Gobierno de Gallardo alista 70 años de cárcel por asesinar policías y nuevas reglas para obligar a municipios a tener policías certificados: Torres

Gobierno de Gallardo alista 70 años de cárcel por asesinar policías y nuevas reglas para obligar a municipios a tener policías certificados: Torres

Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Martes, 03 de Noviembre de 2026| 16:03

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El Gobierno del Estado de Ricardo Gallardo Cardona prepara dos reformas de fondo en materia de seguridad pública que incluyen castigar con hasta 70 años de prisión a quienes asesinen a elementos policiales y establecer por ley mayores exigencias y candados a los 59 ayuntamientos que no cumplen con tener policías certificados, equipados y con exámenes de control y confianza vigentes, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien precisó que ambos instrumentos jurídicos se elaboran en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y se prevé que durante este mes de noviembre queden concluidos para ser revisados por un grupo de especialistas en derecho penal y seguridad pública que podrán hacer observaciones antes de iniciar su trámite formal ante el Congreso del Estado.

La primera iniciativa contempla una reforma al Código Penal para crear una agravante específica cuando el homicidio se cometa contra integrantes de la Guardia Civil Estatal, policías municipales, custodios penitenciarios, agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado y el crimen esté vinculado a su función, a una represalia, a un acto de intimidación o para impedir una investigación, por lo que la pena que se propone es de 50 a 70 años de prisión sin beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena y con reparación integral del daño a las familias, con lo que se homologaría a los delitos de mayor gravedad como feminicidio y secuestro agravado bajo el argumento de que asesinar a un policía es atentar directamente contra el Estado y contra la seguridad colectiva y no puede seguirse castigando como un homicidio común.

La segunda iniciativa reforma la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y está enfocada a los municipios que han abandonado su responsabilidad en la materia, pues de acuerdo con el diagnóstico del gabinete de seguridad existe una gran disparidad entre ayuntamientos que sí cumplen con certificación y otros que operan con policías sin Certificado Único Policial, sin evaluaciones de control y confianza aprobadas y vigentes, con licencias oficiales colectivas para portación de arma vencidas o sin registro ante la SEDENA, sin patrullas, sin uniformes y con salarios precarios, como quedó evidenciado en el caso reciente de San Vicente Tancuayalab, por lo que la propuesta establecerá un piso mínimo obligatorio e innegociable que incluye cien por ciento de elementos evaluados y aprobados, Certificado Único Policial vigente, armamento debidamente registrado, equipamiento completo, capacitación continua y un tabulador salarial digno, y en caso de incumplimiento reiterado se contempla un régimen de supervisión extraordinaria con sanciones administrativas y la posibilidad jurídica de que el Estado asuma de manera temporal el mando de la seguridad municipal mediante convenios de colaboración obligatorios con plazos y obligaciones presupuestales claras, con lo que el Ejecutivo busca blindar a sus corporaciones, dignificar la función policial y poner orden en el eslabón más débil de la cadena de seguridad que son las policías municipales, en un contexto donde la exigencia ciudadana es mayor presencia y profesionalización.

 

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