Simón Vargas Aguilar
En marzo de 2014, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el 70.2 por ciento de los entrevistados consideró que el desempeño de la policía fue poco o nada efectivo en sus labores relativas a la prevención y combate a la delincuencia.
Por su parte, el Centro de Colaboración Cívica (CCC) publicó un reporte en el que calificaron a las instituciones policiales como ineficaces, ineficientes, poco confiables y lejanas a la ciudadanía.
En contraste, el Gobierno Mexicano ha presentado a la Policía Federal como una fuerza moderna, profesional y bien entrenada; pero, al igual que las encuestas del INEGI y del CCC, el informe La policía en México: Muchas reformas, Pocos avances, publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), coincide en que “las policías mexicanas están plagadas de corrupción y abusos de derechos humanos, a pesar de dos décadas de reformas.”
Y es que, desde 1980, las diferentes administraciones federales han implementado varias medidas para abordar las “múltiples deficiencias” de la policía.
De hecho, el informe hace hincapié en que los gobiernos mexicanos han creado, disuelto y renombrado agencias de seguridad; esto aunado a que en 2008 se aprobaron cambios estructurales en el sistema de justicia penal; así como, las iniciativas para apoyar la reforma policial en los niveles estatal y municipal, la depuración de las fuerzas policiales a través del sistema de evaluación y control de confianza, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión.
No obstante, si bien se ha trabajado mucho para reformar a la policía, los resultados siguen siendo negativos e incluso los agentes que han sido acusados de irregularidades no han sido investigados o sancionados, añade el informe.
Cabe recalcar que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, indica que el presidente Enrique Peña Nieto prometió una nueva estrategia de seguridad con el fin de reducir la violencia y recuperar la confianza de los ciudadanos en las fuerzas policiales.
Sin embargo, su gobierno ha mantenido las iniciativas y el modelo policial implementado durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Aunado a que para WOLA, los gobiernos estatales han fallado en utilizar los fondos federales destinados a depurar las policías, ejemplo de eso es que en febrero de 2011, tan sólo el 8 por ciento de todos los policías estatales se había sometido a una evaluación completa.
Mientras que en materia de derechos humanos, WOLA destaca que, en 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 13 recomendaciones contra agentes de la Policía Federal, sobre todo por violaciones a los derechos de los migrantes; ya que -en muchos de estos casos- los policías federales subían a los autobuses de pasajeros, identificaban a los migrantes centroamericanos, exigiéndoles dinero y amenazándolos con entregarlos a las autoridades migratorias si no pagaban.
Bajo este escenario, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos subraya que “debido a la importante cantidad de fondos de la Iniciativa Mérida que han sido asignados para entrenar y equipar a la Policía Federal, Estados Unidos tiene un interés particular en trabajar con el Gobierno Mexicano para asegurar que esta fuerza no sea socavada por la corrupción y su deficiente desempeño en materia de derechos humanos”.
Y es que, entre 2008 y 2013, el gobierno de Estados Unidos otorgó más de 2.1 mil millones de dólares en asistencia en materia de seguridad para México, aunado a que en mayo de 2013, el gobierno estadounidense había impartido cursos de capacitación para más de 19 mil agentes de seguridad pública.
Ante esto, para fortalecer la reforma policial en México, WOLA recomienda: certificar las fuerzas policiales, continuar con las reformas al actual sistema y evaluación de control de confianza, crear mecanismos sólidos de control externo y otros mecanismos de disciplina interna de la policía, proporcionar mayor transparencia y supervisión a los subsidios federales otorgados a los gobiernos municipales y estatales y respetar los derechos de los agentes de policía.
Hoy, urge la creación de cuerpos policíacos fuertes y respetuosos que sean capaces de prevenir y combatir eficazmente el crimen; que además cuenten con legitimidad y reconocimiento público gracias a su profesionalismo y desempeño.
Es tiempo de que nuestras policías estén fundadas sobre una cultura institucional que promueva las buenas prácticas y los valores; pero sobre todo que estén comprometidas con la construcción de la paz y la tranquilidad en un país ávido de seguridad y justicia.
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