/2017 que deriva del amparo que se sigue ante el Juzgado Cuarto de Distrito bajo el expediente 440/2016. De acuerdo a la misma, la entrega debió hacerse el pasado 30 de marzo, “sin embargo en un acto de franca rebeldía por parte del Ayuntamiento, no se ha consumado la restitución ordenada”.

El incumplimiento de la presidencia municipal de Cerro de San Pedro, dio lugar a que el Tribunal Colegiado iniciara un juicio de inejecución con número de expediente 2/2017, que de acuerdo con el artículo 193 de la Ley de Amparo, puede derivar hasta la destitución de las autoridades municipales.

Ante esta situación, el Ayuntamiento convocó a los afectados para hacer entrega de las instalaciones de la Casa Cultural el 20 de junio a las 11:00 de la mañana en Cerro de San Pedro.

“Esperamos que la autoridad de cumplimiento cabal a la resolución, pues no sólo se trata de regresar los salones que ocupan la Casa Cultural, sino, además, devolver los bienes incautados y los murales que fueron lapidados”, expresó en aquel momento Mario Martínez Ramos, Presidente del Patronato Pro defensa del Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de Cerro de San Pedro.

“Tras las diversas arbitrariedades e incumplimientos de las autoridades municipales, el Patronato ha convocado a una importante movilización de simpatizantes del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, además de que han tomado algunas precauciones como solicitar la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a esta entrega de la Casa Cultural”, expresó después de que el ayuntamiento incumplió.

Martínez Ramos enfatizó: “no obstante que nuestra actividad es de fortalecimiento a la actividad cultural, hay intereses económicos muy bien identificados, así como de diversos funcionarios de todos los niveles, que utilizan el ejercicio de su poder para generar situaciones tan aberrantes como la represión y criminalización de las expresiones culturales”.

A LA CANCHA DEL CONGRESO
Entonces, con base en la irregularidad, el Patronato exigió al Congreso del Estado dar trámite a la solicitud de juicio político que promovió en contra de Nava Loredo, la cual fue admitida y ratificada por las comisiones de Gobernación y Justicia el 29 de abril del presente año.

"Ante la demostrada negligencia de las comisiones de Gobernación y de Justicia para atender el caso, nos vimos en la necesidad de interponer un juicio de amparo en contra de las mismas, el cual quedó radicado en el Juzgado Octavo de Distrito con el número 472/2017", señaló Martínez Ramos.

La solicitud de juicio político contra Nava Loredo fue promovida “por los constantes abusos de autoridad, violación de derechos humanos, ausencia de legalidad, así como de seguridad jurídica para la población de Cerro de San Pedro, despojo arbitrario de inmuebles, y destrucción de obras artísticas de la Casa Cultural”.

En el documento, firmado por Martínez Ramos y Carlos Covarrubias Rendón, se establece que la intención del Patronato es hacer saber al Congreso del Estado, que se le han dado los elementos fundamentales y necesarios para la resolución del juicio político, ya que se le han entregado en tiempo y forma a las comisiones de Gobernación y de Justicia las resoluciones tanto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la del Tribunal Colegiado.

“No se trata solamente de la devolución de la Casa Cultural, la omisión de los diversos poderes de gobierno en la aplicación del estado de derecho, permite una forma caciquil y facciosa de hacer política. Nava Loredo ha hecho basura las leyes en Cerro de San Pedro, imponiendo su voluntad por encima de la legalidad, y creando un clima de anarquía, autoritarismo e ingobernabilidad en el municipio”, señaló Carlos Covarrubias, miembro del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier.

También existe una recomendación, la 34/2016 emitida por Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionada con el expediente 1VQU-214/2016, la cual hace saber a la autoridad municipal que, de acuerdo con la investigación de los hechos, se cometieron violaciones a la legalidad, seguridad jurídica y a la cultura en agravio del Patronato.

La CEDH conminó a la autoridad responsable a devolver el inmueble y las pertenencias que fueron saqueadas, así como que se garantice el derecho a la difusión de la cultura en el municipio por parte del Patronato.

Asimismo, el 27 de marzo del presente año, la autoridad federal ordenó al ayuntamiento de Cerro de San Pedro de cumplimiento a la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado, sin embargo, hasta la fecha “y con una serie de infundadas evasivas”, dicha autoridad se ha negado a dar cumplimiento.

Entonces, el mismo tribunal abrió el juicio de inejecución 2/2017, y como primera acción les impuso a las autoridades responsables una multa económica, además de que se le conminó al cumplimiento de la resolución.

Hasta la fecha y a pesar de las reuniones entre el Patronato y la autoridad, el ayuntamiento se ha escudado en diversos pretextos para no dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Colegiado, denunció Martínez Ramos.

"El Congreso del Estado deberá desaparecer los poderes en los próximos días si la casa no es devuelta. Nosotros hemos demostrado la voluntad de llevar a cabo el trámite sin confrontación y sin tener que pasar por la destitución del presidente municipal Jesús Nava Loredo. El Congreso del Estado debe actuar, es su obligación jurídica y social", concluyó el presidente del Patronato.

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