- Presunto saqueo al erario, empresas fantasma y compra de voluntades en el Ayuntamiento capitalino; constructoras locales denuncian que sólo reciben "migajas".
Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Miércoles, 20 de Agosto de 2025| 10:03
En un ejemplo más de la corrupción y falta de transparencia en la "Capital del Sí" de Enrique Galindo Ceballos, documentos oficiales revelan que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Leopoldo Stevens Pérez, apodado ahora como "el hijo de la maldita herencia", habría tejido un entramado de corrupción y favoritismos con el que se apoderó de más del 90% de la obra pública municipal, con la presunta complicidad del alcalde capitalino.
Los papeles obtenidos de la Dirección de Obras Públicas del municipio detallan un esquema donde Stevens, mediante una red de empresas fachada y el uso de influencias políticas, ha concentrado contratos por miles de millones de pesos, dejando fuera a la mayoría de las constructoras locales que están inscritas en la CMIC.
De acuerdo con las denuncias, Stevens se habría valido de regalos, comidas, fiestas y favores para "comprar" funcionarios clave del Ayuntamiento y garantizar que las licitaciones fueran un simple trámite. En los fallos de concursos aparecen una y otra vez las mismas empresas ligadas a su nombre o al de sus allegados, simulando competencia y asegurando que la obra siempre quedara en sus manos.
Entre las firmas señaladas están HTR Infraestructura, Constructora CCST, Constructora Stevens, Promotora Casa Nueva, GAPO Infraestructura y Edificadora Trento Mexicana, entre al menos una veintena más.
El análisis del periodo 2021-2024 muestra un reparto alarmante: Dos empresarios (incluido Stevens) concentraron $555 millones de pesos, es decir, más del 60% del total; 18 empresarios recibieron $409 millones, equivalente al 32%; Más de 800 empresas restantes, en su mayoría afiliadas a la CMIC, apenas alcanzaron $180 millones, un raquítico 8%.
Mientras los socios de Stevens recibían contratos multimillonarios, las pequeñas empresas potosinas se tenían que conformar con promedios que no superan los $200 mil pesos por obra.
"¿Con qué autoridad moral habla el presidente de la CMIC de apoyar a los constructores, cuando él y sus amigos acaparan el 92% de la obra?", cuestionan los documentos.
Constructores locales han alzado la voz denunciando un fraude sistemático que no solo los margina, sino que pone en jaque la transparencia en el uso de recursos públicos.
Hasta el momento, ni Leopoldo Stevens Pérez ni Enrique Galindo han dado una postura oficial. Sin embargo, crecen las voces que exigen la intervención de autoridades estatales y federales para investigar lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en San Luis Potosí.
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