Diputado Federico Döring advierte sobre una arquitectura legal orientada a vigilar ciudadanos, no a combatir delincuentes
En el México de hoy, donde los discursos oficiales hablan de transformación, combate al crimen y justicia social, se construye —paralelamente y sin tanto reflector— un andamiaje legal que inquieta a defensores de derechos civiles y voces críticas del oficialismo. Para el diputado federal Federico Döring, del Partido Acción Nacional (PAN), lo que esta semana se aprobó en el Congreso no es otra cosa que "una arquitectura de la censura, del bienestar autoritario y de la represión disfrazada de seguridad".
La alerta viene a propósito de las recientes reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Inteligencia, y la aprobación de una plataforma de interconexión de datos biométricos y transacciones digitales que, en palabras de Döring, abre la puerta al espionaje institucionalizado contra la ciudadanía mexicana.
"Todo lo que compres con tu celular, computadora o tableta, desde un chicle hasta una película, será monitoreado. Ya no solo lo sabrá el gobierno mexicano, también lo sabrán empresas y gobiernos extranjeros", denunció.
UN ESTADO QUE OBSERVA, PERO NO PROTEGE
La crítica del legislador panista parte de una percepción que ha resonado en distintos sectores de la sociedad: el Estado mexicano se ha vuelto eficaz para vigilar a opositores, periodistas y ciudadanos, pero ineficaz para enfrentar al crimen organizado.
"Dime cuál fue la última noticia importante que escuchaste de cuentas congeladas al crimen organizado en este sexenio... Ninguna", enfatizó Döring. "Están más preocupados por controlar plataformas digitales, medios de comunicación y periodistas que por desmantelar redes criminales".
El legislador también criticó el uso político de las instituciones de seguridad, señalando que el poder Ejecutivo federal está más interesado en callar voces críticas como la de la periodista Carla Estrella en Hermosillo o Héctor de Mauleón, que en mejorar la capacidad operativa de la Guardia Nacional o la inteligencia civil.
INTELIGENCIA SIN CONTRAPESOS
Uno de los puntos más alarmantes, según Döring, es la centralización de la inteligencia en manos del ejército, desplazando a policías y agencias civiles. Para ilustrar su punto, citó el caso del exsecretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, a quien, afirma, le fue "colocada la bota militar en el cuello".
"Aunque controlaba la inteligencia, no tenía poder político real. La toma de decisiones ya no pasa por él. Lo que vemos es que el secretario de la Defensa Nacional le está ganando la partida al superpolicía", advirtió.
Esta centralización, dice, no solo reduce la transparencia y el control civil, sino que abre la puerta a abusos, sobre todo cuando las herramientas tecnológicas se integran sin filtros democráticos ni órganos ciudadanos de supervisión.
MÉXICO: PROVEEDOR DE DATOS PARA EL EXTRANJERO
Otro de los temas más polémicos abordados por el legislador es la posible entrega de datos personales a gobiernos y corporaciones extranjeras. Döring denuncia que la plataforma nacional de interconexión de datos —aprobada recientemente— no solo será controlada por el Estado mexicano, sino que se permitirá el acceso a otros países y empresas privadas, lo cual, asegura, viola derechos fundamentales.
"Esto no solo es ilegal, es inmoral. Si nos hubieran planteado esta colaboración desde la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, con reglas claras, aún habría debate. Pero lo están haciendo a oscuras", sentenció.
Incluso, recordó que en sexenios pasados Estados Unidos ya había presionado para obtener datos biométricos de los mexicanos, citando una visita de la entonces gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien —según dijo— le "dejó una lista de cosas" a Claudia Sheinbaum "que harían muy feliz a Donald Trump".
SEGURIDAD SIN ESTRATEGIA Y SIN JUSTICIA
Para Döring, el debate no se queda solo en el terreno digital. Las fallas del sistema se extienden a la estrategia misma contra el crimen. Criticó que muchos decomisos millonarios de huachicol se hayan realizado sin un solo detenido y que los responsables sigan operando con impunidad.
"Intentamos legislar para obligar al gobierno a combatir el huachicol fiscal. Morena votó en contra", denunció.
Y narró, con crudeza, casos como el del delincuente apodado "El Huevo" Treviño, cuya extradición a Estados Unidos se logró solo porque el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, "prestó" una orden de aprehensión local, ante la inacción de la Fiscalía General de la República.
"No querían ejecutar una orden federal. Tuvieron que echar mano de una orden estatal, porque si no, el juez de control lo soltaba", señaló. "El gobierno prefiere pactar con cárteles y luego perseguir a quienes los denuncian".
¿PARA QUIÉN SON LAS LEYES?
En el fondo, la crítica central del diputado panista apunta a una pérdida de rumbo del Estado mexicano: en lugar de usar las leyes para proteger a los ciudadanos y mejorar la seguridad, se están usando para vigilar, silenciar y controlar.
"Nosotros queríamos leyes para que el gobierno tuviera herramientas y el país fuera más seguro. Pero lo que aprobaron fue un marco legal para agredirnos y violentarnos", afirmó.
Döring insistió en que la vigilancia masiva no es la solución, y que si bien la colaboración internacional es necesaria, debe hacerse con reglas claras y respetando la soberanía y los derechos humanos.
"Todo esto debería pasar por el Senado, por mecanismos institucionales. Pero lo hacen por la puerta de atrás, disfrazado de seguridad".
Finalmente, cuestionó el destino de los recursos decomisados en extradiciones o acuerdos con criminales en cortes de Estados Unidos, pues según la ley, una parte de ese dinero debería regresar a México para mejorar la infraestructura judicial y programas de prevención de adicciones.
"No veo al gobierno de México peleando ese dinero. Lo están dejando ir, como están dejando ir las libertades", lamentó.
Lo que para muchos parecería una trama distópica o una exageración política, para Döring y otros críticos se ha convertido en una realidad plasmada en leyes vigentes. En nombre de la seguridad, se vigila a todos; en nombre del bienestar, se limitan voces. Y mientras tanto, la delincuencia organizada sigue creciendo, sin cuentas congeladas, sin detenidos, sin un Estado que le ponga freno.
La advertencia está hecha. La pregunta es: ¿la ciudadanía escuchará antes de que sea demasiado tarde?
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