CÁRCEL
El empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta un panorama jurídico crítico tras ser señalado como cabecilla de una red de corrupción millonaria en Pemex, involucrando contratos irregulares, lavado de dinero y una compleja red de jóvenes factureros. Especialistas en derecho penal estiman que, de ser hallado culpable, podría enfrentar penas de hasta 40 años de prisión, derivadas de delitos como evasión fiscal, delincuencia organizada, fraude y corrupción. Este caso no solo lo involucra a él, sino también a funcionarios públicos de Pemex y a decenas de cómplices que facilitaron sus operaciones ilícitas, destacando irregularidades desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre las acusaciones más graves está el presunto "huachicoleo" mediante pipas propiedad de Sánchez Zumaya y el uso de fundaciones altruistas, como GESA y SOMOS POTOSÍ, para evadir impuestos y financiar campañas políticas de candidatos de Morena y el PAN. Estas fundaciones habrían canalizado recursos bajo el pretexto de donativos, consolidando la influencia del empresario en diversos niveles de poder. Además, la creación de empresas fachada en México y Estados Unidos evidencia una sofisticada estrategia de ocultamiento financiero, que también salpica a actores políticos como el diputado David Azuara Zúñiga y al tesorero del PAN potosino, Fernando Zumaya, primo del empresario. Este escándalo podría tener repercusiones políticas y judiciales de gran magnitud, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en México.

A LA YUGULAR
Durante una comparecencia ante la Comisión del Agua del Congreso del Estado, la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, lanzó serios cuestionamientos al director de Interapas, Daniel Hernández Delgadillo, sobre la transparencia y el uso de recursos públicos. Entre las principales críticas destacó el elevado presupuesto destinado a medios de comunicación, argumentando que no existen evidencias claras de campañas publicitarias que justifiquen tales montos, sugiriendo posibles irregularidades. Además, Rocha puso bajo la lupa los costos por la renta de pipas, exigiendo un desglose detallado para saber cuántas pertenecen al ayuntamiento y cuántas son arrendadas. La legisladora insinuó que los gastos reportados podrían estar inflados y urgió al director a proporcionar datos precisos. La sesión, presidida por Nancy Jeanine García y con la participación de varios diputados, evidenció tensiones respecto al manejo financiero de Interapas, poniendo presión sobre sus autoridades para responder a estas inquietudes con claridad y responsabilidad.

PRESUPUESTO 2025
El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, presentó al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto para 2025, con un monto de 65 mil millones de pesos, marcando un aumento significativo para reforzar programas sociales, obras de infraestructura y el desarrollo del sector agropecuario. Este presupuesto prioriza la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, con incrementos en programas de Seguridad Alimentaria, pensiones para madres solteras y apoyo a adultos mayores, además de fortalecer los servicios de salud, educación y seguridad pública. En infraestructura, destaca la expansión del sistema de transporte MetroRed hacia la Huasteca, conectando municipios como Tamazunchale, Xilitla y Ciudad Valles, así como una nueva línea para Soledad de Graciano Sánchez. En el sector agropecuario, más de 20 millones de pesos se destinarán a repoblar ganado y apoyar la producción agrícola. Este proyecto busca no solo atender necesidades inmediatas, sino también impulsar un desarrollo sostenido en todas las regiones del estado.

SEGURIDAD VIAL EN LA ZONA TÉNEK
El alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, dio a conocer la implementación de retenes en la zona Tének como parte de una estrategia para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes. Estos operativos, programados para realizarse al menos dos veces por semana, se enfocarán en supervisar el uso obligatorio de casco, verificar documentos de circulación de motocicletas y bicicletas, y promover la educación vial entre los habitantes. La iniciativa surge tras recientes accidentes que han generado inquietud en la comunidad, incluyendo un choque entre un ciclista y un motociclista. Según el alcalde, estas medidas buscan fomentar una cultura de respeto en las vías públicas mediante un trabajo conjunto con Tránsito Municipal y líderes locales. Las autoridades enfatizaron que los retenes no solo serán una acción correctiva, sino también preventiva, con el objetivo de proteger a todos los usuarios de las vialidades. Las fechas para el inicio de estas acciones serán anunciadas próximamente.

LEY DE INGRESOS 2025
El Cabildo de Ciudad Valles aprobó la Ley de Ingresos 2025 con una proyección de $981,220,888.38, destacando un enfoque en la estabilidad fiscal y el desarrollo económico. La propuesta mantiene la política de no implementar nuevos impuestos, priorizando ajustes moderados en conceptos como multas, licencias y servicios municipales. Una de las novedades más relevantes es la incorporación de incentivos fiscales destinados a fomentar la generación de empleo y fortalecer la economía local, una estrategia que, según la regidora Gabriela Morales, busca equilibrar el beneficio a los contribuyentes con la estabilidad en la recaudación. La iniciativa ahora será revisada por el Congreso del Estado para su aprobación final antes de entrar en vigor en enero de 2025. Autoridades municipales subrayaron que esta Ley de Ingresos no solo promueve finanzas sanas, sino que también refuerza el compromiso de atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Este enfoque reafirma la intención del gobierno local de impulsar el desarrollo de Ciudad Valles sin imponer cargas fiscales adicionales a los ciudadanos.

CLAUDIA SHEINBAUM PIDE INVESTIGACIÓN
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su administración no encubrirá actos de corrupción, refiriéndose al caso del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, involucrado en un escándalo de contratos irregulares y lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, destacó que, aunque las acusaciones en medios no son concluyentes, corresponde a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades. En relación al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, Sheinbaum manifestó que desconoce si hay investigaciones abiertas en su contra y puntualizó que cualquier indagatoria debe ser tratada por la Fiscalía General de la República. Reiteró que el enfoque principal debe permanecer en el caso de Sánchez Zumaya, enfatizando que no se tolerará la corrupción, independientemente de las implicaciones políticas o mediáticas.

MEDIOCRE DESEMPEÑO
El informe anual del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló un bajo desempeño de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí durante 2023, logrando judicializar únicamente el 13 % de las 2,485 carpetas de investigación abiertas. Aunque este porcentaje representa un aumento del 7 % respecto a 2022, sigue reflejando una eficacia limitada en el procesamiento de casos. El informe destaca que, de las carpetas investigadas, solo 130 incluyeron imputados detenidos, mientras que 183 se desarrollaron sin detenciones. Además, la delegación fue sometida a tres inspecciones por la sede central, aunque los resultados no reflejan una mejora sustancial en su rendimiento. A pesar de las capacitaciones y reforzamiento de infraestructura, los retos en la procuración de justicia en la entidad persisten, dejando mucho por mejorar para alcanzar estándares adecuados de eficacia judicial.

JUNTA ESTATAL DE ARBITRAJE DEPORTIVO
Homero Benjamín García Hamvacuan, miembro del Instituto Panamerican Sport Center A.C. y asesor jurídico del Consejo Mexicano de Artes Marciales, presentó una propuesta ante el Congreso del Estado para la creación de la Junta Estatal de Arbitraje Deportivo, un organismo que sustituiría a la actual Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje del Deporte. La Junta estaría compuesta por abogados especializados en derecho deportivo, con un fuerte enfoque en la imparcialidad, la ética y el compromiso con el desarrollo deportivo en San Luis Potosí. La iniciativa busca proteger los derechos de los atletas y entrenadores, garantizando que puedan seguir representando a sus disciplinas sin temor a la violación de sus derechos deportivos. García Hamvacuan subraya la importancia de que todo deportista que desee formar parte de las asociaciones deportivas del Instituto Potosino de Cultura Física y del Deporte (INPODE) cumpla con ciertos requisitos establecidos para garantizar su correcta integración en las organizaciones. Esta propuesta pretende fortalecer el sistema deportivo estatal y asegurar la equidad en el acceso y reconocimiento de los deportistas.

PUS NO
El fin de semana pasado se había anunciado que las Mesas de Paz y Seguridad se realizarían sábados y domingos, pero todo quedó en palabras, porque desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no se llevó a cabo ninguna reunión. Hoy, más que nunca, es necesario que no solo se lleven a cabo estas reuniones, sino que también se refuercen las estrategias y operativos de seguridad en las denominadas zonas de calor delictivas, ya que desde el inicio del presente mes, la situación no pinta nada bien. Aunque el gobernador Gallardo Cardona y la fiscal general María Manuela García Cázares han tratado de minimizar el derramamiento de sangre —ya sea por agresiones vinculadas con el crimen organizado, riñas u otros sucesos que terminan en asesinatos—, la realidad termina por imponerse sobre las negativas institucionales. Aunque el fenómeno criminal presenta distintos comportamientos según la periodicidad, este mes los ataques armados directos se recrudecieron. Estos no solo se han dirigido a domicilios particulares, sino que han llegado literalmente hasta la cocina o incluso a salones de eventos donde se realizaban celebraciones, dejando como saldo dos víctimas en algunas agresiones. Por lo tanto, es tiempo de que la Secretaría de Seguridad, en coordinación con los gobiernos municipales, comparta información de inteligencia, datos de cámaras de videovigilancia y otros reportes delictivos. Hasta el momento, está claro que los delincuentes han encontrado un vacío en el Estado de Derecho que les permite quedar impunes ante la ley.