EL FRENO DE RITA OZALIA
En Morena San Luis Potosí se empieza a calentar el ambiente rumbo a 2027, y la dirigente estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, decidió poner orden antes de que el destape se desborde. Su mensaje fue claro y sin rodeos: dejar de lado las aspiraciones personales y de grupo para privilegiar el interés del partido. No dio nombres, pero en política los mensajes sin destinatario suelen tener varios.
La frase clave, "ninguna candidatura debe estar por encima del pueblo", no es casual. Es la doctrina morenista en su forma más pura, pero también es un recordatorio disciplinario. Traducido al lenguaje interno: nadie se mande solo, nadie use al partido como trampolín.
Rita Ozalia no solo habla como dirigente, habla como operadora que conoce el riesgo de la fractura. Morena llega a 2027 como el partido a vencer en San Luis Potosí, y la historia demuestra que cuando Morena pierde, no es por la oposición, es por sus divisiones internas.
El llamado a la unidad, entonces, tiene dos lecturas. La pública: mantener la cohesión y el proyecto. La interna: poner freno a quienes ya están haciendo campaña, tejiendo grupos y buscando padrinos.
Falta mucho para las definiciones, pero el aviso está dado. En Morena, quien se adelante, se arriesga a quedarse fuera.

ORDEN EN EL CONGRESO, CONDICIÓN PARA LA DEMOCRACIA
El anuncio de un protocolo de orden para las sesiones del Congreso de San Luis Potosí no es un tema menor. Es, en realidad, una medida necesaria para proteger la vida institucional del Poder Legislativo.
En los últimos meses hemos visto sesiones interrumpidas, gritos, daños materiales y un ambiente que poco abona al debate parlamentario. El Congreso no puede convertirse en un espacio de confrontación física. Es la casa del diálogo, donde las diferencias deben resolverse con argumentos y votos, no con desmanes.
Por eso resulta relevante lo planteado por José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política. Aclara que no se trata de cerrar las puertas ni de militarizar el recinto. La idea, dice, es que la gente se sienta tranquila al venir. Ese matiz es fundamental. Un protocolo no debe entenderse como censura, sino como garantía para todos: diputados, trabajadores, prensa y ciudadanos.
Igual de importante es lo señalado por Fernando Gámez Macías, presidente de la Mesa Directiva. Proteger a quienes asisten a las sesiones y, al mismo tiempo, fomentar el diálogo con organizaciones civiles es el equilibrio que se necesita. La libre manifestación es un derecho irrenunciable, pero su ejercicio termina donde empieza la violencia o la afectación a terceros.
Un Congreso ordenado fortalece la confianza ciudadana. Permite que las sesiones se desarrollen con civilidad, que la prensa haga su trabajo sin riesgos y que los colectivos sean escuchados sin necesidad de recurrir a la presión o al daño.
La importancia de este protocolo radica en eso: no es un instrumento de control, es un instrumento de convivencia democrática. Si se construye con transparencia y respeto a los derechos, puede marcar un precedente positivo para la vida pública de San Luis Potosí.

QUINTO INFORME: DE GOBIERNO CONSOLIDA RESULTADOS
El próximo lunes a las 17:00 horas, Ricardo Gallardo Cardona no llegará a rendir un informe más. Llegará a mostrar por qué su gobierno rompió con la inercia de décadas.
Guadalupe Torres Sánchez lo adelanta con claridad: habrá cifras, habrá un formato dinámico y habrá buenas noticias. Y no es discurso hueco. En cinco años, San Luis Potosí pasó del abandono administrativo a una etapa de obra constante, programas sociales directos y presencia en las cuatro regiones.
Mientras otras administraciones llenaban informes de formalismos y fotos acartonadas, esta apuesta por lo tangible: carreteras reconstruidas, parques y espacios deportivos rescatados, apoyo directo a madres solteras, adultos mayores y estudiantes. El martes en la Zona Media se verá la otra parte de la fórmula, el contacto directo con la gente, no el informe de escritorio. La crítica dirá que falta mucho. Y sí, siempre falta. Pero nadie puede negar que el ritmo de trabajo es distinto. Hay un gobierno que informa con datos y que se somete al escrutinio público sin esconderse. El quinto informe no será el cierre, será la confirmación de un proyecto que entendió algo simple: gobernar es dar resultados, no pretextos.

MISIÓN DEL PALMAR: EL FEMINICIDIO QUE NADIE DENUNCIÓ
Hay un dato que estremece más que el hallazgo mismo. La mujer encontrada en estado de descomposición en la sala de su casa en Misión del Palmar vivía con una pareja que presuntamente la violentaba. Y nunca hubo una denuncia.
Su hija tuvo que pedirle a un vecino que le abriera la puerta porque llevaba días sin saber de ella. Cuando entró, la encontró sin vida. Llamó al 911. Demasiado tarde.
La fiscal Manuela García Cázares confirma que ya se investiga como feminicidio, el quinto del año en San Luis Potosí. Dice que no hay incremento respecto a 2025. Tiene razón en los números, pero se equivoca si eso tranquiliza. Cinco mujeres asesinadas por razones de género no son una estadística estable, son cinco fracasos del Estado.
El caso revela tres fallas que se repiten. La primera es el silencio forzado. Muchas víctimas no denuncian por miedo, por dependencia económica o porque no confían en la autoridad. La segunda es la ausencia de redes de alerta. Pasaron días sin que nadie notara su ausencia, salvo su hija. La tercera es la impunidad previa. Un agresor que violenta sin denuncia es un agresor que se siente intocable.
El llamado de la fiscal a denunciar es necesario, pero insuficiente. Denunciar sirve si hay refugios, si hay medidas de protección inmediatas, si hay ministerios públicos que crean a la víctima a la primera.
Hoy Misión del Palmar nos deja una lección dolorosa. El feminicidio no empezó el 15 de septiembre cuando se encontró el cuerpo. Empezó mucho antes, en cada golpe no denunciado, en cada grito no escuchado.
“No deberíamos tener ninguno”, dijo la fiscal. Y tiene razón. Pero para llegar a cero no basta con contar casos, hay que evitar que la violencia familiar se convierta en una sentencia de muerte anunciada.

ATROPELLAN A PERSONA EN SILLA DE RUEDAS EN LA ALAMEDA; REPORTAN FALTA DE VIGILANCIA VIAL
San Luis Potosí, SLP.- La mañana de este viernes, una persona que se desplazaba en silla de ruedas fue atropellada en el cruce de las calles Manuel José Othón y Constitución, en inmediaciones de la Alameda Central.
De acuerdo con un reporte ciudadano, el percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas. Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a la víctima, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.
Testigos señalaron la ausencia de elementos de Policía Vial en la zona al momento del accidente.
El hecho ha generado críticas por las condiciones de infraestructura y seguridad vial para personas con discapacidad en el primer cuadro de la ciudad.

RECONFIGURACIÓN NECESARIA
De nueva cuenta, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reiteró que, en los próximos meses, podría registrarse una reconfiguración al interior del gabinete estatal, como parte de la ruta rumbo al proceso electoral de 2027.
Más que una advertencia para su equipo de trabajo, el anuncio puede entenderse como una señal de que el gobernador mantiene una evaluación permanente de su gabinete y de que nadie tiene asegurada una posición si los resultados y las circunstancias requieren ajustes. Aunque el mensaje es claro, operativamente también representa una oportunidad para fortalecer las áreas que lo necesiten y mantener un gobierno dinámico.
Desde luego que ninguno de sus subalternos será capaz de revelarse ante el gobernador, pero saber que pueden existir cambios en los próximos meses también puede servir como un incentivo para redoblar esfuerzos, mejorar resultados y mantenerse concentrados en sus responsabilidades y obligaciones.
A lo que nos referimos, es que este tipo de decisiones forman parte de las facultades de cualquier administración y, cuando se realizan con objetivos claros, permiten renovar equipos, corregir deficiencias y fortalecer la gestión pública. Incluso, pueden evitar que el desgaste natural de los cargos termine por afectar el desempeño de un gobierno que mantiene una agenda de trabajo activa.
Si ha de proceder con destituciones, terminará por llevarlas a cabo en el momento que considere conveniente y sin mayores aspavientos. Al dejar abierta esa posibilidad, el gobernador conserva margen de maniobra para realizar los ajustes que sean necesarios y mantener cohesionado al movimiento gallardista de cara a los retos políticos y administrativos que vienen.

CINCO AÑOS DE TRABAJO POR LA GOBERNABILIDAD
Durante cinco años de administración, J. Guadalupe Torres Sánchez ha mantenido una de las tareas menos visibles, pero más importantes dentro de un gobierno: construir gobernabilidad. Desde la Secretaría General de Gobierno ha recorrido distintas regiones, mantenido diálogo permanente con alcaldes y encabezado mesas de seguridad para atender problemáticas que requieren coordinación entre autoridades. No siempre es un trabajo que genere reflectores, pero sí uno que obliga a estar presente cuando surgen conflictos, diferencias o situaciones que pueden alterar la tranquilidad de los municipios.
Torres Sánchez ha apostado por el diálogo como una herramienta para mantener la estabilidad política del Estado, entendiendo que gobernar no significa solamente tomar decisiones desde un escritorio, sino sentarse con presidentes municipales, escuchar planteamientos y encontrar acuerdos. Las mesas de seguridad se han convertido también en un punto de coordinación para revisar condiciones particulares de cada región y mantener comunicación con las corporaciones responsables de la seguridad.
A cinco años de distancia, la gobernabilidad también debe medirse por la capacidad de mantener abiertos los canales institucionales y responder ante los momentos complicados. En una entidad con realidades tan distintas entre sus cuatro regiones, mantener la coordinación entre Estado y municipios no es una tarea menor. J. Guadalupe Torres Sánchez continúa trabajando en esa ruta, con diálogo, presencia territorial y coordinación institucional como parte de una responsabilidad que muchas veces no ocupa los titulares, pero que resulta fundamental para que San Luis Potosí siga avanzando.

FINANZAS EN ORDEN Y CON INVERSIÓN
¿Cómo llegan las finanzas de San Luis Potosí al quinto año de la actual administración? De acuerdo con la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, con una reducción de entre 600 y 700 millones de pesos en la deuda pública y con niveles sostenibles de endeudamiento. El dato cobra relevancia porque habla de una administración que, además de mantener el ritmo de inversión y programas, busca llegar al último tramo con orden en las finanzas estatales.
Pero el cierre de una administración siempre representa un reto adicional. En noviembre comenzará la planeación del Presupuesto 2027, que deberá presentarse ante el Congreso del Estado en diciembre. Ahí estará una de las principales responsabilidades de la Secretaría de Finanzas: construir un presupuesto que mantenga la capacidad de respuesta del Gobierno, sin descuidar el equilibrio financiero y las necesidades de los municipios.
Y es precisamente en la recaudación municipal donde Ariana García Vidal identifica uno de los pendientes. Fortalecer los ingresos propios de los ayuntamientos puede ampliar su capacidad para atender servicios y necesidades locales, mientras el Estado mantiene sus propias finanzas en orden. El último año de gobierno ya está en marcha y la tarea será cerrar con responsabilidad, cuidar los recursos públicos y dejar bases financieras sólidas para la siguiente administración.

QUINTO INFORME, CON RESULTADOS
Ricardo Gallardo Cardona llega a su quinto informe de gobierno con la intención de presentar avances y resultados en distintas áreas de la administración estatal. El informe está programado para el próximo lunes a las 17:00 horas, mientras que el martes se contempla una actividad pública en la Zona Media, llevando el mensaje gubernamental también al interior del Estado.
La apuesta, de acuerdo con lo señalado por el propio gobernador, es presentar un informe dinámico, acompañado de estadísticas y cifras concretas que permitan conocer los resultados alcanzados durante el quinto año de gestión. Hay mucho que informar, sostiene Gallardo, y la intención es que las cifras hablen por sí mismas sobre el trabajo realizado en infraestructura, programas sociales, seguridad y otros rubros de la administración.
El mensaje también marca una diferencia con los formatos tradicionales de informes cargados de formalismos. La apuesta ahora es poner sobre la mesa resultados tangibles y datos concretos. El quinto año de gobierno llega así con el reto de demostrar, con cifras y hechos, qué se ha avanzado y cuáles son los pendientes para el último tramo de la administración.

VALLES SE PREPARA PARA EL SEGUNDO INFORME
Ciudad Valles ya tiene fecha y sede para el segundo informe de gobierno de David Armando Medina Salazar. El Cabildo aprobó por unanimidad que el Auditorio del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de San Luis Potosí sea declarado recinto oficial para la sesión solemne, programada para el próximo 28 de septiembre a las 12:00 horas. Con ello, queda formalmente establecido el espacio donde se presentarán los resultados y acciones de la administración municipal durante su segundo año.
Las distintas direcciones municipales ya entregaron la información correspondiente a sus resultados y acciones, por lo que se encuentra en integración el contenido que será presentado durante el informe. Más allá del acto protocolario, el reto será poner sobre la mesa cifras, obras, programas y acciones que permitan a la ciudadanía conocer qué se ha realizado durante este periodo y cuáles son los temas que todavía requieren atención.
Otro punto importante es la difusión. El Ayuntamiento trabaja en una estrategia para que el contenido del informe llegue a distintos sectores de la población, incluidos adultos mayores y representantes de colonias. Finalmente, un informe de gobierno no debe quedarse solamente en un evento oficial: debe servir para que la ciudadanía conozca, evalúe y dé seguimiento a las acciones realizadas por su gobierno municipal.

TODAVIA NO
Daikin Manufacturing México puso claridad sobre una versión que había generado expectativa en la Huasteca: por el momento, la empresa no tiene planeada ninguna expansión hacia la región y tampoco ha anunciado la instalación de una planta en Ciudad Valles. La compañía japonesa agradeció el interés generado, pero dejó claro que cualquier nuevo proyecto será comunicado directamente a través de sus canales oficiales.
Actualmente, Daikin mantiene su atención en el crecimiento de las operaciones que ya tiene en San Luis Potosí. La precisión es importante porque alrededor de la supuesta llegada a Valles ya circulaban versiones que hablaban de una nueva planta industrial y generación de empleos. Por ahora, esos señalamientos no corresponden a un proyecto anunciado oficialmente por la empresa.
La lección es clara: en materia de inversiones y generación de empleos, la expectativa puede ser positiva, pero los anuncios deben tener sustento. Ciudad Valles necesita nuevas inversiones y oportunidades laborales, pero también requiere información seria y confirmada. Cuando exista un proyecto para la Huasteca, será la propia Daikin la que tendrá que dar la noticia. Mientras tanto, toca esperar y seguir trabajando para que más empresas volteen hacia esta región.

EL VERDADERO ROSTRO DE GERARDO SÁNCHEZ ZUMAÑA ANTE LA CRÍTICA
La reciente reacción del aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, Gerardo Sánchez Zumaya, frente a los señalamientos periodísticos difundidos por medios nacionales como TV Azteca desnuda un talante profundamente intolerante, autoritario y amenazante que enciende las alertas en el espectro político estatal. En lugar de asumir la transparencia y la rendición de cuentas como pilares indispensables de cualquier ejercicio democrático, el político ha optado por arremeter furiosamente contra la prensa y descalificar la labor informativa, exhibiendo una preocupante incapacidad para procesar el escrutinio público y los cuestionamientos sobre sus polémicos antecedentes.
Lejos de responder con argumentos sólidos a los múltiples señalamientos que se le acumulan —que van desde presuntos vínculos políticos turbios hasta sombras en su historial financiero—, Sánchez Zumaya prefiere la vía de la intimidación y el desaire colérico, retratándose de cuerpo entero como un perfil peligroso para la estabilidad institucional de San Luis Potosí. Pretender amedrentar a los medios de comunicación y descalificar el periodismo de investigación evidencia que, bajo la máscara de una supuesta aspiración gubernamental, se esconde un proyecto político intolerante que busca silenciar la crítica y castigar la libertad de expresión.

FIESTA SIN PERMISOS, RIESGO SIN RESPALDO
La fiesta anunciada por José Luis Romero Calzada, “El Tecmol”, en el paraje El Remolino, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta básica: ¿quién responde cuando un evento se realiza sin los permisos correspondientes? El alcalde David Armando Medina Salazar desmarcó al Ayuntamiento y señaló que el sitio representa un punto de alta peligrosidad por sus corrientes y profundidades. Al no contar, según el Municipio, con permisos ni dictámenes de Protección Civil, la administración municipal dejó claro que no asumirá la responsabilidad por quienes decidan acudir.
Y mientras el riesgo del lugar genera preocupación, el evento también enfrenta otra controversia. Roberto Martínez, “Chocoloco”, denunció públicamente que su imagen habría sido utilizada mediante inteligencia artificial para promocionar el llamado “Papifest”, sin su autorización. El propio Martínez negó cualquier vínculo con la actividad política de Romero Calzada y pidió a la población no dejarse llevar por propaganda que, según su señalamiento, utiliza su rostro sin consentimiento.
Al final, una cosa es organizar un evento y otra muy distinta garantizar que existan las condiciones para que pueda realizarse con seguridad y dentro del marco correspondiente. Si no hay permisos ni dictámenes, la advertencia del Ayuntamiento es clara: quien decida asistir lo hará bajo su propia responsabilidad. Y en un lugar señalado por sus condiciones naturales de riesgo, la prevención no debería ser un asunto político, sino una prioridad.

¿AYUDA SOCIAL O SOLO PARA LA FOTO?
Este jueves, el Gobierno de la llamada “Capital del Mundo” presumió como una acción de apoyo social la atención brindada a un hombre adulto en situación de calle frente a la Central de Autobuses de Rioverde, a quien, según se informó, se le apoyó para ser trasladado a un hospital.
Hasta ahí, la intervención puede considerarse positiva, una persona en condición de vulnerabilidad merece atención, asistencia médica y, sobre todo, un trato digno, pero ¿y los demás?, porque el problema no está únicamente frente a la Central de Autobuses, en distintos sectores de Rioverde pueden observarse personas en situación de calle, algunas de ellas con evidentes problemas de adicción, que permanecen durante días o semanas sin que aparentemente exista una intervención integral por parte de las autoridades municipales e incluso, hay personas en estas condiciones en las inmediaciones de instalaciones que deberían ser precisamente espacios de atención social, como el propio DIF Municipal. Entonces, ¿qué pasa con ellos?, ¿quién les da seguimiento?, ¿quién busca canalizarlos a un tratamiento, refugio o institución especializada?, porque de poco sirve presumir que existen dependencias, programas e instancias destinadas a atender a los sectores vulnerables si en las calles el problema continúa creciendo y las personas siguen prácticamente a la deriva. La atención de una persona no debería convertirse en un acto para presumir en redes sociales, la verdadera política social se demuestra con seguimiento, prevención y soluciones permanentes, no únicamente cuando un caso se vuelve visible o llama la atención frente a un punto concurrido de la ciudad.
Rioverde necesita una estrategia seria para atender a las personas en situación de calle y, particularmente, a quienes enfrentan problemas de adicción: identificar los casos, conocer sus necesidades, brindar atención médica y psicológica, canalizarlos a instituciones especializadas cuando corresponda y dar seguimiento a cada situación, de lo contrario, se corre el riesgo de que la autoridad solamente actúe cuando el problema se hace demasiado evidente.
Una fotografía, un traslado al hospital o un comunicado pueden mostrar una acción, pero la atención constante y los resultados son los que realmente demostrarían que existe una política pública para quienes viven en las calles.
En la “Capital del Mundo”: ¿cuántas personas más en situación de calle tendrán que esperar a ser visibles para recibir la ayuda que se presume ya existe?

PRIORIDADES DESATENDIDAS
Uno de los problemas que sigue padeciendo la población del municipio de El Naranjo es el mal estado de las calles y que incluso son dentro de la misma cabecera y algunas pegadas a la Presidencia.
El alcalde Rafael Olvera Torres "El Peluchín", ya lleva dos periodos consecutivos en ese cargo (2021-2024 y 2024-2027) y ha dejado de atender muchas de las prioridades que hay en ese pueblo, como mejoramiento de calles, salud, energía eléctrica, comunicación vía celular e incluso turismo, muy a pesar de ser un pueblo con parajes naturales muy llamativos.
En el tema de las calles, de colonias ubicadas en plena cabecera municipal es la población quien se ha visto en la necesidad de hacer lo propio, rehabilitarlas, deshierbarlas e incluso colocarles escombro o desechos de otras arterias, si rehabilitadas o bien de otras construcciones, para que al menos estén transitables.
La misma pregunta siguen haciéndose los habitantes, ¿Qué se le hace al dinero que llega al Ayuntamiento para obras?, ¿Dónde está el recurso que sale de parajes naturales y que anualmente recibe miles de visitantes?, porque turistas hay demasiados.
En la primera pregunta no se han visto calles pavimentadas, solo unas cuantas, tampoco introducción o mejora de servicios como agua potable para los hogares y energía eléctrica, que vaya, ahí batallan demasiado.
Mientras en la segunda pareciera que el mismo Ayuntamiento no ha querido entrometerse y ese recurso lo administran mismos comités donde están tales parajes.

PANISTAS OLVIDADOS
En la historia del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Ciudad del Maíz, hubo personajes que fueron pieza fundamental para el crecimiento de ese grupo político y hoy muchos de ellos están fuera.
No se trata de mencionar quiénes sí están y los que ya no, pues hoy, desde hace varios años, muchos han decidido salirse por los manejos políticos que se tienen tanto por la dirigencia nacional, estatal y que, en lo local, no les queda más que obedecer porque les conviene.
Uno de los años en que hubo mucha salida de panistas fue en el 2018, cuando en ese entonces era dirigente local del PAN y ya finado Gregorio Esquivel, cuando impusieron de candidata a Mireya Vancini Villanueva, lo cual se dio porque ella venía de la izquierda con el Partido del Trabajo (PT), Revolución Democrática (PRD) y Conciencia Popular.
Y aunque la persona citada ganó con una considerable cantidad de votos, los que se fueron decidieron unirse a Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y hoy algunos siguen sin bandera política, aunque solo en las campañas que fueron del 2021 se sumaron a un grupo y en el 2024 a otro.
Hoy Acción Nacional es la segunda fuerza política en el municipio maicense, pero muchos de los que han salido no han regresado ni tampoco los han vuelto a convencer para que al menos tengan más equipo.

¿Y LA EDUCACIÓN?
El mismo problema de cada inicio de ciclo escolar volvió a darse en algunos municipios de la región Media, como son centros educativos sin maestros para atender a estudiantes.
La situación es en la localidad de Las Norias, municipio de Cárdenas, y en Martínez, perteneciente a Alaquines, donde al inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027 no llegaron los maestros que estaban destinados para atender respectivos grupos de alumnos.
El mismo problema sigue teniéndose desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Educación del Gobierno Estatal (SEGE), pues maestros hay y muchos, como son aquellos jóvenes que cada año terminan sus carreras educativas en diversas especialidades.
Esto como educadores de preescolar, docentes de primaria, secundaria en diversas modalidades, ya sea técnicas, generales o telesecundaria, además de que anualmente hay profesores que culminaron su periodo y llegan a jubilarse, dejando así espacios para otros menores y de nuevas generaciones.
Tanto la SEP como SEGE ponen diversas trabas a todos aquellos jóvenes o nuevos maestros, que inicialmente no les dan una plaza definitiva para laborar y desempeñar su carrera, sino que los comisionan a diversas comunidades o zonas fuera de su hogar, para ponerlos a prueba.
Además, muchas de las veces hay hechos de que nuevos egresados obtienen chamba rápidamente por palancas políticas y otros, que vaya, por hacer cierto tipo de favores a servidores públicos, y realmente es algo que ha estado pasando, tanto con mujeres como hombres.
Es ahí donde muchos jóvenes maestros egresados y que no logran obtener chamba en su carrera llegan a desempeñar otras cosas por la falta de oportunidades.

NIÑOS SON VULNERABLES
Hay accidentes que deberían servir como una llamada de atención para todos los padres de familia, una motocicleta no es un vehículo para transportar a toda la familia, mucho menos a niños pequeños o bebés.
La mañana de este viernes, un joven padre de familia perdió la vida en el Hospital de Rioverde, luego de sufrir un accidente cuando viajaba en motocicleta acompañado de sus dos pequeños hijos de 2 años y 11 meses de edad, quienes también resultaron involucrados en el percance. Más allá de las circunstancias particulares de este lamentable accidente, el caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática que diariamente puede observarse en las calles, motocicletas utilizadas con más de dos ocupantes, adultos transportando niños pequeños e incluso bebés, muchas veces sin las condiciones mínimas de seguridad y aquí no se trata solamente de una multa o de infringir un reglamento de tránsito, se trata de vidas humanas.
Una motocicleta ofrece mucha menor protección que un automóvil, ante una caída, un frenado repentino, un bache, un vehículo que se atraviesa o cualquier otro imprevisto, los ocupantes quedan prácticamente expuestos. Para un niño de apenas 11 meses de edad, el riesgo es todavía mayor, por eso resulta indispensable que los padres y conductores de motocicletas hagan conciencia, que algo pueda hacerse físicamente no significa que sea seguro hacerlo.
También corresponde a las autoridades fortalecer las campañas de prevención y educación vial, particularmente entre motociclistas, explicando claramente los riesgos de transportar menores y las disposiciones que establece la normativa de tránsito.
No esperemos a que otra familia tenga que enfrentar una tragedia para entenderlo, un casco, respetar el número permitido de ocupantes, conducir con responsabilidad y, sobre todo, evitar transportar a niños pequeños en situaciones de alto riesgo, pueden marcar la diferencia entre llegar a casa o no volver.
La motocicleta puede ser una herramienta de transporte, pero no debe convertirse en una sentencia de riesgo para quienes más queremos. Hoy la tragedia de una familia debe convertirse en conciencia para muchas otras, porque detrás de cada motociclista hay un padre, una madre, un hijo o alguien que lo espera en casa.

LA JUSTICIA DETERMINARÁ
En el ámbito penal existe una figura que pocas veces llega al debate público, pero que cobra especial relevancia cuando una muerte pudiera estar relacionada con la falta de cumplimiento de un deber de cuidado, el homicidio por omisión, también conocido como comisión por omisión u omisión impropia, en términos generales, esta figura parte de una premisa sencilla, no solamente puede existir responsabilidad por hacer algo que provoca un resultado, sino también por dejar de hacer aquello que legalmente correspondía realizar para evitarlo, siempre que se acrediten los elementos que exige la legislación.
En San Luis Potosí, el propio Código Penal contempla el homicidio por omisión y establece circunstancias específicas para su configuración, además, el homicidio simple intencional está sancionado con una pena de ocho a veinte años de prisión, mientras que otras modalidades tienen penas distintas, por ello, la sanción definitiva dependería de la clasificación jurídica que corresponda y de lo que finalmente logre acreditarse ante un juez, y aquí es donde el caso ocurrido en un hotel de Rioverde adquiere especial relevancia.
Actualmente, un empresario hotelero de Rioverde y su hijo se encuentran bajo prisión domiciliaria, dentro del proceso relacionado con la muerte de una mujer ocurrida en un establecimiento de su propiedad, según los antecedentes del caso que se dieron a conocer.
La investigación tendrá que determinar qué ocurrió realmente, cuáles eran las obligaciones de quienes tenían bajo su responsabilidad el inmueble, si existieron deficiencias en la instalación de los servicios señalados y, sobre todo, si hubo una relación directa entre esas posibles irregularidades y el fallecimiento, porque una cosa es hablar de un lamentable accidente y otra muy distinta sería que, mediante pruebas periciales, testimoniales y documentales, se acreditara que existía un deber concreto de cuidado, que ese deber fue incumplido y que dicha omisión tuvo relación causal con la muerte, será entonces cuando la Fiscalía y posteriormente el Poder Judicial tengan que determinar si los hechos encuadran en alguna modalidad de homicidio y cuál sería la responsabilidad individual de cada una de las personas involucradas.
No se trata de adelantar culpabilidades ni de condenar desde la opinión pública. La presunción de inocencia debe prevalecer hasta que exista una sentencia, pero tampoco puede minimizarse un asunto en el que una persona perdió la vida dentro de un establecimiento y donde precisamente se investiga si determinadas condiciones de seguridad, instalación o mantenimiento pudieron haber contribuido al desenlace fatal.
¿Hasta dónde llegará la responsabilidad penal si se demuestra que una omisión o negligencia pudo evitar una muerte? La respuesta no estará en las redes sociales ni en los comentarios de la ciudadanía, estará en las pruebas, dictámenes periciales, investigación de la Fiscalía y, finalmente, en la decisión de un juez, porque cuando existe un deber legal de cuidar la vida y ese deber presuntamente se incumple, la justicia debe determinar con precisión dónde termina el accidente y dónde comienza una posible responsabilidad penal.