GALINDO, FANTASIOSO Y COPIÓN
Enrique Galindo parece vivir en su propio mundo: fantasioso y hasta copión. Ahora pretende replicar una estrategia que ya utilizó un exalcalde de Ciudad Valles, echando mano de una canción de Guadalupe Pineda que anteriormente fue utilizada en una campaña política. Si aquella fórmula funcionó para otro personaje, Galindo parece pensar que también puede servirle a él. El problema es que una canción no construye una candidatura ni sustituye los resultados de gobierno.
Mientras tanto, en cuentas afines y mediante lo que parecen ser redes de apoyo digital, comienzan a circular encuestas en las que supuestamente Galindo aparece como “el favorito”, acompañadas de una narrativa de respaldo y popularidad que busca instalarlo rumbo a 2027. La pregunta es cuánto de ese respaldo existe realmente en las calles y cuánto se fabrica en redes sociales. Porque una cosa es repetir una canción y otra muy distinta convencer a los ciudadanos.
Galindo parece seguir instalado en la idea de que su administración es un éxito, mientras la realidad de San Luis Capital cuenta otra historia: problemas de servicios, inseguridad, infraestructura deteriorada y una ciudad que enfrenta una de sus etapas más cuestionadas. Puede intentar copiar estrategias, fabricar tendencias o rodearse de aplausos digitales, pero al final serán los ciudadanos quienes evalúen los resultados. Y ahí, ninguna canción podrá cantar por él

TEC VALLES, 46 AÑOS DE HISTORIA
A 46 años de su fundación, el Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Valles, celebra con una matrícula histórica de 2 mil 863 estudiantes, cifra que supera el récord anterior de 2 mil 666 alumnos alcanzado en 2025. El director de la institución, José Diego Bárcenas Torres, destacó que este crecimiento refleja la consolidación de una institución que durante décadas ha sido referente de educación superior en la Huasteca.
El plantel fue fundado el 6 de octubre de 1980 como Instituto Tecnológico Agropecuario número 22, con el objetivo de acercar la educación superior a la región y contribuir a su desarrollo. A lo largo de estos 46 años, la institución ha ampliado y diversificado su oferta académica, pasando de una formación principalmente enfocada en el sector agropecuario a carreras relacionadas con ingeniería industrial, sistemas, inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones y gestión empresarial, además de programas de posgrado. Actualmente cuenta con más de 7 mil 500 egresados que se desempeñan en distintas partes de México y otros países.
El director señaló que la matrícula mantiene un crecimiento aproximado de 7.5 por ciento anual y que el objetivo es superar los 3 mil estudiantes durante 2027. Los festejos por el 46 aniversario continuarán este martes 6 de octubre con una ceremonia oficial a las 10:00 horas en el gimnasio auditorio del plantel, mientras que el miércoles se desarrollarán actividades con la participación de estudiantes emprendedores. 46 años después, el Tec Valles sigue creciendo y formando talento para la Huasteca y más allá de sus fronteras.

PEÑA VILLA, OPERANDO EN SLP
José Alejandro Peña Villa, diputado federal de Morena, estuvo en San Luis Potosí y dejó claro que la estrategia del partido pasa por mantener el trabajo territorial, recorrer municipios, colonias, calles y secciones electorales, además de construir organización y cercanía con la gente. El legislador, quien también ha sido identificado como delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en la Segunda Circunscripción, habló de continuar con los recorridos y la coordinación rumbo al proceso electoral de 2027.
Peña Villa también se refirió a la designación de Elí César Cervantes como coordinador estatal de los trabajos de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí. De acuerdo con lo expresado por el diputado, la Comisión Nacional de Elecciones revisó los perfiles conforme a los estatutos y determinó que Cervantes encabezara estos trabajos; destacó además su trayectoria previa como senador y dentro de Morena.
Más allá del discurso, la presencia de Peña Villa en tierras potosinas deja ver una operación política enfocada en territorio y organización. Mientras Elí César comienza a asumir esta nueva responsabilidad, el legislador federal plantea una ruta basada en recorridos, coordinación y trabajo con las estructuras locales. El movimiento morenista ya está colocando piezas para el escenario de 2027 y habrá que observar cómo se traduce esta operación en cada región del estado.

TAMUÍN, CAOS Y MÁS CAOS
Tamuín parece no salir de un problema cuando ya tiene otro encima. Ahora, de acuerdo con lo informado en la sesión de Cabildo, el Ayuntamiento encabezado por Marcelino Bautista Rincón tendrá que devolver alrededor de 1.5 millones de pesos a Termoeléctrica del Golfo y Peñoles, recursos que ambas empresas habían pagado y posteriormente reclamaron por la vía legal. El caso terminó con la obligación de reintegrar el dinero, incluso mediante pagos mensuales, mientras que las regidoras Cecilia Téllez, de Movimiento Ciudadano, y Adriana Carrillo, del PRI, quedaron fuera de esa responsabilidad al haber votado en contra del cobro.
Pero el asunto no termina ahí. A este episodio se suma una administración marcada por movimientos de personal y cuestionamientos sobre el funcionamiento del Ayuntamiento. Recientemente fueron despedidos 22 funcionarios, entre ellos el subdirector de Protección Civil, además de trabajadores de Obras Públicas, DIF y otras áreas. El director de Protección Civil, Ernesto Vargas Torres, ha sido señalado en reportes periodísticos por una detención relacionada con el presunto traslado ilegal de combustible; la investigación corresponde a las autoridades y su situación jurídica debe resolverse conforme a derecho.
Y mientras Tamuín acumula deudas, conflictos, despidos y decisiones que terminan en tribunales, la pregunta es inevitable: ¿quién está poniendo orden en el Ayuntamiento? El propio alcalde reconoció recientemente que durante su administración se han generado alrededor de 9 millones de pesos de deuda, adicionales a obligaciones heredadas. Entre cobros que terminan siendo cuestionados, funcionarios bajo la lupa y una administración que cambia constantemente de piezas, Tamuín sigue sumando capítulos que alimentan la percepción de un gobierno enredado en sus propios problemas. La población merece explicaciones claras, transparencia y, sobre todo, soluciones.

SE LES CAE EL TABLADO
A los simpatizantes de Gerardo Sánchez Zumaya parece que se les está cayendo el tablado y ahora buscan dónde acomodarse. Después de la intensa confrontación política de los últimos meses, comienzan a circular versiones sobre acercamientos con distintos grupos y figuras políticas, entre ellos el entorno de Enrique Galindo. Si esos movimientos existen, la pregunta es qué proyecto pretenden construir ahora y qué queda de aquel discurso con el que intentaban colocarse en el escenario político potosino.
El problema es que una cosa es buscar acuerdos y otra muy distinta es pretender que la política se construya únicamente desde la confrontación. Quienes durante meses apostaron por el choque, los señalamientos y una narrativa de ataques ahora enfrentan el reto de explicar qué quieren representar y con quién pretenden caminar. La política también exige congruencia: no se puede pasar de la confrontación permanente a buscar acomodo sin responder por lo dicho y hecho anteriormente.
Y mientras algunos buscan una nueva puerta de entrada, queda aquella expresión que ya circula en la crítica política: “merolico de estiércol”. Una frase fuerte, sí, pero que resume el reclamo de quienes consideran que hubo demasiado ruido y poca propuesta. Al final, los discursos pueden cambiar de destinatario, pero los antecedentes permanecen; si quieren volver a entrar al juego político, tendrán que explicar qué ofrecen más allá del pleito y la descalificación.

EL ECOCIDIO
La creciente del río Valles volvió a poner bajo la lupa la zona de Santa Rosa, precisamente donde semanas atrás fueron retirados árboles por el político José Luis Romero Calzada, conocido como Tecmol. Con el incremento del nivel del agua y la inundación del área cercana al puente, resurgieron los cuestionamientos sobre las consecuencias de intervenir la ribera y sobre si antes de realizar estos trabajos se consideraron las condiciones del terreno, la vegetación y el comportamiento del cauce durante la temporada de lluvias.
La situación también abre interrogantes sobre la planeación de aquella intervención y el posible impacto que pudo tener en el entorno. El hecho de que posteriormente el agua cubriera parte de la zona intervenida no permite, por sí solo, establecer que el retiro de árboles haya provocado la inundación, pero sí plantea una pregunta válida: ¿se realizaron previamente estudios o evaluaciones ambientales e hidráulicas para determinar qué efectos tendría modificar ese punto de la ribera?
El episodio deja sobre la mesa algo que no debería tomarse a la ligera: los árboles y la vegetación ribereña cumplen funciones importantes dentro de los ecosistemas y cualquier intervención en las márgenes de un río requiere valorar sus posibles consecuencias. Hoy la creciente exhibe una zona modificada y corresponde a las autoridades determinar si los trabajos realizados contaban con los permisos y estudios necesarios, así como establecer si existió algún impacto sobre el cauce. Más allá del debate político, el río no entiende de discursos: la naturaleza termina poniendo a prueba las decisiones tomadas sobre su entorno.

ROSA ICELA, FIRME Y VISIBLE
Buen trabajo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien compareció ante el Senado de la República como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Gobernación enfrentó el ejercicio parlamentario ante representantes de las distintas fuerzas políticas, en una jornada en la que se revisaron las acciones, avances y pendientes de la política interior del país.
La comparecencia volvió a colocar a Rosa Icela en el centro de la escena nacional. Su participación al frente de una de las áreas estratégicas del Gobierno federal mantiene vigente su nombre dentro de la conversación política, particularmente en San Luis Potosí, donde su trayectoria y presencia pública siguen siendo observadas de cara al escenario de 2027.
El proceso electoral todavía está por delante y las definiciones formales tendrán que llegar en su momento. Por ahora, Rosa Icela sigue haciendo política desde una posición de alta responsabilidad dentro del Gobierno federal y su nombre continúa sonando como una figura que podría competir en el escenario potosino. La comparecencia ante el Senado fue, nuevamente, un escaparate nacional para una política que mantiene presencia y visibilidad.

¿ENCUBRIMIENTO EN GALINDOLANDIA?
Qué penoso resulta que un accidente en el que estuvieron involucrados una regidora y un funcionario municipal termine rodeado de versiones encontradas y explicaciones que dejan más preguntas que respuestas. La tarde del 1 de octubre, la camioneta del Ayuntamiento de San Luis Potosí en la que viajaban la regidora panista Maritza Jenith Vázquez Pérez y el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, se impactó contra un árbol dentro del Parque Tangamanga I. El hecho movilizó a guardaparques, paramédicos y personal de Protección Civil.
Lo que genera cuestionamientos es la narrativa que posteriormente comenzó a circular para explicar el incidente: que todo se habría derivado de una condición de salud de la regidora, quien días antes había sufrido un desmayo. Esa versión fue respaldada posteriormente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, quien señaló que la regidora habría presentado nuevamente una afectación mientras conducía. Sin embargo, también existen reportes periodísticos que hablan de una discusión previa entre los ocupantes y de una intervención posterior del director de Protección Civil, Alejandro Polanco Acosta, para auxiliar en el lugar. Hasta ahora, esas versiones adicionales no han sido esclarecidas oficialmente.
Por eso, más que hablar de un supuesto encubrimiento como un hecho probado, lo que corresponde es exigir transparencia. ¿Por qué viajaban ambos funcionarios en una unidad municipal? ¿Cuál fue exactamente la causa del accidente? ¿Qué ocurrió antes y después del impacto? ¿Por qué acudió personalmente el titular de Protección Civil y bajo qué protocolo actuó? Esas son las preguntas que deberían responderse. En un Ayuntamiento que presume transparencia y buen gobierno, no basta con una explicación conveniente: la ciudadanía merece conocer los hechos completos y que, si hubo alguna irregularidad, sean las autoridades competentes quienes determinen responsabilidades.

¿SERÁ VERDAD, SERÁ MENTIRA?
No quisiéramos adelantar conclusiones, pero nuevamente surgieron declaraciones que generaron inquietud social sobre si realmente podría suceder lo planteado o si, quizá, se trata de una medida de presión para avanzar hacia el cumplimiento de un objetivo.
La reciente reforma constitucional que estableció que los gobiernos municipales deben pagar como mínimo 14 mil pesos mensuales netos a sus policías fue recibida de manera positiva por los elementos, quienes de alguna manera podrán acceder a un ingreso más digno y justo.
De ahí en adelante, algunos ayuntamientos no se preocuparon, porque incluso pagan un salario mayor a sus oficiales, pero las municipalidades con menores ingresos todavía se encuentran en proceso de asimilar si serán capaces de cumplir con la reforma legislativa, aun cuando solamente tengan cinco o 10 policías operativos.
Derivado de que el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) emitió diversas advertencias sobre cómo avanzaba el listado de cumplimiento, cuyo porcentaje no alcanzaba ni siquiera el 50%, ahora el estado recurrió a una estrategia de comunicación que busca generar atención sobre la importancia de atender la disposición.
En este contexto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona adelantó que existen al menos 10 ediles sujetos a una posible inhabilitación por desacatar el decreto que entró en vigor hace algunas semanas. Incluso señaló que entre ellos podrían encontrarse alcaldes identificados con distintas expresiones políticas, incluidos algunos tucanistas.
El señalamiento generó atención, pero al mismo tiempo se aclaró que solamente el Poder Legislativo será el que determine cuáles autoridades municipales, en su caso, podrían enfrentar alguna sanción. Lo que queda por delante será conocer cómo se desarrolla el procedimiento y cuáles serán las determinaciones que correspondan, particularmente a unos meses del inicio del proceso electoral. En este escenario, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, tendrán la responsabilidad de acompañar el cumplimiento de la reforma y mantener la coordinación institucional con los municipios y el Poder Legislativo.

BROTA EL PUS
Cuando parecía que ya había concluido una serie de detenciones relacionadas con delitos del fuero federal nuevamente volvió a resurgir la mala hierba, pues resulta que sigue la mata dando entre más extraen la raíz con mayor profundidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) cateó un inmueble ubicado en la zona industrial de la capital potosina, confirmándose que se trataba de una especie de almacén donde operaban un grupo delictivo dedicado al robo de autotransporte.
Según las primeras indagaciones, se trata de un buen bonche de presuntos criminales detenidos durante la intervención, donde también participó la Guardia Civil Estatal ((GCE), pero como tal, el operativo estuvo encabezado por la delegación potosina de la FGR.
Si recordamos hace unas semanas la corporación estatal desarticuló en compañía de instituciones federales, a una organización criminal que operaba en Santa María del Río, la cual ejercía prácticamente en el mismo giro delincuencial.
Dicho lo anterior está claro que la bonanza y crecimiento económico registrados en los últimos años han generado no solo un mejor estilo de vida para la ciudadanía en general, sino que la criminalidad vea una oportunidad de capitalizar sus negocios turbios al mejor postor.

EL BOQUETE DE LA SECCIÓN 52
El dato es frío y contundente: la Sección 52 del SNTE le cuesta a Pensiones del Estado 40 millones de pesos al mes.
Solo en nómina ordinaria. Sin contar bonos extraordinarios. Y el fondo que debería sostenerla apenas ingresa 32.
El director de Pensiones, Luis Arturo Coronado Puente, lo dijo sin rodeos este 5 de octubre: la Sección 52 ya está descapitalizada. Lo que se había proyectado para 2030 se adelantó cuatro años. ¿Por qué?
Primero, porque cada vez más maestros se están jubilando. Segundo, porque el magisterio estatal tiene una particularidad que en otro contexto sería una virtud: hay docentes que llegan a los 40 años de servicio activo antes de retirarse. Eso significa pensiones más altas y por más tiempo. Un derecho ganado, sí, pero también una presión financiera que ningún cálculo actuarial de hace 20 años previó con precisión.
El problema de fondo no es nuevo y Coronado lo reconoce: la Sección 52 sí aporta. Los maestros en activo entregan el 14% de su sueldo base. Es el tope que marca la Ley de Pensiones. No hay margen legal para pedirles más. Son, en palabras del propio funcionario, aportadores responsables.
Y aun así no alcanza.
Hay un déficit de entre 8 y 9 millones de pesos cada mes. Un hoyo que debe taparse con el fondo común de todos los burócratas potosinos. Hoy, asegura Pensiones, todo está al corriente. Nóminas, bonos, aumentos y retroactivos pagados. Pero la pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo? Porque cuando un sector gasta más de lo que ingresa de forma estructural, no estamos ante un bache, sino ante una quiebra anunciada.
El caso de la Sección 52 es el espejo donde se miran otros sectores del Estado. No se puede seguir pateando la reforma a la Ley de Pensiones. Ni se puede seguir permitiendo jubilaciones sin un fondo que las respalde. Lo que hoy son 40 millones al mes, mañana serán 50. Y el boquete seguirá creciendo si no se toman decisiones impopulares pero necesarias.
La descapitalización ya llegó. El 2030 se nos adelantó.

A LA MAESTRA NEDI LA MATARON DOS VECES
El auditorio estaba lleno de maestras y maestros de primaria que iban a ser reconocidos. Pero el aplauso no fue para ellos. Fue para Nedi.
Un minuto de aplausos cerrado, largo, con nudo en la garganta, para Nedi Edith Nevárez González, la maestra asesinada a sangre fría por dos exalumnos dentro de su salón de clases, en la Secundaria General No. 13 del Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.
El crimen cimbró a la Sección 52 en San Luis Potosí. Porque pudo ser aquí. Porque pudo ser cualquiera.
En el presídium, la secretaria general Elizabeth Bibiana Guerrero Milán no se anduvo con discursos tibios. Exigió lo que el magisterio lleva años pidiendo a gritos: un marco jurídico que proteja al docente.
No es un exceso. Hoy un maestro está más expuesto que nunca. Afuera están las agresiones reales, como la que le quitó la vida a Nedi. Adentro, otra forma de violencia más silenciosa pero igual de destructiva: las denuncias falsas, los videos sacados de contexto, los retos virales para humillar al profe en TikTok.
Guerrero Milán lo puso sobre la mesa: en San Luis Potosí basta una denuncia, venga de un alumno, de un padre de familia o incluso de otro compañero docente, para que a un profesor lo saquen de su escuela. Sin investigación, sin derecho de audiencia, sin presunción de inocencia. La carrera de 20 o 30 años queda manchada en un día.
¿Y después? Si resulta inocente, que lo regresen y le limpien el nombre. Si es culpable, que se le sancione conforme a la ley. Es lo mínimo: debido proceso.
La dirigente informó que el SNTE nacional, con Alfonso Cepeda Salas, ya presentó una iniciativa federal para blindar a toda la comunidad escolar frente a la violencia extrema. La apuesta es que, una vez aprobada, se armonice en San Luis Potosí.
Pero las leyes no sirven si no hay quien las haga valer en cada plantel. Por eso el otro llamado urgente: que los Comités Escolares de Seguridad y Convivencia dejen de ser un requisito en papel y operen de verdad. Con padres, maestros, directivos y autoridad sentados en la misma mesa, con protocolos claros.
A Nedi la mataron dos exalumnos. Pero también la mató un sistema que dejó sola a una maestra frente a la violencia.
Que su minuto de aplausos no se quede en eso.

PUEBLOS MÁGICOS, EL EXAMEN REAL EN TAMPICO
Del 26 al 29 de noviembre todos los caminos turísticos llevan a Tampico, Tamaulipas, y ahí estará San Luis Potosí con sus Pueblos Mágicos bajo el brazo. No es un evento menor. Es la octava edición del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, el tianguis más importante del país en su tipo, donde se concentrarán los 177 Pueblos Mágicos de México, con una expectativa de 15 mil visitantes por día y una derrama de entre 60 y 70 millones de pesos sólo para la sede. Así lo confirmó Rosa María Gutiérrez Salgado, encargada de Promoción Turística de la SECTUR estatal, quien dejó claro que no se va de paseo, se va a competir, a vender y a aprender. Durante cuatro días habrá pabellones de promoción, muestras gastronómicas, presentaciones culturales, pero sobre todo mesas de negocios y jornadas de capacitación para comités ciudadanos, prestadores de servicios y alcaldes, que son donde realmente se define si un Pueblo Mágico vende o solo posa para la foto. Por instrucción directa de la secretaria Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, la estrategia potosina tiene nombre y apellido: Ciudad del Maíz, Tierra Nueva y Santa María del Río, los tres de reciente incorporación que necesitan todo el acompañamiento para consolidar infraestructura, producto turístico y promoción. No es lo mismo Real de Catorce, que ya tiene casi 25 años en el programa y es un referente nacional que se vende solo, que los nuevos que aún batallan para armar un catálogo de experiencias, digitalizar su oferta y profesionalizar a su gente. Gutiérrez Salgado lo resumió bien: cada Pueblo Mágico lleva un ritmo distinto. Y justo por eso la evaluación que hizo la Secretaría de Turismo federal a nivel nacional cae como anillo al dedo, porque detectó las fallas comunes: falta de profesionalización, promoción digital débil y poca capacidad de comercialización, tres puntos que serán el eje de las mesas de trabajo en Tampico. San Luis Potosí no puede darse el lujo de ir solo a mostrar rebozos y enchiladas potosinas. Tiene que ir a cerrar alianzas con tour operadores, a traer capacitación y a entender que la marca Pueblo Mágico ya no es un diploma en la pared, es una auditoría permanente.

HALLAZGO EN LOS MOLINOS, VILLA DE POZOS
La tarde de este domingo se reportó el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una camioneta en Villa de Pozos. El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Castillo y Molino Rojo, en la colonia Los Molinos.
De acuerdo con los primeros reportes, paramédicos y elementos de la Guardia Civil Municipal acudieron al sitio tras el llamado de auxilio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales y presentaba impactos de arma de fuego. El cuerpo se encontraba dentro de una camioneta Ford Lobo color negro.
Elementos de la Guardia Civil Estatal acordonaron el área como primeros respondientes, en tanto que personal de la Policía de Investigación realizó las diligencias iniciales y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.
Hasta el momento no se ha emitido información oficial por parte de la Fiscalía General del Estado sobre la identidad de la víctima, las posibles causas del hecho o las líneas de investigación que se siguen.
El caso permanece en integración para el esclarecimiento de lo ocurrido.

100 EXPEDIENTES QUE SE NIEGAN A MORIR
A diez años de que México dijo adiós al viejo sistema penal escrito para entrar de lleno a los juicios orales, en San Luis Potosí todavía hay cien fantasmas del pasado que siguen vivos en los juzgados y que el Poder Judicial ahora quiere liquidar de una vez por todas, así lo confirmó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien detalló que la mitad de esos expedientes están en la capital potosina y la otra mitad en Ciudad Valles bajo resguardo del Juzgado de Ejecución, y aunque parecen pocos frente a las más de 25 mil audiencias que se realizan hoy bajo el nuevo sistema acusatorio con un ritmo de entre 500 y 600 audiencias cada tres días en todo el estado, son cien casos que por ley deben morir como nacieron, es decir, bajo las reglas del antiguo sistema tradicional, porque así lo marca la disposición legal, a pesar de que el sistema acusatorio debió operar en todo el país a más tardar en junio de 2016. Zarazúa Martínez explicó que la gran mayoría ya está en la recta final, solo a la espera de la última etapa y la sentencia, por lo que el Tribunal les ha metido acelerador para cerrarlos, aunque reconoció que ponerles fecha de defunción es imposible, porque basta un amparo o una reposición de procedimiento ordenada por un tribunal superior para que el expediente se alargue meses o años más, y con eso lo que parecía el final se convierte en volver a empezar. Por eso, hoy la consigna es clara: darle celeridad para que ya no quede ni un solo caso del viejo modelo y que San Luis Potosí pueda decir por fin que enterró por completo al sistema penal tradicional.

GALINDO, EL ALCALDE DE LOS ESPECTACULARES
Enrique Galindo Ceballos ya no gobierna San Luis Potosí, se promociona. Y ahora no solo se lo dice el Partido Verde, se lo dice Morena.
El diputado Carlos Arreola Mallol le puso números a lo que todos vemos en la calle: cerca de 12 millones de pesos en un solo mes para publicidad oficial. ¿En qué? ¿A quién se contrató? ¿Qué empresa se está haciendo rica con la imagen del alcalde en medios nacionales mientras en la capital no hay agua, las calles están inundadas, llenas de baches y a oscuras?
El segundo informe de Galindo no fue un informe, fue un spot de campaña anticipada rumbo a 2027. Usó la estructura, el dinero y el reflector del Ayuntamiento para venderse él, no para rendir cuentas.
Y rendir cuentas es lo que menos quiere. Ahí están las 420 sanciones firmes contra funcionarios municipales que reportó su propia Contraloría Interna al cierre del primer semestre de 2026. 420. ¿Dónde están las explicaciones? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron con el dinero público?
Mientras Galindo se pelea con el Gobierno del Estado para diferenciarse y se va a tomarse fotos a la Ciudad de México, aquí la ciudad se cae a pedazos: robos a transeúntes y comercios todos los días, basura sin recolectar, colonias sin alumbrado y un Centro Histórico que ahora sufre su último capricho fallido, las luminarias que ni iluminan y que además ponen en riesgo una zona patrimonial protegida.
El alcalde quiere ser gobernador, pero no puede ni con la capital. Quiere que lo vean como estadista cuando no ha podido resolver ni el bache de su calle.
Morena tiene razón en algo: si Galindo ya está en campaña, que renuncie y deje que alguien más administre la ciudad. Porque hoy San Luis Potosí tiene un alcalde ausente, gastando millones para que lo vean en todo México, menos trabajando donde se le necesita, y el reflejo se ve palpablemente en las colonias, inundadas, sin atención. Que no lo quiera ver él, pues la realidad de su administración es que tiene la ciudad inundada, con baches y sin atención.

LA UASLP SE LE CAE A ZERMEÑO
Cinco alumnos bastaron para exhibir lo que pasa en la UASLP de Alejandro Zermeño Guerra. Cinco estudiantes tomaron esta mañana la Facultad de Derecho Ponciano Arriaga Leija y cerraron la escuela a las 6:30 de la mañana.
No pedían lujos, pedían lo básico: que no haya acoso, que no haya violencia de género, que no haya discriminación, que no haya favoritismos.
Y lo que denunciaron es grave. Hablaron de grupos de poder entre los maestros que controlan calificaciones y actividades, de la secretaria general Citlalli Aranda Zermeño, a la que acusan de violencia institucional y de bloquear a los estudiantes, de clases con comentarios clasistas, de acoso que no se atiende y hasta de condicionar calificaciones a conferencias de más de mil pesos. Eso no es un problema de Derecho, es el reflejo de una rectoría ausente. La administración de Alejandro Zermeño Guerra lleva meses sin atender la crisis interna de las facultades. Todo se resuelve con diálogo a medias, con promesas de mesas de trabajo y con liberar el edificio a las 8:30 como si con eso se acabara el fondo.
La directora Georgina González llegó, dialogó y se acabó la toma, sí, pero las denuncias siguen ahí. ¿Cuántas tomas más necesita Zermeño para entender que la universidad está rebasada por dentro?
Hoy fueron cinco alumnos en Derecho. Mañana pueden ser cincuenta en otra facultad. Porque cuando no hay atención, cuando no hay rectoría que escuche y sancione, la toma de un edificio es el único micrófono que les queda a los estudiantes.

CUANDO EL PLOMO EN EL EJE 130 SE CONVIERTE EN GOLPE ESTRATÉGICO
Lo que comenzó el pasado viernes como una escena de alto riesgo —con ráfagas de bala resonando en plena Zona Industrial, patrullas con neumáticos destrozados y una camioneta blindada de la FGR baleada tras el cateo a una chatarrera en el Eje 130— ha terminado por perfilarse como uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en carreteras potosinas. Aquella tarde de tensión, que dejó dos detenidos y se extendió discretamente hasta una exclusiva residencia en El Pedregal, no era un incidente aislado, sino el preludio de la desarticulación de una sofisticada red de robos al autotransporte federal. La confirmación del propio secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, al revelar el aseguramiento de un arsenal tecnológico compuesto por cientos de inhibidores de señal, antenas, montacargas y tarimas con mercancía, desnuda la escala industrial con la que operaban estas células delictivas aprovechando la vulnerabilidad de la carretera 57.
Más allá del despliegue de fuerza y del posterior espaldarazo político del gobernador Ricardo Gallardo Cardona celebrando la coordinación interestatal, este episodio deja una lectura urgente sobre el control de nuestras rutas comerciales. Desmantelar bodegas de resguardo y decomisar tecnología de punta para bloquear señales satelitales asesta un respiro necesario a los transportistas que a diario se juegan la vida en el asfalto. Sin embargo, el verdadero reto para las autoridades federales y locales no radicará únicamente en la espectacularidad del cateo o en el saldo de los aparatos asegurados, sino en demostrar que la caída de esta red significa el corte definitivo de las complicidades que permitieron a la delincuencia operar con tanta impunidad a la vista de todos en San Luis Potosí.

DR0GA EN ESCUELAS
Lo ocurrido en la escuela secundaria Benito Juárez, en el municipio de Rioverde, debe encender una alerta entre autoridades educativas, padres de familia y sociedad en general. Cuando existe presencia, posesión o consumo de sustancias dentro de un plantel educativo, no estamos frente a una simple falta de disciplina, estamos ante un problema que puede poner en riesgo la salud, la seguridad y el futuro de los estudiantes.
La propia Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla protocolos para actuar ante estos casos, informar a los directivos, mantener bajo resguardo y acompañamiento al alumno, notificar a los padres o tutores, brindar atención y, cuando sea necesario, dar intervención a las autoridades competentes. Las medidas disciplinarias deben aplicarse respetando la dignidad y los derechos de los adolescentes.
Por eso, el caso de la secundaria Benito Juárez no debería quedarse únicamente en una suspensión o en una llamada de atención. Si se confirma la presencia de drogas, debe conocerse qué ocurrió, cómo ingresó la sustancia al plantel, quiénes estuvieron involucrados y qué medidas se adoptaron para evitar que vuelva a suceder.
La SEP insiste en que la prevención de las adicciones requiere la participación conjunta de escuela, maestros y familias, además de acciones de orientación y canalización. Aquí no se trata de criminalizar a los adolescentes, pero tampoco de minimizar una situación que puede convertirse en algo mucho más grave. Una escuela debe ser un espacio seguro para aprender, no un lugar donde las drogas encuentren terreno para avanzar.
El caso de la Benito Juárez debe servir como llamado de atención. Prevenir, detectar y actuar a tiempo puede hacer la diferencia entre corregir una conducta y lamentar después consecuencias irreversibles.

LAS HERENCIAS DIVIDEN FAMILIAS
Lo que los padres construyen durante toda una vida debería convertirse, después de su partida, en un respaldo para sus hijos y no en el motivo que termine enfrentándolos, sin embargo, en muchas familias ocurre lo contrario, una casa, un terreno o cualquier propiedad se convierte en el origen de pleitos que pueden escalar hasta las amenazas y la violencia.
El reciente caso ocurrido en el municipio de Alaquines es un ejemplo de cómo una disputa por una propiedad puede deteriorar por completo la relación entre hermanos.
Emma N. acudió ante la Fiscalía General del Estado para denunciar presuntas amenazas e intimidaciones por parte de sus hermanos Noé P. y Melquiades P., a quienes señala de pretender obligarla a abandonar su vivienda para quedarse con el inmueble. De acuerdo con su señalamiento, las amenazas habrían sido verbales e incluso presuntamente con una cuchilla, además de dirigirse también contra su esposo.
Los hechos habrían ocurrido en el Rancho del Pro, donde la afectada asegura que las intimidaciones se han presentado de manera reiterada debido al conflicto por la propiedad.
Corresponderá a la autoridad investigar y determinar qué ocurrió realmente y, en su caso, establecer las responsabilidades conforme a derecho. Pero más allá de este caso particular, queda una reflexión que debería hacerse en muchos hogares, ¿por qué esperar a que los padres mueran para comenzar una guerra por lo que dejaron?
El testamento sigue siendo una de las herramientas más importantes para prevenir este tipo de conflictos. No se trata únicamente de repartir bienes, sino de dejar claridad, evitar interpretaciones y reducir las posibilidades de que, después de una muerte, los familiares comiencen a pelear por una propiedad que quizá nunca quedó legalmente definida.
Porque cuando no existe un documento claro, pueden aparecer los reclamos, "esa casa era para mí", “mi padre me la había prometido”, “yo cuidé a mis padres”, “yo tengo derecho porque soy el mayor”, y lo que inicialmente son diferencias familiares puede terminar en denuncias, amenazas, agresiones y rupturas que difícilmente vuelven a repararse.
También es importante que quienes tienen propiedades no solamente hablen con sus hijos sobre sus deseos, sino que busquen asesoría legal y formalicen sus decisiones conforme a la ley. Las palabras pueden olvidarse o ser interpretadas de distintas maneras; un documento legal permite dejar mayor certeza.
Nadie sabe cuándo llegará el momento de faltar, pero sí puede decidir qué tan complicado será para su familia continuar cuando eso ocurra.
Una herencia debería representar el esfuerzo de toda una vida y servir para apoyar a los hijos, no convertirse en el motivo por el que terminen enfrentados como enemigos.

UNA VIDA PERDIDA Y MUCHAS PREGUNTAS
Una tragedia vial ocurrida en el camino rural asfaltado de Mezquites Chicos, en Cerritos, deja nuevamente una incógnita sobre cuántos accidentes podrían evitarse si quienes conducen lo hicieran con responsabilidad y en condiciones adecuadas.
En este hecho perdió la vida J. Socorro G., de 74 años, quien viajaba en una motocicleta acompañado de su hija Claudia Guadalupe G., de 27 años, a quien había acudido a recoger a su trabajo. La joven resultó gravemente lesionada y tuvo que ser trasladada primero al Hospital IMSS-Bienestar Clínica 41 de Cerritos y posteriormente a San Luis Potosí, debido a diversas fracturas y un traumatismo craneoencefálico.
En el accidente también participó una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor fue identificado como Federico C., de 72 años, y quien, de acuerdo con los primeros reportes, habría invadido el carril contrario, provocando el choque frontal.
Pero hay un dato que no debe pasar desapercibido, en la camioneta fueron encontradas botellas o envases de cerveza.
Esto, por sí solo, no permite afirmar que el conductor estuviera alcoholizado al momento del accidente, sin embargo, sí constituye un elemento que deberá ser tomado en cuenta dentro de la investigación, particularmente para determinar si existió consumo de alcohol antes o durante la conducción.
Ahí es donde las autoridades deberán llegar hasta las últimas consecuencias y no quedarse únicamente con la primera versión del accidente. Será indispensable conocer los certificados médicos, pruebas de alcoholemia o toxicológicas que correspondan, dictámenes periciales, posición de los vehículos, huellas de frenado y demás elementos que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el choque y quién tuvo responsabilidad.
Porque una cosa es un accidente y otra muy distinta conducir bajo los efectos del alcohol o en condiciones que pongan deliberadamente en riesgo la vida de otras personas. Si las investigaciones determinaran que hubo consumo de bebidas alcohólicas y que este influyó en el percance, la situación jurídica podría ser considerablemente más seria.
Mientras tanto, una familia enfrenta la pérdida de un hombre de 74 años y otra lucha por la recuperación de una joven que resultó gravemente lesionada.
La edad del conductor tampoco debe convertirse en una excusa ni en una condena anticipada, lo que debe hablar son las pruebas. La Fiscalía tendrá que determinar si hubo invasión de carril, imprudencia, consumo de alcohol, alguna otra conducta indebida o simplemente un hecho accidental.
Lo importante es que la investigación sea completa, porque detrás de un choque no solamente hay vehículos dañados, hay vidas, familias y consecuencias que pueden durar muchos años.

¿CAMBIOS NECESARIOS?
El viernes de la semana anterior se dio en forma oficial el cambio de mando en la base operativa de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de Ciudad del Maíz, como parte de las rotaciones de oficiales que son realizados no solo en la jefatura regional Zona Media, sino en todo el estado de San Luis Potosí.
Entre las cuestiones y argumentos que han expuesto algunos ciudadanos es, ¿qué tan necesario es el cambio? Si bien o mal, no es tan alta la incidencia delictiva en Ciudad del Maíz a como era en años anteriores y eso se ha visto, al darse hechos solo en forma esporádica.
Además, que realmente existe malestar por la población que no solo es amonestada, sino que de una u otra manera se ha visto obligada a dar su "moche" a los oficiales para evitar que sean sancionados, que incluso en el pueblo todos se conocen y se sabe.
Ojalá con el cambio de mando que se dio, también se vea reflejado un beneficio para la población, una corporación humana que se dedique a apoyar a quien lo necesite y que el trabajo se vea reflejado.

VIENE EN GRANDE
Quedan prácticamente ya dos semanas para que en Ciudad del Maíz sea realizada una de las fiestas que llegaron a convertirse en una tradición, como es la Feria del Elote.
Este año la celebración no es organizada por el mismo comité o de quienes la han hecho en los últimos años y que era un solo día, sino que es a cargo del docente Alejandro Rodríguez Correa, director de la escuela secundaria "Manuel Ávila Camacho".
Con el ahora comité que agendó dos días para esta fiesta, como es 16 y 17 de octubre, a diferencia de años atrás, esta vez integrarán una actividad diferente y va dirigida en especial a niños y adolescentes, además de mantener la organización de eventos deportivos, gastronómicos y musicales.
El organizador ha manifestado que no se trata de una actividad política en la que busca promocionarse como persona, ya que es de recordar que en el 2021 fue candidato a Alcalde por el Partido Nueva Alianza (PANAL), además de que es ajeno de la Colonia "Carlos Diez Gutiérrez" o Italiana, donde será realizada, es con la intención de hacer una celebración diferente a lo acostumbrado.
De toda la historia maicense, esta feria tiene algunos años, pero conforme al paso del tiempo se convirtió en una tradición del pueblo, que al faltar pocos días para octubre, esperan que sea anunciada su programación.

PROBLEMA EN AUMENTO
Ciudad del Maíz sigue en el top dentro de la región Media de San Luis Potosí, con casos de Gusano Barrenador en diversos tipos de ganado, una plaga que persiste en quedarse.
Al momento, desde finales de febrero de este año que comenzó el cruel problema, suman ya más de 800 casos en diversos tipos de ganado, al menos los atendidos por las brigadas de la Comisión México Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas en los Animales (CPA), así como del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP).
La cifra puede ser mucho mayor, pues algunos de los casos los han atendido en forma directa médicos veterinarios a quienes recurren los ganaderos afectados, para el tratamiento de las graves miasis, que son infestaciones por larvas o gusano que genera la mosca Cochliomyia hominivorax.
Ciudad del Maíz no solo registra alta incidencia en ganado bovino con esta plaga, sino que desde el mes antepasado a la fecha incrementa también en perros, no solo los callejeros que están en mayor riesgo, sino que también los de casa y que, vaya, se ha visto la irresponsabilidad en sus dueños por desprotegerlos.
De todo el estado de San Luis Potosí, son varios los municipios con alta incidencia en esta plaga, como Ciudad del Maíz, Guadalcázar, El Naranjo, Xilitla, Tamasopo, Ébano, Tamuín, por señalar algunos, sin embargo, en otras zonas de mayor dimensión es seguro que los hay, pero la autoridad a la que le corresponde no ha emitido los debidos reportes.