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Se busca brindar mayor protección a la integridad del patrimonio familiar

Se busca brindar mayor protección a la integridad del patrimonio familiar

La seguridad en el patrimonio de las familias potosinas es uno de los principales reclamos sociales en la actualidad: Dip. Luis Fernando Ga?mez Maci?as

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Viernes, 19 de Diciembre de 2025| 11:53


  • El robo en casa habitación y en vehículos de motor constituye no solo una afectación económica, sino también un agravio directo a la tranquilidad y dignidad de las personas, señaló el diputado Fernando Gámez Macías.

    Por esto, propuso la iniciativa de reforma al Artículo 218 al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en materia de incremento de penas por daño a robo en casa habitación, en sus dependencias o en vehículo de motor.

    Aunado a lo anterior, los daños materiales ocasionados por los delincuentes generan un doble perjuicio: además del bien robado, la víctima debe enfrentar la reparación de puertas, ventanas, cerraduras, cristales o incluso daños estructurales.

    En la práctica cotidiana, las víctimas de robo no únicamente pierden los objetos sustraídos, sino que enfrentan un gasto adicional derivado de los destrozos causados en el inmueble o vehículo. Dichos daños, en muchas ocasiones, representan una afectación mayor que el valor de lo robado.

    A pesar de ello, la legislación vigente no sanciona con suficiente rigor esta conducta, pues el robo calificado contempla circunstancias de mayor gravedad como que el hecho ocurra en casa habitación, pero no se distingue ni sanciona de forma proporcional el impacto que generan los daños materiales adicionales.

    Con esta adición al Código Penal se busca reconocer la realidad social que viven las familias, donde se acentúe que las víctimas no sólo son despojadas de su patrimonio, sino que quedan con una vivienda o vehículo dañado, lo que aumenta la vulnerabilidad y el costo de recuperación.

    Asimismo que la reparación integral del daño es un principio fundamental de justicia, y debe quedar claramente establecido como obligación del responsable. Además que el incremento de la pena hasta en dos terceras partes servirá como elemento disuasivo para quienes cometen este delito, al saber que las consecuencias serán más severas cuando además de robar destruyan lo que no les pertenece.

    La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión Primera de Justicia.

     


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