Docentes y autoridades educativas enfrentarían sanciones por no reportar delitos escolares

Docentes y autoridades educativas enfrentarían sanciones por no reportar delitos escolares

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Lunes, 25 de Mayo de 2026| 08:33

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Los docentes, el personal que labora en los planteles educativos y las autoridades educativas de San Luis Potosí que omitan informar sobre delitos cometidos en contra de estudiantes podrán enfrentar sanciones penales y administrativas.

Así lo establece una reforma al artículo 83 y al artículo 85 de la Ley de Educación del Estado, la cual recientemente entró en vigor tras su publicación en la gaceta oficial del estado.

La modificación establece que trabajadores e instituciones educativas tendrán la obligación de informar de manera inmediata a las corporaciones de seguridad o a la Fiscalía General del Estado (FGE), según corresponda, sobre cualquier hecho que pudiera constituir un delito cometido en perjuicio del alumnado.

"La omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez", señala la reforma.

Asimismo, se establece que la notificación de estos hechos deberá realizarse conforme a protocolos de actuación específicos que serán emitidos para atender este tipo de situaciones.

Dichos protocolos serán elaborados de manera conjunta por la autoridad educativa estatal —como el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE)—, junto con la Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Además de los protocolos de denuncia y atención, también se establecerán mecanismos enfocados en la mediación y resolución pacífica de conflictos que surjan dentro de la comunidad educativa.

Uno de los casos que generó mayor indignación ocurrió en febrero de 2025 en la telesecundaria Plan de Ayala, ubicada en el municipio de Rioverde, donde estudiantes simularon actos de violencia extrema contra un compañero, situación que provocó cuestionamientos sobre la actuación y supervisión dentro de las instituciones educativas.