Alejandro Zapata Perogordo
La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una histórica resolución, cuyo significado implica un parteaguas en la vida jurídica de los mexicanos.
Dentro de nuestro sistema, le compete a esa institución la interpretación de la constitución y como consecuencia; sus determinaciones y al ser ella la última instancia, se convierten en definitivas, es decir, ellos tienen la última palabra en relación a como debe entenderse la ley suprema, y con ello evitar distorsiones.
Pues bien; hicieron lo propio en relación a un tema harto complejo como lo es el Fuero Militar, arribando a la conclusión de que las faltas a la ley por parte de los militares, que impliquen violación a los derechos humanos deben ser juzgadas por los jueces civiles, y solo cuando se trate de cuestiones vinculadas con la disciplina militar, la competencia le corresponderá a los tribunales castrenses.
Lo importante de esta decisión estriba en dos cuestiones fundamentales; la primera consiste en la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el asunto de Rosendo Radilla (desaparecido por militares en la década de los setentas), mediante la cual exige que los delitos cometidos por militares en contra de la sociedad, sean juzgados por tribunales ordinarios.
La segunda y aún más importante; es la aplicación por primera ocasión de los principios recogidos en nuestra Carta Magna en relación a los Derechos Humanos, lo que transforma y cambia la radicalización positivista que contenía y adopta una filosofía basada en valores universales del derecho de gentes, reconociendo los derechos y libertades de las personas.
Estos principios que en teoría se escuchan como música celestial, ahora se vuelven realidad y se comienzan a aplicar en nuestro sistema jurídico.
Ese es el mayor valor que contiene la resolución de la Suprema Corte de Justicia, al dar y aplicar la nueva interpretación constitucional, en beneficio de las personas y la sociedad, sin menoscabo de nuestras Fuerzas Armadas, que han acreditado ser una institución invaluable, encargadas de proteger la soberanía nacional, especialmente en la seguridad interior.
Esta determinación nos conduce y obliga a tener un marco que otorgue certidumbre y claridad a los militares en su función, tanto en la Ley de Seguridad Nacional (actualmente atorada en la Cámara de Diputados), como en los Códigos de Justicia Militar, pues al hacerse cargo en muchas regiones del país de la Seguridad Pública, deben contar con reglas precisas para su accionar y no solamente estar sujetos a la avalancha del crimen organizado y a la vez carecer de un marco jurídico adecuado.
Esta resolución se convierte en un hito en la historia Jurídica del país y seguramente es la puerta para entrar al terreno de los derechos humanos y de la supremacía de la ley, quedara grabada en los anales de la historia y marca una pauta a seguir por todos los tribunales del país.
Hoy tenemos una lucha con cuartel, tenemos el sustento jurídico para proceder y actuar conforme a derecho.
Aquí no hay vía libre, no se puede ejercer el poder, por el poder. Se debe de aplicar la ley en todos los sentidos, las Fuerzas Armadas deben de contar con el apoyo de la sociedad, pero nunca en detrimento de las libertades y derechos de la misma. El marco legal que la Suprema Corte hoy ha puesto en blanco y negro será el inicio de una nueva relación entre las fuerzas armadas y los ciudadanos.
Enhorabuena; ahora sí tenemos una institución que pone a cada quien en su lugar.
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