MALTRATO CON TOGA: LA JUSTICIA QUE ENCARCELA INFANCIAS*
No es una metáfora. En San Luis Potosí hay niños que crecieron presos.
No en un reclusorio. En cuatro paredes del Cecofam —el Centro de Convivencia Familiar— donde 89 niñas, niños y adolescentes cumplieron la mayoría de edad sin haber podido ir al parque, al cine o a aprender a andar en bici con su papá o su mamá. Todo supervisado. Todo por una hora a la semana.
Ese es el dato más brutal que esta semana pusieron sobre la mesa la Fundación Granito de Arena y el colectivo No Más Hijos Rehenes, y que debería avergonzar al Poder Judicial del Estado.
Miles de infancias atrapadas en juicios que duran años. Revictimizadas por el mismo sistema que juró protegerlas.
El mecanismo de la violencia es casi burocrático: cuando un menor dice “ya no quiero ver a mi papá” o “ya no quiero ver a mi mamá”, el juez no investiga. Suspende la convivencia y lo manda a “terapia de revinculación” a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
El problema es que la propia PPNNA ya respondió por Transparencia: no tiene facultades ni especialistas para hacer esa terapia.
¿Qué hace entonces el juez? Lo manda igual. Y lo que sigue es una improvisación de salud mental que el abogado David Mejía define con precisión quirúrgica: violencia administrativa contra las infancias.
Es el Estado revictimizando con sellos y oficios.
La Suprema Corte ha sido clara: debe prevalecer el interés superior del menor, que incluye el derecho a convivir con ambas familias y a minimizar el daño de la separación. En SLP se hace lo contrario: se judicializa la infancia, se niega la guarda y custodia compartida y se castiga el vínculo.
Los números que obtuvo Susana del Río por Transparencia son el retrato de un sesgo estructural:
En seis años, solo en los siete juzgados del Primer Distrito —capital y Soledad—, 2 mil 207 sentencias. Y 14 mil 134 convivencias supervisadas impuestas a hombres contra 4 mil 362 a mujeres. Traducción: al padre, una hora a la semana. Aunque venga ocho horas en camión desde la Huasteca para ver a sus hijos.
Ofrecieron al Poder Judicial un software —en donación— para que las audiencias tuvieran perspectiva de infancia. Lo rechazaron.
No es falta de herramientas. Es falta de voluntad.
Porque detrás de cada expediente que se acumula, no hay un caso. Hay un niño que perdió su infancia entre cuatro paredes, esperando que un juez entienda que la justicia familiar no debería doler más que el divorcio de sus padres.

EL AGUA QUE SE VA POR EL CAÑO Y LA CUENTA QUE NADIE QUIERE PAGAR
La propuesta del diputado Luis Fernando Gámez Macías suena a candado, pero en realidad es una confesión del fracaso: obligar por Constitución a que los ayuntamientos destinen el 15% de su presupuesto a infraestructura hidráulica.
¿Por qué llegar a eso? Porque los números de Interapas ya no cuadran ni con retórica.
Dato uno, el que presenta el propio legislador: 50% del agua que extrae Interapas se pierde en la red. Es decir, de cada dos litros que se bombean del subsuelo, uno termina en una fuga, en un socavón, en tierra.
Dato dos, de contexto: según el propio organismo, en la zona metropolitana se facturan en promedio 2.2 millones de metros cúbicos al mes, pero se requieren más de 4 millones para cubrir la demanda real. Si la mitad se pierde, el déficit no es por sequía. Es por tubería vieja.
Dato tres, el presupuestal: San Luis Potosí capital ejerce alrededor de 4 mil millones de pesos anuales. El 15% son 600 millones. Soledad, cerca de mil 800 millones; el 15% son 270 millones. Cerro de San Pedro, poco más de 30 millones; el 15% son 4.5 millones. Sumados, solo esos tres municipios que integran Interapas tendrían que blindar casi 900 millones de pesos al año para agua.
Hoy, Interapas invierte en promedio menos de 120 millones anuales en infraestructura. La incongruencia es evidente: se exige más de lo que se pierde.
Y aquí viene la congruencia de la propuesta:
Gámez Macías no solo plantea el candado del 15%, también anuncia una segunda reforma a la Ley de Planeación para medir con indicadores el desempeño municipal en agua, basura, alumbrado y seguridad.
Tiene lógica. No puedes obligar a gastar 15% si no mides en qué se gasta. Porque Interapas ya ha recibido aumentos tarifarios, créditos y aportaciones extraordinarias y el resultado es el mismo: más fugas.
“Hay un ecocidio en la zona metropolitana”, dice el diputado. Y no exagera. El ecocidio es bombear agua a 400 metros de profundidad para tirarla en una calle de la colonia Industrial Aviación.
La administración “inoperante” que denuncia no es solo Interapas. Es el modelo donde tres ayuntamientos se echan la bolita mientras la red colapsa.
El candado presupuestal puede ser impopular para los alcaldes —les quita margen para fiestas, nóminas y bacheo—, pero es congruente con el dato duro: sin infraestructura no hay agua, y sin agua no hay calidad de vida que presumir.
La iniciativa ya está en la Comisión del Agua. La pregunta no es si se aprueba, sino si los ayuntamientos estarán dispuestos a dejar de administrar la escasez para empezar a invertir en la solución.

LA ESCUELA NO ES BÚNKER, PERO TAMPOCO PUEDE SER TIERRA DE NADIE
El reflejo es automático: pasa algo en Torreón y en San Luis Potosí todos volteamos a ver las mochilas de nuestros hijos.
Tras el ataque en una secundaria de Coahuila, la Secretaría de Seguridad estatal anunció lo que siempre anuncia: ferias de seguridad, pláticas preventivas, coordinación con directivos, incluso con los COBACH.
Y suena bien. Hasta que escuchas el resto del informe del secretario Jesús Juárez Hernández: en lo que va del año, los reportes en escuelas potosinas han sido por pintas en baños y comentarios sobre supuestas amenazas que, al investigarse, resultaron ser bromas.
¿Bromas? Sí. Pero las bromas también son un síntoma.
Un adolescente que escribe una amenaza en la puerta de un baño no está haciendo un chiste. Está pidiendo atención, está replicando lo que ve en TikTok, está probando qué pasa si cruza la línea. Y cuando la autoridad llega, revisa y dice “no hay peligro real”, el mensaje que le queda a la comunidad es: no pasó nada.
Hasta que pasa.
El blindaje que necesita una escuela no es solo un protocolo pegado en la dirección. Es un sistema de alerta temprana que no tenemos. Maestros rebasados con grupos de 45 alumnos, padres de familia que no conocen a los amigos de sus hijos, directivos que prefieren no reportar por miedo a “quemar” al plantel.
Juárez Hernández tiene razón en algo: esto no lo resuelve solo la policía. Necesita tres niveles de gobierno, sí, pero sobre todo necesita tres actores que hoy no se hablan: maestros, alumnos y padres.
Porque mientras sigamos entendiendo la seguridad escolar como mandar una patrulla a dar una plática de 40 minutos una vez al semestre, seguiremos apagando incendios con pintas en el baño.
La lección de Torreón no es que hay que revisar mochilas. Es que hay que escuchar lo que se escribe en las paredes.

EL INFORME QUE NO FUE INFORME
Enrique Galindo Ceballos confundió el informe con el destape. Y eso tiene nombre: uso político de un acto institucional.
El alcalde de la capital no rindió cuentas. Usó el cierre de su segundo informe de sus dos sexenios—pagado con recursos públicos, con el Cabildo sentado, con la ciudad como pretexto— para decir lo único que le importaba: que quiere ser gobernador en 2027.
Luego se hace la víctima. Dice que las críticas del Verde y del gobernador Ricardo Gallardo Cardona “se explican solas” y que hay temor político. No, alcalde. No es temor. Es congruencia.
Porque fue él mismo quien horas antes criticó el uso político de los informes. Y horas después hizo exactamente lo mismo. Eso no es valentía. Es incongruencia en vivo.
“No violé en ningún momento la ley”, se defiende. La vieja coartada. Como si la ley solo fuera lo penal. El problema no es si pidió el voto con todas las letras. El problema es ético: utilizó un evento de gobierno para su proyecto personal. Y eso, aunque lo maquille de legal, es una falta de respeto a los potosinos que lo votaron para gobernar la capital, no para lanzarse desde el atril.
Y luego la salida fácil: “ellos sí pueden hacer lo que sea”. Señala a la senadora Ruth González y a los eventos del Verde. Como si dos errores hicieran un acierto. Como si justificar su acto con el de otros lo volviera correcto. Si tanto critica esas “mecánicas idénticas” que “parecen” campaña, ¿por qué las replica?
Galindo no está rompiendo el doble rasero. Lo está confirmando. Está diciendo: si ellos lo hacen, yo también. No es un opositor que propone otra forma de hacer política. Es un alcalde que quiere subirse al mismo carrusel, pero con fuero opositor.
Su informe debió hablar de agua, de bacheo, de seguridad. De los tres años que tuvo para transformar la capital. En lugar de eso, habló de sí mismo.
Y ese es el problema de Galindo: lleva un año más preocupado por la gubernatura de 2027 que por la alcaldía de 2026.
Quiere que lo midan como candidato, pero sigue cobrando como alcalde, y prueba de ello fue lo que San Luis Potosí capital vivió ayer con las calles inundadas, con un tráfico inmenso y sin ninguna presencia de su autoridad municipal.

GOLPE EN EL CORAZÓN LOGÍSTICO
El robo de autotransporte dejó de ser un delito de carretera para convertirse en un delito de bodega. Y San Luis Potosí lo acabó de confirmar.
La FGR desmanteló ayer una célula que operaba en dos caras de la misma ciudad: una bodega en la Zona Industrial y una casa en El Pedregal. Esa es la geografía del crimen moderno potosino. No se esconde en el monte. Se esconde entre naves industriales y portones eléctricos.
El secretario Jesús Juárez Hernández lo informó sin triunfalismo, como debe ser: operativos simultáneos, Guardia Civil resguardando perímetro, Policía Federal Investigadora ejecutando cateos, y el resultado —tractocamiones, motos, inhibidores de señal y detenidos a disposición federal.
El detalle de los inhibidores no es menor. Habla de una célula profesional. No son los que roban por hambre. Son los que saben que un tracto vale más por su carga que por el vehículo, que un inhibidor de 5 mil pesos puede apagar un GPS de 50 mil y que una bodega rentada con una razón social fantasma puede enfriar un golpe de millones.
Por eso el golpe es relevante. Porque pega justo donde más le ha dolido a San Luis en los últimos dos años: en la confianza logística. ¿De qué sirve presumir que somos el centro logístico del país si a los transportistas les da miedo pernoctar aquí?
Juárez Hernández hace bien en subrayar la colaboración estatal-federal. Durante mucho tiempo la respuesta fácil era: “es delito federal”. Y sí, lo es. Pero la víctima es local. El chofer es potosino. La empresa que deja de venir es la que iba a instalarse en Logistik.
Lo asegurado ya está en manos de la FGR. Lo difícil empieza ahora: sostener la carpeta, vincular a proceso, no dejar que el amparo de los inhibidores los saque en 48 horas.
Porque desmantelar una bodega es fácil. Desmantelar la red que les avisa qué tráiler trae electrodomésticos y cuál trae abarrotes, eso es lo que sigue.
Hoy, al menos, la Zona Industrial respira un poco mejor.

EL PUENTE QUE NO QUIEREN DAR
El Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona puso el dedo en una llaga que nadie quería ver: el maestro de colegio privado en San Luis Potosí.
El lunes 5 de octubre es el Día de la Maestra y el Maestro Potosino. Para la SEGE, descanso oficial. Para los colegios particulares, día normal si el dueño quiere.
Por eso la advertencia: “Los maestros nos están diciendo que no les quieren dar el día, entonces los colegios que no den el día serán sancionados”. Verificaciones y sanción.
La denuncia existe y es creíble. Cada año pasa lo mismo. El calendario dice suspensión, el colegio dice “aquí se trabaja”, y el maestro se calla porque en octubre todavía no le aseguran la recontratación de agosto.
El gobernador tiene razón en exigirlo. No puede haber dos tipos de maestros potosinos: los del sistema público que sí merecen homenaje y los del privado que solo merecen horario completo.
Pero la sanción por sí sola no resuelve la precariedad de fondo.
En muchos colegios privados de la capital el Día del Maestro se celebra trabajando. Sin bono, sin reconocimiento, a veces sin el día pagado. Y si reclamas, te toca reponerlo el sábado. El descanso se vuelve castigo.
Si el gobierno va a mandar verificadores el lunes, que también verifique contratos. Que verifique cuántos maestros de primaria en colegios de 7 mil pesos de colegiatura están por honorarios, sin IMSS, sin aguinaldo completo, sin estabilidad.
Porque de nada sirve darles el lunes libre si el resto del año trabajan sin derechos.
El 5 de octubre debería ser un día para reconocer, no para amenazar. Pero si la única forma de que los dueños de colegios respeten un calendario oficial es con la amenaza de sanción, entonces que se sancione.
Solo que no se quede en el anuncio. El lunes veremos cuántos colegios de El Pedregal, de Lomas, de la zona poniente, realmente cerraron la puerta y le dijeron a su personal: descansen, se lo merecen.
Esa será la verdadera verificación.

SEPTIEMBRE: CINCO MUERTOS QUE SÍ CUENTAN Y LOS QUE NO
La Fiscal General del estado, María Manuela García Cázares, cerró septiembre con una cifra que en cualquier otro estado sería escándalo y aquí quisieron vender como logro: cinco homicidios y un feminicidio.
Pero la trampa está en la aclaración: “los que fueron en enfrentamiento no los consideramos propiamente como homicidios”.
Así, de un plumazo, la Fiscalía potosina inventó una nueva categoría forense: el muerto que no es homicidio porque murió a balazos, pero en enfrentamiento.
Si un joven cae abatido en un fuego cruzado entre civiles y policías, ¿no es homicidio? Para la estadística oficial, no. Para su madre, sí. Para el panteón, sí. Solo para el balance mensual, no.
Ese maquillaje explica por qué San Luis Potosí puede presumir cinco homicidios en un mes en que todos escuchamos más de cinco balaceras.
Y luego está la otra contabilidad, la de las mujeres.
La fiscal confirmó: lo de San Ciro de Acosta sí es feminicidio. Lo de Rioverde, donde también mataron a una mujer, sigue “por determinarse”.
Dos muertes violentas de mujeres en la Zona Media en la misma semana. Una ya etiquetada, la otra en el limbo. Y mientras está en el limbo, no es feminicidio. Es “muerte violenta de mujer bajo análisis”. Y así septiembre cierra con un solo feminicidio en todo el estado.
¿De verdad solo una mujer fue asesinada por ser mujer en septiembre en San Luis Potosí?
El problema es que la clasificación importa. No es un capricho de lenguaje. Si no es feminicidio, no hay protocolo de feminicidio. No hay perspectiva de género. No hay reparación integral. Es un homicidio más. Uno de esos cinco que sí cuentan.
García Cázares dice que la investigación en Rioverde sigue abierta. Ojalá se clasifique bien. Pero mientras tanto, el mensaje que queda en Rioverde y en San Ciro es perverso: te pueden matar en un enfrentamiento y no contarás como homicidio, te pueden matar por ser mujer y tardarán semanas en reconocer que fue feminicidio.
Así es imposible medir la violencia. Y sin medirla, es imposible combatirla.
Septiembre no tuvo cinco homicidios y un feminicidio. Tuvo cinco homicidios que sí quisieron contar, más los que no quisieron contar, y un feminicidio reconocido y otro que todavía está esperando que le crean que lo fue.

POR FIN ALGUIEN SE PUSO DEL LADO DEL POLICÍA
Durante años nadie quiso verlo. Policías municipales ganando 6 mil, 7 mil pesos. Sin seguro, sin botas, sin patrulla. Y exigiendo que se enfrentaran al crimen organizado.
Ricardo Gallardo Cardona rompió esa hipocresía.
En Soledad, entregando patrullas —no discursos—, advirtió que los alcaldes que no paguen los 14 mil pesos de salario mínimo a sus policías podrán ser inhabilitados. Y que son alrededor de 10 municipios los que incumplen.
Es la primera vez que un gobernador en San Luis Potosí pone la dignidad policial por encima del pacto político con alcaldes.
Porque lo fácil sería callarse. Lo fácil sería decir que es un tema de cada ayuntamiento. Gallardo hizo lo contrario: dijo que incluso hay alcaldes de su propio partido, el Verde, entre los incumplidos. Y que se les debe sancionar igual. Sin tintes partidistas.
Ese es el cambio de fondo. No proteger al alcalde, proteger al policía.
14 mil pesos no es un privilegio. Es lo mínimo para que un elemento no tenga que buscar otro trabajo después de su turno, para que no tenga que pedir para la gasolina, para que pueda decirle no a una célula como la que la FGR acaba de desmantelar en la Zona Industrial.
Gallardo entendió algo que muchos gobernadores no quisieron entender: no hay seguridad sin policías bien pagados. Puedes comprar patrullas, puedes comprar inhibidores, puedes hacer mesas de seguridad. Pero si el que se sube a la patrulla gana menos que un cajero, no hay estrategia que funcione.
Por eso pide que el Congreso publique la lista de incumplidos. Que la gente sepa quién sí cuida a su policía y quién lo tiene en el abandono. Transparencia total.
Y advierte: no habrá tolerancia. Porque la seguridad de San Luis no se negocia con nóminas raquíticas.
Hoy, por primera vez en mucho tiempo, los policías municipales de San Luis Potosí sintieron que alguien en la capital los defendió. No fue su alcalde. Fue el gobernador.
Y eso, en un estado donde al policía siempre se le exigió todo y se le dio nada, es un acto de justicia.

CAMBIO EN COPARMEX VALLES
El presidente de la Delegación COPARMEX Ciudad Valles, Ramón Martell Morales, termina su ciclo al frente de la organización con buenos números y luego de realizar un buen trabajo. Durante su gestión logró mantener activa la representación empresarial y dejar resultados que hablan de un periodo positivo al frente de la delegación.
Ahora viene un relevo y toma la batuta un joven empresario, integrante de una familia de tradición y con amplio arraigo en la región. Su perfil está ligado a los sectores cañero, ganadero y ferretero, actividades que forman parte importante de la dinámica económica de Ciudad Valles y de la Huasteca.
El cambio representa también una oportunidad para darle un nuevo impulso a la delegación. El reto para el nuevo dirigente será mantener lo que se ha hecho bien, fortalecer la voz del sector empresarial y seguir construyendo puentes entre los empresarios y las autoridades. La vara queda alta, pero también existe una base sólida para continuar avanzando.

ELÍ CERVANTES, EL UNDERDOG
Elí César Cervantes Rojas, exsenador de Morena, fue presentado como coordinador estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, y poco a poco comienza a construir una presencia propia en San Luis Potosí. Sin hacer demasiado ruido, su nombramiento lo coloca en una posición estratégica para recorrer el estado, acercarse a la estructura morenista y comenzar a tejer relaciones rumbo a 2027.
Cervantes tiene frente a sí el reto de construir desde abajo en un escenario donde existen figuras con mayor exposición y estructuras políticas más consolidadas. Precisamente ahí puede estar su oportunidad: convertirse en el underdog, ese perfil que inicialmente no aparece entre los favoritos, pero que con trabajo territorial, organización y capacidad para sumar puede terminar sorprendiendo a propios y extraños.
Todavía falta mucho para conocer quiénes serán los verdaderos protagonistas de la contienda, pero Elí Cervantes ya comenzó a mover sus piezas. Si logra convertir el cargo en una estructura real, recorrer las cuatro regiones y sumar liderazgos más allá de los grupos tradicionales de Morena, podría dejar de ser un nombre secundario para convertirse en un competidor que nadie debería perder de vista. En política, muchas veces el que empieza abajo es precisamente el que termina dando la sorpresa. Ahora si que Elí Cervantes aproveche el 50 aniversario de Rocky para demostrar que a veces el no favorito, puede resultar con buenos números.

ALEX PEÑA, CONSTRUYENDO PUENTES
Alex Peña Villa, diputado federal de Morena, estuvo de visita en San Luis Potosí, donde mantuvo encuentros y actividades con distintos sectores, dejando ver una operación política que comienza a llamar la atención. Más allá de la visita protocolaria, su presencia refleja el interés por mantener cercanía con el territorio y con los actores locales.
Peña Villa se ha dedicado a operar y construir puentes, una tarea que puede resultar clave en un escenario político que comienza a calentarse rumbo a 2027. En política, tender canales de comunicación, sumar voluntades y generar acuerdos puede ser tan importante como tener reflectores, particularmente cuando todavía están por definirse candidaturas, alianzas y proyectos.
La visita del legislador morenista deja así una lectura interesante: mientras algunos ya están en abierta disputa por posicionarse, otros prefieren trabajar en silencio, acercarse a los diferentes grupos y construir desde abajo. Alex Peña parece apostar por esa ruta y habrá que ver hasta dónde llegan los puentes que está construyendo en San Luis Potosí.

RIOVERDE SE HUNDE
Las lluvias pusieron en evidencia, una vez más, las deficiencias en los servicios básicos, el mal estado de las calles y las condiciones en las que se encuentran algunas instituciones en Rioverde. Cada temporada de lluvias vuelve a exhibir problemas que deberían atenderse con prevención y obras de infraestructura, pero que terminan convirtiéndose en emergencias para las familias.
Mientras la población enfrenta calles inundadas, afectaciones y dificultades para acceder a servicios básicos, el alcalde Arnulfo Urbiola Román parece más concentrado en hacer TikToks y convertir cada emergencia en un espectáculo mediático. Las cámaras y las publicaciones pueden mostrar presencia, pero no sustituyen la infraestructura ni resuelven los problemas que padecen los ciudadanos.
Rioverde necesita menos show y más soluciones. Las lluvias no provocaron todos estos problemas; simplemente volvieron a exhibirlos. Si una tromba basta para poner en jaque calles, servicios e instituciones, entonces algo está fallando en la planeación y prevención municipal. Mientras Urbiola busca el mejor ángulo para las redes sociales, la realidad es que Rioverde se hunde.

GALINDOLANDIA Y SUS ESCÁNDALOS
Parece que en Galindolandia protagonizar un escándalo ya se convirtió en requisito para hablar de la buena gobernabilidad de San Luis Capital. Ahora quien quedó en el centro de la polémica no fue la regidora Margarita Hernández Fiscal, sino la regidora panista Maritza Jenith Vázquez Pérez, quien, de acuerdo con los reportes, habría protagonizado un encontronazo junto al director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera. La situación terminó en un accidente vehicular al interior del Parque Tangamanga I, donde la camioneta en la que viajaban ambos se impactó contra un árbol.
El hecho movilizó a cuerpos de emergencia y generó cuestionamientos adicionales luego de que el director de Protección Civil Municipal, según los reportes, acudiera al sitio para auxiliarlos. Más allá del accidente, el episodio vuelve a poner bajo los reflectores a funcionarios y representantes del Ayuntamiento capitalino, justo cuando la administración de Enrique Galindo enfrenta cuestionamientos por su forma de gobernar y por la constante exposición de sus integrantes en situaciones polémicas.
Y así parece funcionar Galindolandia: mientras unos hacen declaraciones, otros protagonizan escándalos y la administración sigue acumulando episodios que terminan desplazando los verdaderos problemas de la ciudad. La ciudadanía necesita funcionarios concentrados en resolver, no personajes que terminen convertidos en noticia por circunstancias que deberían evitarse. Porque si para algunos la notoriedad es sinónimo de gobernabilidad, San Luis Capital tiene un problema mucho más serio que un simple accidente.

INFRAESTRUCTURA QUE IMPULSA LA CONECTIVIDAD DEL ALTIPLANO
El Altiplano potosino atraviesa una etapa de atención a su infraestructura carretera y caminos, con proyectos que buscan mejorar la comunicación entre municipios y generar mejores condiciones para el desarrollo turístico, agrícola y regional. El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, destacó que esta estrategia responde a la política del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de llevar recursos y obras a las cuatro regiones del estado.
Municipios como Moctezuma, Venado, Villa de Ramos, Santo Domingo, Salinas y Villa de Arista forman parte de esta agenda de infraestructura, con acciones dirigidas a atender necesidades históricas en carreteras, caminos, agua, escuelas y pavimentación. Entre los proyectos de mayor alcance destaca la nueva autopista San Luis Potosí-Matehuala, de 118.4 kilómetros y con una inversión superior a 22 mil millones de pesos, una obra que permitirá mejorar los tiempos de traslado y las condiciones de movilidad hacia el norte del país.

POLICÍAS, LA LEY NO ES OPCIONAL
Diez municipios potosinos estarían en la mira por no haber destinado recursos suficientes a seguridad pública y, particularmente, por incumplir con el nuevo piso salarial de 14 mil pesos netos mensuales para sus policías municipales. La reforma aprobada por el Congreso establece que los 59 ayuntamientos deben contemplar en sus presupuestos las partidas necesarias para garantizar esta remuneración.
El señalamiento de Ricardo Gallardo Cardona coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿de qué sirve hablar de seguridad si no se invierte en quienes están encargados de atenderla desde los municipios? El propio marco aprobado contempla mecanismos de seguimiento y responsabilidades administrativas ante incumplimientos injustificados, por lo que el tema no debería quedarse únicamente en el discurso.
Ahora falta conocer cuáles son esos diez municipios y qué determinarán las autoridades competentes. El hecho de que, según lo señalado por el gobernador, haya ayuntamientos de distintas fuerzas políticas obliga a que el procedimiento sea transparente y se apegue a la ley, sin distinciones partidistas. Porque dignificar a las policías no tendría que depender del color del gobierno municipal, sino del cumplimiento de una obligación legal.

UNA MANCHA MÁS AL TIGRE
Cuando quienes tienen la responsabilidad de procurar justicia terminan bajo señalamientos por presuntos abusos, la confianza ciudadana vuelve a quedar en entredicho. "Una mancha más al tigre". Así podría resumirse el nuevo escándalo que salpica a la Fiscalía General del Estado (FGE), Tercera Delegación, con sede en Rioverde, donde el nombre del agente del Ministerio Público Felipe Alfonso M. vuelve a generar polémica. El funcionario es señalado e investigado por presunta violencia familiar, tras las acusaciones de haber agredido a su expareja y a su propio hijo, pero eso no es todo, también se le vincula con presuntos actos de corrupción relacionados con el cobro de fuertes sumas de dinero a familiares de personas detenidas, supuestamente a cambio de facilitar su liberación. En estos señalamientos también aparecen mencionados el delegado Pancho M. y José Guadalupe N. (alias) "Piña", a quienes se atribuye presunta participación en una red de corrupción, acusaciones que, por su gravedad, ameritan una investigación seria, independiente y sin protección para nadie. Y aquí surge una pregunta inevitable, ¿quién vigila a quienes tienen la obligación de investigar y procurar justicia?
Resulta inadmisible que funcionarios encargados de proteger los derechos de las víctimas enfrenten señalamientos tan delicados, especialmente cuando las acusaciones involucran a sus propios familiares. La violencia familiar no es un asunto menor y mucho menos cuando quien está bajo sospecha tiene acceso a las instituciones encargadas de combatirla. La Fiscalía debería revisar a fondo los perfiles de quienes ocupan cargos de responsabilidad, garantizar que las denuncias no queden archivadas y actuar con firmeza ante cualquier indicio de abuso de autoridad o corrupción, porque la procuración de justicia no puede convertirse en un negocio ni el uniforme institucional en un escudo de impunidad. La ciudadanía merece servidores públicos que inspiren confianza, no funcionarios que, de confirmarse los señalamientos, terminen utilizando sus cargos para vulnerar precisamente aquello que juraron defender.

AGRAVANTES DEL ABUSO
La detención de dos sujetos señalados por presuntamente abusar sexualmente de una niña de apenas 8 años de edad, en la colonia Campestre Gama, en Ciudad Fernández, evidenció una realidad dolorosa, la vulnerabilidad de la infancia frente a delitos que dejan profundas huellas en sus víctimas.
Ambos fueron capturados por agentes de la Policía de Investigación (PDI), mediante órdenes de aprehensión, por hechos que habrían ocurrido a mediados del año. Actualmente se encuentran en el Centro Penitenciario Estatal de Rioverde, a disposición de un juez de control. El caso no es menor, la violación equiparada agravada es una figura penal que contempla circunstancias que incrementan la gravedad del delito, entre ellas la participación de dos o más personas, cuando así lo establece la legislación aplicable, y es precisamente aquí donde surge una reflexión, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo cuando una niña de tan corta edad se convierte en víctima de una agresión sexual?
Más allá de las detenciones, lo verdaderamente importante es que las autoridades garanticen justicia, que el proceso avance sin dilaciones y que la pequeña reciba atención psicológica, protección y acompañamiento para enfrentar las consecuencias de lo sucedido, porque detener a los presuntos responsables es apenas un paso, la verdadera justicia también implica proteger a la víctima, evitar su revictimización y asegurar que hechos tan graves no queden en el olvido. Con la infancia no se juega. Cuando se vulnera la integridad de una niña, no solamente se lastima a una víctima, se pone en evidencia la urgencia de fortalecer la protección de quienes menos posibilidades tienen de defenderse.

COMBINACIÓN ES PELIGROSA
La edad avanzada no debería ser motivo para dejar de conducir, pero sí una razón para reconocer que las capacidades físicas y los reflejos pueden cambiar con el paso de los años y si a ello se suma el consumo de alcohol, el riesgo de sufrir un accidente puede aumentar considerablemente.
Un ejemplo de ello fue la volcadura registrada durante la madrugada de este viernes en el camino que conecta el barrio de Los Ángeles con el ejido de La Cofradía en Rioverde, donde una pareja de adultos mayores sufrió un percance automovilístico. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a ambas personas, afortunadamente, ninguna necesitó ser trasladada a un hospital, mientras que elementos de la Guardia Civil Municipal tomaron conocimiento de los hechos.
Aunque no se ha establecido qué provocó la volcadura ni existe información que confirme el consumo de alcohol por parte de los ocupantes, el accidente invita a reflexionar sobre dos factores que nunca deben tomarse a la ligera, las condiciones para conducir y la responsabilidad de hacerlo sin haber ingerido bebidas alcohólicas, porque el alcohol no distingue edades, pero sus efectos pueden resultar especialmente peligrosos cuando se combinan con problemas de visión, reflejos más lentos o alguna otra limitación asociada al envejecimiento. Conducir no es solamente saber manejar un volante; implica tener plena conciencia de que cualquier descuido puede poner en peligro la propia vida y la de terceros. La edad no es una sentencia para dejar de conducir y el alcohol tampoco es un acompañante inofensivo. Al volante, la prudencia no es opcional y la responsabilidad debe estar por encima de cualquier exceso.

ALARMANTE CRUELDAD
Demasiado grave es el problema con la plaga del Gusano Barrenador en el municipio de Ciudad del Maíz, que sigue alimentándose de animales vivos y, además de atacar al ganado, también lo es en mascotas.
Muchos animales, como los perros, sufren en silencio, les falta hablar para que sus irresponsables e inhumanos dueños los escuchen y atiendan cuando de verdad ocupan ayuda, pues muchos son atacados por esta plaga de larvas.
Se han visto realmente casos alarmantes y crueles de perros, que tienen dueño y viven en hogares, no en la calle, animales que han perdido piel, carne, tejido e incluso los ojos y hasta parte del cráneo, pues el Gusano Barrenador es una plaga que no perdona, se come todo a su paso en los animales de sangre caliente.
Hoy el maltrato animal es un grave delito que se castiga con cárcel, es lo que hace falta aplicar en el municipio de Ciudad del Maíz, castigar a todos aquellos que dejan en el olvido a sus mascotas y que ahora con esta grave plaga, pues muchos llegan a morir.
Gracias a las acciones de brigadas por la Comisión México Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas en los Animales (CPA), es como en el municipio de Ciudad del Maíz han atendido ya a una considerable cantidad de perros en esta grave situación.

BIEN ORGANIZADOS
En el municipio de Ciudad del Maíz nuevamente este día volvió a darse un suceso delictivo, de esos que esporádicamente ocurren a manos de la delincuencia organizada, que como dice la última palabra, lo tienen bien planificado.
Hoy, aprovechando la tranquilidad de la carretera federal 80 y donde de plano ya no hace presencia la Guardia Nacional sección caminos, asaltaron a los tripulantes de una camioneta cerca de la comunidad de El Tepeyac y cuyos afectados fueron dos funcionarios del Ayuntamiento de El Naranjo.
Los dos fueron despojados de sus pertenencias como celulares, dinero y una camioneta en la que viajaban, para posteriormente recibir apoyo de la Policía Municipal, que además, con apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), se implementó un operativo sin dar con el paradero de los delincuentes.
Si bien, por un lado, tanto la Policía Municipal como Guardia Civil Estatal pueden hacer labores de vigilancia en tramos carreteros, realmente a la corporación que le compete esa chamba es a la Guardia Nacional sección caminos, que, a decir verdad, han dejado de prestar sus servicios en la rúa federal 80 que comunica desde El Huizache, en Guadalcázar, pasa por Ciudad del Maíz y de ahí a El Naranjo hasta Ciudad Mante, ya en territorio de Tamaulipas.
Es ahí donde los mismos delincuentes saben de la falta de vigilancia en las carreteras federales, para poder hacer de las suyas e irrumpir en la seguridad de familias que con esfuerzo se hacen de sus vehículos, quitándoselos con violencia y ya no volver a recuperarlos.

PUEBLO SIN LEY
En la cabecera municipal de Cárdenas siguen presentándose diversos hechos delictivos, que siguen manteniendo atemorizada a la población.
Hoy, en lo que pudo ser un problema personal donde se dio una discusión, terminó en una agresión a balazos donde un individuo en su camioneta llegó al exterior de un negocio y realizó los disparos, para posteriormente retirarse.
De la situación no fluyó información de corporaciones, como la Policía Municipal y la Guardia Civil Estatal, que solo mantuvieron el hecho en hermetismo, según para no afectar la imagen del Ayuntamiento y, en este sentido, del Alcalde de ese pueblo, Edgar Miguel Hernández Aguilar "El Conta", sin embargo, todo quedó difundido en una cámara de videovigilancia.
No es la primera vez que este tipo de sucesos pasan en ese municipio y, aunque el Edil presuma una mayor seguridad en Cárdenas a comparación de su antecesor, Jorge Omar Muñoz Martínez, pudiera decirse que tal vez sí, pero hay hechos delictivos que siguen presentándose y que afectan la tranquilidad de quienes ahí habitan.
Hace un tiempo eran también recurrentes los asaltos a establecimientos e incluso a peatones, tanto así que en algunas tiendas los dueños decidieron cerrar horas antes de lo que acostumbraban y por las noches toda la cabecera lucía desolada.
En el hecho de las detonaciones con armas de fuego ocurridas hoy al exterior de un negocio, pues prácticamente no hubo personas arrestadas.