CUESTIONADA HISTORIA DE ÉXITO
Gerardo Sánchez Zumaya, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, se encuentra en el ojo del huracán tras un reportaje de Grupo Reforma que detalla su ascenso financiero y político. Según el medio, su fortuna comenzó a crecer en 2019 al involucrarse con Morena y obtener contratos millonarios para sus empresas, como Petrogresa, ligada a obras de la refinería Dos Bocas. Entre 2021 y 2024, sus contratos con Pemex superaron los 520 millones de pesos, mientras que opositores aseguran que ha financiado campañas políticas en San Luis Potosí, incluyendo las de figuras afines a su círculo cercano. A pesar de su discurso de defensa, líderes del Partido Verde han exigido una investigación sobre las denuncias de lavado de dinero y manejos irregulares por más de 15 mil millones de pesos en sus transacciones con Pemex. Mientras tanto, Sánchez sigue promocionándose políticamente a través de su Fundación GESA, organizando eventos y repartiendo apoyos. Este caso ha desatado tensiones dentro de la 4T, poniendo a prueba el compromiso de Morena y sus aliados con los principios de transparencia y rendición de cuentas.

CAOS VIAL
Como ya es costumbre en Ciudad Valles, los desfiles conmemorativos se traducen en un caos vial que afecta a miles de ciudadanos. Este 20 de noviembre no fue la excepción, ya que la ligera lluvia y el cierre de las principales avenidas desde tempranas horas generaron severas complicaciones en el tránsito, con el Antiguo Libramiento como uno de los puntos más conflictivos. A los cierres por el desfile revolucionario se sumaron los horarios de entrada de diversas escuelas cercanas, incrementando el flujo vehicular. La falta de una adecuada cultura vial, aunada a la poca previsión en los tiempos de cierre, provocó largas filas de vehículos y retrasos significativos para conductores y peatones. Este escenario pone de manifiesto la necesidad urgente de estrategias más eficientes para mitigar el impacto vial durante estos eventos.

GRAVES IRREGULARIDADES
A través de una denuncia anónima, han salido a la luz diversas irregularidades en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamuín. Entre las acusaciones destacan despidos injustificados de policías con exámenes de control y confianza aprobados, mientras se contrata a personal no acreditado ni capacitado para labores de seguridad, conocido como "cadetes". Estas personas, vestidas con uniformes informales, han sido vistas realizando tareas de vigilancia en el mercado municipal sin contar con formación policial o certificaciones necesarias. Además, se denuncia que elementos que han expresado inconformidades son removidos de manera arbitraria. En el tema de armamento, se reporta que armas de la corporación son entregadas a personal sin licencia, mientras que otros oficiales han sido desarmados por presuntas irregularidades. Por otro lado, el director de Seguridad Pública ha sido señalado por priorizar la protección del alcalde Marcelino Bautista Rincón y su secretario, destinando escoltas con sueldos superiores a los de los policías operativos, lo que ha generado gran inconformidad en la corporación y la comunidad.

PRESUPUESTO
El alcalde David Armando Medina Salazar dio a conocer que el presupuesto para el municipio de Ciudad Valles en 2025 será de aproximadamente 900 millones de pesos. Uno de los principales enfoques de este aumento será el fortalecimiento de la seguridad pública, una de las áreas prioritarias para el gobierno local. Medina Salazar explicó que estos recursos se destinarán también a atender las necesidades urgentes de la población, además de impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo integral de la ciudad. Con el fin de garantizar transparencia, se organizará una reunión con los sectores clave de la comunidad para detallar cómo se asignarán estos fondos, incluyendo áreas críticas como infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

PROTEGER A PERSONAS REFUGIADAS
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) de San Luis Potosí ha intensificado su colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), enfocándose en garantizar los derechos y la seguridad de las personas refugiadas. Gracias a esta alianza, más de 2,000 refugiados han logrado acceder a trabajos formales , destacando el compromiso del estado con la inclusión y el bienestar de esta población. Además, se acordó implementar capacitaciones en seguridad dirigidas a las instancias bajo el mando de la SSPCE y reforzar la vigilancia en rutas migratorias para prevenir actos de discriminación o inseguridad hacia migrantes y refugiados. Con el apoyo del Instituto Nacional de Migración y las Naciones Unidas, San Luis Potosí busca consolidar estrategias preventivas y operativas, asegurando una respuesta efectiva y coordinada en temas de movilidad humana y derechos humanos.

PALCOS DE LA ARENA POTOSÍ
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona busca autorización del Congreso del Estado para transmitir temporalmente el derecho de acceso y uso de los 41 palcos de la Arena Potosí, bajo un esquema de concesión de 35 años. Según el mandatario, esta medida permitirá generar ingresos clave para el mantenimiento del recinto, promover eventos de alto impacto y garantizar su operación eficiente. Aunque previamente se afirmó que los palcos ya estaban vendidos, el proceso ahora se formaliza para asegurar la transparencia y evitar controversias legales futuras. Gallardo remarca que esta concesión no equivale a una venta definitiva, sino a un modelo de aprovechamiento temporal que optimiza el valor de este activo público. Los recursos generados se destinarán a mejorar las instalaciones y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Con la aprobación del Congreso, se busca establecer un marco normativo claro para que los actos jurídicos sean válidos y beneficiosos tanto para la administración estatal como para la comunidad potosina.

DETENCIONES POR USO DE PONCHALLANTAS
Jesús Juárez, director de la Guardia Civil Estatal, informó que en las regiones Huasteca y Altiplano de San Luis Potosí, más de 50 personas han sido detenidas por el uso de ponchallantas, principalmente en puntos conflictivos como el "Puente Negro" en Ciudad Valles y diversas rutas en Matehuala. Estas detenciones han resultado de operativos y revisiones de rutina, evidenciando que los implicados actúan como "halcones" para facilitar actividades ilícitas. A pesar de los esfuerzos por frenar esta práctica, Juárez destacó que el principal desafío es la reincidencia, ya que este delito no está clasificado como grave, permitiendo que los detenidos recuperen su libertad rápidamente. Este panorama pone en evidencia la necesidad urgente de reformar el marco legal, aumentando las sanciones para quienes empleen estos dispositivos, que no solo afectan la seguridad vial, sino que también son un elemento clave en delitos de mayor impacto.

AGUINALDOS
Con las arcas municipales bajo presión, el pago de aguinaldos para este cierre de año ha generado inquietud en varios municipios de San Luis Potosí, aunque la Secretaría de Finanzas asegura que los recursos están garantizados. Se destacó que el gobierno ha implementado un estricto plan de austeridad para cumplir con las metas financieras establecidas por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Desde el inicio de esta administración, se han dado de baja a más de 1,100 trabajadores por no cumplir con sus funciones. Un ejemplo emblemático fue en la Dirección de los Parques Tangamanga, donde varios empleados fueron reasignados tras ser sorprendidos usando su horario laboral para actividades personales. Gracias a estas medidas y al ahorro generado, se asegura el pago en tiempo y forma de aguinaldos, que este año alcanzará los 800 millones de pesos para la plantilla sindical y de honorarios, una cifra ajustada en comparación con los más de 120 millones del año pasado en este rubro.

ESTELA ARRIAGA EN EL SENADO: UN MOVIMIENTO ARRIESGADO
La reciente toma de protesta de Estela Arriaga Márquez como senadora, en compañía de su esposo, el alcalde Enrique Galindo, genera opiniones divididas sobre sus implicaciones políticas. Mientras algunos lo ven como una oportunidad para fortalecer su proyección con miras a 2027, otros lo consideran una estrategia que podría debilitar su posición como una oposición efectiva en San Luis Potosí. Las similitudes con prácticas atribuidas al gobernador Ricardo Gallardo —como respaldar políticamente a su esposa— podrían restarle credibilidad a Galindo entre sus críticos y ciudadanos que demandan una oposición clara. Además, su ausencia en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en la capital, justificada por su acompañamiento a la toma de protesta en el Senado, añade más cuestionamientos sobre sus prioridades como alcalde. Aunque la decisión de ausentarse se realizó con notificación formal y sin goce de sueldo, la percepción pública será determinante para definir si este movimiento político fortalece su carrera o se convierte en un arma de doble filo que afecte su aspiración futura.

LAS CARTAS DEL AZUARISMO
Ahora que Lidia Argüello se postuló para ser la próxima presidenta del Comité Estatal del PAN en San Luis Potosí, se sabe que es una táctica de Xavier Azuara para tratar de seguir deteniendo el poder del PAN potosino. Si gana, prácticamente estarían entregando la mitad o todo el partido a Morena, o más bien a Gerardo Sánchez Zumaya, y con ello impedirían el paso a Enrique Galindo o Vero Rodríguez rumbo a 2027. Aunque se dice que Vero está "de pelito" con el azuarismo, es claro que esto es otra maniobra que se caracteriza por beneficiar intereses específicos. En el caso de Lidia y María Eugenia, son dos piezas que no garantizan, a lo que queda de militantes, una oposición seria. Por el contrario, representan una posición a modo, alineada a los intereses del azuarismo.

SILLA NARANJA
Si algo tienen los naranjeros es sapiencia legislativa, pues las más recientes iniciativas federales en materia laboral, como la reducción de la jornada de 48 a 40 horas de trabajo y la denominada “Ley Silla”, son dos políticas públicas que realmente impactarán favorablemente a la población de a pie.
Bajo ese potencial político, Marco Antonio Gama Basarte, diputado emecista, presentó una moción que propone adicionar las fracciones XVI, XVII y XVIII al artículo 51 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado. El expanadero busca complementar el planteamiento de sus colegas nacionales al crear periodos de descanso en la jornada laboral, establecer la obligación de que las instituciones públicas proporcionen sillas con respaldo a las personas trabajadoras y asignar áreas de descanso en los casos en que las funciones laborales deban realizarse de pie. Manifiesta que se pretende que las instituciones públicas provean el número suficiente de asientos o sillas con respaldo para todas las personas trabajadoras, ya sea para la ejecución de sus funciones o para los periodos de descanso periódico durante la jornada laboral. Finaliza al informar que habrá un plazo de seis meses para la implementación y actualización de los reglamentos internos, de manera que se pueda contar con un término razonable para llevar a cabo los ajustes. Habrá que ver cómo avanza su propuesta, inclusive si logra ganar adeptos entre las agrupaciones sindicales.

COMPROMISO
El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, reafirmó el compromiso estatal de fortalecer políticas públicas en pro de los derechos humanos durante una reunión clave con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación. En este encuentro, se destacó la colaboración del gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona con la administración federal de Claudia Sheinbaum para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la entidad. Torres Sánchez subrayó los avances en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), como el incremento de especialistas y el desarrollo de centros avanzados para la identificación de personas y resguardo de cuerpos, logrando una efectividad del 80% en los procesos de búsqueda. Además, se discutieron estrategias para implementar un modelo de atención municipal que beneficie a grupos vulnerables, fortalecer el tejido social y garantizar la paz en San Luis Potosí. También se propuso un protocolo para gestionar de manera pacífica las manifestaciones sociales, en línea con una agenda de pacificación que prioriza el diálogo y el respeto mutuo. Este esfuerzo conjunto entre los niveles estatal y federal refleja un compromiso sólido para mantener la gobernabilidad y atender los retos sociales de manera eficiente, asegurando un futuro más seguro y justo para las y los potosinos.

CONGRESO APRUEBA LA SOLICITUD DE RENUNCIA DE MANUELA GARCÍA CÁZARES DEL STJ
Por fin, después de mucho tiempo, en Comisiones Unidas de Gobernación y Segunda de Justicia se aprobó la solicitud de renuncia de María Manuela García Cázares como Magistrada Numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Esto ocurrió después de que fuera electa por el Congreso del Estado para ocupar la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Este día, la diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, comentó que, a través del dictamen, se concluyó que García Cázares se encontraba en un conflicto de intereses al desempeñar ambos cargos: Fiscal General del Estado y Magistrada. Argumentó que la procuración e impartición de justicia no pueden recaer en la misma persona.
Asimismo, señaló que, ante los intereses que Morena tiene en desacreditar el trabajo de la Fiscalía General del Estado, se busca acomodar a personas que no lograron obtener un espacio político. Por esta razón, la diputada morenista Gabriela Torres promovió que García Cázares renunciara. Sin embargo, hasta el momento, no está claro si esta renuncia fue definitiva, si se jubiló o qué ocurrió exactamente, ya que la actual fiscal tenía muchos años dentro del Poder Judicial.
La solicitud de renuncia llegó al Congreso del Estado la semana pasada y fue turnada a ambas comisiones. Ahora deberá ser aprobada por el Pleno para declarar la vacante dentro del Poder Judicial Estatal.
Cabe mencionar que próximamente habrá un proceso de armonización de la reforma del Poder Judicial, lo que generará varias vacantes relacionadas.

SLP ANUNCIA CEMENTERIO FORENSE
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión clave con la secretaria de Gobernación a nivel federal, Rosa Icela Rodríguez. Durante este encuentro, San Luis Potosí, junto con otro estado, destacó como una de las entidades con mayores avances en materia forense, algo que el funcionario potosino subrayó al presentar información ante un nutrido grupo de funcionarios de la República Mexicana.
Derivado de esta reunión, Guadalupe Torres Sánchez informó que se buscará construir un cementerio forense destinado a personas no identificadas. Este espacio suplirá a las fosas comunes, marcando un importante avance en la atención de este sensible tema.
El secretario explicó que esta herramienta será de gran apoyo para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, cerrando así un ciclo completo de estrategias necesarias para abordar la problemática de las personas desaparecidas.
Señaló que actualmente el Gobierno Federal destina 21 millones de pesos en subsidios, monto que se complementa al 50%, logrando una asignación total de más de 40 millones de pesos para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Asimismo, el funcionario destacó que durante la reunión también se abordó la depuración del padrón de personas desaparecidas y no localizadas. Explicó que en algunos casos, estas personas ya han sido localizadas, pero las fichas de búsqueda no han sido desactivadas, por lo que se continúa trabajando en su actualización.
Además, reconoció que existe conflicto en las cifras de personas desaparecidas, ya que en muchos casos menores de edad se ausentan voluntariamente al irse con personas mayores, ya sea de vacaciones o para vivir con ellos, lo que lleva a sus familias a denunciar estas situaciones. Por ello, se requiere atención inmediata en estos casos.
Por último, detalló que, aunque aún no se tiene definido el lugar donde se establecerá el cementerio forense, San Luis Potosí se mantiene a la vanguardia a nivel nacional, apoyando a colectivos y avanzando en tecnología para la identificación de personas localizadas en fosas dentro del estado y otras entidades.