Semana del 02 de Enero al 08 de Enero de 2026

2025: La corrupción como estatus quo

2025: La corrupción como estatus quo

Por Michel Levien Abogado especializado en antilav

México enfrenta una disyuntiva clara: ética o cosmética.

El año 2025 cierra con una sensación incómoda que se repite en amplios sectores de la sociedad mexicana: algo no cuadra. Los discursos oficiales hablan de combate frontal a la corrupción, de transformación profunda y de un nuevo modelo de gobierno, pero la realidad que se ha ido revelando a lo largo del año muestra un entramado mucho más complejo, oscuro y preocupante. El huachicol fiscal, el contrabando de combustibles, la evasión de impuestos y las redes que conectan política, crimen organizado y economía no son hechos aislados; son síntomas de un sistema que opera bajo un nuevo estatus quo.

Los decomisos registrados en 2025 marcaron un antes y un después. No solo por su volumen o impacto económico, sino por lo que dejaron al descubierto. El llamado caso de la "Miss Huachicol", junto con otros episodios aparentemente inconexos, evidenció que la corrupción en México ya no se limita a esquemas tradicionales, sino que ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, híbridas y difíciles de rastrear. El problema no es solo lo que se ve, sino lo que permanece oculto bajo la superficie.

Existe una tentación peligrosa de analizar cada escándalo como si fuera un evento independiente: una detención aquí, una sanción internacional allá, una investigación mediática más. Sin embargo, esa lectura fragmentada impide comprender la verdadera dimensión del problema. La corrupción en México se parece más a un organismo vivo que a una suma de anomalías. Por fuera se observan distintos "árboles", pero en el fondo todos están conectados por las mismas raíces. Cambian los nombres, los rostros y los escenarios, pero el mecanismo de fondo permanece intacto.

La relación entre México y Estados Unidos es el telón de fondo de este escenario. Es ahí donde los engranes comienzan a rechinar y donde se generan las fricciones más visibles. Las presiones internacionales, particularmente en temas como el tráfico de combustibles, el lavado de dinero y el fentanilo, han provocado que ciertos casos salgan a la luz. No por una convicción ética interna, sino porque el sistema empieza a ser incómodo incluso para sus aliados estratégicos. Las sanciones financieras, los señalamientos y las investigaciones transfronterizas son chispas que revelan un incendio mucho más grande.

La llamada cooperación internacional suele presentarse como un valor incuestionable. Y en principio lo es. Sin embargo, también funciona como una caja negra. Una vez que los recursos, los bienes o las decisiones cruzan fronteras, la capacidad de supervisión del Estado mexicano se diluye. La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, no tiene jurisdicción más allá del territorio nacional. Esto genera zonas grises donde la rendición de cuentas simplemente desaparece. Se bendicen operaciones bajo el discurso de la solidaridad internacional y se confía, casi por fe, en que todo se hará de manera correcta.

Este vacío de supervisión alimenta la insatisfacción social. No se trata de indignación momentánea ni de hartazgo visceral, sino de una sensación persistente de incumplimiento. La ciudadanía percibe que las promesas no se traducen en resultados estructurales. Que se castiga a actores secundarios mientras los grandes beneficiarios del sistema permanecen intocados. Que se persigue el síntoma, pero no la enfermedad.

En este contexto, el papel de las instituciones de seguridad cobra especial relevancia. Las acciones emprendidas desde la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente en coordinación con agendas internacionales, han sido visibles y, en algunos casos, efectivas. Sin embargo, el riesgo es que estas medidas se queden en el terreno de lo cosmético. Operativos bien diseñados, mensajes contundentes y golpes mediáticos pueden generar una percepción de avance, pero sin una política criminal integral corren el peligro de ser solo una puesta en escena.

Combatir la corrupción de manera real implica asumir costos políticos, romper pactos implícitos y utilizar herramientas legales modernas que permitan ir tras los verdaderos nodos de poder. El siglo XXI exige investigaciones financieras profundas, criterios de oportunidad bien aplicados, acuerdos de justicia negociada y una visión estratégica que permita soltar peces pequeños para capturar a los grandes.

La verdadera oportunidad se encuentra en la coordinación institucional. Cuando las áreas de seguridad, fiscalización, anticorrupción y procuración de justicia actúan de manera aislada, el sistema siempre encuentra la forma de adaptarse. Pero si se articula una política criminal coherente, con voluntad política real, el escenario puede cambiar. No es una cuestión de capacidad técnica; las herramientas existen. Lo que ha faltado es la decisión de utilizarlas sin simulación.

Por eso, 2026 se presenta como un año decisivo. Puede ser la continuación de un modelo donde la corrupción se administra y se maquilla, o puede convertirse en el punto de inflexión donde el Estado mexicano recupere credibilidad. Dar un golpe en la mesa no significa un acto autoritario, sino una señal clara de que nadie está por encima de la ley.

México aún tiene la oportunidad de reivindicarse. Pero el tiempo juega en contra. Si el combate a la corrupción se queda en el terreno del discurso y la estética, el desencanto social se profundizará. Si, por el contrario, se apuesta por la ética y la coherencia, el país podría comenzar a desmontar ese bosque de raíces corruptas que hoy amenaza con asfixiarlo todo.

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