www.excelsior.com.mx| | Lunes, 05 de Enero de 2026| 13:23
Los recursos para la implementación de las reformas serán un reto en 2026, en especial las medidas relacionadas con la aplicación de nuevas tecnologías
Con 2026 inicia la puesta en marcha de dos reformas destinadas a enfrentar dos problemas que afectan tanto los ingresos fiscales del país como los de productores, empresarios y familias: la corrupción en las aduanas y la extorsión.
En ambos casos, los decretos que pusieron en marcha los nuevos ordenamientos legales contienen medidas relacionadas con la aplicación de nuevas tecnologías: en un caso para dar seguimiento a las mercancías que ingresan al país y en el otro para bloquear las señales telefónicas de los extorsionadores que operan desde las cárceles.
Cuestionados sobre la viabilidad de estas transformaciones, supeditadas a la adquisición de equipamiento, diputados de la mayoría y de la oposición perfilan escenarios contrastantes.
Mientras representantes de Morena y PT confían en que pronto habrá resultados positivos, legisladores del PAN alertan que, a la falta de dinero para comprar la tecnología esperada, se suma la ausencia de incentivos que eliminen la corrupción estructural que ha permitido el auge del huachicol fiscal y del cobro del derecho de piso.
"Aduanas requiere otros 5 mil mdp"
Cuando el escándalo del huachicol fiscal dejó al descubierto la porosidad del control fronterizo en México, se formuló una reforma a la Ley Aduanera que en 2026 deberá traducirse en un equipamiento tecnológico que identifique el origen y el curso de los bienes que ingresan y salen del país.
La apuesta a la llamada trazabilidad y monitoreo en tiempo real para fortalecer el control del comercio exterior es una de las medidas más relevantes del Decreto que entró en vigor este primero de enero.
Alfonso Ramírez, diputado de Morena.
El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, confía en que el incremento de recursos que para este rubro experimentó el Presupuesto de Egresos de 2026 será una base sólida para avanzar en la implementación de la reforma a la Ley Aduanera.
Explica el morenista que, para el ejercicio fiscal de este año, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) cuenta con un presupuesto de 3,468.10 millones de pesos, "lo que representa un incremento superior al 70% respecto al año anterior, reflejando un esfuerzo significativo de fortalecimiento institucional y de atención prioritaria al sistema aduanero".
Trazabilidad es el cambio
Sin embargo, Ramírez Cuéllar sostiene que, "considerando la amplitud de los objetivos asociados a la modernización tecnológica, la trazabilidad de mercancías y la digitalización de procesos, resultará conveniente continuar evaluando y ajustando las necesidades presupuestarias conforme avance la implementación, a fin de asegurar su pleno desarrollo".
El 7 de octubre que se aprobó la reforma en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Carol Altamirano (Morena), planteó en la tribuna:
El dictamen valida una propuesta que, si bien, pudiera parecer estricta en cuanto a establecer mayores controles, responde a los desafíos actuales de un comercio internacional cada vez de mayor magnitud y a los retos que imponen los avances de la delincuencia organizada, ante lo cual el Estado debe reaccionar de manera firme y eficaz y ese es el alcance de la reforma que hoy está a su consideración"
Sin embargo, para la oposición que votó en contra de estos cambios –por considerar que no iban al fondo del problema–, la viabilidad de la reforma se encuentra comprometida por las insuficiencias presupuestales y técnicas y por la falta de voluntad política para afrontar la corrupción ya documentada.
Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN.
El vicecoordinador del área económica de Acción Nacional en San Lázaro, el diputado Héctor Saúl Téllez, considera que concretar la mejora tecnológica prevista en el decreto requeriría, al menos, una reasignación de 5,000 millones de pesos extra a los 3,885 millones que actualmente tiene el Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación (FACLA) que la ley aduanera prevé.
Falta rendición de cuentas
Para el legislador panista hay, además de las limitaciones financieras, una condición indispensable para el éxito del cambio previsto que aún sigue pendiente: mecanismos de rendición de cuentas que dejen atrás la opacidad con la que se manejaron hasta ahora situaciones de corrupción. Se refiere a la necesidad de auditorías anuales y del cumplimiento de las mejores prácticas internacionales.
Recuerda el legislador Saúl Téllez que el subejercicio crónico observado en el rubro de la modernización de este sector, en 2025, fue de 15% y que hubo un colapso que se registró en enero de ese año, cuando se paralizaron 50 aduanas durante 48 horas, generando pérdidas económicas significativas.
Considera el panista que, a nivel político, en este sector ha habido negligencia por parte de la administración actual, pues a pesar de que se ha reportado una recaudación récord de 836 mil 809 millones de pesos en los primeros siete meses de 2025, con un incremento real de 21%, se han documentado 818 carpetas de investigación y 109 expedientes penales por corrupción, que ascienden a 23 mil millones de pesos en perjuicios fiscales.
Así que, para la bancada del PAN, "sin un incremento de al menos 5,000 millones de pesos adicionales para la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la implementación de la ley aduanera está destinada al fracaso".
Alerta el legislador de oposición que se corre el riesgo de que se repliquen situaciones fallidas como la que ocurrió en 2020 con el Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras, "donde 650 millones de pesos se evaporaron en Infotec", es decir, en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación, sin una rendición de cuentas clara.
Lo que ya tenemos
En cuanto a las condiciones existentes para establecer la trazabilidad y la digitalización de las aduanas en este 2026, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar explica que "México cuenta con avances importantes en materia técnica, particularmente en el uso de plataformas digitales para el control y la gestión de información en comercio exterior, lo que representa un punto de partida favorable para la digitalización aduanera".
El representante de Morena comenta que la trazabilidad integral de las mercancías es un proceso gradual, que requiere la consolidación progresiva de capacidades materiales, técnicas y presupuestarias.
En este sentido, las condiciones actuales permiten avanzar de manera ordenada, al tiempo que se identifican áreas de oportunidad para fortalecer infraestructura, interoperabilidad y capacidades operativas conforme se despliegue el modelo", explica Ramírez Cuellar, secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.
En contraste, el diputado Saúl Téllez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, plantea que las condiciones son precarias en el plano técnico, porque si bien "existen avances como escáneres en la ANAM y convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), persisten brechas digitales" como las fallas que se reportaron en febrero anterior.
Advertencias de la auditoría
Se refiere el parlamentario panista a la corrupción que el sistema contiene, por lo que fueron cesados por contrabando 45 agentes aduanales, 30 por el huachicol fiscal apenas en octubre. Son situaciones, alerta, que "sabotearán la trazabilidad y los expedientes electrónicos".
Cita el diputado Téllez los reportes de 2024 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que advierten que laboratorios y escáneres cubren solo el 60% de las operaciones aduanales. Y enfatiza que lo previsto en el Fideicomiso citado "no alcanza para la interoperabilidad ni la ciberseguridad".
A su juicio, el proyecto es políticamente un fracaso en tanto continúe militarizado. Y argumenta: "La ANAM bajo Defensa y Semar vio el retiro de Alex Tonatiuh por corrupción en diciembre de 2025".
El problema, define el legislador del PAN, es que se ha priorizado el control, desdeñando las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas, como lo es la de desmilitarizar este servicio y darle un carácter independiente con el apoyo de sectores privados.
Insumos tecnológicos
Pero desde la óptica de Morena, "el país dispone ya de herramientas tecnológicas relevantes que permiten la digitalización de una parte sustantiva de los procesos aduaneros, lo que facilita la implementación de nuevos esquemas de control y seguimiento".
Para alcanzar un sistema de trazabilidad más robusto e integral, sostiene el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, "será conveniente complementar gradualmente la infraestructura existente, ya sea mediante el desarrollo de nuevas funcionalidades o la incorporación de tecnología adicional, de acuerdo con las necesidades operativas que se vayan identificando".
Héctor Saúl Téllez en cambio señala que aun cuando se cuenta con plataformas satelitales y escaneo avanzado en la Agencia Nacional, "para la digitalización total y la trazabilidad requerimos compras externas".
Y reitera el representante del PAN que no debe pasarse por alto que el desarrollo digital y tecnológico local ya falló, con el caso de los 650 millones de pesos invertidos sin resultados.
Además, abunda Téllez, "el régimen opta por opacas adquisiciones mientras funcionarios aduanales actúan en la corrupción enquistada en la ANAM".
¿Cuánto cuesta?
El diputado Ramírez Cuéllar indica que "si bien se han identificado con claridad los beneficios operativos y fiscales asociados a la digitalización y a la trazabilidad aduanera, las estimaciones de costo se encuentran en un proceso de definición progresiva, acorde con el enfoque de implementación por etapas".
Explica el vicecoordinador de la mayoría legislativa en el Congreso que este esquema permite optimizar el uso de los recursos públicos, priorizar inversiones estratégicas y ajustar los requerimientos financieros conforme se consoliden los distintos componentes del modelo.
Desde la oposición, sin embargo, se insiste en que mientras no se cuente con desgloses transparentes de cómo se aplican los recursos del presupuesto y la opacidad caracterice el manejo del sector, "el fracaso estará asegurado".
Saúl Téllez recuerda que para antes de marzo próximo el Poder Ejecutivo deberá emitir reglamentos secundarios con parámetros y reglas obligatorias, certificación de agentes, y concretar la creación del Consejo Aduanero, el cual, para ser eficiente obligadamente deberá realizar auditorías que eviten futuras pérdidas como las de los 650 millones hace cinco años.
Reitera el panista que es necesario reasignar 5 mil millones de pesos más para tecnología y capacitación, y cesar a los corruptos para garantizar una trazabilidad con resultados.
Restricción de celulares ¿utópico?
Con optimismo, legisladores afines al gobierno esperan que pronto se erradique en México la extorsión telefónica desde las cárceles, consideradas como el principal centro de operaciones de ese delito.
La oposición, sin embargo, pone en duda la viabilidad financiera de uno de los principales componentes de la reforma que se aprobó en 2025: la adquisición de tecnología para bloquear las señales mal utilizadas en los penales.
¿Es posible lograr esta meta para finales de mayo del próximo año?, preguntamos.
Ricardo Mejía, diputado del Partido del Trabajo.
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja del Partido del Trabajo responde afirmativamente.
Sí es posible. Ya se habían hecho esfuerzos en el pasado reciente, sin embargo, siempre hubo resistencia de las telefónicas. Hubo un esfuerzo muy menor de su parte para atender el tema. No querían restringir señal, argumentando que podrían afectar a terceros, pero hay un bien mayor que hay que atender".
Confianza y dudas
Subsecretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal en el sexenio anterior, el parlamentario petista confía en que las medidas estipuladas en la nueva ley darán resultados.
Los bloqueadores de señal, las restricciones de las telefónicas, además de medidas carcelarias que eviten el uso de celulares por parte de los reclusos, sin duda contribuirán a inhibir, frenar y erradicar hasta donde sea posible la extorsión que surge de los centros de reclusión penitenciaria", pronostica Mejía Berdeja.
En cambio, el vocero de la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, el diputado Federico Döring Casar sostiene que basta con revisar las asignaciones presupuestales al rubro de seguridad en 2026 para prever que ese propósito seguirá trunco.
El problema de la Ley es que no hay dinero adicional para esa disposición de bloquear señales celulares en las cárceles; no hay un centavo adicional. De las cárceles federales seguramente se encargará (el secretario de Seguridad, Omar García) Harfuch, pero en las locales, quién sabe quién va a poner el dinero. Así que no se espera que haya grandes avances por ahí.
Federico Döring, diputado del PAN.
La tecnología para combatir la extorsión difícilmente llegará, porque no hay recursos adicionales para su adquisición. Es sólo propaganda política", cuestiona el representante del PAN.
Hace dos meses, con el voto unánime de todas las fuerzas parlamentarias, surgió en Cámara de Diputados la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en la cual se ordena a las autoridades bloquear de inmediato los números telefónicos desde donde se comenta ese ilícito.
El nuevo ordenamiento también instruye a las empresas de telecomunicaciones a colaborar en esa tarea desde el interior de los penales, donde la extorsión, se dijo entonces en la tribuna de San Lázaro, se ha convertido en un negocio.
Cualquier teléfono detectado dentro de una prisión podrá ser rastreado y bloqueado, ya que se tendrá la facultad de solicitar el bloqueo inmediato a las compañías telefónicas, porque no puede ser que desde un penal se siga dañando a la sociedad, esto ya no se va a permitir", ofreció el 28 de octubre el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno (Morena).
De acuerdo con los planes gubernamentales, para el primer semestre del próximo año se tendrían bloqueadas las señales en los 14 reclusorios federales y las de 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.
Presupuesto suficiente
En opinión del diputado Mejía Berdeja, los recursos existentes son suficientes y adecuados para poner en marcha la ley contra la extorsión, partiendo de la idea de que las entidades federativas deben hacer su propio esfuerzo financiero.
No todo puede estar a cargo de la Federación", señala quien fuera subsecretario del ramo en el periodo de Alfonso Durazo.
Señala el legislador del PT que en muchos gobiernos estatales sigue habiendo un alto gasto en materia de comunicación social, y que esos recursos deberían canalizarse para cumplir con esta nueva ley.
Hay temas que implican, más que recursos económicos, tomar decisiones para atender este tema tan grave en términos de seguridad pública", argumenta Mejía Berdeja.
Indica el representante petista que la extorsión sigue siendo el principal delito que lastima la economía y la tranquilidad social en México. "Es un impuesto criminal que genera daños económicos y afectaciones graves a la seguridad de las familias".
De manera que, en opinión del exfuncionario, la coordinación policial, las medidas de inteligencia y las actuaciones del ministerio público y de las policías de investigación resultan decisivas para que la ley se cumpla de manera exitosa.
Y eso no implica necesariamente nuevos recursos, sino aprovechar la capacidad instalada y los recursos humanos", enfatiza.
Sostiene Mejía Berdeja que existen buenos elementos para cumplir con las nuevas disposiciones. "Sólo requerían nuevas facultades y atribuciones y la decisión de quienes están al frente de la estrategia anti extorsión".
Denuncias sin futuro
El diputado Federico Döring es tajante al advertir que en el tema de la extorsión no se va a llegar a ningún lado.
Precisa que sin duda la ley es buena porque homologa las penas y le otorga valor a la denuncia ciudadana.
Pero si la denuncia ciudadana la van a administrar los mismos policías corruptos, como los de La Barredora en Tabasco; si las van a investigar los policías de Michoacán, infiltrados por el Cártel Jalisco, que no investigan desapariciones...
Claro que es bueno que no te dé miedo denunciar, porque los extorsionadores no van a saber quién los acusó, y entonces no irán a quemar los negocios de quienes los acusen. Pero si el funcionario del gobierno es el que está metido con la maña, puede que no delate al denunciante con los narcos y que respete el anonimato, pero no van a investigar nada", prevé el portavoz de la bancada del PAN.
Explica que frente a esa infiltración del crimen organizado, su grupo parlamentario ha propuesto crear un sistema nacional contra la impunidad, a fin de monitorear a todas las instituciones. "Que no se haga tarugo nadie, que todo el mundo reme, desde los tres niveles de gobierno, en la misma dirección".
Y reitera que, por ahora, la ausencia de recursos convierte a la nueva ley en un ordenamiento imperfecto.
Alerta, además, que las policías y fiscalías estatales coludidas no tienen ninguna presión o estímulo para dejar de estarlo, toda vez que la reforma "deja todo a la voluntad política de las economías estatales".
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