Semana del 03 de Enero al 09 de Enero de 2014

¡Pa lo que se le unta al queso!

¡Pa lo que se le unta al queso!

Víctor Manuel Tovar González

El proceso de liberalización y desregulación de la economía mexicana, que ocurrió con especial intensidad durante los años noventa, y lo que va del siglo XXI, afectó sobretodo al mercado de trabajo y al proceso de determinación de los salarios. En términos generales, se observó un debilitamiento de la negociación colectiva, que dejó de estar radicada en las ramas de actividad y comenzó a realizarse principalmente a nivel de la empresa.

El argumento principal para esta transformación fue en primer lugar el control de la inflación, y que sólo en este terreno microeconómico era posible vincular la evolución de los salarios con las mejorías en materia de productividad del trabajo. En la práctica, la relación más estrecha entre los salarios y la productividad se ha observado en el sector más moderno de la economía y en las empresas de mayor tamaño con trabajadores altamente especializados y organizados.

Paralelamente, las políticas antiinflacionarias aplicadas por los gobiernos que ponían en práctica las reformas de liberación y desregulación tuvieron éxito en muchos países, lo que redujo de manera importante los márgenes de los aumentos nominales que se podían aplicar a los salarios. Al mismo tiempo, las políticas de control del tipo de cambio que sirven para contener la inflación, además de mantener artificialmente la competitividad de las exportaciones. El sector más dinámico de la economía, debió ser compensada por un aumento en la productividad laboral, que no fue remunerada a los trabajadores, porque bajo la óptica neoliberal, todo aquello que perjudique al capital trasnacional es nocivo para la sociedad.

En ese contexto, uno de los pocos instrumentos de política salarial que ha conservado vigencia en México es el salario mínimo, aunque con un papel bastante reducido respecto de la influencia que concitó en el pasado en los actores sociales. Este debilitamiento es el resultado de diferentes situaciones.

En primer término, los procesos inflacionarios que sufrió el país durante varias décadas llevaron a que en varias oportunidades se utilizara al salario mínimo como una señal de moderación salarial al mercado. Diversos programas de estabilización hicieron uso del salario mínimo con resultados dispares. En segundo lugar, muchas prestaciones de la seguridad social están estrechamente vinculadas con el salario mínimo. A través de esta relación se pretende proteger estas prestaciones, mediante un índice que debe ser reajustado periódicamente (cada año) y que requiere tener coherencia con los salarios de mercado.

En la práctica, la asignación de esta función de protección al salario mínimo desencadenó el efecto contrario, ya que no sólo no se protegió a los beneficiarios de esas prestaciones, sino que el instrumento dejó de ser relevante con respecto a los salarios de mercado. Lo anterior sucedió, porque frente a las periódicas crisis, los gobiernos respondieron restringiendo los aumentos del salario mínimo, aumentándolo por debajo de la inflación con la finalidad de equilibrar las cuentas públicas, logrando que en la actualidad un trabajador gane menos en términos reales de lo que se ganaba hace dos décadas.

El debilitamiento del salario mínimo es el resultado de los intentos de apoyar distintos objetivos de política económica neoliberal a través de este instrumento. Se plantea que, si bien el salario mínimo puede en cierta medida y bajo determinadas condiciones contribuir a lograr el control de la inflación, no debe hacerlo a costa del objetivo primordial para el que fue históricamente diseñado: el establecimiento de un piso en la estructura salarial del sector privado, de forma tal que los trabajadores de menores ingresos puedan mejorar sus salarios al menos en la misma proporción que los trabajadores de ingresos más altos. De no tener presente esta limitación al asignar funciones a este instrumento, se puede caer en los “abusos” al recorte de los incrementos del salario mínimo, que en la práctica acaban debilitándolo.

Desde el punto de vista de la Constitución general de la república, resulta muy importante que la determinación del salario mínimo sea resultado de un proceso de consulta de los actores del drama laboral, para que se puedan tomar en cuenta a los factores productivos y conciliar los distintos intereses que tienen trabajadores y empleadores. De forma de poder alcanzar un justo equilibrio de las consecuencias de los ajustes en lo relativo a la defensa del bienestar de los trabajadores y sus familias, a la preservación de la capacidad de pago de las empresas y con la perspectiva siempre presente de las necesidades del desarrollo económico del país.

Sin embargo, el fracaso de las políticas neoliberales, ha ocasionado que en el país la situación de los trabajadores sea cada día peor, los pronunciamientos de los funcionarios, y de quienes desgobiernan el país no muestran en nada la realidad que viven hoy las familias de los trabajadores del campo y de la ciudad. Las familias mexicanas ven como cada día su dinero alcanza menos y tienen que trabajar más para adquirir lo mínimo necesario para poder alimentarse, a pesar de los discursos y estadísticas oficiales.

Los sexenios desde Carlos Salinas hasta el actual, terminaron con la esperanza de muchos trabajadores mexicanos. En el ánimo de controlar la inflación, controlaron los aumentos salariales, pero no el de los precios.

El salario mínimo en México se encuentra plasmado jurídicamente en la constitución de 1917, es en el artículo 123 Fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesionales, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”. En realidad es letra muerta.

Para mayor vergüenza de los gobernantes, la comisión económica para América latina y el caribe (CEPAL), dio a conocer en la semana que corre cifras por demás espeluznantes; el salario mínimo en México es de 140 dólares tres veces menor que el de Argentina que es de 475 dólares a pesar de que nuestro Producto Interno Bruto (PIB) es cuatro veces mayor, es la mitad que el del Uruguay que es de 300 dólares, donde nosotros los superamos en más de quince veces el PIB, y un poco menos de la mitad que el de Chile que frisa los 372 dólares.

Y para documentar nuestro optimismo, el Gobierno anuncia un incremento al minisalario de dos pesotototes, seguro se volverán locos los asalariados. Sin ingreso no hay demanda. Sin demanda no son rentables los negocios. Sin negocios rentables no hay empleo. Recuerdenlo señores gobernantes.