Semana del 07 de Agosto al 13 de Agosto de 2026

Caso Rich: Galindo evade las respuestas

Caso Rich: Galindo evade las respuestas

Familiares de las víctimas del antro Rich acusan al gobierno de Enrique Galindo de incumplir acuerdos, retrasar respuestas y mantener sin aplicación efectiva las medidas prometidas después de la tragedia.

Han pasado más de dos años desde la tragedia ocurrida en junio de 2024 en el antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida y diez personas resultaron lesionadas. El tiempo no ha traído una resolución definitiva ni ha cerrado las heridas. Por el contrario, las familias sostienen que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha respondido con demoras, evasivas y una simulación administrativa que mantiene intactas muchas de las dudas sobre la actuación municipal. La Fiscalía confirmó en su momento el saldo de dos fallecidos y diez lesionados.

UN PLANTÓN QUE RETRATA AL GOBIERNO
El episodio más reciente volvió a colocar al alcalde Enrique Galindo Ceballos en el centro del reclamo. Los familiares fueron convocados a una reunión a las seis de la tarde en la Unidad Administrativa Municipal para revisar los pendientes del caso. Sin embargo, el propio alcalde que los citó no se presentó.

Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro, relató que Galindo se disculpó a última hora. Primero se les informó que atendería una reunión con trabajadores sindicalizados; posteriormente, los familiares supieron que se encontraba fuera de la capital. Medios locales documentaron que las víctimas denunciaron haber sido dejadas plantadas.

No se trata de un simple error de agenda. Cuando un presidente municipal convoca a padres que llevan más de dos años exigiendo justicia y después decide no presentarse, envía un mensaje de desprecio institucional. Galindo pudo delegar una gira, reorganizar otro compromiso o, por lo menos, ofrecer una explicación directa. Eligió la ausencia.

UN REGLAMENTO GUARDADO EN EL ARCHIVO
El Cabildo aprobó el 3 de junio de 2025 un nuevo Reglamento de Comercio que, según el discurso oficial, endurecería la vigilancia sobre bares, antros y establecimientos con venta de alcohol. La norma aparece publicada entre las disposiciones municipales, pero los familiares denuncian que su aplicación efectiva sigue sin percibirse.

Infante sostiene que numerosos centros nocturnos continúan operando sin cumplir plenamente los requisitos y exige transparentar las inspecciones, sanciones, licencias y medidas de Protección Civil. Sus acusaciones contra funcionarios deben investigarse y probarse; no pueden presentarse como hechos consumados. Lo que sí resulta inaceptable es que el Ayuntamiento responda con silencio cuando existen señalamientos concretos que comprometen a áreas bajo el mando del alcalde.

Aprobar un reglamento para la fotografía y después no demostrar su cumplimiento no es gobernar: es administrar la apariencia.

LA RESPONSABILIDAD NO SE PUEDE TRASPASAR
Galindo ha sostenido que el Ayuntamiento cumplió con sus obligaciones mediante clausuras, sanciones y la modificación del reglamento, y ha trasladado los cuestionamientos pendientes hacia la Fiscalía. Sin embargo, la investigación penal no cancela la responsabilidad administrativa y política del gobierno municipal.

Comercio, Protección Civil, inspección y control de establecimientos son materias en las que la autoridad capitalina debe rendir cuentas. Los familiares también han denunciado que los procedimientos administrativos se han prolongado y que esa demora retrasa la reparación del daño.

El alcalde no puede escudarse indefinidamente en otras instituciones. Debe explicar qué servidores públicos fueron investigados, qué sanciones quedaron firmes, cuántos establecimientos han sido revisados y por qué las familias siguen sin recibir respuestas verificables.

DOBLE DISCURSO Y REVICTIMIZACIÓN
Ramón Infante acusó además que funcionarios y representantes legales municipales han intentado responsabilizar a los padres por permitir que sus hijos acudieran al establecimiento, e incluso han cuestionado su calidad jurídica como víctima. Las familias ya habían denunciado públicamente argumentos similares y afirmado que el establecimiento contó con licencias provisionales en años anteriores.

Frente a una tragedia de esta magnitud, utilizar tecnicismos para desgastar a los padres mientras el alcalde presume cercanía ciudadana exhibe una contradicción profunda. La sensibilidad no se demuestra en discursos, sino compareciendo, respondiendo y corrigiendo.

GALINDO DEBE DAR LA CARA
Las familias no necesitan otra promesa ni una reunión cancelada. Exigen la aplicación del reglamento, información pública sobre inspecciones y licencias, avances en los procedimientos administrativos y responsabilidades concretas.

Enrique Galindo debe fijar una nueva reunión, asistir personalmente y presentar resultados comprobables. Mientras continúe privilegiando su agenda política sobre las víctimas, la crítica será inevitable: en el caso Rich, el alcalde no ha mostrado liderazgo, sino distancia, evasión y una preocupante incapacidad para convertir sus palabras en justicia.

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