María José Puente Zavala
La Fiscalía Anticorrupción en San Luis Potosí ha conseguido cero sentencias condenatorias entre 2020 y 2022, de acuerdo con la segunda edición del reporte "Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción", elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad y la organización TOJIL.
A través de solicitudes de transparencia a las 32 entidades, ambas organizaciones evaluaron a las Fiscalías Anticorrupción de todo el país, a través de 64 variables integradas dentro de cinco ejes de análisis: marco jurídico, recursos, capital humano, procesos y resultados.
En términos generales, entre 2020 y 2022, San Luis Potosí se ubicó entre las 29 entidades que no mejoraron, ni empeoraron en el eje de Marco Jurídico, que evalúa la existencia de normativa vigente y aplicable.
Por otro lado, es uno de los seis estados que redujeron su presupuesto; de hecho, es el que más redujo su presupuesto en 2022, por lo que obtuvo una evaluación negativa en el eje de recursos, donde se analiza la cantidad y efectividad de los recursos materiales y financieros.
En cuanto al capital humano, un eje que evalúa la cantidad y calidad de los servidores públicos en dicha división de la Fiscalía General del Estado, la entidad potosina es una de las seis que empeoraron.
En el caso del eje Procesos, donde se evalúan las prácticas formales e informales en el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupcio?n, San Luis Potosí es uno de los 24 estados que no mejoraron ni empeoraron.
MARCO JURÍDICO, UN RENDIMIENTO REGULAR
De acuerdo con el documento, San Luis Potosí obtuvo una calificación regular en cuanto a la existencia de normativa vigente y aplicable; una situación en la que también se encuentran estados como Campeche, Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Chihuahua Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tabasco y Yucatán.
El estudio exhibe que la Fiscalía Anticorrupción en San Luis Potosí no cuenta (o al menos no entregó información sobre) reglamento interno, manual de procedimientos, Protocolo de investigación, Protocolo de audiencias, Protocolo de protección a testigos, Protocolo de entregas vigiladas, Protocolo de operaciones encubiertas, Protocolo de corrupción al interior, ni sobre los acuerdos tomados.
Este eje, explican las organizaciones, es importante porque "existe una fuerte relación entre contar con un marco jurídico adecuado y mejorar los procesos de investigación en delitos de corrupción"; además, "los instrumentos jurídicos dotan a las fiscalías de certeza respecto de los pasos que deben seguir, promueven una labor con mayor eficiencia en el uso de recursos humanos y materiales, y mejoran la relación con los primeros respondientes".
PRESUPUESTO, EN PICADA
Aunque el estado potosino es uno de los estados que cuenta con autonomía en cuanto al nombramiento de su titular, su calificación en el eje de Presupuesto fue deficiente debido a un desplome del 87,4% en la asignación de recursos entre 2020 y 2022.
La Fiscalía Anticorrupción que opera desde mayo de 2021 con Felipe Aurelio Torres Zúñiga a la cabeza, pasó de recibir 5 millones 590 mil 140 pesos en 2020, a recibir únicamente 705 mil 330 pesos para 2022.
Con la misma calificación resultaron entidades como Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Por otro lado, aunque San Luis Potosí cuenta con presupuesto asignado, no tiene independencia presupuestal; y no tiene tampoco presupuesto para la adquisición de inmuebles, vehículos, equipo de cómputo, mobiliario o software de gestión.
CAPITAL HUMANO, ESCASO Y POCO PREPARADO
Otra asignatura en la que San Luis Potosí obtuvo una calificación deficiente es el eje de Capital Humano, donde también se ubicaron estados como Chiapas, Colima Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.
El resultado llama la atención, pues en 2020 la calificación obtenida fue regular y entre los motivos del descenso se encuentran que en la Fiscalía Anticorrupción potosina no todos los Ministerios Públicos tienen licenciatura, ni los peritos, ni los policías de investigación, ni los analistas.
Tampoco todos los oficiales ministeriales tienen el bachillerato y, en total, ninguno de los perfiles mencionados ha recibido capacitación ya laborando en la dependencia. El único aspecto donde se consideró un acierto es que sí hay investigaciones en curso contra el personal por las que se contemplan sanciones.
Más aún, San Luis Potosí aparece como el cuarto estado con menos Ministerios Públicos en México; y junto con estados como Guanajuato y Sonora, disminuyó el número de peritos y policías disponibles en comparación con 2020.
En cuanto a la evolución de las investigaciones promedio por Ministerio Público (MP), policía y perito, San Luis Potosí no presentó información de 2022 para hacer el comparativo; pero en 2020 informó que, en promedio, cada MP llevaba 38 investigaciones; cada policía 75; y cada perito 75.
PROCESOS, EL ÚNICO ACIERTO
Sobre sus procesos, un eje con el objetivo de identificar las practicas formales e informales que realizan las Fiscalías en el desarrollo de sus funciones, la Fiscalía Anticorrupción de la entidad potosina consiguió su única calificación satisfactoria.
El grupo de investigadores buscó obtener información sobre los mecanismos y procesos para el inicio y desarrollo de las investigaciones, entre otros aspectos; y encontraron que en San Luis Potosí se cuenta con protocolos para investigación, medios de denuncia, procesos para denuncia anónima y la facultad de realizar investigación de oficio.
También se otorga el carácter de víctima a quien denuncia y se cuenta con una plataforma informativa; sin embargo, no se transparenta el esquema organizacional, ni se registra el plan de investigación o se establecen convenios de colaboración con otras instituciones para investigar los hechos.
Otros estados evaluados con una calificación satisfactoria en este eje son Aguascalientes Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
LO PEOR: AUSENCIA DE RESULTADOS
"El eje de resultados tiene como objetivo conocer el número de procesos penales iniciados por delitos de corrupción, el número de procesos resueltos y su forma de terminación o resolución", detalla el estudio.
San Luis Potosí consiguió una calificación regular, igual que estados como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco Nuevo León Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Pese a todo, la calificación del estado mejoró, pues en la edición 2020 del estudio se consideró deficiente.
Indican las estadísticas que las investigaciones iniciadas pasaron, de 2020 a 2022, de 75 a 423; las investigaciones determinadas, de 23 a 130; las investigaciones determinadas por archivo temporal, de 11 a 25; las investigaciones judicializadas, de cero a 19; las investigaciones vinculadas a proceso, de cero a diez; pero además se obtuvieron cero sentencias condenatorias en ambos años.
En lo referente a sentencias condenatorias, solo nueve fiscalías en todo el país reportaron haber obtenido alguna, de tal suerte que el estudio concluye que "las entidades federativas no han logrado consolidarlas para que puedan prevenir, investigar y, en su caso, sancionar penalmente a las y los responsables de cualquier hecho de corrupción".
"En un país en donde la corrupción constituye uno de los principales problemas según la percepción de la ciudadanía", lamentan los académicos, "los resultados de la segunda edición del reporte son preocupantes y desalentadores".
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