Semana del 26 de Junio al 02 de Julio de 2026

"La Comaye", sale a la defensa de los compositores

"La Comaye", sale a la defensa de los compositores

Cynthia Jaime, diputada local, revela cómo funcionará el pago de derechos de autor en conciertos y eventos

En la era digital y de las plataformas tecnológicas, la creatividad suele correr el riesgo de convertirse en un bien público sin retribución. Por décadas, los autores y compositores, las mentes detrás de las bandas sonoras de nuestras vidas, han quedado desprotegidos ante un marco legal ambiguo que permitía que otros cosecharan lo que ellos sembraron. Sin embargo, desde el Congreso de Tamaulipas se está gestando un cambio de paradigma que busca resonar a nivel nacional, devolviendo la certidumbre jurídica a quienes transforman las emociones en melodías.

La iniciativa, aprobada recientemente por unanimidad en el Legislativo tamaulipeco, introduce una reforma sustancial en la gestión de espectáculos públicos en vivo. El propósito central no es crear nuevos impuestos ni delegar facultades recaudatorias a los ayuntamientos, sino convertir a los municipios en filtros de legalidad. A partir de esta modificación, cualquier promotor o empresario que pretenda organizar un evento masivo en espacios públicos deberá presentar obligatoriamente la licencia expedida por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Esta medida ataca directamente un vacío administrativo arraigado. Frecuentemente, los organizadores tramitaban permisos locales, pero las regalías correspondientes por el uso de la obra intelectual jamás llegaban a sus verdaderos dueños. La transformación de la legislación federal, que transitó de ver la remuneración como un privilegio a consolidarla como un derecho inalienable, exigía un mecanismo local que garantizara su cumplimiento efectivo en el territorio.

LA VISIÓN DESDE LA TRIBUNA
Detrás de este proyecto se encuentra la diputada local Cynthia Jaime, conocida entrañablemente en el panorama de la comunicación del sur de Tamaulipas como "La Comaye". Su transición de los micrófonos de la radio a la tribuna parlamentaria le ha permitido dotar a la agenda legislativa de una sensibilidad forjada en el contacto directo con la comunidad y el sector artístico.

Respecto al origen de la propuesta y la necesidad de erradicar el aprovechamiento indebido del trabajo ajeno, la legisladora explicó la dinámica actual del mercado y la falta de control sobre las ganancias derivadas de la propiedad intelectual: "una cosa es que se viralice, está muy bien, qué bueno que se viralizó y que es muy bonito, pero hay gente que está obteniendo ganancias de algo que no es de ellos" (sic).

Esta dinámica, de acuerdo con su postura, reproduce una injusticia sistemática donde el creador original queda marginado del beneficio económico de su propia obra.

La diputada insistió en que el trabajo intelectual y creativo debe ser dignificado y remunerado como cualquier otra actividad profesional, rechazando la idea de que el talento deba ofrecerse de forma gratuita por el simple hecho de ser una pasión o un don natural: "si Dios nos dio este talento, nos dio un propósito en la vida; ¿por qué no lo vamos a ver como una oportunidad de generar un ingreso?" (sic).

ALCANCES PRÁCTICOS Y DELIMITACIÓN
El diseño de la reforma ha generado diversas interrogantes entre empresarios, colectivos y ciudadanos sobre quiénes serán los sujetos obligados al pago de estos derechos y qué tipo de eventos quedarán regulados bajo esta nueva normativa.

Para ofrecer claridad y evitar interpretaciones erróneas que pudieran afectar el desarrollo cultural local, se ha delimitado específicamente la responsabilidad jurídica. La obligación recae de manera exclusiva sobre los agentes económicos que lucran con la presentación de las obras musicales, liberando de esta carga a las actividades de carácter comunitario o benéfico.

Al ser cuestionada sobre el perfil de los responsables de tramitar y costear estas licencias ante la SACM, la legisladora detalló con precisión los actores involucrados: "promotores del evento, representantes del grupo, puede ser, empresarios que se dediquen a los espectáculos, o incluyendo intérpretes" (sic).

Asimismo, especificó las condiciones de exención para aquellos actos que no persiguen fines comerciales: "todo lo que tenga que ver con beneficencia, con que no se cobra nada, no se preocupen, ahí no pasa nada" (sic).

Por otra parte, la normativa aclara que los establecimientos fijos como bares y restaurantes continuarán bajo sus esquemas independientes de tramitación, concentrando el impacto de esta reforma estrictamente en los espectáculos en vivo en áreas públicas.

DE LA LETRA A LA REALIDAD
El consenso logrado en el Congreso de Tamaulipas, donde incluso las fuerzas de oposición respaldaron la propuesta, posiciona al estado como un referente en la protección de la propiedad intelectual. No obstante, la promulgación de la reforma es solo el primer paso de un proceso complejo que requiere la colaboración dinámica de los gobiernos municipales y de las autoridades competentes encargadas de vigilar la aplicación de la ley.

El verdadero éxito de esta iniciativa dependerá de que no se convierta en letra muerta. Para que el talento artístico reciba la retribución justa que por derecho le corresponde, es indispensable un compromiso institucional firme que garantice que cada concierto, festival o espectáculo público en suelo tamaulipeco respete de forma estricta los derechos de los autores que dan identidad y alegría a la sociedad.

facebook. emsamedia
X. @emsavalles
sitio web. emsavalles.com
e-mail. emsavalles@hotmail.com