Semana del 23 de Agosto al 29 de Agosto de 2024

Una guerra silenciosa: ¿Quién tiene el control de la seguridad en México?

Una guerra silenciosa: ¿Quién tiene el control de la seguridad en México?

Gabriel Regino

En los últimos días, la atención pública se ha volcado sobre el estado de Sinaloa, donde una serie de eventos ha vuelto a poner en evidencia la compleja relación entre el poder político y el crimen organizado en México. Este estado, conocido mundialmente por ser la cuna del infame Cártel de Sinaloa, ha sido escenario de controversias que han involucrado al gobernador Rubén Rocha Moya, cuya figura se encuentra ahora bajo un intenso escrutinio público.

UN GOBERNADOR EN EL OJO DEL HURACÁN
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ha estado en el centro de la polémica no solo por su papel como líder de una entidad marcada por la presencia histórica del crimen organizado, sino también por una serie de decisiones y acciones recientes que han levantado serias dudas. Uno de los eventos más destacados fue su viaje a los Estados Unidos en un avión privado, realizado en un momento particularmente sensible. Este viaje, que ocurrió justo antes de la entrega de dos personas a las autoridades estadounidenses, entre ellas un conocido criminal, ha generado una tormenta de especulaciones.

La coincidencia de este viaje con la entrega de estas personas ha suscitado preguntas legítimas sobre las razones detrás de las decisiones del gobernador. ¿Fue el viaje una simple coincidencia o existe una relación más profunda y preocupante? Este tipo de situaciones no solo erosionan la confianza pública en las instituciones, sino que también sugieren que el crimen organizado podría tener una influencia más penetrante de lo que se reconoce oficialmente.

EL CRIMEN ORGANIZADO: UN PROBLEMA SISTÉMICO
El caso de Sinaloa es solo un ejemplo más de un problema mucho más amplio y enraizado en la sociedad mexicana: la omnipresencia del crimen organizado y su capacidad para infiltrarse en las esferas políticas y sociales. Sinaloa, al ser el epicentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ha sido durante décadas un escenario de luchas de poder, violencia y corrupción.

El crimen organizado en México no solo controla territorios, sino que también tiene la capacidad de influir en decisiones políticas y gubernamentales. La relación entre el poder político y las organizaciones criminales es a menudo ambigua, con alianzas que se tejen en las sombras y que rara vez salen a la luz. En muchos casos, los políticos se ven obligados a negociar con estos grupos, ya sea por coerción o por conveniencia, lo que crea un ciclo de violencia y corrupción que es extremadamente difícil de romper.

LA CONTROVERSIA EN LA FISCALÍA DE SINALOA
Un elemento clave en esta problemática ha sido el papel de la fiscalía de Sinaloa en la investigación de la muerte violenta de Héctor Melesio Cuén, un adversario político del gobernador Rocha Moya. La actuación de la fiscalía ha sido, en el mejor de los casos, errática, y en el peor, sospechosa. Desde el inicio de la investigación, la fiscalía ha manejado el caso de una manera que ha dejado muchas preguntas sin respuesta.

La hipótesis inicial de un intento de robo que resultó en la muerte de Cuén ha sido cuestionada debido a la falta de evidencia sólida y a la forma en que la fiscalía ha liberado información al público. Por ejemplo, un video divulgado por la fiscalía muestra un evento en una gasolinera que no se alinea completamente con la narrativa oficial. La falta de claridad y las inconsistencias en la investigación han llevado a muchos a cuestionar si la fiscalía está realmente comprometida con descubrir la verdad o si está tratando de proteger a ciertos intereses.

Un punto especialmente controvertido es la decisión de la fiscalía de permitir la cremación del cuerpo de Cuén. Esta acción, que contraviene los protocolos estándar en casos de muerte violenta, impide cualquier posibilidad de realizar estudios forenses adicionales que podrían haber arrojado más luz sobre las circunstancias de su muerte. La prisa por cremar el cuerpo sugiere que había un interés en cerrar el caso lo más rápido posible, lo que ha generado aún más sospechas sobre el manejo del caso.

EL ROL DEL GOBIERNO FEDERAL
El gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también se encuentra en una posición delicada en este contexto. El presidente ha insistido en que se dé más información sobre lo ocurrido, lo que refleja una cierta distancia entre el gobierno federal y las autoridades locales de Sinaloa. Sin embargo, la propuesta del presidente de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de Cuén no ha calmado las aguas, ya que muchos ven en esto un intento de controlar el daño político más que una verdadera búsqueda de justicia.

La relación entre el gobierno federal y las autoridades estadounidenses también entra en juego en este escenario. La entrega de Ismael "El Mayo" Zambada a las autoridades de Estados Unidos, un evento que coincidió con el viaje del gobernador Rocha Moya, pone de relieve la compleja interacción entre los dos países en materia de seguridad y justicia. La administración de López Obrador deberá navegar cuidadosamente estas aguas para evitar un conflicto diplomático y para asegurar que la soberanía de México no sea comprometida en el proceso.

UN FUTURO INCIERTO
La situación en Sinaloa es emblemática de los desafíos más amplios que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado. La influencia de estos grupos en la política y la economía del país es profunda y multifacética. La corrupción, la violencia y la impunidad son problemas que se retroalimentan y que requieren de una estrategia integral para ser abordados eficazmente.

El caso de Rubén Rocha Moya y la controversia en torno a la fiscalía de Sinaloa son síntomas de un problema más profundo que afecta no solo a ese estado, sino a todo México. La capacidad del gobierno para enfrentar y desmantelar estas estructuras de poder será crucial para determinar el futuro del país en los próximos años.

A medida que se desarrollan estos eventos, la sociedad mexicana espera con incertidumbre y esperanza que se haga justicia. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al estado de derecho son más necesarios que nunca para restaurar la confianza en las instituciones y para asegurar un futuro más seguro y próspero para todos los mexicanos.

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