Semana del 05 de Junio al 11 de Junio de 2026

Chavo López: urbiola es un dictador

Chavo López: urbiola es un dictador

¿quién decide sobre el municipio y bajo qué reglas? Si la respuesta no pasa por el Cabildo, por los reglamentos y por la transparencia

Rioverde atraviesa un nuevo episodio de tensión política y urbana que va más allá de la simple instalación de kioscos en una zona pública. Lo que en el discurso oficial pudo haberse presentado como parte de un corredor turístico peatonal, hoy abre un debate de fondo sobre legalidad, planeación, concentración de poder, presuntos acuerdos políticos y el rumbo que tomará el municipio de cara al proceso electoral de 2027.

El centro de la discusión está en la colocación de puestos o módulos en el área destinada al nuevo corredor turístico peatonal. A primera vista, algunos podrían reducir el tema a una disputa estética: si se ven bien, si armonizan con la imagen urbana o si aportan movimiento económico. Pero el fondo es mucho más delicado. La pregunta central es si esas estructuras cuentan con soporte jurídico, autorización formal, aprobación del Cabildo y revisión del órgano competente en materia de conservación del centro histórico.

El regidor Salvador López advirtió que la instalación de estos espacios estaría fuera de reglamento. De manera puntual señaló que "ni en el plan parcial del centro lo establece" y que el reglamento para la conservación del centro histórico, específicamente en su capítulo segundo, artículo 23, prohíbe la edificación o instalación de este tipo de puestos sin el procedimiento correspondiente. La observación no es menor: si se trata de una zona regulada, cualquier intervención debe pasar primero por el Consejo del Patrimonio de Áreas del Centro Histórico y posteriormente por el Cabildo para darle formalidad.

La preocupación jurídica es seria. Si los espacios fueron asignados sin documentos, permisos, concesiones o acuerdos debidamente aprobados, el problema no solo será político, sino patrimonial y administrativo. López lo explicó con claridad al advertir que quienes inviertan en esos espacios podrían quedar en vulnerabilidad: "no tienen un respaldo jurídico Samuel sobre la tenencia de estos puestos", dijo sic. En otras palabras, si cambia la administración municipal, los supuestos beneficiarios podrían ser cuestionados sobre quién les otorgó permiso, bajo qué figura legal y con qué documento oficial.

Ese escenario puede convertirse en un conflicto de grandes proporciones para el municipio. No solo porque podría afectar a comerciantes o personas que inviertan recursos, sino porque exhibiría una forma de gobernar basada en decisiones unilaterales, más cercana a la imposición que a la planeación institucional. Una obra pública, por más vistosa que sea, no puede operar sobre la fragilidad jurídica. La imagen urbana no se construye con ocurrencias, sino con reglas, transparencia y orden.

El señalamiento más delicado apunta hacia el uso político de los espacios públicos. Salvador López consideró que detrás de estas acciones podrían existir cuotas o compromisos rumbo al siguiente proceso electoral. "A mi parecer están cumpliendo cuotas políticas", señaló sic, al advertir que no se sabe con certeza si los beneficiarios son realmente locatarios, ambulantes que ya trabajaban en la zona o personas incorporadas por acuerdos de carácter político.

Ahí está el corazón del problema: cuando el espacio público se administra como moneda de cambio, el municipio pierde autoridad moral y se abre la puerta a la sospecha. El centro histórico no puede convertirse en tablero electoral ni en botín para repartir favores. Si hay comerciantes que necesitan apoyo, debe existir un padrón transparente, reglas claras, criterios públicos y acuerdos formales. Lo contrario alimenta la percepción de favoritismo y erosiona la confianza ciudadana.

Además, el episodio golpea la narrativa oficial de modernización. Si el corredor turístico peatonal fue pensado como una obra para mejorar la imagen del centro, ordenar la movilidad y fortalecer el atractivo urbano, la colocación de kioscos sin claridad jurídica rompe el concepto original. Como señaló López, mucha gente pudo haber considerado que la obra se veía bien, pero con la instalación de estos espacios "le rompen toda la imagen que le habían dado", dijo sic.

Este no es un hecho aislado. El propio regidor recordó el antecedente de los parquímetros, instalados el año pasado sin autorización suficiente, según su señalamiento. "Literalmente los pusieron sin ninguna autorización", afirmó sic, al recordar que después de la presión pública y los cuestionamientos tuvieron que retirarlos. Ese antecedente refuerza la idea de que en Rioverde existe una tendencia preocupante: primero se imponen decisiones y después se intenta justificarlas.

Gobernar no es mandar por impulso. Gobernar es construir consensos, respetar reglamentos, escuchar al Cabildo, consultar órganos técnicos y anticipar consecuencias. Cuando una administración actúa como si la voluntad de una persona estuviera por encima de los procedimientos, se debilita la vida institucional. La obra pública deja de ser política de desarrollo y se convierte en escenografía de poder.

De cara a 2027, este episodio puede convertirse en síntoma de algo mayor: una disputa por el control político del municipio donde cada decisión pública empieza a leerse en clave electoral. Eso es peligroso. Cuando la administración pública se contamina de futurismo electoral, las obras dejan de pensarse para la ciudadanía y comienzan a diseñarse para sostener proyectos personales.

El centro histórico de Rioverde no necesita improvisación. Necesita legalidad, planeación y respeto institucional. Los comerciantes no necesitan promesas frágiles. Necesitan certeza. Los ciudadanos no necesitan gobiernos de apariencia. Necesitan gobiernos que rindan cuentas.

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