Semana del 06 de Junio al 12 de Junio 2014

Confederación Sindical Internacional

Confederación Sindical Internacional

Simón Vargas Aguilar

El 1° de noviembre de 2006, la Confederación Sindical Internacional (CSI) fue fundada con el objetivo de promover y defender los derechos e intereses de los trabajadores impulsando la cooperación internacional entre sindicatos.

Actualmente, representa a 176 millones de trabajadoras y trabajadores en 161 países y cuenta con 325 organizaciones afiliadas, entre las que destacan la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), el Consejo Nacional de los Trabajadores (CNT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Por lo que, en aras del establecimiento de “un nuevo acuerdo mundial entre las naciones; un nuevo contrato social global que garantice el pleno empleo y el trabajo decente, la protección social y la sostenibilidad”, la CSI dio a conocer el Índice Global de los Derechos de la CSI: Los peores lugares del mundo para los trabajadores y trabajadoras 2014, a través del cual se clasifica a 139 países con relación a 97 indicadores internacionalmente reconocidos, a fin de evaluar dónde están mejor protegidos –en la ley y en la práctica- los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Con base en este análisis, la CSI ubica a las diferentes naciones en cinco grupos dependiendo del número de violaciones cometidas contra los derechos de los trabajadores: 1.- violaciones irregulares; 2.- violaciones repetidas; 3.- violaciones regulares; 4.- violaciones sistemáticas; 5.- derechos no garantizados; y 5.- Derechos no garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho.

Bajo esta categorización, entre los países donde las violaciones son irregulares, los trabajadores pueden sindicalizarse libremente y defender sus derechos de manera colectiva con el Gobierno y/o las empresas y pueden introducir mejoras en sus condiciones laborales por medio de la negociación se encuentran Uruguay, Noruega, Finlandia, Alemania, Dinamarca y Sudáfrica.

Mientras que en la categoría 2, donde los derechos laborales colectivos son ligeramente más débiles que en los del grupo 1, ya que algunos han sido objeto de ataques por parte de los Gobiernos y/o empresas, se ubican Japón, Rusia, Croacia, España, Senegal, Serbia, Belice, Jamaica y otros.

En la categoría 3, en la que el Gobierno y/o las empresas interfieren con regularidad en los derechos laborales colectivos o no garantizan plenamente aspectos importantes de éstos ya que existen deficiencias en la legislación posibilitando las violaciones frecuentes, ubicamos a Canadá, Singapur, Portugal, Reino Unido, Israel, Chile, Australia, Brasil, Venezuela, Costa Rica, entre otras.

En los países clasificados en la categoría 4, los trabajadores han denunciado violaciones sistemáticas en las que el Gobierno y/o las empresas están firmemente decididos a acallar la voz colectiva poniendo en riesgo los derechos laborales fundamentales; y es aquí donde el índice ubica a México, con países como Panamá, Pakistán, Jordania, Irán, Iraq, Líbano, Argentina, Estados Unidos, entre otros.

Por último, en la categoría 5 encontramos a los peores países del mundo para trabajar; ya que si bien su legislación enumera ciertos derechos, los trabajadores carecen de acceso a ellos y están expuestos a regímenes autocráticos y a prácticas laborales injustas; entre éstos destaca China, la República de Corea, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Guatemala, Colombia, Arabia Saudita, India y otros.

En torno a los resultados del Índice, la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, explica que “el grado de desarrollo de un país ha demostrado ser un indicador inadecuado para determinar en qué medida se respetan a escala nacional los derechos básicos a la negociación colectiva, a la huelga para reclamar condiciones decentes o simplemente afiliarse a un Sindicato”. De hecho, para Burrow, llama la atención que países como Hong Kong y Estados Unidos se encuentren rezagados en esta materia.

Respecto a México, la CSI coincide con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en que “más de 18.5 por ciento de la fuerza laboral mexicana no cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas”, sumado a que destaca la informalidad, pues entre 40 y 60 por ciento de la mano de obra trabaja sin seguridad social; exacerbando las desigualdades y provocando la precariedad de los empleos.

Incluso, a principios de 2014, las confederaciones Obrero Revolucionaria, de Trabajadores de México (CTM), Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Unión Nacional de Trabajadores declararon que el incremento de precios a los productos de la canasta básica y a los servicios “se comieron por anticipado” el aumento a los minisalarios.

Añadiendo que –en 2014- algunas empresas aplicarán un política de “cero” aumentos y la mayoría buscará reducir las prestaciones, por lo que no habrá recuperación salarial; destacando que el reto de las organizaciones sindicales será “mantener los contratos colectivos” y las plantillas de trabajadores.

Hoy, frente a la aplicación de políticas económicas y laborales que han venido a crear mayor desigualdad, los sindicatos -tanto nacionales como internacionales- han comenzado una lucha por la justicia económica y social, proponiendo políticas basadas en una distribución justa de los ingresos y exhortando a la creación de empleos de calidad que brinden protección social y un salario mínimo que les permita vivir con dignidad.

Y es que, “la garantía del libre ejercicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es la puerta hacia una sociedad más equitativa y próspera”, donde la productividad y el crecimiento económico pueden ser la base del desarrollo nacional e internacional.