Si no cambian por sí solas serán obligadas externamente, lo que no es adecuado ni ideal, considera el abogado experto
"Estructuralmente, en cuanto a las instituciones que operan en la defensa incondicional de los derechos humanos, es evidente que se han quedado rezagadas en las reformas operativas, estructurales y procesales; están funcionando con métodos obsoletos y desactualizados, lo cual obviamente les afecta en el presente", afirmó el abogado experto en el tema de derechos humanos", Sergio Alfredo Montoya Sierra.
Y ante la perspectiva de que los derechos humanos protegen más al delincuente que a la víctima, explicó "lo respondo en dos partes, la primera, más breve, sobre este eslogan o frase que se vende mucho de que los derechos humanos protegen a los delincuentes, las instituciones de derechos humanos sólo buscan mantener el orden constitucional y proteger los derechos establecidos ahí, lo que no se menciona es que la Constitución defiende a todos los ciudadanos, no sólo a los delincuentes, decir que la Constitución defiende a los delincuentes no es una perspectiva muy vendible".
"Ahora, en cuanto a las víctimas, a nivel nacional las estadísticas muestran que las instituciones de derechos humanos defienden más a las víctimas del delito que a los presuntos delincuentes, esto es un dato importante, sin embargo, ¿qué ocurre con las víctimas dentro de las comisiones? Este es un tema tanto sencillo como complejo a la vez, las comisiones de derechos humanos surgieron hace más de 30 años, en los años 90 del siglo pasado, y son los primeros organismos autónomos ciudadanos, incluso antes del propio INE", añadió.
"Estas comisiones, tanto la nacional como las estatales, operan con procedimientos que en muchos casos copian las formas de operar de las instituciones de los años 80, cuando fueron creadas, en aquel entonces adoptaron los procesos victimales predominantes que eran bastante paternalistas. Por ejemplo, el estado le decía a la víctima: 'Yo te voy a defender y yo sé qué hacer, tú siéntate y espera a ver qué hago'. En ese contexto, los niños no eran considerados sujetos de derechos, en los centros de menores los tutores eran designados por el Estado, que decidía por ellos sin su participación activa, esta misma dinámica se aplicaba a otros grupos vulnerables, como adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad", recordó.
"Las comisiones de derechos humanos surgieron bajo esa misma visión y con esos procedimientos, que no reconocían plenamente a la víctima como titular de derechos en su proceso, más bien, la víctima se veía relegada a esperar pasivamente mientras las instituciones tomaban las decisiones", indicó.
A pregunta sobre si en el sistema educativo mexicano hace falta más cultura de los derechos humanos, Montoya Sierra consideró "es importante una postura crítica, racional y adecuada sobre este tema, a menudo se cree erróneamente que los derechos humanos son intuitivos y simples, pero en realidad, entenderlos de manera profunda y aplicarlos justamente como sociedad, es más complejo".
"Los derechos humanos pueden parecer intuitivos en cuanto a tener una impresión personal de lo que es justo o no, pero la justicia equitativa para todos como comunidad requiere un entendimiento más profundo y reflexivo, lamentablemente la educación en derechos humanos en México desde la primaria hasta la educación superior, sigue siendo deficiente y sigue la misma fórmula básica, se enseña a los niños desde temprano que los derechos humanos son universales, inherentes y que todos tenemos los mismos derechos, pero esta enseñanza superficial no se profundiza a medida que crecen, en primaria y preparatoria, se les proporciona un discurso básico sobre los derechos humanos, sin abordar a fondo su significado y aplicación", agregó.
Y ante las críticas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la necesidad de una reestructuración profunda, pues ha dejado de lado su postura crítica y su labor de defensa de las víctimas, el abogado precisó "bueno, aquí hay dos aspectos que destacar, primero, la defensa de los derechos humanos sigue siendo muy básica en cuanto a sus alcances, y las comisiones han dejado de ser tan operativas como lo eran originalmente, cuando surgieron las comisiones de derechos humanos, el primer organismo autónomo tenía facultades completas: se ocupaba de casos de corrupción, violencia contra mujeres y niños, derechos de adultos mayores, pueblos indígenas, transparencia, entre otros, tenía amplias facultades, incluso para la reparación del daño, sin embargo, a lo largo de los años has visto cómo estas responsabilidades se han descentralizado, ahora existen comisiones específicas para víctimas, acceso a la información, combate a la corrupción, atención a adultos mayores, entre otras, estas nuevas instituciones han asumido roles que antes desempeñaban exclusivamente las comisiones de derechos humanos".
"Por otro lado, los procedimientos que siguen estas comisiones aún reflejan una lógica de los años 80, donde la víctima no tiene un rol protagónico en sus propios procesos, este patrón se repite en las 32 Comisiones Estatales y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos", aseveró.
En cuanto a cómo reformar hoy dichas comisiones cuando también está el tema de la Reforma Judicial, comentó "es inevitable, y lo que me sorprende es que, sabiendo que es inevitable y que sus métodos son obsoletos, estas instituciones no hayan decidido cambiar por sí mismas, no han modificado su estructura, sus procesos ni sus objetivos, y simplemente continúan operando de la misma manera, es evidente que si no cambian por iniciativa propia, serán obligadas a cambiar externamente, lo cual puede no ser lo más adecuado ni lo más ideal".
"Existen varias propuestas de iniciativa, siendo la más famosa la del PT de crear una defensoría nacional, aunque esta propuesta también tiene posibilidades de ser integrada a un poder central, creo que sí se necesita una reforma integral en términos de estructura, funciones, operatividad y el posicionamiento de la víctima en sus procesos, incluyendo llevarlos a juicio oral, como ya se ha visto en otros ámbitos como el agrario, laboral, penal, mercantil y familiar, todos los cuales han migrado hacia la oralidad por su publicidad, concentración, inmediatez y certeza jurídica", refirió.
"Las comisiones de derechos humanos, por otro lado, siguen utilizando procedimientos inquisitorios, epistolares y secretos en sus archivos, la víctima no sabe con quién se comunica ni cómo se maneja su caso, ni siquiera se le informa cuando se concluye su expediente, esta experiencia es consistente a nivel nacional, las quejas son las mismas en todo el territorio, porque todas las comisiones mantienen procedimientos que datan de hace treinta años", lamentó.
En una reflexión final sobre el tema, Sergio Alfredo Montoya dijo "la pérdida de confianza en las instituciones de derechos humanos se debe precisamente a esto: las víctimas, quienes acuden a ellas, han retirado su confianza debido a la falta de transparencia en sus procesos, la ciudadanía deposita su confianza y el poder en una Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos en la medida en que la fuerza ciudadana respalda su labor, si los ciudadanos han perdido esa confianza, las comisiones carecen de la fuerza necesaria para efectuar cambios significativos, si no actualizamos las estructuras y procesos de justicia de las comisiones hacia estándares más modernos, la situación sólo empeorará; al revisar todos los sistemas de justicia en el país, las comisiones de derechos humanos son las únicas que aún se aferran a prácticas del pasado".
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