Semana del 19 de Diciembre al 25 de Diciembre de 2025

David Azuara "Ley de Aguas, riesgo para agricultores y ganaderos"

David Azuara "Ley de Aguas, riesgo para agricultores y ganaderos"

El país enfrenta una disyuntiva que definirá su rumbo económico y social en los próximos años.

El cierre del periodo legislativo en la Cámara de Diputados dejó más preguntas que certezas. Entre los temas que marcaron la agenda nacional, la llamada Ley de Aguas se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión política, social y económica. No fue una discusión menor ni técnica; fue un debate que tocó fibras profundas en regiones agrícolas del país, particularmente en zonas como la Huasteca, donde el agua no solo es un recurso natural, sino la base misma de la subsistencia.

Productores agrícolas, cañeros y ganaderos observaron con preocupación cómo, en medio de un procedimiento legislativo acelerado, se aprobaba una reforma que, a su juicio, pone en riesgo la certeza jurídica sobre un bien indispensable para la productividad. La inconformidad no tardó en trasladarse a carreteras bloqueadas, fronteras cerradas y una creciente sensación de que las decisiones se estaban tomando lejos del territorio que sería afectado.

UNA LEY QUE LLEGÓ POR LA PUERTA DE ATRÁS
El proceso legislativo que dio origen a esta reforma ha sido uno de los aspectos más cuestionados. La discusión de la Ley de Aguas no figuraba inicialmente en la agenda prioritaria, pero fue incorporada de manera repentina. "Cambian la orden del día en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva, ellos tienen los votos y meten por la puerta de atrás la discusión de esta Ley de Aguas", se señala al describir cómo inició un debate que se prolongó por más de 24 horas continuas.

La sesión comenzó alrededor de la una de la tarde y se extendió hasta el día siguiente, superando cualquier margen razonable para un análisis profundo. Durante ese tiempo, se presentaron reservas y propuestas desde la oposición, particularmente enfocadas en evitar que se vulneraran derechos adquiridos por quienes hoy cuentan con concesiones de agua.

El reclamo fue claro: no se trataba de oponerse al ordenamiento del recurso hídrico, sino de advertir que la nueva ley introduce incertidumbre para quienes dependen del agua para producir alimentos y sostener economías regionales.

EL CAMPO, EL GRAN AFECTADO
La principal preocupación radica en el futuro de las concesiones. Agricultores, ganaderos y cañeros enfrentan ahora la posibilidad de perder la certeza sobre un derecho que antes podían heredar, transmitir o enajenar. "Esta ley estaba vulnerando muchos derechos de los agricultores, de los ganaderos, de los cañeros y de todas estas personas que hoy ostentan una concesión y que el día de mañana no van a poder tener la misma certeza", se advierte.

El nuevo esquema plantea que, aun siendo propietario de un terreno, el productor deba volver a tramitar la concesión ante una autoridad federal, sujeta al cumplimiento de requisitos definidos desde el centro del país. La crítica no es menor: se percibe una centralización excesiva de decisiones que antes tenían un mayor anclaje local y regional.

Desde esta perspectiva, la reforma no solo concentra poder en la federación, sino que reduce el margen de maniobra de municipios y productores, sin ofrecer recursos adicionales para enfrentar los nuevos retos administrativos y productivos. "Se les da más facultades y no hay un solo peso extra para todos estos que van a ser afectados con esta reforma", se resume.

LA HUASTECA, ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA RESISTENCIA
En regiones como la Huasteca potosina, donde el agua define ciclos agrícolas y dinámicas comunitarias, el impacto potencial de esta ley genera inquietud. No es casual que las protestas y bloqueos provengan de zonas rurales que históricamente han sentido que las decisiones se toman sin escuchar su realidad cotidiana.

El temor es que la centralización derive en discrecionalidad y en un trato desigual, donde la viabilidad de una concesión dependa más del criterio de una oficina federal que de las necesidades productivas del territorio. Este escenario, lejos de fortalecer la gobernabilidad, podría profundizar el distanciamiento entre el campo y las instituciones.

POLÍTICA Y FUTURO: SIN DESTAPES PREMATUROS
En medio de este debate legislativo, el escenario político local también se ha movido. Declaraciones y lecturas adelantadas sobre el proceso electoral de 2027 han comenzado a circular, aunque desde distintas voces se insiste en que no es tiempo de campañas anticipadas.

"Hoy mi cabeza y mi responsabilidad está en cumplirle a San Luis Potosí, a la gente", se enfatiza al marcar distancia de cualquier destape prematuro. La idea que se plantea es clara: los proyectos serios no se construyen con declaraciones, sino con trabajo constante, cercanía territorial y resultados concretos.

Se recuerda una máxima histórica del pensamiento político panista: la política no como un proyecto personal, sino como un servicio con valores y principios. Bajo esa lógica, se insiste en que el partido debe regresar a su esencia, escuchar, corregir y ofrecer soluciones reales a problemas cotidianos como el acceso al agua, la seguridad y la economía familiar.

LA CALLE COMO TERMÓMETRO POLÍTICO
Más allá del debate en tribuna, el pulso real se encuentra en las colonias, en los ejidos, en los campos de cultivo. Ahí, la gente no pregunta quién será candidato dentro de tres años; pregunta quién regresa después de la elección, quién da la cara y quién responde cuando falta el agua, cuando no hay alumbrado o cuando la inseguridad se vuelve cotidiana.

La crítica a una clase política desconectada del territorio es recurrente. Frente a ello, se reivindica la importancia de regresar al distrito, caminarlo y mantener contacto directo con la ciudadanía. "Es muy fácil ir a pedir el voto y ya no regresar, lo que hacen muchos", se señala con crudeza.

UNA LEY QUE MARCARÁ EL DEBATE
La Ley de Aguas ya fue aprobada, pero su discusión está lejos de terminar. Sus efectos se medirán en el corto y mediano plazo, especialmente en las regiones agrícolas del país. Para muchos productores, la sensación es que el debate legislativo no logró reflejar la complejidad del campo mexicano ni la urgencia de garantizar certeza y desarrollo.

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