El tiempo de las excusas ha terminado; es momento de actuar con determinación y responsabilidad.
El Acueducto El Realito, un proyecto hídrico diseñado para abastecer de agua potable a la zona metropolitana de San Luis Potosí, se ha convertido en un símbolo de promesas incumplidas, corrupción y frustración. Lo que alguna vez fue presentado como una solución definitiva a la escasez de agua, hoy es un recordatorio constante de la ineficacia y el mal manejo en la gestión de recursos vitales.
Durante el último año y medio, los habitantes de San Luis Potosí han vivido una odisea que parece no tener fin. El acueducto, que debería ser un baluarte de la infraestructura moderna, ha fallado repetidamente, dejando a miles de personas sin acceso a agua potable. Cada nueva falla ha sido acompañada de una promesa de reparación definitiva, y sin embargo, el ciclo de averías y reparaciones superficiales continúa, erosionando la confianza en las autoridades responsables.
LAS PROMESAS ROTAS DEL REALITO
Cuando las fallas del acueducto El Realito comenzaron a convertirse en un problema recurrente, las autoridades prometieron una solución integral. Se anunció la sustitución del ducto dañado, y se mencionó la necesidad de vaciar la presa para reparar una cortina que presentaba filtraciones. Estas medidas, aseguraban, resolverían de una vez por todas los problemas de suministro de agua.
Los habitantes de San Luis Potosí, resignados a una vida de incertidumbre hídrica, aceptaron con paciencia esta solución. Durante más de un año, la ciudad se adaptó a una realidad de abastecimiento irregular, con sectores que dependían de pipas de agua, otros de pozos reactivados, y algunos más que tuvieron que buscar alternativas privadas para garantizar su acceso al líquido vital. Se soportó la sequía en la esperanza de que, al final del proceso, el acueducto El Realito funcionaría de manera eficiente.
Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Cuando finalmente se anunció que las reparaciones estaban terminadas, y que el agua volvería a fluir con normalidad, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sorprendió a todos con una noticia desalentadora: ni la cortina de la presa ni el ducto habían sido reparados completamente. Apenas se habían rehabilitado 2.5 kilómetros de los 14 que componen el acueducto, dejando a los potosinos en la misma situación de incertidumbre.
UN CONTRATO CUESTIONADO Y LA IMPUNIDAD DE LAS EMPRESAS
El contrato con la empresa encargada de la construcción y mantenimiento del acueducto El Realito ha sido otro punto de controversia. Desde sus inicios, el proyecto ha estado envuelto en sospechas de corrupción y manejo negligente. Se ha hablado de un contrato "leonino", uno que beneficia a la empresa contratista a expensas del bienestar de la población.
Las autoridades han mencionado en varias ocasiones la posibilidad de rescindir este contrato y buscar nuevas alternativas, pero hasta la fecha, no ha habido acciones concretas al respecto. El gobernador Ricardo Gallardo ha señalado en repetidas ocasiones la intención de cancelar el contrato, pero estos anuncios han quedado en palabras vacías, sin resultados tangibles.
El problema no radica solo en la inacción, sino en las condiciones mismas del contrato, que parecen diseñadas para proteger a la empresa contratista sin importar su desempeño. La falta de transparencia en la gestión del proyecto y la ausencia de una rendición de cuentas efectiva han permitido que esta situación persista, dejando a los potosinos en una posición de vulnerabilidad.
LA INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL AGUA
El Realito no es solo un problema técnico; es también un reflejo de la incapacidad del gobierno federal y estatal para gestionar eficazmente los recursos hídricos. La falta de inversión en infraestructura hídrica y la dependencia de proyectos fallidos como El Realito han exacerbado la crisis del agua en San Luis Potosí.
Durante la sequía, los potosinos vieron cómo la escasez de agua se agravaba mientras las soluciones prometidas se retrasaban. Ahora, con la presa llena y el acueducto parcialmente rehabilitado, la situación no ha mejorado significativamente. Los habitantes siguen esperando un suministro de agua constante, y la incertidumbre sobre el futuro del acueducto persiste.
El hermetismo de Conagua y la falta de comunicación clara con la población han agravado la desconfianza. A pesar de las promesas de transparencia, no se han publicado informes detallados ni se han mostrado evidencias contundentes de los trabajos realizados en la presa y el ducto. Esta falta de información ha alimentado las especulaciones y ha dejado a los potosinos con más preguntas que respuestas.
EL IMPACTO SOCIAL Y POLÍTICO
La crisis del acueducto El Realito ha tenido un impacto significativo en la vida diaria de los potosinos, pero también ha generado un desgaste político considerable. Las administraciones locales y estatales, así como el gobierno federal, han sido criticados por su manejo de la situación. La falta de soluciones efectivas y la percepción de ineficacia han erosionado la confianza en las instituciones.
A nivel estatal, el desgaste ha recaído en gran medida sobre el Interapas y el municipio de San Luis Potosí, a pesar de que el contrato y la responsabilidad del acueducto recaen sobre la Comisión Estatal del Agua (CEA). Este desvío de culpas ha permitido que los responsables directos eludan la rendición de cuentas, perpetuando la inacción y la falta de resultados.
La construcción de grandes infraestructuras sin una planificación adecuada y sin considerar las consecuencias a largo plazo es una constante en los proyectos promovidos por la administración actual. El caso de El Realito se suma a otros proyectos problemáticos, como el Tren Maya, que han sido cuestionados por su impacto ambiental y su viabilidad económica.
UN FUTURO INCIERTO
La situación en torno al acueducto El Realito es un ejemplo claro de cómo la falta de planificación, transparencia y rendición de cuentas pueden convertir un proyecto de infraestructura vital en una crisis prolongada. Los habitantes de San Luis Potosí continúan esperando una solución real a sus problemas de agua, pero hasta ahora, las respuestas han sido insuficientes.
La falta de progreso en las reparaciones y la ausencia de una estrategia clara para el futuro del acueducto dejan a los potosinos en un estado de incertidumbre constante. El gobierno debe asumir su responsabilidad y tomar medidas decisivas para resolver esta situación, priorizando el bienestar de la población sobre los intereses de las empresas contratistas y la burocracia.
En un país donde el acceso al agua es un derecho fundamental, la situación en San Luis Potosí es inaceptable. Es hora de que las autoridades cumplan con sus promesas y garanticen que todos los potosinos tengan acceso a un suministro de agua seguro y confiable.
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