Semana del 10 de Febrero al 16 de Febrero de 2017

Van contra directivos… DAPA en la mira de CEDH e Imes

Van contra directivos… DAPA en la mira de CEDH e Imes

El despido injustificado de Sandra Alvizo pone en la “tablita” a Edgardo gonzález y su equipo de colaboradores

Luego de haber sacado a la luz las irregularidades que se están cometiendo en la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, junto a otras cinco trabajadoras, a Sandra Elizabeth Alvizo Mayorga le dejaron un oficio en el que le notificaron la rescisión de su contrato, además de que le impidieron entrar a su oficina e incluso recuperar sus pertenencias.

Esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de las Mujeres del Estado, cuyos titulares Jorge Vega Arroyo y Erika Velázquez Gutiérrez personalmente han asumido el seguimiento a este caso y advierten que llegaran hasta las últimas consecuencias, en tanto que la afectada apela a que el alcalde Jorge Terán Juárez resuelva esta injusticia.

El despido

Sandra Elizabeth Alvizo confirma que le dejaron un oficio que literalmente dice: “con fecha 3 de diciembre usted acudió a una entrevista con el señor Samuel Roa, en la cual acusó falsamente a compañeros de trabajo y al Subdirector Jurídico, Andrés Nájera López”.

Esto surge después de la protesta que realizó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con más de seis compañeras que han sido agredidas y violentadas en sus derechos.

“Es algo contra mi persona, llegaron a donde me encontraba trabajando, primero me entregan un oficio de que voy de testigo de Contraloría de un caso que se le sigue al Jefe de Almacén, querían que les firmara y les dije que no sabía precisamente de qué se trataba, como quiera me lo dejaron y me hicieron un acta”.

“Llegan y me presentan la rescisión de contrato, el licenciado Aldo Odiseo Juárez Morán me dice ‘yo no tengo nada qué ver en esto, a mí nada más me enviaron’, hablaba todo temblando, me deja ahí el oficio, ‘yo aquí se lo doy, está usted rescindida, y dos personas precisamente bajo las órdenes de Andrés Nájera López, que son Griselda Zumaya Rivera y Oscar González Amaro hicieron un acta y tomaron video”, relata.

Agrega que quince minutos después fue desalojada de su oficina, mientras esperaba a su representante sindical para saber qué iba a hacer; llegaron otra vez Griselda Zumaya y Oscar González, con Rodolfo Herrera Martínez, Adán Berrones y la persona que filmaba, y empezaron a desmontar la computadora, sacaron cinta canela para cerrar el escritorio.

“Les dije que por qué hacían eso y me dijeron que yo podía hacer mal uso de información confidencial; les dije que era un organismo público, que toda la información era pública y que yo no iba a hacer tal cosa; fui siguiendo instrucciones, me salí a hablar con un abogado, estaba uno de mis compañeros presentes y cuando intentó ingresar, ponen llave a la puerta, y no me permitieron entrar ni para sacar mis cosas personales, inclusive después de eso, delante de mis compañeros, llegó el cerrajero y cambió todas las llaves o sea como si yo fuera una delincuente”, señala.

Interviene la CEDH

Al conocer a grandes rasgos el caso, el presidente de la CEDH, Jorge Vega Arroyo reconoció que se está coartando el derecho a la libertad de expresión, ya que el único límite de ésta no es precisamente las críticas sino más bien la ofensa o el daño que se pueda causar a terceros, “entonces toda persona tiene la libertad de poder expresarse, de poder manifestarse, y puede acudir con nosotros la persona que se duele, que se queja de esta vulneración a sus derechos, podemos atenderla”.

La afectada le hizo saber que ya habían acudido las seis personas a San Luis, de modo que ya existe una queja ante la CEDH, inclusive hay una serie de recomendaciones hechas a la DAPA, incluso dijo que el viernes anterior hablaron para hacer una ampliación de hechos, porque a todas ellas les han pasado diferentes tipos de represalias, a una la sacaron de su oficina, a otra la cambiaron de puesto, “a mí me están rescindiendo el contrato como represalia precisamente por haberme manifestado, por haber acudido a Derechos Humanos a denunciar que estábamos siendo violentadas”.

Vega Arroyo recordó que efectivamente existe un expediente iniciado por unos primeros hechos que se dieron, éste es uno nuevo, y anunció “de entrada vamos a investigar este hecho nuevo, si ya se comunicó con nosotros, yo voy a solicitar la información de quien la haya atendido, ahí tenemos registro y con todo gusto, yo buscaré la manera de estar la semana que entra por allá en Valles, pero vamos a revisar bien este caso”.

Toma el caso el IMES

La directora general del IMES, Erika Velázquez refirió que en el tema de la DAPA, desde al año pasado se entrevistó con un grupo de mujeres trabajadoras de la dependencia, a las que les ofreció los servicios del instituto, como asesoría jurídica y psicológica, y no nada más en la Capital sino al interior también en Valles.

Dijo que por parte del Instituto de las Mujeres, en aquel momento dirigieron un oficio legalmente fundamentado al Titular de la DAPA para ver qué procedimiento se iba a seguir y “por ahí supe que inmediatamente había sido separada la persona que estaba siendo acusada por parte de estas trabajadoras, en lo que se hacían algunas investigaciones, y ciertamente supe que ya habia algún cambio en la situación, lo cual amerita la intervención de acuerdo a las atribuciones que la ley nos da al IMES y vamos a estar dándole puntual seguimiento”.

Sin embargo Sandra Elizabeth Alvizo le comentó que tal persona nunca se separó del cargo, “así lo manejaron con usted, con los medios, el señor siguió cobrando su sueldo, incluso el médico le hizo una carta de felicitación por su probidad y por la manera de tratar a todo el mundo”.

“Lo que pasó fue que cambiaron de lugar a una de las personas que fuimos a denunciar, la sacaron de su oficina para dársela al licenciado Andrés Nájera, sin su aprobación, y a mí en este caso me están rescindiendo el contrato por haber levantado la voz, por venir al programa, y me imagino que también, aquí no lo menciona, por haber ido a las instancias correspondientes a buscar ayuda para que no se violentarán nuestros derechos”, mencionó.

Y ante esa situación, la Titular del IMES advirtió que “ante todo no podemos estar con simulaciones de ningún tipo tratándose de violencia contra las mujeres, recordemos que la violencia no es sólo física, tenemos una ley que nos protege a nivel federal, que acaba de cumplir diez años recientemente, que es la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, tenemos leyes estatales que nos protegen, y desde luego yo estaré muy al pendiente, ya tuvimos el primer acercamiento, no podemos permitir ningún tipo de violencia en este ni en ningún otro caso”.

“Las mujeres de la DAPA cuentan con todo el respaldo del IMES, vamos a estar muy puntualmente dándole seguimiento”, afirmó.

En tanto la afectada le comentó preocupada que “en mi caso soy mamá soltera y soy el único sostén de mis tres hijos, y no considero justo que se me esté separando de esta manera tan violenta de mi trabajo”.

“Va más allá de eso, así usted fuera soltera, no tuviera que responder económicamente por nadie, usted tiene derechos y los tienen que respetar, ya platicamos, tenga la confianza en el IMES, fundamentamos jurídicamente nuestros oficios y los casos a los que les damos seguimiento, en casos que lamentablemente se siguen presentando”, sentenció.

Última alternativa

Sobre lo que pasaría posteriormente, aún con el apoyo de la CEDH y el IMES, Sandra Elizabeth Alvizo dijo que buscarían el diálogo con el Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Terán Juárez, por los hechos en que está incurriendo el titular de la DAPA, Edgardo González Ordaz, porque lo que está poniendo en la rescisión es falta de probidad y de honradez, violencia, amagos, injurias, malos tratos, y en otra parte que por haber acudido al programa del señor Samuel Roa, y al final pone que fue por un mensaje de WhatsApp, que son calumnias,.

“Aquí el médico Edgardo, que está firmando, está violando la Constitución Política en su artículo 16, está dando a entender que espía las conversaciones de WhatsApp y telefónicas de las personas que estamos en la DAPA”, aseveró.

Finalmente advirtió que si no encuentran solución a sus casos por parte del presidente Jorge Terán, entonces por lo menos las 6 mujeres que se han visto afectadas, iniciarán una huelga de hambre hasta que haya verdaderamente justicia.

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