Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P| Miércoles, 21 de Octubre de 2026| 16:17
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí intensificó los operativos contra el transporte no autorizado y en la última semana retiró de circulación más de 20 vehículos que operaban sin concesión ni permiso, informó su titular, Araceli Martínez Acosta.
La funcionaria detalló que las acciones se desplegaron tanto en la zona metropolitana de San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez, como en el Altiplano y zona Centro del estado, específicamente en Matehuala, Charcas y Salinas, donde se han detectado unidades que prestan servicio de manera irregular.
Precisó que las sanciones económicas por esta falta van de las 300 a las 500 UMA, lo que equivale a multas superiores a los 30 mil pesos, además del retiro de la unidad y su traslado a pensión.
Martínez Acosta enfatizó que estas revisiones no forman parte de una persecución contra un gremio ni buscan exhibir a un sector, sino que se trata de una labor administrativa permanente y obligatoria de la dependencia para hacer cumplir la Ley de Transporte del Estado y garantizar condiciones de seguridad para los usuarios.
Sobre la regularización de las plataformas digitales, la secretaria dio un balance de cada empresa:
Uber, explicó, ya realizó el pago de derechos por la autorización estatal para operar, por lo que es la plataforma más avanzada en el proceso. Sin embargo, aclaró que aún le faltan dos pasos obligatorios, el registro formal de cada vehículo que prestará el servicio y que sus conductores acrediten la capacitación obligatoria que imparte la SCT, requisito indispensable para obtener el gafete de identificación oficial con fotografía y QR.
DiDi, por su parte, ya entabló comunicación formal con la SCT y manifestó su intención de regularizarse. Actualmente se encuentra en la etapa de integración de expedientes para iniciar el registro de sus operadores en el padrón estatal.
El caso de inDrive es distinto y más complejo. De acuerdo con Martínez Acosta, bajo el marco legal vigente en San Luis Potosí, esta plataforma no podría recibir autorización, ya que incumple dos requisitos centrales que marca la ley, opera con tarifas dinámicas que se negocian directamente entre chofer y pasajero sin tarifa autorizada por la autoridad, y no exige a sus vehículos contar con una póliza de seguro de cobertura amplia obligatoria para transporte de pasajeros, lo que deja en estado de indefensión al usuario en caso de accidente.
Ante la exigencia de algunos grupos de taxistas tradicionales que piden operativos conjuntos con la Guardia Civil para detener a conductores de aplicaciones, la secretaria fue tajante al aclarar los alcances de la SCT.
"La SCT tiene atribuciones administrativas, no de policía. No tenemos facultades para detener personas ni para ponerlas a disposición del Ministerio Público. Nosotros sancionamos administrativamente al vehículo y al servicio, no a la persona", sostuvo.
Martínez Acosta informó que la dependencia trabaja actualmente con una universidad local en la elaboración de un estudio técnico de oferta y demanda, que permitirá determinar con base en datos de movilidad, tiempos de traslado y densidad poblacional, cuántos vehículos de plataforma pueden operar de manera sostenible en la zona metropolitana sin generar una saturación que afecte tanto a taxistas concesionados como al servicio mismo.
Finalmente, reconoció que existe un fenómeno mixto, taxistas que cuentan con concesión vigente y que también prestan servicio a través de aplicaciones digitales, situación que anteriormente se había tolerado por no existir un padrón claro de conductores.
Advirtió que ese criterio de tolerancia llegará a su fin, pues con la reforma a la ley y las herramientas legales actuales, la SCT cuenta ahora con facultades para regularizar, credencializar y auditar el padrón completo de conductores, tanto de taxi tradicional como de plataforma, por lo que todos deberán cumplir con los mismos requisitos de capacitación, seguro y registro.
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