Semana del 29 de Julio al 04 de Agosto 2011

El Relleno y su desastre

El Relleno y su desastre

Marcelo Ernesto Tovar Zanella

La caída del millonario proyecto del Relleno Sanitario ha dejado una estela de caos en la administración municipal, pues el tema ha alcanzado otro tipo de escenarios que lo han convertido en una bola de nieve que amenaza con terminar en juicos de responsabilidades en contra de varios funcionarios.

El conflicto ahora enmarcado en el pago de los 2.4 millones de pesos por concepto de trabajos preliminares en el terreno de Chantol, ha provocado una fricción entre funcionarios y regidores, por la negativa de los primeros, a proporcionar información.

Los regidores César González, Martha Magliano, Raúl Torres, Carlos Cervantes del PRI, Claudia Rodríguez, Marco Guillén y Emma Montero del PVEM; Lilia del Carmen Lara y Enrique Herrera Marroquín del PAN se han manifestado en contra de pagar una cantidad tal elevada, incluso Ángela Pérez del PANAL se manifestó en contra del pago, pero dada su cercanía con la línea ejecutiva municipal, queda la duda si hubiera o no aprobado la cuenta pública.

Es más que evidente que 9 de los 15 integrantes de Cabildo con derecho a voto (incluyendo al ausente regidor Rafael Torres del PAN), tienen una postura en contra de pagar los trabajos realizados por Promotora de Proyectos y Edificaciones Chávez.

Las discordancias como la fecha de inicio de obra que según el subdirector técnico de CODESOL, Arturo Velarde Martínez inició del 4 de octubre al 31 de diciembre, difiere de la carta de inicio de obra tiene fecha del 30 de noviembre de 2010. El caso de las estimaciones del trabajo realizado, existen tres cantidades en el informe que suman 1 millón 600 mil pesos, muy por debajo de la suma de los 2.4 millones; lo que ha provocado la desconfianza de los regidores

La postura de los regidores y Síndico se centró en la ilegalidad del pago por tratarse de trabajos autorizados adelantadamente y sin contar aún con el recurso, incluso el propio ex coordinador de desarrollo social, Víctor Sierra Curiel dejó entre ver en una entrevista el día 3 de mayo, que sólo el alcalde en turno tiene la facultad para autorizar que una empresa inicie los trabajos de una obra, sin que aún se cuente con el recurso para esta.

El tema ha llegado hasta el Congreso del Estado, la propia Diputada Local Yvett Salazar Torres señaló que estudiará el caso, pues a simple vista el municipio ha violentado la ley al no dar aviso a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del inicio de la obra en los tiempos que marca la ley y como quedo en marcado en el Convenio firmado en septiembre de 2010, en donde el municipio debía entregar un informe 10 días antes del final del mes, con los avances físico y financieros y sus debidos comprobantes de gastos, la legisladora señaló que dadas las incontables inconsistencias detectadas desde la aparición de la Secretaría de la Función Pública, podrían hacerse acreedores a sanciones los funcionarios que resulten responsables.

El acta de la sesión ordinaria de Cabildo, el contrato con la empresa Edificaciones Chávez, las posturas y explicaciones de la Tesorera Anel Coronado, Subdirector de CODESOL Arturo Velarde y Contralor Eliseo Moreno sumado a los argumentos de los regidores que se inconformaron en la sesión de cabildo, serán entregados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para solicitar su intervención y se determine la legalidad o no del contrato.

Violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma, en el caso del Articulo 26 que se refiere a la licitación pública, los artículos 34 y 35 fracción VI, que contemplan la posibilidad de cancelación del contrato con la empresa por causas no imputables al Gobierno; incluso se
desobedeció las instrucciones sugeridas por la Función Publica que desde Diciembre ordeno reponer el proceso de licitación y rescindirle el contrato a Edificaciones Chávez.

El tema del juicio político o juicio de responsabilidad en contra de funcionarios de primer nivel, incluyendo la alcaldesa Socorro Herrera Orta esta cobrando relevancia por las posibles ilegalidades y violaciones a la ley que se cometen por el pago de los 2.4 millones a una obra que nunca comenzó, con un dinero que nunca llegó, sin la autorización de la SEGAM y con el desacato a la orden de la Secretaría de la
Función Publica de suspender el contrato.