José Guadalupe González
Son alarmantes las intenciones del presidente de desmantelar los logros de gobiernos anteriores y la amenaza que esto representa para la democracia y la estabilidad institucional del país.
A medida que nos acercamos al llamado "Septiembre Negro", las voces de alarma se multiplican en torno a las políticas del gobierno actual y su impacto en el sistema democrático de México, varios sectores han expresado una profunda preocupación por la dirección que está tomando el país bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
AMLO parece estar enfocado en destruir todo lo que fue establecido por sus predecesores, lo cual incluye tanto errores como aciertos. Esta falta de continuidad política no es nueva en la historia de México, donde cada administración busca imponer su sello y borrar el legado anterior. Sin embargo, lo que resulta especialmente preocupante es la forma en que el actual gobierno está reviviendo prácticas autoritarias reminiscentes del PRI de los años setenta, donde el poder estaba centralizado y la oposición era mínima.
Uno de los puntos más alarmantes es la intención de AMLO de permitir la elección popular de los ministros de la Suprema Corte. Esta medida, es una aberración que desvirtúa el propósito de estos jueces, quienes deben ser imparciales y no representar a ninguna facción política ni a la ciudadanía que vota por ellos. La independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia funcional, y esta propuesta amenaza con socavarla gravemente.
Asimismo, la tendencia de atacar y desmantelar los organismos autónomos es otro aspecto que destaca como preocupante. Estos organismos han sido, en teoría, un contrapeso al poder político, aunque su independencia ha sido cuestionada por la injerencia de todos los partidos, incluyendo Morena. La propuesta de desaparecer instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública representa un claro retroceso a los tiempos en que el gobierno controlaba toda la información. Esto no solo dificulta el acceso a la información para los ciudadanos, sino que también elimina una herramienta crucial para la rendición de cuentas.
El impacto económico de estas políticas también es motivo de preocupación. La incertidumbre generada por las acciones del gobierno ha llevado a una depreciación del peso, con predicciones de que el dólar podría alcanzar los 30 pesos en septiembre. Este debilitamiento de la moneda no solo refleja la falta de confianza en la gestión económica del país, sino que también tiene repercusiones directas en la inflación y el poder adquisitivo de los ciudadanos, afectando especialmente a los más pobres.
La deuda pública es otro tema candente, el gobierno ha incrementado la deuda de manera significativa, justificando esta acción como un beneficio para la población. Sin embargo, esta visión cortoplacista ignora las consecuencias a largo plazo de un endeudamiento excesivo, que eventualmente tendrá que ser pagado, probablemente con recortes en programas sociales y aumentos de impuestos que impactarán a los más vulnerables.
La comparación con la situación en Argentina, donde el recién electo presidente Javier Milei ha tomado medidas drásticas para estabilizar la economía, resuena con fuerza. Mientras Milei promueve una independencia judicial y bancaria para rescatar la economía argentina, en México se está viendo un movimiento en dirección contraria, hacia una mayor centralización del poder y una potencial erosión de las instituciones democráticas.
Es evidente también el populismo del actual gobierno, que utiliza la retórica de "primero los pobres" para ganar apoyo mientras implementa políticas que a largo plazo podrían perjudicar a los mismos ciudadanos que dicen proteger. Este tipo de lenguaje populista, aunque efectivo en el corto plazo, puede tener consecuencias devastadoras cuando las promesas no se cumplen y las realidades económicas golpean con fuerza.
México se encuentra en una encrucijada, las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar si el país seguirá por un camino de consolidación democrática o si retrocederá a prácticas autoritarias que muchos creían superadas. La vigilancia ciudadana y la defensa de las instituciones democráticas son más importantes que nunca en este momento crítico.
Es apremiante reflexionar profundamente sobre el rumbo que está tomando México. La centralización del poder, el ataque a las instituciones autónomas y la elección de ministros por voto popular son señales de un posible retroceso democrático. Es imperativo que los ciudadanos estén atentos y activos en la defensa de los logros democráticos alcanzados en las últimas décadas para evitar que el país vuelva a caer en los vicios del pasado.
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